Sep 162013
 
logo_concejos_nacional_colorCOMUNICADO DE 16 DE SEPTIEMBRE DE 2013
LA FEDERACION ESTATAL DE PEDANÍAS EXIGE QUE LA LEY MANTENGA SU CARACTER DE ENTIDAD LOCAL
La organización que representa las federaciones de los territorios con la gran mayoría de las entidades locales menores de España propone unas enmiendas a todos los grupos parlamentarios que recogen los argumentos del Consejo de Estado. Estas enmiendas se están haciendo llegar a todos los grupos estatales y autonómicos.
Las enmiendas se ciñen a la regulación de las ELM. Se basan en tres puntos esenciales:
1. Debe mantener su carácter de entidad local, que se suprimiría con texto del gobierno. Y por supuesto, mantener su personalidad jurídica, competencias y patrimonio.
2. La regulación debe corresponder a las Comunidades Autónomas.
3. Se mantiene la obligación de rendir cuentas al Estado y a la Comunidad Autónoma, ampliando el plazo a 12 meses. Se propone que la entidad que no rinda cuentas en dicho plazo, pase a ser gobernada por una gestora nombrada por la Comunidad Autónoma; rechazando la solución del proyecto actual de que sea suprimida la entidad local menor.
Por otro lado, la Federación de Concejos, Pedanías y Parroquias Rurales de España no comparte las grandes reivindicaciones de la FEEM, organización liderada por la Federación Andaluza de ELM, que propugna una misma denominación para todo el Estado, (ELA, coincidente con la andaluza, por cierto); que sea el Estado el que regule unas competencias claras y directas y que se fije la financiación en los Presupuestos Generales del Estado. Entendemos que estas propuestas no responden a la reivindicaciones de la inmensa mayoría de las Entidades Locales Menores de España y, además, ponen en riesgo la posibilidad de llegar a un acuerdo entre todos los grupos parlamentarios.
Se pueden consultar las enmiendas en el siguiente enlace:

ENMIENDAS FEDERACION DE CONCEJOS, PEDANIAS Y PARROQUIAS RURALES DE ESPAÑA

Sep 092013
 

Federación Leonesa de Entidades Locales MenoresDiario de León / Ana Gaitero | león 09/09/2013

En Pardesivil de Curueño, como en muchos pueblos del norte, era obligado tocar a concejo los domingos después de misa. Así lo manda su ordenanza de 1723. La campana tañía con un toque especial que el vecindario distinguía bien de otros avisos. Cuatro siglos después, rara vez las campanas tocan a concejo en alguna de las 1.232 localidades leonesas que aún tienen personalidad jurídica como entidades locales menores.

Las herederas del sistema concejil leonés han sido, paradójicamente, las parientes olvidadas de la democracia. Que no las pobres. Las entidades locales menores detentan la propiedad de al menos el 30% de la superficie de León. Son 4.449,73 kilómetros cuadrados sobre los 15.581 de territorio provincial.

El Proyecto de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local las deja sin personalidad jurídica y al albur de las leyes de las comunidades autónomas. El artículo 24 bis sólo respeta su nombre —caseríos, parroquias, barrios, anteiglesias, concejos, pedanías…— y el 116 bis recoge, contradictoriamente, la supresión de las entidades locales menores en casos de incumplimiento del plan económico-financiero.

«Si pierden la personalidad jurídica pierden la capacidad para gestionar el patrimonio a nivel legal», subraya Jesús Albarrán, portavoz de la Plataforma de Juntas Vecinales de Omaña constituida hace un año y que aglutina a 59 entidades locales menores.

Cunde el miedo al expolio . «Si sus bienes pasan a los ayuntamientos se producirá una descapitalización de los pueblos y de sus vecinos. Lo usarán para pagar sus deudas», advierte el pedáneo de Nogarejas, Olivio Campo. de UPL y al frente de una de las 150 localidades integrada en la Federación de Entidades Locales Menores.

«Nos quieren hacer desaparecer para expoliar nuestros montes. Que empiecen por las diputaciones, que nadie les ha elegido. Nosotros no les costamos una peseta», afirma Víctor Castro, alcalde pedáneo de Tremor de Arriba. Admite que la «unión hace la fuerza» pero no ha integrado a su pueblo en la federación.

Apenas el 10% de las entidades locales menores se han sumado a esta organización cuyo objetivo es combatir las «deficiencias técnicas y legislativas» de la reforma estatal de la administración local y también frente a otras normas «amenazantes» como el decreto de la Junta de Castilla y León, del 18 de julio, que exige a las entidades locales menores dar fe de sus presupuestos y contabilidad a secretarios con habilitación estatal y las obliga a pagar el coste proporcional de su complemento de productividad.

La Diputación y el Consejo Comarcal del Bierzo, en León, tienen que ocuparse de firmar un convenio interadministrativo. «Lo que el Servicio de Asistencia a Municipios prestaba gratis hasta ahora va a suponer un coste para las entidades locales menores», advierte el abogado Carlos González-Antón, jurista de la federación.

«No se cobra nada por los servicios a las juntas vecinales y no se va a cobrar», aseguran en la Diputación, cuyas subvenciones, recuerda, han permitido la elaboración de inventarios de patrimonio en un 60% de las entidades locales menores. También niega, al igual que el PSOE, que ejerza presiones sobre pedáneos para que se den de baja o no se sumen a la federación.

Esta asociación recurrió el reparto pactado por PSOE, PP y UPL de los fondos provinciales para juntas vecinales e Izquierda Unida ha llevado el caso a la Fiscalía de la Audiencia Provincial de León. El pacto entre los diputados provinciales otorgó un 60% de las ayudas a pedanías del PP, el 30% a las del PSOE y un 10% a las de UPL.

«Y a los que somos independientes o no van en la línea del partido nos dejan fuera», denuncia el pedáneo de Caminayo, Zósimo Miguel Díez. «Es un reparto ilegal», subraya. A su pueblo las ayudas que llegan «son mínimas» y tienen que poner el 15% que le corresponde al Ayuntamiento de Valderrueda al que pertenece. «Las pequeñas obras las vamos haciendo cuando tenemos tiempo», alega este minero prejubilado.

Desde que el ministro Montoro puso el punto de mira en los municipios más pequeños y en las entidades locales menores advirtiendo de sus posibles irregularidades (falta de presentación de cuentas y presupuestos en algunos casos) han crecido como los hongos en otoño las asociaciones y servicios defensores de las entidades locales menores.

El PSOE abrió una oficina en diciembre pasado para «dar servicio a sus juntas vecinales y a los representantes que tiene donde no gobierna», explica el secretario provincial, Tino Rodríguez. El 15M también se ha sumado a lo que llama el «desahucio de los pueblos» y ha hecho un documental combativo.

El líder socialista no ve necesaria una organización de las juntas vecinales similar a la que tienen los municipios y las provincias en la Femp. «Nosotros les damos el servicio gratis», insiste. Sin embargo, ya se ha creado una federación autonómica y existen dos federaciones estatales de concejos, parroquias y entidades locales menores.

La leonesa está integrada con Asturias, Galicia, Álava, Cantabria y otras provincias de la Comunidad. En Asturias el 100% de las parroquias están agrupadas en la Fapar (Federación Asturiana de Parroquias Rurales) desde hace 16 años. La federación lleva la contabilidad, presupuestos y subvenciones. Cuenta con ayuda del Principado y está reconocida tanto por la Junta como por el Gobierno asturiano.

El estatuto de autonomía de Asturias reconoce las parroquias como asentamiento de la población asturiana. Son 39 y muchas tienen más de una población. Solamente existen en 15 municipios. «No tememos por nuestra desaparición por la rendición de cuentas porque se lleva al día y tenemos la ventaja de que los secretarios de las entidades están habilitados para dar fe de sus actos», precisa el secretario, José Manuel García del Valle.

El caso alavés es singular. La mayoría de los 335 concejos están agrupados desde 1998. «Nos regimos por la norma foral de concejos, de 1995, que emana de la Diputación provincial», aclara Javier Argote, su presidente. Lo más singular de Álava —en Guipúzcoa no hay concejos y en Vizcaya sólo unos pocos— es que todos, excepto 16, son abiertos: «El Gobierno corresponde a la asamblea vecinal y la representación a la junta administrativa».

El concejo alavés es el más democrático formalmente y en la práctica. Tiene elecciones propias, fuera de los comicios municipales, y las listas son abiertas y personales, no figuran las siglas de partidos políticos. El fiel de fechos está reconocido como secretario.

Muchos pueblos leoneses siguen celebrando concejo. A su manera. Porque la Junta no lo ha regulado, tal y como recoge la Ley de Régimen Local de 1998, mediante un reglamento. En Ariego de Omaña «todas las decisiones se toman en el concejo», asegura la pedánea, Fermina Bardón, de Izquierda Unida. En otros son asambleas informativas, como es el caso de Nogarejas, con 260 habitantes, que convoca uno al año. «Si el concejo toma una decisión que es ilegal, quien carga la responsabilidad soy yo», subraya Olivio Campo. En León se funciona, a efectos legales, en régimen de Junta Vecinal, compuesta por presidente y vocales. El concejo se ha olvidado en unas juntas vecinales dependientes y a expensas de los repartos partidistas de dinero y unos pueblos cada vez más deshabitados. «Los que no estén vivos van a desaparecer con total seguridad», pronostica María Teresa García Montes.

«Está en peligro de extinción por la ley y por la despoblación», alega la directora del documental La voz del concejo, que realiza con Bambara Zinema, la Asociación Faceira, la Fundación Cerezales y los Clubes de la Unesco en España. Su objetivo es lograr que el concejo sea declarado patrimonio inmaterial de la Humanidad.

El temor al expolio de los bienes está latente. Y no sólo del monte. Está el trabajo que, sin cobrar, ha levantado aceras, cavado zanjas para las traídas de aguas o limpiado caminos para su pervivencia. «Si yo cobrara por el tiempo que dedico y lo que hago serían 20.000 euros al año», dice el pedáneo de Nogarejas.

El pueblo tiene un servicio de transporte sanitario con sus propios recursos (monte, residencia de ancianos, caza e intereses de depósitos). «Los impuestos los cobra el Ayuntamiento de Castrocontrigo», agrega.

«La captación del agua la hicieron los vecinos con sus propias manos y nos ocupamos del mantenimiento», explica la pedánea de Ariego. Si esta competencia, como prevé la ley, pasan a las diputaciones o a consorcios «se va a terminar con la gestión racional y altruista que hacen los vecinos y acabarán pagando».

Las campanas no tocan a concejo. Se oyen lamentos. Doblan por el concejo y por los pueblos. Y por la tierra. «Si quitan las juntas vecinales los pueblos van a morir por Dios», advierte el de Caminayo. Como dijo John Donne, y Ernest Hemingway popularizó con su novela, las campanas «doblan por ti». Por los 1.232 pueblos con personalidad jurídica en León.

Mar 262013
 

Los representantes de las Federaciones de, Entidades Locales Menores, ELM, designados por la reunión celebrada este fin de semana en León se han reunido con el Director General de Coordinación de Competencias con las las Comunidades Autónomas y Administraciones Locales, dependiente del Ministerio de Administraciones Públicas, Juan Ignacio Romero, y el Subdirector de Administración Local Enrique Orduña para exponerles los plantemientos consensuados en la citada, que se pueden consultar enwww.concejos.org.

El Director General ha afirmado que el proyecto legislativo está replanteándose en lo que respecta a las Entidades Locales Menores, por lo que están abiertos a las sugerencias de las mismas. Y ha insistido en que había que racionalizar los distintos niveles administrativos para no generar nuevas administraciones públicas.

Coincidencias

En este sentido, ha habido coincidencia absoluta con los representantes de las ELM, que abogan esencialmente por mantener la personalidad jurídica pública de las existentes, sin que haya intención de promover nuevas ELM ni que estás asuman más competencias de las que actualmente tienen.

Las ELM han reiterado que es imprescindible desvincular la persistencia de este nivel administrativo de la reordenación de la prestación de los servicios públicos y su eficiencia, porque las ELM pueden demostrar que son las más eficientes en la prestación de muchos servicios en su ámbito; debiendo, en cambio, replantearse la subsistencia de otros niveles administrativos. Las ELM piden que se les permita justificar su existencia y funcionalidad, pues prestan muy eficientemente competencias en su territorio.

Además han solicitado que se simplifique la rendición de cuentas y un apoyo del ministerio para poder utilizar las plataformas de ddministración electrónica estatal, de las que hacen uso el resto de Administraciones.
Asimismo en la reunión los representantes de las ELM también han denunciado prácticas poco transparentes que se están dando en muchos municipios en la gestión de cuentas, asumida directa o indirectamente por secretarios municipales, con una gran coste para las pequeñas ELM.

Las ELM se han comprometido en enviar una propuesta de mínimos irrenunciable para incorporar a la propuesta legislativa, pues, entienden que España no puede renunciar en términos de eficacia y defensa de la vida rural del escalón de las ELM.
La valoración de la reunión ha sido positiva, porque ha permitido hacer ver al Ministerio que las ELM de España están unidas en la defensa del carácter público de sus entidades y que están dispuestas a mantener estas administraciones que van a realizar todos los esfuerzos posibles para demostrar que pueden rendir cuentas, ser transparentes, participativas y las más eficientes en su ámbito.

Mar 232013
 

Pendones concejiles de LeónLA DECLARACIÓN DE LEÓN EN DEFENSA DE LOS CONCEJOS

Reunidas en León, el 23 de marzo de 2013, las Asociaciones y Federaciones de las Entidades Locales Menores de Álava, Asturias, Cantabria, Cataluña, Extremadura, Galicia, León, Palencia, Salamanca y Soria, acordaron:

  • Trabajar por el fortalecimiento de una única organización a nivel estatal que represente a todas las ELM del Estado, ante las instituciones legislativas y gubernamentales de ámbito estatal y ante otras organizaciones públicas y privadas.
  • Las organizaciones presentes defienden el carácter de Administración pública territorial de las ELM, con personalidad jurídica y competencias propias.
  • Las ELM deben seguir manteniendo la titularidad y gestión de su patrimonio, incluido el forestal y la regulación del aprovechamiento de los bienes comunales.
  • Las ELM deberán mantener todas las potestades administrativas necesarias para ejecutar las competencias atribuidas, tales como las competencias reglamentaria, tributaria, expropiatoria y sancionadora, conforme a la legislación estatal y autonómica.
  • Las ELM deberán poder ejecutar obras y prestar servicios comprendidos en la competencia municipal y de exclusivo interés de la entidad.
  • El Estado debe garantizar los mecanismos legislativos y reglamentarios para asegurar que las ELM tengan la financiación suficiente y no condicionada, para ejecutar sus competencias de forma eficiente.
  • Se deberá tender a la simplificación de los documentos contables a presentar a los Tribunales de Cuentas  otras  Administraciones.
  • Se recaba el apoyo de la Administración estatal al empleo por las ELM de los instrumentos de Administración electrónica.
  • Las ELM son férreas defensoras de la transparencia y la rendición de cuentas de todas las Administraciones públicas.
  • Las ELM ven claramente contrario a Derecho y al principio de igualdad con otras Administraciones públicas, la supresión de las mismas por el hecho de no cumplir a tiempo con las obligaciones contables o con unos parámetros discutibles de evaluación de sus servicios.
  • Las ELM exigirán ante las instituciones y jurisdicciones europeas el cumplimiento de la Carta Europea de Autonomía Local, suscrita por el Reino de España, que garantiza la pervivencia y autonomía de las ELM, que son instituciones públicas democráticas con un gran arraigo histórico y cultural.
  • La existencia de las ELM, junto con el mantenimiento de sus potestades y competencias, son imprescindibles en cualquier tipo de política que luche contra la despoblación en el medio rural, así como el mantenimiento del medio natural.
Mar 232013
 

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Representantes de 3.700 entidades locales menores hacen frente común contra el Gobierno

Caseríos, parroquias, aldeas, barrios, anteiglesias, concejos o pedanías. Se llamen como se llamen, las 3.720 entidades locales menores españolas han comenzado a moverse para evitar que la reforma de la administración municipal arrase con ellas. Unas 3.500 desaparecerán en tres meses si entra en vigor lo que, por ahora, es un anteproyecto de ley.

Hoy las pedanías españolas celebran en León su primera gran reunión “en siglos”, como describe Carlos González-Antón, de la Federación Leonesa de Entidades Locales Menores. A la llamada acudirán organizaciones de Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco, Cataluña, Extremadura y Castilla-León. “Intentaremos que las que no puedan asistir lo hagan a través de videoconferencia”, dice. Quieren actuar con una sola voz ante el Gobierno para alejar el peligro de extinción que se deriva de uno de los artículos de la reforma: el que les obliga a presentar cuentas en tres meses.

Javier Argote: “Quieren llevarnos a privatizar algo que para nosotros es intocable”.

Alegan que es un artículo con trampa, porque la mayoría de las pedanías no puede conseguir, aunque quiera, que un secretario o interventor municipal firme sus liquidaciones. El caso es especialmente sangrante en Castilla y León, donde funcionan 2.227 entidades locales menores, el 60% de las españolas. Aquí el Parlamento aprobó por unanimidad esta semana una propuesta del PSOE que defiende su “raigambre histórica” como “custodios del territorio, administradores de bienes y sostenedores de la vida en los pueblos más pequeños”.

Marcos Cubelos, presidente de la federación de Entidades Locales Menores, constituida hace apenas tres meses, está convencido de que sin voz ante el Gobierno no tienen nada que hacer. “Tenemos un problema, y es que en Madrid seguramente no saben cómo funciona una junta vecinal”. Tras la reforma ve la mano del poder para controlar más directamente su goloso patrimonio: el terreno forestal que explotan. No hay datos oficiales del total, pero solo en Castilla-León se calcula que pueden ser 3,5 millones de hectáreas que pasarían a ser gestionadas por Ayuntamientos. “Seguro que están pensando en los montes como un recurso para tapar agujeros”, se irrita.

Javier Argote, presidente de la Asociación alavesa concejos, que aglutina al 99% de las 340 entidades que hay en Euskadi, explica que el 80% del monte público está en manos de los vecinos, igual que el patrimonio público edificado. Aunque en el País Vasco cuentan con la salvaguarda del Derecho Foral, cree que la reforma es nefasta: “Pone el monte en peligro, igual que el agua. Quieren llevarnos a privatizar algo que para nosotros es intocable”. Vaticina que si se suprimen concejos se profundizará en la despoblación del medio rural a costa de unas estructuras que “no cuestan un duro”.