Abr 222018
 

Reunión de la Federación de Concejos de España. Mauricio. LNC

La Federación Leonesa de Entidades Locales Menores reclamó este sábado dotar de más medios al Servicio de Asistencia a Municipios (SAM) de la Diputación para hacer frente a las exigencias del Real Decreto 128/2018, que obliga a las juntas vecinales a contar con un funcionario de habilitación nacional para su gestión y que ha puesto en peligro la actividad diaria de estos entes locales. El secretario general de la federación leonesa, Carlos González-Antón, aseguró este sábado en un encuentro con federaciones de otros territorios del norte peninsular, que «la Diputación de León y el Consejo Comarcal del Bierzo deberían contar con un servicio con al menos entre 20 y 25 funcionarios de habilitación o no». La federación pide potenciar el SAM «para que inmediatamente se pongan a disposición de las juntas vecinales». González-Antón criticó que «no tienen ningún sentido que en el SAM de la Diputación de León haya un solo habilitado nacional con doscientos municipios y en la de Valladolid haya ocho habilitados con el mismo número de municipios, pero con nueve juntas vecinales cuando aquí hay 1.200». En la misma línea, el secretario general de Concejos aludió al «grave déficit en la dotación de provisión de plazas de secretario de ayuntamientos», que influye también en la gestión de las juntas vecinales y que, según afirmó, «el ministerio conoce perfectamente».

Para poder hacer frente a este déficit de dotación, agravado por las exigencias del decreto, desde las federaciones de juntas vecinales estiman que se debe aplicar una moratoria de año y medio que permita realizar el proceso de provisión de plazas con garantías. González-Antón recordó que el año y medio se corresponde con los plazos de una oposición, a lo que se sumarán también los concursos de traslados y los «reajustes» que sean necesarios en las plantillas de las administraciones públicas. Como ya hiciera la Diputación, las federaciones de forma individual y también agrupadas, remitirán al Ministerio de Hacienda y Función Pública una misiva solicitando el «plazo transitorio inmediato». Entre otras cuestiones, las entidades afectadas recuerdan que primero «tienen que llegar los secretarios».

Al Congreso

Además, las federaciones aseguran haber mantenido contactos con los grupos políticos en el Congreso de los Diputados, donde se presentará una Proposición No de Ley (PNL) para derogar la disposición V del decreto 128/2018, en la que se fija el cambio normativo que ha provocado un «caos» y la paralización de los ayuntamientos, según afirmó González-Antón. No obstante, a pesar de llevar la cuestión al Parlamento, las federaciones piden que no se utilice «como un arma política» y piden «que se escuche a los afectados».

Dentro del plano político –Diputación solicitó que la moratoria se extienda hasta las elecciones municipales del próximo año–, las federaciones alertaron de que el incremento de las «trabas» administrativas a la labor de los alcaldes-pedáneos y los diferentes vocales se traduce en un descenso de los posibles candidatos. Consideraron también que el nuevo decreto desincentiva a los vecinos para ocuparse de la administración de sus pueblos y se mostraron conscientes del riesgo de quedarse «sin candidatos para las elecciones». El peligro de incurrir «en grave irresponsabilidad», explicó el secretario leonés, desanima a los posibles candidatos.

Las federaciones reunidas este sábado en León también acordaron «actuar contra los responsables de paralizaciones, ya sea la comunidad autonóma, o las diputaciones en su caso» porque «los perjuicios no son solo para la Administración, sino para todos los ciudadanos que dependen de trámites de esas administraciones», según explicó su portavoz .

“En la línea de flotación”

Para las juntas vecinales, el decreto supone un «torpedo en la línea de flotación». A su juicio, el «ataque» evita que «el medio rural pueda actuar rápidamente», quedando enmarañado en la burocracia administrativa de las entidades superiores. Pese a estas afirmaciones, aseguraron que no se oponen a la «fiscalización» y la «modernización», pero exigen suficientes medios humanos y materiales. Reclaman esfuerzos de inversión para hacer frente a las necesidades de una administración «altamente tecnificada».

En esta línea, los responsables de federaciones de Asturias, Cataluña o Álava denunciaron «la falta de diálogo» por parte del Gobierno con los afectados y lamentaron «que paguen justos por pecadores». Una de sus mayores críticas se centró en la «falta de sensibilidad con el primer escalón de la Administración».

Dic 152013
 

Los concejos

JULIO LLAMAZARES

             Que la cuna del parlamentarismo, como presume León de ser (¡para lo que le ha servido!, diría mi madre si todavía viviera), esté a punto de perder sus órganos democráticos más antiguos, los humildes concejos pueblerinos, que ni el mismísimo Franco se atrevió a suprimir en su Dictadura, debería hacer pensar a los leoneses que algo mal han tenido que hacer para que todo el mundo se ensañe con ellos.

Los concejos abiertos, la forma de democracia más popular y directa: cada vecino un voto (y voz para defenderlo, nada de representantes), remontan su existencia a la Edad Media, cuando este país que se llama España ni siquiera existía aún como tal, y ha pervivido hasta nuestros días junto a otras tradiciones y costumbres populares, algunas de las cuales, como las hacenderas o la veceras, tan leonesas, son un añadido de ellos. Hasta el toque a concejo campanil, que también se conserva aún en algunos pueblos, tiene que ver con esa cultura, la del republicanismo auténtico, que es el único en el que uno cree.

Quizá por eso el Gobierno quiere suprimirla ahora. Con la disculpa de racionalizar la Administración, eufemismo que quiere decir otra cosa como todos los eufemismos que utilizan los políticos, y de sanear las cuentas de los ayuntamientos(ahora van a tener la culpa de los excesos y los caprichos de los alcaldes los vecinos que los sufren), el Gobierno se quiere cargar las juntas vecinales y quedarse con sus propiedades históricas. Que es de lo que al fin se trata. De eso y de suprimir de un plumazo esa anomalía política que supone que a estas alturas haya algo que escape al poder de los partidos y que se dilucide al margen de ellos. Hasta ahí podíamos llegar, habrá pensado seguramente el antiguo registrador de la propiedad de Villafranca del Bierzo Mariano Rajoy, cuyo paso por esa villa levítica se recuerda allí todavía, aparte de por su aspecto de opositor sempiterno y gris, por su escasa afición a mezclarse con el vecindario, seguramente para no contaminarse de sus ideas.

La Nueva Crónica de León, 15 de diciembre de 2013. Foto de EFE.