Abr 222018
 

Reunión de la Federación de Concejos de España. Mauricio. LNC

La Federación Leonesa de Entidades Locales Menores reclamó este sábado dotar de más medios al Servicio de Asistencia a Municipios (SAM) de la Diputación para hacer frente a las exigencias del Real Decreto 128/2018, que obliga a las juntas vecinales a contar con un funcionario de habilitación nacional para su gestión y que ha puesto en peligro la actividad diaria de estos entes locales. El secretario general de la federación leonesa, Carlos González-Antón, aseguró este sábado en un encuentro con federaciones de otros territorios del norte peninsular, que «la Diputación de León y el Consejo Comarcal del Bierzo deberían contar con un servicio con al menos entre 20 y 25 funcionarios de habilitación o no». La federación pide potenciar el SAM «para que inmediatamente se pongan a disposición de las juntas vecinales». González-Antón criticó que «no tienen ningún sentido que en el SAM de la Diputación de León haya un solo habilitado nacional con doscientos municipios y en la de Valladolid haya ocho habilitados con el mismo número de municipios, pero con nueve juntas vecinales cuando aquí hay 1.200». En la misma línea, el secretario general de Concejos aludió al «grave déficit en la dotación de provisión de plazas de secretario de ayuntamientos», que influye también en la gestión de las juntas vecinales y que, según afirmó, «el ministerio conoce perfectamente».

Para poder hacer frente a este déficit de dotación, agravado por las exigencias del decreto, desde las federaciones de juntas vecinales estiman que se debe aplicar una moratoria de año y medio que permita realizar el proceso de provisión de plazas con garantías. González-Antón recordó que el año y medio se corresponde con los plazos de una oposición, a lo que se sumarán también los concursos de traslados y los «reajustes» que sean necesarios en las plantillas de las administraciones públicas. Como ya hiciera la Diputación, las federaciones de forma individual y también agrupadas, remitirán al Ministerio de Hacienda y Función Pública una misiva solicitando el «plazo transitorio inmediato». Entre otras cuestiones, las entidades afectadas recuerdan que primero «tienen que llegar los secretarios».

Al Congreso

Además, las federaciones aseguran haber mantenido contactos con los grupos políticos en el Congreso de los Diputados, donde se presentará una Proposición No de Ley (PNL) para derogar la disposición V del decreto 128/2018, en la que se fija el cambio normativo que ha provocado un «caos» y la paralización de los ayuntamientos, según afirmó González-Antón. No obstante, a pesar de llevar la cuestión al Parlamento, las federaciones piden que no se utilice «como un arma política» y piden «que se escuche a los afectados».

Dentro del plano político –Diputación solicitó que la moratoria se extienda hasta las elecciones municipales del próximo año–, las federaciones alertaron de que el incremento de las «trabas» administrativas a la labor de los alcaldes-pedáneos y los diferentes vocales se traduce en un descenso de los posibles candidatos. Consideraron también que el nuevo decreto desincentiva a los vecinos para ocuparse de la administración de sus pueblos y se mostraron conscientes del riesgo de quedarse «sin candidatos para las elecciones». El peligro de incurrir «en grave irresponsabilidad», explicó el secretario leonés, desanima a los posibles candidatos.

Las federaciones reunidas este sábado en León también acordaron «actuar contra los responsables de paralizaciones, ya sea la comunidad autonóma, o las diputaciones en su caso» porque «los perjuicios no son solo para la Administración, sino para todos los ciudadanos que dependen de trámites de esas administraciones», según explicó su portavoz .

“En la línea de flotación”

Para las juntas vecinales, el decreto supone un «torpedo en la línea de flotación». A su juicio, el «ataque» evita que «el medio rural pueda actuar rápidamente», quedando enmarañado en la burocracia administrativa de las entidades superiores. Pese a estas afirmaciones, aseguraron que no se oponen a la «fiscalización» y la «modernización», pero exigen suficientes medios humanos y materiales. Reclaman esfuerzos de inversión para hacer frente a las necesidades de una administración «altamente tecnificada».

En esta línea, los responsables de federaciones de Asturias, Cataluña o Álava denunciaron «la falta de diálogo» por parte del Gobierno con los afectados y lamentaron «que paguen justos por pecadores». Una de sus mayores críticas se centró en la «falta de sensibilidad con el primer escalón de la Administración».

Abr 222018
 

Reclaman un periodo transitorio para habilitar funcionarios el margen de los municipales en las juntas vecinales.

MARÍA CARNERO | LEÓN

Las federaciones de Asturias, Cantabria, Álava, Cataluña, Palencia, Salamanca y León, que representan a 2.415 entidades locales menores, —más de dos tercios de las de España—, se reunieron ayer en León para acordar una postura común ante la reciente aprobación del Real Decreto 128/2018, que obliga a que sean funcionarios de la Administración local con habilitación nacional quienes ejerzan las labores de secretaría en las entidades de ámbito inferior al municipal.

Como punto de partida, los representantes de las juntas vecinales presentes en la reunión denunciaron la «falta de diálogo» con la que se ha tramitado esta ley, así como el «colapso» que la aplicación de esta norma está suponiendo «no solo en las entidades locales menores, sino también de los propios ayuntamientos», destacó el secretario general de la Federación de Juntas Vecinales de León, Carlos González-Antón.

«Además de la paralización de las administraciones, la entrada en vigor de esta norma está afectado directamente a todas las tramitaciones de los ciudadanos, sobre todo del área rural, como es el caso de las autorizaciones de pastos, de caza, contratos de la PAC, etc», añadió González Antón, que anunció medidas inmediatas hacia los «responsables» de este colapso.

«Si lo que se buscaba es un mayor control con el cual estamos absolutamente de acuerdo, ya que todos apoyamos la profesionalización y la modernización de estas entidades, deben garantizar una suficiente dotación de plazas de secretarios de ayuntamientos ya que actualmente claramente deficitaria», denunció el secretario de la federación leonesa.

Como medida más inmediata las entidades han pedido al Ministerio de Hacienda y Función Pública que se permita un periodo transitorio de al menos año y medio para flexibilizar la norma para que se permita que funcionarios que no sean los habilitados nacionales del ayuntamiento puedan prestar estas funciones. «Se debe facilitar la existencia de funcionarios que asuman exclusivamente las funciones de los entes locales menores», insisten.

Una de las posturas más consensuadas en el encuentro es la necesidad de recabar apoyos entre los distintos partidos políticos con el fin de impulsar un pacto de Estado en defensa de la pequeña administración local y garantizar su supervivencia, «con todos los controles y todas las garantías de legalidad». De hecho, a través de los grupos políticos quieren solicitar la tramitación de una Proposición No de Ley en el Congreso de los Diputados para que se inste al Gobierno a rectificar y promover los cambios normativos que permitan que los entes locales menores puedan prestar adecuadamente sus funciones y servicios, procurando la modernización y con el pleno control interno y externo de las cuentas.

«Cuanta más fiscalización mejor todavía. Lo que pasa es que aquí pagamos justos por pecadores, ya que mientras muchas entidades locales hacen bien las cosas el 46,7 de las entidades locales de España no rinden cuentas, y eso significa muchos miles de euros que Hacienda quiere controlar», explicó el secretario general de la Federación de Asturias, José Manuel García del Valle, que considera que hay otras fórmulas de controlar las cuentas de las juntas vecinales, «siempre desde el consenso y no con este tipo de decretos».

Por su parte, Juanjo Cortés, secretario de la Federación de Cataluña manifestó la preocupación existente en su territorio por este decreto, ya que «no han contado con nosotros para su elaboración, y somos los que mejor conocemos a la administración más próxima al ciudadano que son las entidades locales menores, así como sus dificultades y lo que significa la aplicación de ese decreto, que puede suponer en muchos casos la desaparición de muchas de ellas». Desde Cataluña no creen que sea lo más correcto compartir secretario con los ayuntamientos, ya que en muchas ocasiones hay cierto conflicto de intereses entre las dos administraciones. «No puedes defender a las dos partes de igual manera —al ayuntamiento y a la junta vecinal— porque cuando hay negociar convenios o acuerdos económicos entre ambas evidentemente el secretario defenderá al que más le paga, que en este caso será la entidad mayor», destacó Cortés.

Por último, el presidente de la asociación de Concejos de Álava, Joseba Terreros, aseguró que con el sistema de competencias de su territorio, que fueron transferidas por el Gobierno Vasco a las diputaciones, «su problemática es diferente». De todos modos, denunció que «una vez más no se ha tenido en cuenta nuestra opinión», lo que conlleva a la paralización de la actividad de las entidades locales. «Nadie cuenta con nosotros cuando al final somos los que más cerca estamos de los ciudadanos», denunció.

Políticos que miren a la administración local

La polémica por el Real Decreto que elimina la figura del vecino-secretario y amenaza con colapsar la tramitación administrativa del medio rural dependiente de las juntas vecinales pone de manifiesto no sólo el desconocimiento de cómo funciona parte del sistema nacional (especialmente León, que aglutina la mitad de estas juntas en todo el país), sino la falta de implicación real de los partidos políticos en atender problemas ‘menores’. Las formaciones políticas únicamente se ocupan de estas pequeñas entidades en tiempo de elecciones, cuando se enfrentan a la dificultad de encontrar candidatos dispuestos a pelear por el futuro de sus pueblos con una falta de recursos y medios que les limita enormemente. Las federaciones de concejos y juntas vecinales de varias provincias exigieron ayer en León un pacto de Estado que defienda el sistema de pequeñas entidades de administración local y garantice su supervivencia. Son ellas las que están realmente cerca de los problemas de sus vecinos. Habrá que ver qué respaldo les dan los partidos.

Ene 242017
 

Presentación de la campaña #TasaComunales por el Presidente de la Federación Leonesa, Andrés Buelta. Foto de Salvadores (Diario de León)

Reuniones con los Alcaldes pedáneos

La campaña que pone en marcha la federación pasa por celebrar reuniones informativas con los presidentes de las juntas vecinales, la primera de las cuales se celebrará el próximo 6 de febrero a las 6 de la tarde. Además, se remitirán trípticos informativos y es realizará una campaña a través de las redes sociales. Se empleará el hashtag #TasaComunales.

La reunión se celebrará el día 6 de febrero a las 6 de la tarde en el Hotel Infantas de León. Es necesario inscribirse con anticipación, aunque la entrada está abierta a juntas vecinales no federadas.

Para inscribirse, deben llamar al 987073203 o enviar un correo a info@concejos.org

 

León será la provincia más beneficiada por la tasa de aprovechamiento del dominio público

La Federación Leonesa de Entidades Locales Menores no quiere dejar pasar la oportunidad que se abre para las juntas vecinales con el cobro de la tasa de aprovechamiento especial del dominio público y por ello pone en marcha un plan de acción para informar y asesorar a los pueblos que tengan opciones de acceder a estos ingresos fijos y anuales. A falta de realizar los cálculos concretos de cúanto puede suponer esta tarifa para las arcas de las pedanías leonesas, la federación apunta a que por cada kilómetro de línea de 400kw que atraviese un Monte de Utilidad Pública (MUP), el pueblo propietario de los terrenos puede recibir 12.000 euros anuales.

El respaldo del Tribunal Supremo a esta tasa afecta no sólo a las compañías eléctricas, también a las gasísticas o las del agua, apunta el secretario de la federación leonesa, Carlos González-Antón, quien señala que, además de los MUP, también se deberá pagar por otros bienes comunales, como choperas, eras o pastizales.

León es la provincia de la comunidad que más se beneficiará del cobro de estas tasas ya que es la que más MUP posee. Pero para acceder a estos recursos no sirve cualquier ordenanza al uso. Por eso la federación se pone a disposición de todas las localidades afectadas, con el fin de que reciban asesoramiento para la elaboración de las ordenanzas y para realizar los estudios pertinentes para conocer cuáles son realmente los terrenos que tienen en esta situación. Para ello cuenta con la colaboración de la consultoría Valbuena y Ron, una empresa de ingenería leonesa que ha participado en los procedimientos judiciales que han culminado en el Tribunal Supremo. Uno de sus responsables, Antonio Fernández, destacó ayer la «complejidad» de abordar estas ordenanzas que llevarán detrás una gran labor de estudio para determinar la tarifa que cada compañía debe abonar en función del tipo de instalación que se trate; la ocupación física de estas instalaciones y qué dominios públicos posee cada localidad. «Es importante que las juntas vecinales tengan claro cuál es su dominio público y tener un inventario de bienes actualizado», señaló Fernández, quien también incidió en la necesidad de realizar un estudio econñómico con el valor del suelo, a través de los parámetros catastrales y el valor de las instalaciones, que se basaría en la regulación del sector eléctrico. «Se trata de parámetros muy objetivos y el cálculo lleva cierta complejidad porque no todas las instalaciones tributan igual», asegura el consultor. En todo el país existen 287.000 kilómetros de líneas de alta tensión y el 14% de ellas atraviesan Montes de Utilidad Pública. Fernández calcula que el impacto de esta tasa sobre el sistema eléctrico ascendería a 100 millones de euros al año, «y una parte muy importante iría a parar a las juntas vecinales y los ayuntamientos».

Por su parte, el presidente de la federación, Andrés Buelta, aseguró que el colectivo busca «la implantación global de una ordenanza que permita mejorar la financiación» de las juntas vecinales, por lo que animó a todas las localidades a que se impliquen en su desarrollo. Buelta aseguró que, con esta captación de recursos, «se podrán mejorar las condiciones de vida de los pueblos».

La federación reclama a la Junta y la Diputación que se impliquen

La implicación de la Diputación y la Junta de Castilla y León es fundamental para que las juntas vecinales puedan poner en marcha las ordenanzas y recaudar las tasas de aprovechamiento de dominio público. Así lo considera González-Antón, quien «no tiene sentido que con el grave problema de financiación que tienen las ELM no se haga el esfuerzo máximo para cobrar». Por ello, la federación ha solicitado el apoyo de la Diputación para la aprobación de las ordenanzas, y ha pedido que se refuerce el papel del Servicio de Atención a Municipios (SAM), para que puedan atender estas necesidades que van a surgir en las pedanías. Además, el secretario del colectivo señala que es necesario implimentar un sistema de recaudación, y para ello «hay que movilizar a todas las administraciones».

También incidió en que la llegada de nuevos ingresos, supondrá también «que es fundamental que se realicen las cuentas y presentarlas». Por lo que ve en esta circunstancia «una oportunidad única para impulsar la rendición de cuentas». Respecto a la Junta, reclama que clarifique el funcionamiento de los secretarios de las ELM, y que saque adelante el reglamento que regula el servicio de gestión del patrimonio de las juntas vecinales. Asimismo, incide en que la admnistración autonómica, «debe financiar el SAM adecuadamente porque tiene en León una carga adicional que no registra en otras provincias».

Otro de los frentes es recabar el apoyo de los partidos políticos para que la Junta pida al Gobierno central que apoyo el cobro de este tipo de tasas por parte de los pueblos.

 

Mar 162016
 

adrianalastrafederaciondeconcejosA. DOMINGO | REDACCIÓN DIARIO DE LEÓN

La Secretaria de Política Municipal de la Ejecutiva Federal del PSOE, Adriana Lastra Fernández, manifestó ayer 12 de marzo, ante la asamblea de la Federación de Concejos, Pedanías y Parroquias Rurales de España la intención de su partido de promover una reforma constitucional que ampare la existencia de las entidades locales menores, proporcionándoles, de esta manera, una garantía jurídica que impediría que reformas como la que llevó acabo el Gobierno del Partido Popular en la anterior legislatura pongan en jaque la existencia de este primer nivel de la Administración.

Según informó ayer el secretario general de la federación española, Carlos González-Antón, la asamblea, que se reunió en Oviedo, aplaudió esta iniciativa, que blindaría a las juntas vecinales de la legislación que pudieran desarrollar las comunidades autónomas, vista la reciente sentencia del Tribunal Constitucional, que pone en manos de éstas dotarlas de competencias.

González-Antón también destacó el anuncio de Lastra por el que «los grupos políticos promoverán en el la Comisión de Administración Local del Congreso la derogación de la reforma de la administración local del ministro Montoro», aspecto en el que se ha trabajado con Ciudadanos y otras fuerzas políticas. Además, se promoverá una nueva reforma de la Ley de Bases de Régimen Local y de la normativa sobre haciendas locales. El PSOE «llamará a la federación estatal a participar en el grupo de trabajo» para la reforma de ambos textos normativos, apuntó el secretario general. Ante la posibilidad de que se produzcan estos cambios legales, la federación creó ayer una gabinete técnico, con miembros de las federaciones catalana, vasca, asturiana y leonesa.

La financiación de las entidades locales menores fue otro de los aspectos que se abordaron en la jornada de la federación de concejos, que defiende que la s directrices fundamentales de ésta «deben contemplarse en la ley básica estatal». González-Antón defendió el carácter democrático de concejos, parroquias y juntas vecinales, por ser el único nivel de la administración local en el que «el presidente se designa por elección directa» y aseguró que la Unión Europea «tiende ahora a reforzarlas y fomentar su creación, por tratarse de entes más eficientes si se gestionan bien y se modernizan, al prestar servicios donde no llegan los ayuntamientos».

Puesta en práctica

La federación española de concejos ve con buenos ojos las propuestas del Partido Socialista «siempre que se lleven a la práctica». Los representantes de las juntas vecinales trabajarán «para que se contemplen todos los tipos de entidades locales menores, que, en muchos casos son anteriores a la creación de los municipios y cuyo nivel de competencias no tiene por qué entrar en conflicto con el de los ayuntamientos». Se trata de «confeccionar una traje amplio», que ampare «desde los pequeños concejos del Pirineo o León a otros de carácter más urbano». Esta regulación «es compatible con otras ordenaciones del territorio, como las fusiones de municipios».