Mar 292017
 

El presidente de la Diputación de León reconoce que el SAM está desbordado al no poder contratar personal

A. G. PUENTE | LEÓN

La Diputación está desbordada con el apoyo que debe prestar a las juntas vecinales de León en su obligación de presentar las cuentas del año. El presidente, Juan Martínez Majo, aprovechó ayer la presencia en la ciudad del responsable del Consejo de Cuentas de Castilla y León, Jesús Encabo, para remarcar «el carácter especial» del Servicio de Asistencia a Municipios (SAM) de la institución provincial por su extensa carga de trabajo en una tierra con 208 municipios menores de 20.000 habitantes y 1.231 pedanías.

Recordó que en 2014 la Diputación recibió «una ayuda especial» por parte de la Consejería de Presidencia para que las entidades locales menores pudieran cumplir a tiempo con su obligación de rendir cuentas, ya que, de lo contrario, corrían el peligro de desaparecer en caso de aquellas que no lo hicieran. Ante la falta de personal suficiente, el presidente pide ahora auxilio a la Junta para que preste ayuda a la institución provincial en esta labor. «Su colaboración es inestimable dada nuestra limitación de contratar más personal es complicado para nosotros poder ayudar a todas en las complejas prescripciones legales».

Y en el capítulo de deberes con el Tribunal de Cuentas, Martínez Majo se comprometió ante Encabo a poner en orden el extenso patrimonio que gestiona la Diputación, tal y como requería uno de los informes emitidos por este organismo de la autonomía. «Mejoraremos la gestión de este patrimonio, que es propiedad de toda la provincia», dijo el presidente, quien reconoció que «el Tribunal de Cuentas nos tira de las orejas en algún momento; aceptamos todas sus recomendaciones».

En la rendición de cuentas de 2015, el 80% de las pedanías leonesas lograron presentar sus números en tiempo y forma. No obstante, Encabo reconoció que «León tiene un problema por su elevado número de juntas vecinales, tenemos que ser conscientes de que hay que estimular esta labor».

La entidad celebró ayer en la capital una sesión plenaria en la que aprobó el informe sobre la situación económico-financiera de las entidades locales en el periodo 2011-2014, un análisis para el que analizó 8.000 cuentas y 1,6 millones de datos. El resultado presupuestario en ese ejercicio es «positivo» en todos los grupos de entidades», con un importe agregado de 114,2 millones en el caso de las diputaciones provinciales.

Ene 242017
 

Presentación de la campaña #TasaComunales por el Presidente de la Federación Leonesa, Andrés Buelta. Foto de Salvadores (Diario de León)

Reuniones con los Alcaldes pedáneos

La campaña que pone en marcha la federación pasa por celebrar reuniones informativas con los presidentes de las juntas vecinales, la primera de las cuales se celebrará el próximo 6 de febrero a las 6 de la tarde. Además, se remitirán trípticos informativos y es realizará una campaña a través de las redes sociales. Se empleará el hashtag #TasaComunales.

La reunión se celebrará el día 6 de febrero a las 6 de la tarde en el Hotel Infantas de León. Es necesario inscribirse con anticipación, aunque la entrada está abierta a juntas vecinales no federadas.

Para inscribirse, deben llamar al 987073203 o enviar un correo a info@concejos.org

 

León será la provincia más beneficiada por la tasa de aprovechamiento del dominio público

La Federación Leonesa de Entidades Locales Menores no quiere dejar pasar la oportunidad que se abre para las juntas vecinales con el cobro de la tasa de aprovechamiento especial del dominio público y por ello pone en marcha un plan de acción para informar y asesorar a los pueblos que tengan opciones de acceder a estos ingresos fijos y anuales. A falta de realizar los cálculos concretos de cúanto puede suponer esta tarifa para las arcas de las pedanías leonesas, la federación apunta a que por cada kilómetro de línea de 400kw que atraviese un Monte de Utilidad Pública (MUP), el pueblo propietario de los terrenos puede recibir 12.000 euros anuales.

El respaldo del Tribunal Supremo a esta tasa afecta no sólo a las compañías eléctricas, también a las gasísticas o las del agua, apunta el secretario de la federación leonesa, Carlos González-Antón, quien señala que, además de los MUP, también se deberá pagar por otros bienes comunales, como choperas, eras o pastizales.

León es la provincia de la comunidad que más se beneficiará del cobro de estas tasas ya que es la que más MUP posee. Pero para acceder a estos recursos no sirve cualquier ordenanza al uso. Por eso la federación se pone a disposición de todas las localidades afectadas, con el fin de que reciban asesoramiento para la elaboración de las ordenanzas y para realizar los estudios pertinentes para conocer cuáles son realmente los terrenos que tienen en esta situación. Para ello cuenta con la colaboración de la consultoría Valbuena y Ron, una empresa de ingenería leonesa que ha participado en los procedimientos judiciales que han culminado en el Tribunal Supremo. Uno de sus responsables, Antonio Fernández, destacó ayer la «complejidad» de abordar estas ordenanzas que llevarán detrás una gran labor de estudio para determinar la tarifa que cada compañía debe abonar en función del tipo de instalación que se trate; la ocupación física de estas instalaciones y qué dominios públicos posee cada localidad. «Es importante que las juntas vecinales tengan claro cuál es su dominio público y tener un inventario de bienes actualizado», señaló Fernández, quien también incidió en la necesidad de realizar un estudio econñómico con el valor del suelo, a través de los parámetros catastrales y el valor de las instalaciones, que se basaría en la regulación del sector eléctrico. «Se trata de parámetros muy objetivos y el cálculo lleva cierta complejidad porque no todas las instalaciones tributan igual», asegura el consultor. En todo el país existen 287.000 kilómetros de líneas de alta tensión y el 14% de ellas atraviesan Montes de Utilidad Pública. Fernández calcula que el impacto de esta tasa sobre el sistema eléctrico ascendería a 100 millones de euros al año, «y una parte muy importante iría a parar a las juntas vecinales y los ayuntamientos».

Por su parte, el presidente de la federación, Andrés Buelta, aseguró que el colectivo busca «la implantación global de una ordenanza que permita mejorar la financiación» de las juntas vecinales, por lo que animó a todas las localidades a que se impliquen en su desarrollo. Buelta aseguró que, con esta captación de recursos, «se podrán mejorar las condiciones de vida de los pueblos».

La federación reclama a la Junta y la Diputación que se impliquen

La implicación de la Diputación y la Junta de Castilla y León es fundamental para que las juntas vecinales puedan poner en marcha las ordenanzas y recaudar las tasas de aprovechamiento de dominio público. Así lo considera González-Antón, quien «no tiene sentido que con el grave problema de financiación que tienen las ELM no se haga el esfuerzo máximo para cobrar». Por ello, la federación ha solicitado el apoyo de la Diputación para la aprobación de las ordenanzas, y ha pedido que se refuerce el papel del Servicio de Atención a Municipios (SAM), para que puedan atender estas necesidades que van a surgir en las pedanías. Además, el secretario del colectivo señala que es necesario implimentar un sistema de recaudación, y para ello «hay que movilizar a todas las administraciones».

También incidió en que la llegada de nuevos ingresos, supondrá también «que es fundamental que se realicen las cuentas y presentarlas». Por lo que ve en esta circunstancia «una oportunidad única para impulsar la rendición de cuentas». Respecto a la Junta, reclama que clarifique el funcionamiento de los secretarios de las ELM, y que saque adelante el reglamento que regula el servicio de gestión del patrimonio de las juntas vecinales. Asimismo, incide en que la admnistración autonómica, «debe financiar el SAM adecuadamente porque tiene en León una carga adicional que no registra en otras provincias».

Otro de los frentes es recabar el apoyo de los partidos políticos para que la Junta pida al Gobierno central que apoyo el cobro de este tipo de tasas por parte de los pueblos.

 

Ene 112017
 

rendiciondecuentasLa Federación de ELM denuncia la inseguridad jurídica y la falta de medios de los pueblos.

M. RABANILLO | LEÓN

Las rendición de cuentas de las juntas vecinales ha caído en picado en 2015. Los datos recabados por el Consejo de Cuentas reflejan que, desde que se vieron sometidas bajo el ‘yugo’ de la ley Montoro para rendir las cuentas de 2013, el índice de incumplimientos se ha multiplicado por 20, una vez diluida la amenaza de desaparición. En concreto, sólo el 60% de las 1.231 entidades locales menores (ELM) de la provincia han rendido sus cuentas de 2015, frente al 98% que lo hicieron en el año en el que el Gobierno aprobó la Ley Racionalización y Sostenibilidad de la Administración local.

La relajación en la rendición de cuentas de las ELM también se ha registrado a nivel autonómico. A fecha de 8 de enero de solo han rendido en todo Castilla y León 1.509 Juntas Vecinales, que representan el 67,9% de las ELM.

La amenaza de la reforma local sobre la perviviencia de las ELM que no rindieran sus cuentas disparó el índice de cumplimientos en 2013 pero sólo se circunscribía a ese ejercicio. De hecho, la rendición de 2014 también sufrió un serio retroceso del 98% al 72%.

«La valoración no puede ser más que negativa, y demuestra que muchas cosas están fallando», señala el secretario de la Federación de Leonesa de Entidades Locales Menores, Carlos González-Antón. «La primera y más grave la absoluta falta de seguridad jurídica en el funcionamiento de las propias Juntas Vecinales, que necesitan de una reforma legislativa que fije definitivamente sus competencias, su financiación y quién debe desempeñar las funciones de secretaría e intervención», argumenta el representantes del colectivo, quien añade que «la falta de implantación de un modelo rendición de cuentas eficaz que no esté sujeto a cambios tecnológicos continuos a los que no pueden acceder las pequeñas administraciones rurales».

González Antón asegura que el Gobierno de Castilla y León «ni siquiera se ha planteado como abordar la aplicación de las leyes obligatorias de la Administración electrónica a las Juntas Vecinales como se han hecho las comunidades de Asturias, Cantabria o Extremadura». A su juicio, «es obvio que el modelo asimétrico de las entidades locales menores en esta Comunidad no encaja con la visión homogeneizadora de Valladolid».

También reclama una «reforma integral» del Servicio de Atención a Municipios (SAM) que ofrece la Diputación de León. La federación considera que es necesario que tenga un servicio de atención a las pedanías «con más y mejores recursos humanos y materiales» ya que «es inconcebible que el SAM de León tenga un solo secretario con habilitación nacional».

Creer en las Juntas Vecinales

En su valoración sobre los datos registrados sobre las cuentas de 2015, González-Antón resume que «o se cree o no se cree en las Juntas Vecinales; o se quiere cumplir con nuestro Estatuto de Autonomía o nuestras leyes o no». «El futuro de las zonas rurales de la provincia depende en gran parte de que las Juntas Vecinales, grandes propietarias de territorio, puedan gestionarse adecuadamente y eso es responsabilidad de las Administraciones competentes, que además de facilitar su funcionamiento deben de dejar de poner palos en unas ruedas ya desvencijadas», añade el representante de la federación que se pregunta si «hay que esperar a que Montoro vuelva a la carga para facilitar que las Juntas Vecinales rindan cuentas?».

Jun 022016
 

majo 2El palacio de los Guzmánes abre la puertas para recibir a los responsables de las 1.234 juntas vecinales de León Cada una recibirá este año una ayuda directa de seis mil euros.

MARÍA CARNERO | LEÓN

Gran parte de los 1.231 presidentes de las juntas vecinales que hay en la provincia de León acudieron ayer al palacio de los Guzmánes, sede de la Diputación provincial, para responder a la llamada de su presidente, Juan Martínez Majo, que les citó para explicarles los detalles de la nueva convocatoria de ayudas. Con este pretexto, Majo tuvo la oportunidad de dirigirse a los que para él son «la esencia de la democracia» y la «garantía para preservar la singularidad y la vida de los pueblos leoneses». El presidente, que descartó leer el discurso que llevaba preparado, ya que afirmó que «lo que me sale hoy es hablar desde el corazón», recordó a los alcaldes pedáneos presentes que «esta es vuestra casa» y les pidió que «juntos rememos en la misma dirección para conseguir potenciar todos los recursos naturales y patrimoniales que tiene la provincia, la más rica, variada y compleja de España».

Majo reconoció el trabajo que realizan las juntas vecinales. «Trabajáis de forma altruista, a veces perdiendo dinero, pero siempre hacéis lo correcto para mejorar la calidad de vida de vuestros vecinos de una manera eficaz, casi sin medios materiales ni personales», afirmó el presidente.

Respecto al nuevo Plan de Juntas Vecinales, la Diputación repartirá 7,38 millones de euros, e la misma cantidad que la suma total que se ha dedicado en los últimos seis años. Junto con la aportación de las propias entidades locales, la inversión alcanza los 8,2 millones de euros. Gracias a este plan cada junta vecinal recibirá 6.000 euros para proyectos.

La Federación Leonesa de Entidades Locales Menores agradeció ayer el esfuerzo económico que la Diputación hace con la subvención de 6.000 euros a todas las Juntas Vecinales y «el reconocimiento del papel que estas pequeñas administraciones deben seguir desarrollando en la estructura administrativa de España». Según la federación, «las palabras que Juan Majo ha dirigido a los pedáneos de la provincia puede que sean un hito en la relación de la Diputación con las Juntas Vecinales, pues no se concibe nuestra administración local sin una íntima colaboración entre la Corporación provincial y los concejos».

May 122016
 

Los municipios de la Variante de Pajares dan rueda de prensa con desperfectos /A. G. PUENTE | LEÓN

Una auténtica ofensiva para frenar «el mayor atentado ambiental en la Cordillera Cantábrica». Los afectados leoneses por el trasvase de sus cauces de agua, fuentes y acuíferos subterráneos al Principado debido a las obras túnel de la Variante de Pajares lanzaron ayer una batería de acciones en diversos frentes para frenar «el atentado» medioambiental que afecta a 23 pedanías de los municipios de Villamanín y La Pola de Gordón. Perjudica su medio de vida con daños en la ganadería, el desarrollo turístico y el propio abastecimiento de agua a sus vecinos.

Desde la Comisión Europea y las confederaciones hidrográficas del Duero y del Cantábrico hasta la Unesco, las quejas y denuncias de este colectivo llevarán su eco ante estas instancias para exigir medidas correctoras y compensatorias que garanticen medioambientalmente las actuaciones que deben realizarse para paliar el trasvase de agua permanente a Asturias. Así lo anunció ayer el abogado Carlos González-Antón, también secretario general de la Federación Leonesa de Entidades Locales Menores.

«Cuantitativamente hay miles de hectáreas afectadas en zonas de un valor ambiental altísimo. Son daños por actuaciones ilegales que no tenemos el deber de soportarlos, y todo por no ser adoptadas medidas correctoras impuestas por la ley», explicó el letrado.

Remarcó, además, que en caso de periodos de sequía prolongada, con el trasvase constante de masas de agua, «el corazón de la Cordillera Cantábrica quedaría absolutamente seco». Llamó la atención también sobre el hecho de que «las actuaciones ilegales realizadas para paliar estos trasvases se hicieron para beneficiar los túneles, no pensando en la población».

La denuncia en la Comisión Europea constata tres directivas infringidas: la de Hábitat, Evaluación Ambiental y la del Marco del Agua. «Supone una violación del derecho comunitario en una zona Red Natura 2000». La UE iniciará un procedimiento de infracción del derecho comunitario y reclamará a España explicaciones por el incumplimiento de estas normas. En caso de no resolución, el asunto del trasvase puede acabar en el Tribunal de Justicia de Luxemburgo con una multa millonaria.

La primera vía de actuación contra las confederaciones del Duero y el Cantábrico será administrativa, si no hay resultado acudirán a la penal. «Se han cargado el río y los acuíferos y no ha habido por su parte ni un solo expediente sancionador en un tema absolutamente grave», enfatizó el letrado.

Y remitirán también un escrito a la Unesco, al encontrarse el territorio afectado en la reserva del Alto Bernesga avalada con el sello de esta organización.

La denuncia que llega a la Comisión Europea está interpuesta por las juntas vecinales de Casares de Arbas, Ventosilla, San Martín de la Tercia, Pobladura de la Tercia, Viadandos de Arbas, Cubillas de Arbas, la Asociación de Vecinos de Campomanes (Asturias), la Asociación Cultural Ecologista y Recreativa de la Tercia y Arbas, Lacerta, y la Federación Leonesa de Entidades Locales Menores.