Nov 242013
 

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“El Gobierno quiere confiscar el patrimonio de los pueblos”, dicen las parroquias rurales

El Principado lleva al Senado su rechazo a la supresión de las entidades menores

Villamayor (Infiesto),

Emilio G. CEA

El director general de Administración Local del Principado de Asturias, José Balmori, anunció ayer en Villamayor (Infiesto) que defenderá la causa de las parroquias rurales en el Senado, adonde acudirá el martes junto a representantes de otras autonomías. Además, aseguró que, en caso de que finalmente se apruebe la ley de reforma local, por la que desaparecerían 36 de las 39 entidades asturianas, continuarán su defensa en los tribunales. Balmori participó ayer en el encuentro de representantes de federaciones de toda España, que se reunieron para debatir la situación en que quedarían estas entidades menores locales con el nuevo reglamento.

“Es mucho más fácil meterse con 16 municipios y 39 parroquias que con el Ayuntamiento de Madrid, responsable de la cuarta parte de la deuda de los municipios de toda España. El apoyo del Gobierno del Principado a las 39 parroquias rurales es total”, dijo el director general, que advirtió de que la nueva ley invade competencias autonómicas y termina con unos organismos que trabajan para el mantenimiento del patrimonio cultural. Balmori puso en tela de juicio los criterios de ahorro esgrimidos por el Gobierno central para justificar los entresijos de la ley: “El coste de las 39 parroquias rurales para el Gobierno del Principado es de 70.000 euros, que sirven para dar pequeñas subvenciones a las parroquias o a la federación para que apoye a las parroquias. Se trata de un coste mínimo. Nadie evalúa, sin embargo, cuál es el coste que supondría la despoblación de los territorios de esas parroquias y por tanto que las parroquias dejaran de dar esos servicios que prestan a coste cero. La reforma no entra en el meollo de la situación, pues ni solucionarán el problema de la deuda ni mejorará los servicios públicos que se prestan a un coste muy inferior al que se dan en otros ayuntamientos más grandes”, indicó.

El secretario general de la Federación Española de Concejos, Carlos Antón, manifestó que “necesitamos que todas las administraciones se respeten, colaboren y mantengan los ámbitos competenciales. Todos somos necesarios. Cada uno tenemos nuestro espacio para prestar servicios a los ciudadanos, que es lo importante como Administración pública”, subrayó.

José Manuel García del Valle, secretario de la federación asturiana, alertó de dos problemas fundamentales una vez se apruebe la ley: la desaparición de las parroquias rurales como entidades locales y la posibilidad de que los ayuntamientos con deuda puedan disolver este tipo de entidades. “Es muy goloso que los ayuntamientos se acojan a bajar deuda en función del patrimonio de este tipo de entidades. Este problema nos asusta. Con el apoyo del Gobierno del Principado hay que buscar soluciones como la de plantear a los grupos políticos con representación en la Cámara la aprobación de un proyecto de ley para que ningún Ayuntamiento asturiano pueda disolver por este artículo a las entidades locales menores. El segundo problema es que los ciudadanos se quedarán sin los servicios que estamos prestando”, dijo. García del Valle criticó a determinados alcaldes asturianos “a los cuales se les llena la boca diciendo que apoyan a las parroquias rurales y por detrás dicen todo lo contrario. Los ayuntamientos ven con esto un abanico muy amplio pues los recursos que generamos con la venta de madera o la gestión de los pastos supondrían entre 5 y 6 millones de euros al año para las arcas municipales”, manifestó.

Los representantes de las federaciones de las once provincias reunidas en Villamayor, que analizaron medidas de presión por si el Gobierno no da marcha atrás, aprobaron un manifiesto en el que criticaron con dureza el reglamento. “Si se aprueba esta ley sucederá algo que ni la dictadura de Primo de Rivera, ni la de Franco se atrevieron a realizar: la confiscación del patrimonio de los pueblos”.

Peticiones

Modificaciones en la ley

Las 3.723 entidades locales menores que hay repartidas por España piden, fundamentalmente, tres modificaciones en la nueva ley: que se les siga tratando como entidades locales y no les quiten su personalidad jurídica, que no tengan que ser disueltas en caso de pertenecer a un ayuntamiento endeudado y que sean las comunidades autónomas, y no el Estado, quienes regulen su funcionamiento.

Superávit

Las 39 parroquias rurales asturianas esgrimen que tienen un superávit de casi 1,4 millones de euros en 2012, año en que los 78 ayuntamientos de Asturias alcanzaron una deuda de casi 482 millones de euros.

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