La configuración administrativa de la provincia de León se encuentra pendiente de la aprobación definitiva de las leyes que, tanto a nivel estatal como autonómico, se están impulsando. Las juntas vecinales parecen el eslabón más débil de una cadena administrativa que pasa ahora a revisión. Serán los municipios quienes ejecuten, en caso de que sea necesario, la temida supresión de estas entidades locales menores, si los problemas económicos del Ayuntamiento así lo requieren.El grupo de trabajo para el futuro de las diputaciones de la institución provincial leonesa ha mantenido un encuentro este lunes en el que el catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de León, Tomás Quintana, ha desgranado los entresijos de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, que sí contempla la desaparición de las entidades locales menores, que la provincia alberga en su mayoría.En caso de que un ayuntamiento tenga que realizar un plan económico y financiero debido a sus deudas, una de las medidas que se contempla es la supresión de sus juntas vecinales para aliviar gastos, una decisión que sólo compete al propio municipio. Quintana ha asegurado que “es difícil” que un ayuntamiento que se vea obligado a configurar un plan de ese tipo albergue juntas vecinales “que estén bien” económicamente, por lo que defiende la medida como razonable.

Imagen de la celebración del encuentro del grupo de trabajo de la Diputación. (Foto: Campillo)

Un papel de «coordinación»

La presidenta de la Diputación de León, Isabel Carrasco, ha explicado por su parte que se trata de una legislación “para toda España”, a pesar de que León cuenta con la “peculiaridad” de contar con una amplia extensión administrativa con presencia de estas entidades locales menores que, en muchos casos, “no cuentan con vías de financiación propia”.

Por otro lado, la presidenta se ha mostrado “satisfecha” porque la última versión de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local evite que sean las diputaciones las que asuman la prestación de servicios básicos obligatorios en caso de que un municipio no los pueda asumir. Las instituciones provinciales, en este sentido, pasarán a “asumir solo” una labor de “coordinación en la prestación de forma conjunta para una mayor funcionalidad y menor coste”.

Isabel Carrasco ha señalado que se trata de un papel similar al actual con respecto a las competencias municipales, mediante el que la Diputación de León ya ha impulsado algunas medidas como la Central de Compras o el sistema de recaudación tributaria. La Junta de Castilla y León sí asumiría competencias relacionadas con la Sanidad, los Servicios Sociales o la Educación.

El catedrático Tomás Quintana (d) durante su participación en el encuentro. (Foto: Campillo)

Las mancomunidades «voluntarias»

Por otro lado, también ha mostrado su acuerdo con el hecho de que la ley plantee la desaparición del llamado “coste estándar” en la prestación de los servicios porque “no se ajusta a la realidad” para pasar a contemplar un “coste efectivo” en función de cada uno de los territorios porque “un servicio no cuesta lo mismo en un pueblo que en otro”.

Además, la ley plantea que serán los propios municipios los que decidirán de forma “voluntaria” la creación de mancomunidades, aunque la Junta de Castilla y León “prevé estímulos fiscales y financieros” para estos modelos de organización administrativa. “La administración no puede obligar, pero sí fomentar”.

A juicio de Carrasco, se trata de una “ley complicada” que pasa ahora a trámite parlamentario, por lo que puede sufrir modificaciones con respecto al texto aprobado ya por el Consejo de Ministros. Un parlamentario nacional del PP de León, Eduardo Fernández, será uno de los ponentes de la nueva ley.

 

En Ileon tambien se recoge dicha valoración de la Diputación provincial de León y del Catedrático Tomás Quintana: