Ene 112017
 

rendiciondecuentasLa Federación de ELM denuncia la inseguridad jurídica y la falta de medios de los pueblos.

M. RABANILLO | LEÓN

Las rendición de cuentas de las juntas vecinales ha caído en picado en 2015. Los datos recabados por el Consejo de Cuentas reflejan que, desde que se vieron sometidas bajo el ‘yugo’ de la ley Montoro para rendir las cuentas de 2013, el índice de incumplimientos se ha multiplicado por 20, una vez diluida la amenaza de desaparición. En concreto, sólo el 60% de las 1.231 entidades locales menores (ELM) de la provincia han rendido sus cuentas de 2015, frente al 98% que lo hicieron en el año en el que el Gobierno aprobó la Ley Racionalización y Sostenibilidad de la Administración local.

La relajación en la rendición de cuentas de las ELM también se ha registrado a nivel autonómico. A fecha de 8 de enero de solo han rendido en todo Castilla y León 1.509 Juntas Vecinales, que representan el 67,9% de las ELM.

La amenaza de la reforma local sobre la perviviencia de las ELM que no rindieran sus cuentas disparó el índice de cumplimientos en 2013 pero sólo se circunscribía a ese ejercicio. De hecho, la rendición de 2014 también sufrió un serio retroceso del 98% al 72%.

«La valoración no puede ser más que negativa, y demuestra que muchas cosas están fallando», señala el secretario de la Federación de Leonesa de Entidades Locales Menores, Carlos González-Antón. «La primera y más grave la absoluta falta de seguridad jurídica en el funcionamiento de las propias Juntas Vecinales, que necesitan de una reforma legislativa que fije definitivamente sus competencias, su financiación y quién debe desempeñar las funciones de secretaría e intervención», argumenta el representantes del colectivo, quien añade que «la falta de implantación de un modelo rendición de cuentas eficaz que no esté sujeto a cambios tecnológicos continuos a los que no pueden acceder las pequeñas administraciones rurales».

González Antón asegura que el Gobierno de Castilla y León «ni siquiera se ha planteado como abordar la aplicación de las leyes obligatorias de la Administración electrónica a las Juntas Vecinales como se han hecho las comunidades de Asturias, Cantabria o Extremadura». A su juicio, «es obvio que el modelo asimétrico de las entidades locales menores en esta Comunidad no encaja con la visión homogeneizadora de Valladolid».

También reclama una «reforma integral» del Servicio de Atención a Municipios (SAM) que ofrece la Diputación de León. La federación considera que es necesario que tenga un servicio de atención a las pedanías «con más y mejores recursos humanos y materiales» ya que «es inconcebible que el SAM de León tenga un solo secretario con habilitación nacional».

Creer en las Juntas Vecinales

En su valoración sobre los datos registrados sobre las cuentas de 2015, González-Antón resume que «o se cree o no se cree en las Juntas Vecinales; o se quiere cumplir con nuestro Estatuto de Autonomía o nuestras leyes o no». «El futuro de las zonas rurales de la provincia depende en gran parte de que las Juntas Vecinales, grandes propietarias de territorio, puedan gestionarse adecuadamente y eso es responsabilidad de las Administraciones competentes, que además de facilitar su funcionamiento deben de dejar de poner palos en unas ruedas ya desvencijadas», añade el representante de la federación que se pregunta si «hay que esperar a que Montoro vuelva a la carga para facilitar que las Juntas Vecinales rindan cuentas?».

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