Nov 262013
 

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COMUNICADO DE PRENSA: 26 de noviembre de 2013

LOS SENADORES DEL GRUPO POPULAR RECOGEN SOLO PARCIALMENTE LA ENMIENDA QUE DESVINCULA LAS JUNTAS VECINALES DEL PRESUPUESTO DE LOS AYUNTAMIENTOS 

 LA PRESENTE NOTA DE PRENSA HA SIDO SUSTANCIALMENTE REFORMADA CON POSTERIORIDAD, PUES LA DESVINCULACIÓN ANUNCIADA HA SIDO SÓLO PARCIAL, MANTENIÉNDOSE LA PÉRDIDA DEL CARACTER DE ENTE LOCAL DE LAS JUNTAS VECINALES

  • LA FEDERACIÓN LEONESA HA SIDO INFORMADA DIRECTAMENTE POR LOS DOS SENADORES DEL PP POR LEÓN, LUIS AZNAR Y SILVIA FRANCO DE LA INCORPORACIÓN DE LA ENMIENDA DEL ARTÍCULO 116.BIS.
  • LA FEDERACIÓN AGRADECE EL TRABAJO DESARROLLADO POR TODOS LOS SENADORES DE LEON (del PP, PSOE y Mixto) EN ESTA FASE PREVIA A LA PRESENTACIÓN DE ENMIENDAS, AUNQUE ENTIENDE QUE TODAVÍA QUEDA TRABAJO POR HACER, PARA SALVAR EL CARÁCTER DE ENTIDAD LOCAL DE LAS ELM, TAL Y COMO HA SEÑALADO EL CONSEJO DE ESTADO

 

La Federación Leonesa de Entidades Locales Menores se felicita por el hecho de que el Grupo Popular en el Senado haya aceptado la enmienda al art. 116.bis que les presentó la Federación Leonesa, junto con la FEDERACIÓN DE CONCEJOS DE ESPAÑA. Este artículo obligaba a los Ayuntamientos con deudas a suprimir sus juntas vecinales, al tener que aprobar un plan económico-financiero por no cumplir los requerimientos de sostenibilidad financiera. Este era un punto clave y esencial para la subsistencia de las Entidades Locales Menores.

La Federación Leonesa quiere informar que la Senadora Silvia Franco ha comunicado personalmente a Andrés Buelta, Presidente de la Federación, la incorporación de esa enmienda al artículo 116.bis, invitando a la Federación a tener una inmediata reunión con ella para tratar el proceso de debate de enmiendas.

Igualmente, se quiere informar que el Senador Luis Aznar ha estado en contacto con la Federación en las últimas semanas, y apoyando las propuestas de las federaciones de entidades locales menores ante su Grupo Parlamentario. Igualmente, ha informado esta tarde al Secretario General de la Federación de Concejos, Pedanías y Parroquias Rurales de España que seguirá trabajando por mejorar el texto legislativo ya que todavía queda mucho trabajo por hacer y, que independientemente de que no esté en la Comisión de Entidades Locales, trabaja coordinadamente en este punto con sus compañeros de grupo.

Como valoración de estas informaciones, la Federación Leonesa o Concejo General de León, debe manifestar su satisfacción por la supresión de la vinculación de las Juntas Vecinales al presupuesto del Ayuntamiento. Una previsión nefasta para la Administración local de León, de Castilla y León y de España, en general.

En segundo lugar, cree que no cabe justificación alguna para que los concejos de León pierdan el carácter de ente local. Por ello, trasladarán a la Comisión Europea en esta misma semana una queja, haciéndoles ver que no pueden ser las únicas sacrificadas para hacer ver en Europa que se han suprimido Administraciones públicas en España.

En tercer lugar, se ha comprobado que la unión de todas las Entidades Locales Menores y sus federaciones pueden hacer cambiar de criterio a los legisladores, por ello la federación leonesa hace un llamamiento a todas las Juntas Vecinales a estar más unidas que nunca y a apoyar a sus órganos de representación.

El Concejo General de León agradece a la Junta de Castilla y León y a su Consejero de Presidencia José Antonio Juárez de Santiago, el apoyo a las ELM, pero le pide un esfuerzo más para salvar su carácter de entidad local.

Oct 312013
 

comisioncongresoLos vídeos de cómo nuestros Diputados dan la puntilla a las Juntas Vecinales los podéis encontrar aquí Videos de la Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas (ojo: hay unas crucecitas verdes que se pueden expandir).

Se han rechazado todas las enmiendas que promovían la defensa de los intereses de las Entidades Locales Menores. El rodillo del Grupo Parlamentario del PP ha destrozado las esperanzas. Nuestros pueblos dejarán de ser Entidades Locales, para ser no se sabe qué. Podrán ser suprimidos por deudas de sus Ayuntamientos. Y lo que quede de ellos, si no rinden cuentas en 2014, serán suprimidos. Esta es la gran apuesta por el municipalismo del PP.

Se puede comprobar que la única enmienda aprobada que afecta a las Entidades Locales Menores es la número 30, presentada por Foro de Asturias, y propuesta por la Federación de Concejos, Pedanías y Parroquias Rurales de España, tal y como se puede comprobar en la documentación. Y se refiere a que serán las leyes autonómicas las que regulen las funciones de los Secretarios en las ELM. ¿Para qué, si ya no serán entes locales?

“4ª Enmienda: nmienda de adición:

Artículo 92 bis. 1 (al final del apartado 1).

Las funciones públicas mencionadas en las letras a) y b) de este apartado serán desempeñadas en las entidades de ámbito territorial inferior al Municipio en los términos en los que señale la legislación autonómica”.

Y lo aprobado en Comisión, con una clara nocturnidad, pasa directamente al SENADO. Y allí se consumará el concejicidio. Las Administraciones locales que han resistido siglos de rapacidad feudal no han podido soportar 30 años de esta democracia que tenemos.

NOTA: A pesar de que se había comentado en más de una ocasión el Diputado leonés Eduardo Fernández no está en la Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas, ni es ponente ni portavoz.

 

 

Sep 162013
 
logo_concejos_nacional_colorCOMUNICADO DE 16 DE SEPTIEMBRE DE 2013
LA FEDERACION ESTATAL DE PEDANÍAS EXIGE QUE LA LEY MANTENGA SU CARACTER DE ENTIDAD LOCAL
La organización que representa las federaciones de los territorios con la gran mayoría de las entidades locales menores de España propone unas enmiendas a todos los grupos parlamentarios que recogen los argumentos del Consejo de Estado. Estas enmiendas se están haciendo llegar a todos los grupos estatales y autonómicos.
Las enmiendas se ciñen a la regulación de las ELM. Se basan en tres puntos esenciales:
1. Debe mantener su carácter de entidad local, que se suprimiría con texto del gobierno. Y por supuesto, mantener su personalidad jurídica, competencias y patrimonio.
2. La regulación debe corresponder a las Comunidades Autónomas.
3. Se mantiene la obligación de rendir cuentas al Estado y a la Comunidad Autónoma, ampliando el plazo a 12 meses. Se propone que la entidad que no rinda cuentas en dicho plazo, pase a ser gobernada por una gestora nombrada por la Comunidad Autónoma; rechazando la solución del proyecto actual de que sea suprimida la entidad local menor.
Por otro lado, la Federación de Concejos, Pedanías y Parroquias Rurales de España no comparte las grandes reivindicaciones de la FEEM, organización liderada por la Federación Andaluza de ELM, que propugna una misma denominación para todo el Estado, (ELA, coincidente con la andaluza, por cierto); que sea el Estado el que regule unas competencias claras y directas y que se fije la financiación en los Presupuestos Generales del Estado. Entendemos que estas propuestas no responden a la reivindicaciones de la inmensa mayoría de las Entidades Locales Menores de España y, además, ponen en riesgo la posibilidad de llegar a un acuerdo entre todos los grupos parlamentarios.
Se pueden consultar las enmiendas en el siguiente enlace:

ENMIENDAS FEDERACION DE CONCEJOS, PEDANIAS Y PARROQUIAS RURALES DE ESPAÑA

Sep 092013
 

Federación Leonesa de Entidades Locales MenoresDiario de León / Ana Gaitero | león 09/09/2013

En Pardesivil de Curueño, como en muchos pueblos del norte, era obligado tocar a concejo los domingos después de misa. Así lo manda su ordenanza de 1723. La campana tañía con un toque especial que el vecindario distinguía bien de otros avisos. Cuatro siglos después, rara vez las campanas tocan a concejo en alguna de las 1.232 localidades leonesas que aún tienen personalidad jurídica como entidades locales menores.

Las herederas del sistema concejil leonés han sido, paradójicamente, las parientes olvidadas de la democracia. Que no las pobres. Las entidades locales menores detentan la propiedad de al menos el 30% de la superficie de León. Son 4.449,73 kilómetros cuadrados sobre los 15.581 de territorio provincial.

El Proyecto de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local las deja sin personalidad jurídica y al albur de las leyes de las comunidades autónomas. El artículo 24 bis sólo respeta su nombre —caseríos, parroquias, barrios, anteiglesias, concejos, pedanías…— y el 116 bis recoge, contradictoriamente, la supresión de las entidades locales menores en casos de incumplimiento del plan económico-financiero.

«Si pierden la personalidad jurídica pierden la capacidad para gestionar el patrimonio a nivel legal», subraya Jesús Albarrán, portavoz de la Plataforma de Juntas Vecinales de Omaña constituida hace un año y que aglutina a 59 entidades locales menores.

Cunde el miedo al expolio . «Si sus bienes pasan a los ayuntamientos se producirá una descapitalización de los pueblos y de sus vecinos. Lo usarán para pagar sus deudas», advierte el pedáneo de Nogarejas, Olivio Campo. de UPL y al frente de una de las 150 localidades integrada en la Federación de Entidades Locales Menores.

«Nos quieren hacer desaparecer para expoliar nuestros montes. Que empiecen por las diputaciones, que nadie les ha elegido. Nosotros no les costamos una peseta», afirma Víctor Castro, alcalde pedáneo de Tremor de Arriba. Admite que la «unión hace la fuerza» pero no ha integrado a su pueblo en la federación.

Apenas el 10% de las entidades locales menores se han sumado a esta organización cuyo objetivo es combatir las «deficiencias técnicas y legislativas» de la reforma estatal de la administración local y también frente a otras normas «amenazantes» como el decreto de la Junta de Castilla y León, del 18 de julio, que exige a las entidades locales menores dar fe de sus presupuestos y contabilidad a secretarios con habilitación estatal y las obliga a pagar el coste proporcional de su complemento de productividad.

La Diputación y el Consejo Comarcal del Bierzo, en León, tienen que ocuparse de firmar un convenio interadministrativo. «Lo que el Servicio de Asistencia a Municipios prestaba gratis hasta ahora va a suponer un coste para las entidades locales menores», advierte el abogado Carlos González-Antón, jurista de la federación.

«No se cobra nada por los servicios a las juntas vecinales y no se va a cobrar», aseguran en la Diputación, cuyas subvenciones, recuerda, han permitido la elaboración de inventarios de patrimonio en un 60% de las entidades locales menores. También niega, al igual que el PSOE, que ejerza presiones sobre pedáneos para que se den de baja o no se sumen a la federación.

Esta asociación recurrió el reparto pactado por PSOE, PP y UPL de los fondos provinciales para juntas vecinales e Izquierda Unida ha llevado el caso a la Fiscalía de la Audiencia Provincial de León. El pacto entre los diputados provinciales otorgó un 60% de las ayudas a pedanías del PP, el 30% a las del PSOE y un 10% a las de UPL.

«Y a los que somos independientes o no van en la línea del partido nos dejan fuera», denuncia el pedáneo de Caminayo, Zósimo Miguel Díez. «Es un reparto ilegal», subraya. A su pueblo las ayudas que llegan «son mínimas» y tienen que poner el 15% que le corresponde al Ayuntamiento de Valderrueda al que pertenece. «Las pequeñas obras las vamos haciendo cuando tenemos tiempo», alega este minero prejubilado.

Desde que el ministro Montoro puso el punto de mira en los municipios más pequeños y en las entidades locales menores advirtiendo de sus posibles irregularidades (falta de presentación de cuentas y presupuestos en algunos casos) han crecido como los hongos en otoño las asociaciones y servicios defensores de las entidades locales menores.

El PSOE abrió una oficina en diciembre pasado para «dar servicio a sus juntas vecinales y a los representantes que tiene donde no gobierna», explica el secretario provincial, Tino Rodríguez. El 15M también se ha sumado a lo que llama el «desahucio de los pueblos» y ha hecho un documental combativo.

El líder socialista no ve necesaria una organización de las juntas vecinales similar a la que tienen los municipios y las provincias en la Femp. «Nosotros les damos el servicio gratis», insiste. Sin embargo, ya se ha creado una federación autonómica y existen dos federaciones estatales de concejos, parroquias y entidades locales menores.

La leonesa está integrada con Asturias, Galicia, Álava, Cantabria y otras provincias de la Comunidad. En Asturias el 100% de las parroquias están agrupadas en la Fapar (Federación Asturiana de Parroquias Rurales) desde hace 16 años. La federación lleva la contabilidad, presupuestos y subvenciones. Cuenta con ayuda del Principado y está reconocida tanto por la Junta como por el Gobierno asturiano.

El estatuto de autonomía de Asturias reconoce las parroquias como asentamiento de la población asturiana. Son 39 y muchas tienen más de una población. Solamente existen en 15 municipios. «No tememos por nuestra desaparición por la rendición de cuentas porque se lleva al día y tenemos la ventaja de que los secretarios de las entidades están habilitados para dar fe de sus actos», precisa el secretario, José Manuel García del Valle.

El caso alavés es singular. La mayoría de los 335 concejos están agrupados desde 1998. «Nos regimos por la norma foral de concejos, de 1995, que emana de la Diputación provincial», aclara Javier Argote, su presidente. Lo más singular de Álava —en Guipúzcoa no hay concejos y en Vizcaya sólo unos pocos— es que todos, excepto 16, son abiertos: «El Gobierno corresponde a la asamblea vecinal y la representación a la junta administrativa».

El concejo alavés es el más democrático formalmente y en la práctica. Tiene elecciones propias, fuera de los comicios municipales, y las listas son abiertas y personales, no figuran las siglas de partidos políticos. El fiel de fechos está reconocido como secretario.

Muchos pueblos leoneses siguen celebrando concejo. A su manera. Porque la Junta no lo ha regulado, tal y como recoge la Ley de Régimen Local de 1998, mediante un reglamento. En Ariego de Omaña «todas las decisiones se toman en el concejo», asegura la pedánea, Fermina Bardón, de Izquierda Unida. En otros son asambleas informativas, como es el caso de Nogarejas, con 260 habitantes, que convoca uno al año. «Si el concejo toma una decisión que es ilegal, quien carga la responsabilidad soy yo», subraya Olivio Campo. En León se funciona, a efectos legales, en régimen de Junta Vecinal, compuesta por presidente y vocales. El concejo se ha olvidado en unas juntas vecinales dependientes y a expensas de los repartos partidistas de dinero y unos pueblos cada vez más deshabitados. «Los que no estén vivos van a desaparecer con total seguridad», pronostica María Teresa García Montes.

«Está en peligro de extinción por la ley y por la despoblación», alega la directora del documental La voz del concejo, que realiza con Bambara Zinema, la Asociación Faceira, la Fundación Cerezales y los Clubes de la Unesco en España. Su objetivo es lograr que el concejo sea declarado patrimonio inmaterial de la Humanidad.

El temor al expolio de los bienes está latente. Y no sólo del monte. Está el trabajo que, sin cobrar, ha levantado aceras, cavado zanjas para las traídas de aguas o limpiado caminos para su pervivencia. «Si yo cobrara por el tiempo que dedico y lo que hago serían 20.000 euros al año», dice el pedáneo de Nogarejas.

El pueblo tiene un servicio de transporte sanitario con sus propios recursos (monte, residencia de ancianos, caza e intereses de depósitos). «Los impuestos los cobra el Ayuntamiento de Castrocontrigo», agrega.

«La captación del agua la hicieron los vecinos con sus propias manos y nos ocupamos del mantenimiento», explica la pedánea de Ariego. Si esta competencia, como prevé la ley, pasan a las diputaciones o a consorcios «se va a terminar con la gestión racional y altruista que hacen los vecinos y acabarán pagando».

Las campanas no tocan a concejo. Se oyen lamentos. Doblan por el concejo y por los pueblos. Y por la tierra. «Si quitan las juntas vecinales los pueblos van a morir por Dios», advierte el de Caminayo. Como dijo John Donne, y Ernest Hemingway popularizó con su novela, las campanas «doblan por ti». Por los 1.232 pueblos con personalidad jurídica en León.