Jul 042013
 

logo_concejos_nacional_colorEl Consejo de Estado estima que la reforma local las aboca a la inseguridad jurídica .

El Consejo de Estado asegura en el dictamen emitido sobre el anteproyecto de la Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local que el Estado «no es competente para regular los aspectos relativos a la creación y extinción de las entidades locales menores» y que la regulación de sus competencias «escapa de la legislación básica estatal». Reconoce también que las pedanías son «auténticas entidades locales» y «con un considerable arraigo en muchos lugares del territorio español».

El texto, al que ha tenido acceso Diario de León, recoge una sentencia del Tribunal Constitucional en la que se estima que determinar las competencias de las juntas vecinales corresponde «en exclusiva» a las comunidades autónomas, por lo que «el Estado no puede sino quedar al margen». Por ello, el Consejo de Estado recomienda «reconsiderar la regulación» cuando suponga una intromisión en las competencias autonómicas, «en particular, la supresión de estas entidades como consecuencia de la disolución imperativa en los supuestos previstos en el anteproyecto».

El dictamen, preceptivo aunque no vinculante, ha sido recibido con «satisfacción» por la Federación de Concejos, Pedanías y Parroquias Rurales de España, que representa a la mayoría de las entidades locales menores (ELM) del país, y que estima que el texto del Consejo de Estado pone de manifiesto unas «deficiencias muy graves que exigen un replanteamiento en profundidad del proyecto legislativo».

Según señala el secretario de la Federación, Carlos González-Antón, el dictamen «expone muy claramente la inseguridad jurídica de la regulación de la evaluación de los servicios prestados por las ELM, pues se utiliza un criterio de ‘inadecuación’ que no tiene la más mínima concreción». A su juicio, el dictamen «coincide con los principales argumentos expuestos por la Federación en defensa de las ELM», y respalda también los expuestos por las Cortes de Castilla y León y numerosos grupos políticos».

«Se puede afirma que el Consejo de Estado, en un largo dictamen, exige un replanteamiento en profundidad de la reforma del régimen de las ELM que impulsa el Gobierno, pues el enfoque y los mecanismos son claramente inadecuados». Además, Respecto a la obligación de presentar las cuentas en el plazo de tres meses o se procederá a su disolución, entiende que el procedimiento es «deficiente».

Mancomunidades

Por otra parte, el dictamen aborda cuestiones planteadas en el anteproyecto sobre el funcionamiento de las mancomunidades cuyas competencias en caso de mal funcionamiento deben devolverse a los municipios «por ser los titulares originarios de las competencias y servicios que le fueron reconocidos a aquella, siempre que estén en disposición de asumirlos en los términos que el anteproyecto exija» y no ser asumidas por las diputaciones, como prevé el proyecto legislativo.

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