May 052018
 
  • Buelta y González-Antón explicaron la sentencia. RAMIRO - Buelta y González-Antón explicaron la sentencia. RAMIRO –

A. DOMINGO | LEÓN

La Federación Leonesa de Entidades Locales Menores espera que el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla y León confirme la sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de León que anula la aprobación inicial y definitiva de los presupuestos de Ponferrada ante la petición del presidente de la Junta Vecinal de Columbrianos, Andrés Buelta Jáñez, de participar en los plenos en los que se debatieron las cuentas.

El secretario de la federación y abogado de Columbrianos en este litigio, Carlos González Antón, calificó de «pionero» el fallo, al reconocer el «derecho y obligación» de los pedáneos de asistir a los plenos de sus ayuntamientos en los que se aborden asuntos relativos a las entidades locales menores, «como recoge el artículo 62 de la ley de régimen local de Castilla y León», indicó. De la sentencia se desprende, dijo, que los pedáneos deben ser convocados «como un concejal», disponer de la misma información que uno de estos sobre el asunto y tener voz en el plenario, aunque no voto», explicó.

Juntas vecinales y ayuntamientos «comparten territorio» y el juez explica que entre ambas administraciones debe «existir una relación de colaboración y lealtad que en muchos ayuntamientos brilla por su ausencia». El fallo trasciende el ámbito local, ya que «puede aplicarse a cualquier municipio de Castilla y León con juntas vecinales», indicó González-Antón, que señaló que no convocar a los pedáneos atenta contra el artículo 23 de la Constitución, que recoge el derecho a la representación democrática, y contra el estatuto de autonomía, «que impone el derecho a que se respeten las formas tradicionales de gobierno».
May 042018
 
Rueda de prensa en el Hotel Infantas. / NOELIA BRANDÓN

El abogado de la Federación valora un escrito que vincula al Estatuto, la Constitución y la Ley de Régimen Local y que «establece las reglas de juego en un municipio»

RUBÉN FARIÑAS León
Una sentencia «contundente, fundada y vinculada» al Estatuto de Autonomía, la Constitución y la Ley de Régimen Local.

Los pedáneos de Ponferrada se sienten «muy satisfechos» por el pionero escrito que anula el pleno de los presupuestos de 2015 en el Consistorio de la capital del Bierzo, al que no se les convocó, y que sienta jurisprudencia.

La sentencia

La Federación de Concejos, Pedanías y Parroquias Rurales de España ha analizado el auto del juez y recomiendan al resto de municipios de la provincia de León «que se pongan las pilas y vean el respeto que se tiene a estas entidades locales menores».

Su presidente y alcalde pedáneo de Columbrianos, Andrés Buelta, ha pedido al resto de compañeros «que se agrupen para sacar contenciosos contra las administraciones».

Desde la Federación consideran que esta sentencia habilita el derecho de los pedáneos de asistir a los plenos municipales en los que se debatan asuntos de las juntas vecinales.

Así lo ha apuntado el abogado y secretario general, Carlos González-Antón, quien recordaba que esta sentencia describe la obligación de que las pedanías actúen en los plenos «como un concejal más y puedan conocer la documentación que se va a tratar».

Nuevas reglas de juego

El Juzgado ha rechazado la inconstitucionalidad que alegaba el Ayuntamiento del artículo 62 de la Ley de régimen local. Además el Ayuntamiento realizó el pleno «a sabiendas y a conciencia» sin avisar a sus pedáneos, aprobándose una partida para las pedanías, lo que acredita el interés para ellas.

Por ello, y tras conocer la sentencia favorable, exigen que se vuelva a aprobar el presupuesto y se modifique la partida para las 17 juntas vecinales de Ponferrada. «Si el alcalde no quiere, el secretario debe advertir del error de no convocarnos al pleno».

Las consecuencias de esta resolución piloto y pionera es la obligación en toda Castilla y León de convocar a los pedáneos, tras reconocer la vulneración del derecho de los vecinos a decidir y «establece las normas de juego en un municipio».

La sentencia

 

May 032018
 


SENTENCIA PILOTO QUE ANULA EL PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA DE 2015 POR NO CONVOCAR AL ALCALDE PEDÁNEO DE COLUMBRIANOS APLICABLE A TODOS LOS AYUNTAMIENTOS CON JUNTAS VECINALES DE CASTILLA Y LEÓN
SITUACIÓN DE LAS SECRETARIAS DE LAS JUNTAS VECINALES

El día 4 de mayo a las 11:30 en el Hotel Infantas de León. (Calle González de Lama, nº 3, León), rueda de prensa

El Juzgado de lo contencioso-administrativo nº 3 de León ha anulado de pleno derecho el Presupuesto del Ayuntamiento de Ponferrada de 2015, por incumplir la Ley de régimen local de Castilla y León, al no convocar a los plenos a los Alcaldes pedáneos del municipio.

Esta sentencia pionera y piloto se ha instado por la Junta Vecinal de Columbrianos, cuyo Alcalde Pedáneo es el Presidente de la Federación Leonesa de Entidades Locales Menores. Los argumentos de una sentencia que se apoya directamente en la Constitución Española son aplicables a todos los municipios de Castilla y León que tengan juntas vecinales, por lo que interesa la máxima difusión de la misma. Por eso la convocatoria la hace la Federación de Castilla y León.

Se explicará en contenido de la sentencia, su enorme impacto en la situación en la que se encuentran actualmente las Juntas Vecinales.

También se informará del estado del conflicto de los secretarios de las Juntas Vecinales.

Abr 262018
 

Diputación y al Federación de entidades locales avanzan en la posible solución a la supresión del secretario vecino, plantean a la Junta una mayor financiación y exigen un sistema que dote de seguridad jurídica a las entidades locales

Diputación y Federación de Juntas Vecinales avanzan en la búsqueda de soluciones para garantizar la ‘supervivencia’ de las 1.232 entidades locales de León frente a la aplicación del real decreto que suprime la figura del secretario ‘vecino’.

Un «mazazo» que exige de medidas urgentes que vayan más allá de una mera moratoria. Así lo remarcó Carlos González-Antón, secretario general de la Federación Leonesa de Entidades Locales Menores, que señaló que la solución pasaría por articular un sistema con urgencia que dote de seguridad jurídica a las juntas vecinales, claves y necesarias para el funcionamiento del medio rural.

Y para ello es necesario que los políticos leoneses en el ámbito autonómico y nacional crean en la existencia y la potencialidad de las entidades locales. «No se puede hablar de políticas de despoblación cuando se ponen trabas gravísimas a la administración encargada de gestionar el territorio rural, provocando que esté colapsada».

Mayor financiación autonómica

Guante que lanzan directamente a la Junta de Castilla y León, a la instan a convencerse de la necesidad de llevar a cabo una ordenación del territorio de abajo a arriba, que implique una financiación directa a las juntas vecinales.

«En la Comunidad de Castilla y León hay una asimetría enorme, con provincias en las que existen 1.200 juntas vecinales que tienen y merecen una financiación autonómica como pasa en el resto de los territorios del Estado. Es eso, precisamente, lo que deben demandar los políticos de León para que esa asimetría que se da en Palencia, Burgos y León tenga clara acogida en los presupuestos de Castilla y León».

El SAM, la posible solución

Antón ha remarcado que desde la federación comparten ciertos planteamientos con el Colegio de Secretarios de León, como la necesidad de adoptar con urgencia medidas a corto y medio plazo que no solo fortalezcan sino que permita modernizar las juntas vecinales, con los retos que presenta la administración electrónica y la incorporación de las nuevas tecnologías.

No así que sean los secretarios de los ayuntamientos los que asuman las secretarías de las Juntas Vecinales. Antón ha recordado que ambas administraciones, a pesar de estar condenadas a entenderse, tienen conflicto de intereses en cuanto a la prestación de servicios que impiden que el mismo funcionario atienda a las dos administraciones.

De ahí que vea en el Servicio de Asistencia a Municipios una posible solución. «Vendría perfecto que el SAM y el Consejo Comarcal ponga a disposición de las entidades locales secretarios habilitados para este tratamiento de igualdad entre las relaciones de las dos partes», remarcó Antón, que incidió en que el real decreto supone un «mazazo» para las entidades locales, poniendo en grave riesgo la obtención de las certificaciones para la PAC, pastos, leñas o contrataciones. «Esto urge una solución.

Planteamientos que ha recogido la Diputación que confía en obtener una respuesta inmediata del Gobierno sobre la petición de la moratoria ante la parálisis que sufren las Juntas Vecinales y los problemas que desde hoy se pueden encadenar, poniendo en jaque el primer escalón de la administración local en la provincia de León.

Abr 222018
 

Reclaman un periodo transitorio para habilitar funcionarios el margen de los municipales en las juntas vecinales.

MARÍA CARNERO | LEÓN

Las federaciones de Asturias, Cantabria, Álava, Cataluña, Palencia, Salamanca y León, que representan a 2.415 entidades locales menores, —más de dos tercios de las de España—, se reunieron ayer en León para acordar una postura común ante la reciente aprobación del Real Decreto 128/2018, que obliga a que sean funcionarios de la Administración local con habilitación nacional quienes ejerzan las labores de secretaría en las entidades de ámbito inferior al municipal.

Como punto de partida, los representantes de las juntas vecinales presentes en la reunión denunciaron la «falta de diálogo» con la que se ha tramitado esta ley, así como el «colapso» que la aplicación de esta norma está suponiendo «no solo en las entidades locales menores, sino también de los propios ayuntamientos», destacó el secretario general de la Federación de Juntas Vecinales de León, Carlos González-Antón.

«Además de la paralización de las administraciones, la entrada en vigor de esta norma está afectado directamente a todas las tramitaciones de los ciudadanos, sobre todo del área rural, como es el caso de las autorizaciones de pastos, de caza, contratos de la PAC, etc», añadió González Antón, que anunció medidas inmediatas hacia los «responsables» de este colapso.

«Si lo que se buscaba es un mayor control con el cual estamos absolutamente de acuerdo, ya que todos apoyamos la profesionalización y la modernización de estas entidades, deben garantizar una suficiente dotación de plazas de secretarios de ayuntamientos ya que actualmente claramente deficitaria», denunció el secretario de la federación leonesa.

Como medida más inmediata las entidades han pedido al Ministerio de Hacienda y Función Pública que se permita un periodo transitorio de al menos año y medio para flexibilizar la norma para que se permita que funcionarios que no sean los habilitados nacionales del ayuntamiento puedan prestar estas funciones. «Se debe facilitar la existencia de funcionarios que asuman exclusivamente las funciones de los entes locales menores», insisten.

Una de las posturas más consensuadas en el encuentro es la necesidad de recabar apoyos entre los distintos partidos políticos con el fin de impulsar un pacto de Estado en defensa de la pequeña administración local y garantizar su supervivencia, «con todos los controles y todas las garantías de legalidad». De hecho, a través de los grupos políticos quieren solicitar la tramitación de una Proposición No de Ley en el Congreso de los Diputados para que se inste al Gobierno a rectificar y promover los cambios normativos que permitan que los entes locales menores puedan prestar adecuadamente sus funciones y servicios, procurando la modernización y con el pleno control interno y externo de las cuentas.

«Cuanta más fiscalización mejor todavía. Lo que pasa es que aquí pagamos justos por pecadores, ya que mientras muchas entidades locales hacen bien las cosas el 46,7 de las entidades locales de España no rinden cuentas, y eso significa muchos miles de euros que Hacienda quiere controlar», explicó el secretario general de la Federación de Asturias, José Manuel García del Valle, que considera que hay otras fórmulas de controlar las cuentas de las juntas vecinales, «siempre desde el consenso y no con este tipo de decretos».

Por su parte, Juanjo Cortés, secretario de la Federación de Cataluña manifestó la preocupación existente en su territorio por este decreto, ya que «no han contado con nosotros para su elaboración, y somos los que mejor conocemos a la administración más próxima al ciudadano que son las entidades locales menores, así como sus dificultades y lo que significa la aplicación de ese decreto, que puede suponer en muchos casos la desaparición de muchas de ellas». Desde Cataluña no creen que sea lo más correcto compartir secretario con los ayuntamientos, ya que en muchas ocasiones hay cierto conflicto de intereses entre las dos administraciones. «No puedes defender a las dos partes de igual manera —al ayuntamiento y a la junta vecinal— porque cuando hay negociar convenios o acuerdos económicos entre ambas evidentemente el secretario defenderá al que más le paga, que en este caso será la entidad mayor», destacó Cortés.

Por último, el presidente de la asociación de Concejos de Álava, Joseba Terreros, aseguró que con el sistema de competencias de su territorio, que fueron transferidas por el Gobierno Vasco a las diputaciones, «su problemática es diferente». De todos modos, denunció que «una vez más no se ha tenido en cuenta nuestra opinión», lo que conlleva a la paralización de la actividad de las entidades locales. «Nadie cuenta con nosotros cuando al final somos los que más cerca estamos de los ciudadanos», denunció.

Políticos que miren a la administración local

La polémica por el Real Decreto que elimina la figura del vecino-secretario y amenaza con colapsar la tramitación administrativa del medio rural dependiente de las juntas vecinales pone de manifiesto no sólo el desconocimiento de cómo funciona parte del sistema nacional (especialmente León, que aglutina la mitad de estas juntas en todo el país), sino la falta de implicación real de los partidos políticos en atender problemas ‘menores’. Las formaciones políticas únicamente se ocupan de estas pequeñas entidades en tiempo de elecciones, cuando se enfrentan a la dificultad de encontrar candidatos dispuestos a pelear por el futuro de sus pueblos con una falta de recursos y medios que les limita enormemente. Las federaciones de concejos y juntas vecinales de varias provincias exigieron ayer en León un pacto de Estado que defienda el sistema de pequeñas entidades de administración local y garantice su supervivencia. Son ellas las que están realmente cerca de los problemas de sus vecinos. Habrá que ver qué respaldo les dan los partidos.