Ene 242017
 

Presentación de la campaña #TasaComunales por el Presidente de la Federación Leonesa, Andrés Buelta. Foto de Salvadores (Diario de León)

Reuniones con los Alcaldes pedáneos

La campaña que pone en marcha la federación pasa por celebrar reuniones informativas con los presidentes de las juntas vecinales, la primera de las cuales se celebrará el próximo 6 de febrero a las 6 de la tarde. Además, se remitirán trípticos informativos y es realizará una campaña a través de las redes sociales. Se empleará el hashtag #TasaComunales.

La reunión se celebrará el día 6 de febrero a las 6 de la tarde en el Hotel Infantas de León. Es necesario inscribirse con anticipación, aunque la entrada está abierta a juntas vecinales no federadas.

Para inscribirse, deben llamar al 987073203 o enviar un correo a info@concejos.org

 

León será la provincia más beneficiada por la tasa de aprovechamiento del dominio público

La Federación Leonesa de Entidades Locales Menores no quiere dejar pasar la oportunidad que se abre para las juntas vecinales con el cobro de la tasa de aprovechamiento especial del dominio público y por ello pone en marcha un plan de acción para informar y asesorar a los pueblos que tengan opciones de acceder a estos ingresos fijos y anuales. A falta de realizar los cálculos concretos de cúanto puede suponer esta tarifa para las arcas de las pedanías leonesas, la federación apunta a que por cada kilómetro de línea de 400kw que atraviese un Monte de Utilidad Pública (MUP), el pueblo propietario de los terrenos puede recibir 12.000 euros anuales.

El respaldo del Tribunal Supremo a esta tasa afecta no sólo a las compañías eléctricas, también a las gasísticas o las del agua, apunta el secretario de la federación leonesa, Carlos González-Antón, quien señala que, además de los MUP, también se deberá pagar por otros bienes comunales, como choperas, eras o pastizales.

León es la provincia de la comunidad que más se beneficiará del cobro de estas tasas ya que es la que más MUP posee. Pero para acceder a estos recursos no sirve cualquier ordenanza al uso. Por eso la federación se pone a disposición de todas las localidades afectadas, con el fin de que reciban asesoramiento para la elaboración de las ordenanzas y para realizar los estudios pertinentes para conocer cuáles son realmente los terrenos que tienen en esta situación. Para ello cuenta con la colaboración de la consultoría Valbuena y Ron, una empresa de ingenería leonesa que ha participado en los procedimientos judiciales que han culminado en el Tribunal Supremo. Uno de sus responsables, Antonio Fernández, destacó ayer la «complejidad» de abordar estas ordenanzas que llevarán detrás una gran labor de estudio para determinar la tarifa que cada compañía debe abonar en función del tipo de instalación que se trate; la ocupación física de estas instalaciones y qué dominios públicos posee cada localidad. «Es importante que las juntas vecinales tengan claro cuál es su dominio público y tener un inventario de bienes actualizado», señaló Fernández, quien también incidió en la necesidad de realizar un estudio econñómico con el valor del suelo, a través de los parámetros catastrales y el valor de las instalaciones, que se basaría en la regulación del sector eléctrico. «Se trata de parámetros muy objetivos y el cálculo lleva cierta complejidad porque no todas las instalaciones tributan igual», asegura el consultor. En todo el país existen 287.000 kilómetros de líneas de alta tensión y el 14% de ellas atraviesan Montes de Utilidad Pública. Fernández calcula que el impacto de esta tasa sobre el sistema eléctrico ascendería a 100 millones de euros al año, «y una parte muy importante iría a parar a las juntas vecinales y los ayuntamientos».

Por su parte, el presidente de la federación, Andrés Buelta, aseguró que el colectivo busca «la implantación global de una ordenanza que permita mejorar la financiación» de las juntas vecinales, por lo que animó a todas las localidades a que se impliquen en su desarrollo. Buelta aseguró que, con esta captación de recursos, «se podrán mejorar las condiciones de vida de los pueblos».

La federación reclama a la Junta y la Diputación que se impliquen

La implicación de la Diputación y la Junta de Castilla y León es fundamental para que las juntas vecinales puedan poner en marcha las ordenanzas y recaudar las tasas de aprovechamiento de dominio público. Así lo considera González-Antón, quien «no tiene sentido que con el grave problema de financiación que tienen las ELM no se haga el esfuerzo máximo para cobrar». Por ello, la federación ha solicitado el apoyo de la Diputación para la aprobación de las ordenanzas, y ha pedido que se refuerce el papel del Servicio de Atención a Municipios (SAM), para que puedan atender estas necesidades que van a surgir en las pedanías. Además, el secretario del colectivo señala que es necesario implimentar un sistema de recaudación, y para ello «hay que movilizar a todas las administraciones».

También incidió en que la llegada de nuevos ingresos, supondrá también «que es fundamental que se realicen las cuentas y presentarlas». Por lo que ve en esta circunstancia «una oportunidad única para impulsar la rendición de cuentas». Respecto a la Junta, reclama que clarifique el funcionamiento de los secretarios de las ELM, y que saque adelante el reglamento que regula el servicio de gestión del patrimonio de las juntas vecinales. Asimismo, incide en que la admnistración autonómica, «debe financiar el SAM adecuadamente porque tiene en León una carga adicional que no registra en otras provincias».

Otro de los frentes es recabar el apoyo de los partidos políticos para que la Junta pida al Gobierno central que apoyo el cobro de este tipo de tasas por parte de los pueblos.

 

Mar 162016
 

adrianalastrafederaciondeconcejosA. DOMINGO | REDACCIÓN DIARIO DE LEÓN

La Secretaria de Política Municipal de la Ejecutiva Federal del PSOE, Adriana Lastra Fernández, manifestó ayer 12 de marzo, ante la asamblea de la Federación de Concejos, Pedanías y Parroquias Rurales de España la intención de su partido de promover una reforma constitucional que ampare la existencia de las entidades locales menores, proporcionándoles, de esta manera, una garantía jurídica que impediría que reformas como la que llevó acabo el Gobierno del Partido Popular en la anterior legislatura pongan en jaque la existencia de este primer nivel de la Administración.

Según informó ayer el secretario general de la federación española, Carlos González-Antón, la asamblea, que se reunió en Oviedo, aplaudió esta iniciativa, que blindaría a las juntas vecinales de la legislación que pudieran desarrollar las comunidades autónomas, vista la reciente sentencia del Tribunal Constitucional, que pone en manos de éstas dotarlas de competencias.

González-Antón también destacó el anuncio de Lastra por el que «los grupos políticos promoverán en el la Comisión de Administración Local del Congreso la derogación de la reforma de la administración local del ministro Montoro», aspecto en el que se ha trabajado con Ciudadanos y otras fuerzas políticas. Además, se promoverá una nueva reforma de la Ley de Bases de Régimen Local y de la normativa sobre haciendas locales. El PSOE «llamará a la federación estatal a participar en el grupo de trabajo» para la reforma de ambos textos normativos, apuntó el secretario general. Ante la posibilidad de que se produzcan estos cambios legales, la federación creó ayer una gabinete técnico, con miembros de las federaciones catalana, vasca, asturiana y leonesa.

La financiación de las entidades locales menores fue otro de los aspectos que se abordaron en la jornada de la federación de concejos, que defiende que la s directrices fundamentales de ésta «deben contemplarse en la ley básica estatal». González-Antón defendió el carácter democrático de concejos, parroquias y juntas vecinales, por ser el único nivel de la administración local en el que «el presidente se designa por elección directa» y aseguró que la Unión Europea «tiende ahora a reforzarlas y fomentar su creación, por tratarse de entes más eficientes si se gestionan bien y se modernizan, al prestar servicios donde no llegan los ayuntamientos».

Puesta en práctica

La federación española de concejos ve con buenos ojos las propuestas del Partido Socialista «siempre que se lleven a la práctica». Los representantes de las juntas vecinales trabajarán «para que se contemplen todos los tipos de entidades locales menores, que, en muchos casos son anteriores a la creación de los municipios y cuyo nivel de competencias no tiene por qué entrar en conflicto con el de los ayuntamientos». Se trata de «confeccionar una traje amplio», que ampare «desde los pequeños concejos del Pirineo o León a otros de carácter más urbano». Esta regulación «es compatible con otras ordenaciones del territorio, como las fusiones de municipios».

Feb 192016
 

Andrés Buelta Bierzo 7Andrés Buelta, presidente de la Federación Leonesa de Entidades Locales Menores: “Si pedimos ser administración, tenemos que trabajar como tal”

Las juntas vecinales vivieron durante meses con una soga al cuello, la que les ponía el proyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local hasta amenazar su propia supervivencia. Salvado ese escollo, las entidades locales menores buscan ganar autonomía y asegurarse fuentes de financiación para consolidar su desarrollo. Lo primero es ganarse la confianza a fuerza de redoblar la seriedad. “Si pedimos ser administración, tenemos que trabajar como tal”, advierte el presidente de la Federación Leonesa de Entidades Locales Menores, el pedáneo de Columbrianos, Andrés Buelta, después de que muchas de ellas hayan relajado el grado de control de las cuentas tras superar el ultimátum lanzado por el Ejecutivo central.
“Ahora ha llegado el momento de entrar en contacto con las administraciones y procurar el desarrollo de la Ley (de Racionalización, más conocida como Ley Montoro)”, dice Buelta. Durante la tramitación de esta normativa, el Gobierno de la nación amenazó con la supresión de las juntas vecinales que no presentaran sus cuentas. “Era una amenaza seria. Sí o sí se las querían cargar; después ya la excusa eran las cuentas”, añade sin dejar de echar en falta una mayor implicación de los partidos políticos tras recordar que incluso la entonces presidenta de la Diputación de León y del Partido Popular en la provincia, Isabel Carrasco, llegó a sugerir en el año 2013 la idea de cobrar una tasa por asesorar a las juntas vecinales.
Las administraciones sí hicieron piña después para salvar de la quema a las entidades menores. Y Buelta detecta ahora un viento favorable procedente de la Junta de Castilla y León y la Diputación. Las juntas vecinales también encontraron eco en el momento de mayor dificultad en el Consejo Comarcal del Bierzo, que desarrolla las competencias del SAM (Servicio de Asistencia a Municipios), una herramienta básica para sacar del atolladero a administraciones públicas que no cuentan con asesoramiento jurídico propio. “Aquí funciona muy bien; ya quisieran en León que funcionara así. Aquí, como mucho, tendrían que meter otra persona de ayuda”, señala sin obviar que la inmensa mayoría de las pedanías apenas presentan problemas legales.
La sintonía con otras administraciones contrasta en ocasiones con las posiciones de los ayuntamientos, contra los que muchas veces se choca por “intereses contrapuestos”. “Y las grandes perdedoras son las juntas vecinales periféricas a las grandes ciudades, que pagan impuestos muy grandes y reciben muy pocos servicios”, apunta en su condición añadida de pedáneo de Columbrianos, cargo desde el que lleva años reclamando soluciones para las bolsas de suelo pendiente de desarrollo urbanístico, “terrenos rústicos que están pagando por urbanos”. Buelta, elegido el pasado mes de mayo por Coalición por El Bierzo, pone otros ejemplos como los gastos del Ayuntamiento de Ponferrada en el mantenimiento de plantas decorativas en el centro de la ciudad, “mucho mayores de lo que se invierte en Columbrianos, donde hay caminos abandonados”.

Tranquilidad ante la incertidumbre política

La unión hace la fuerza. Y la constitución de la Federación Leonesa de Entidades Locales Menores (sumada a la Federación Estatal de Entidades Locales Menores y Parroquias) ha dotado de peso a un movimiento menos comprensible en los despachos de la Administración General del Estado. Sólo la provincia de León acumula 1.232 juntas vecinales, cerca de la mitad de las más de 3.000 dispersas por el territorio nacional. Los representantes de estos colectivos lograron incluso en marzo del año pasado un principio de compromiso de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas para establecer una vía de financiación estatal de las entidades locales tutelada por los ayuntamientos. El proceso electoral abortó esa posibilidad. Ante la actual incertidumbre política derivada de los resultados de las generales del 20 de diciembre, las juntas vecinales se muestran tranquilas. De capitanear el PSOE un futuro Gobierno de la nación, las perspectivas son halagüeñas, según les ha trasladado el presidente de la Femp (Federación Española de Municipios y Provincias), el alcalde socialista de Vigo, Abel Caballero.
A la Junta de Castilla y León le instan a mirarse en el espejo de otras comunidades autónomas como Asturias, que además de consignar una partida genérica de 49.000 euros para el funcionamiento de la Federación Asturiana de Parroquias, concede a cada una de ellas una cantidad fija anual, amén de establecer convenios puntuales. La Diputación ha reservado en su proyecto de Presupuestos 6.000 euros para la Federación Leonesa de Entidades Locales Menores, al tiempo que ha dotado con cerca de dos millones de euros al Plan de Obras de las Juntas Vecinales, que en la comarca gestiona el Consejo del Bierzo. “Hay propuestas para dejar a un lado ese plan de pequeñas obras, igual es más solidario o más democrático llevar el dinero directamente a cada una de las juntas vecinales”, expone Buelta antes de reconocer que el actual sistema se presta al clientelismo político sin olvidar tampoco que compromete la viabilidad económica de algunas pedanías, obligadas a poner un 10% del coste de los trabajos.
Y es que, sin líneas financieras claras, los recursos de las juntas vecinales son cada vez más contados. El cierre de explotaciones mineras, la paralización de parques eólicos y la descomposición del tejido industrial han producido una significativa merma de los fondos derivados de la concesión de licencias de actividad, lo que en la práctica reduce los ingresos a la gestión de los montes y los cotos de caza, por lo que se acaban supeditando al número de hectáreas o a la tradición cinegética de cada zona.
Aparte de permanecer alerta ante el desarrollo de la Ley Montoro, la representación de las entidades locales menores también está a la expectativa en el actual proceso de elaboración de la Ley de Ordenación, Servicios y Territorio de Castilla y León. “Prácticamente nos omite. Y eso es un error de base porque deberían contar con nosotros”, censura Buelta, quien también dirige sus quejas al Consejo del Bierzo, que hasta la fecha ha enfocado su postura hacia la consideración de la comarca como una mancomunidad de interés general: “El Consejo no ha tenido una reunión con las juntas vecinales. Y somos propietarias casi del 90% de los terrenos comunales del Bierzo”.
Volcada durante meses en asegurar la continuidad de las juntas vecinales, la Federación Leonesa de Entidades Locales Menores asiste ahora al proceso inverso en el caso de territorios que pretenden instituirse como pedanías como Los Barrios (Villar, Salas y Lombillo), Valdecañada o Bárcena del Bierzo, las tres pertenecientes al Ayuntamiento de Ponferrada. Claro que estos ejemplos no ocultan otra realidad, la de las entidades que están desapareciendo como tales por falta de población y de candidatos en los procesos electorales.
El éxodo rural y el envejecimiento de la población son dos losas que ponen interrogantes al futuro de los pueblos. Las administraciones tratan de poner freno a esta tendencia a través de iniciativas como el Banco de Tierras, impulsado por el Consejo Comarcal. “No es que falten ideas, pero creo que, antes de sacarlas al mercado, se deberían debatir”, opina el presidente de la Federación Leonesa, quien apuesta por el desarrollo de la industria agropecuaria, pero admite a renglón seguido que “no va a traer muchos puestos de trabajo”. La sangría demográfica obligará a redimensionar baremos de recaudación y prestación de servicios, augura Buelta. “Y la voz”, concluye, “de las entidades locales menores en los ayuntamientos debe sonar porque a veces vemos el mundo de otra manera”.

Una mesa con todos los agentes implicados

La Federación Leonesa de Entidades Locales Menores quiere reunir a todas las partes en un mismo tablero. Y lo conseguirá el próximo jueves 25 de febrero con una jornada en la Casa de la Cultura de Ponferrada a la que asistirá el director de Ordenación del Territorio y Administración Local de la Junta de Castilla y León, Luis Miguel González Gago, así como representantes de la Diputación de León, del Consejo Comarcal, del Ayuntamiento de la capital del Bierzo y de la Federación Estatal de Entidades Locales Menores. El foro se abrirá a las 11,30 horas.
Andrés Buelta hará una exposición de la situación actual. Y espera que el acto sirva de espaldarazo para la Federación Leonesa, a la que el pasado año apenas se habían adherido quince de las 287 juntas vecinales de la comarca. “Ya me han llamado unas cien para federarse”, confirma. La siguiente cita será una reunión de la Federación Estatal convocada para el 12 de marzo en el Auditorio de Oviedo. Y el movimiento no descarta en un futuro traspasar fronteras y buscar la creación de una organización europea.
Entre tanto, la jornada de Ponferrada permitirá constatar la superpoblación de administraciones públicas en España. Reconociendo ese “exceso”, la Federación Leonesa prefiere no entrar en ese debate. “Nos toca trabajar con lo que hay”, puntualiza Buelta, también implicado en la constitución de una mesa de trabajo de entidades locales que ha nacido en el ámbito del municipio de Ponferrada pero que pretende adoptar carácter comarcal. Y es que, en el mapa de las entidades menores, subsisten muchas diferencias entre las juntas vecinales pertenecientes a ayuntamientos de más o de menos de 20.000 habitantes.

Nov 042015
 

SAN EMILIANO / MUNICIPIOS / LOCALIDADES / PUEBLOS / SAN EMILIANOLa Junta frustra el intento de la Diputación y el colectivo de crear una mesa de trabajo sobre el papel de los concejos.

A. Domingo | Redacción 04/11/2015

La ordenación del territorio que ha propuesto la Junta de Castilla y León «no tiene en cuenta a la existencia de entidades locales menores en muchos municipios para la atribución de competencias, de manera que trata igual a municipios cuyos habitantes se concentran en una sola localidad que a otros cuya población se distribuye en distintas localidades, con sus entidades locales menores correspondientes». Es el diagnóstico del secretario general de la Federación Leonesa de Entidades Locales Menores, Carlos González-Antón, que denuncia, además, el desinterés de la Administración autonómica por la mejora de regulación jurídica de las entidades locales menores (ELM) de Castilla y León.

Para la federación leonesa, la prestación de los servicios públicos en municipios con la población más dispersa es más complicada, «hecho que debería tener en cuenta la nueva ordenación, pues la realidad de un municipio de Valladolid de 800 habitantes en un único núcleo de población no es la misma que un municipio de León de 800 habitantes repartido en 12 juntas vecinales, que además prestan servicios municipales, como el agua, alumbrado, entre otros».

Representantes de la federación han manifestado que la Junta no comparte la idea de la Diputación de León y las pedanías de la provincia de crear una mesa de trabajo que aborde el papel de las juntas vecinales en la nueva ordenación, planteamiento que defendió el presidente provincial, Juan Martínez Majo, tras recibir a los directivos de la asociación leonesa de pedanías a mediados de septiembre. En un encuentro posterior de la federación autonómica con la viceconsejera de Ordenación del Territorio, María de Diego, y el director de Ordenación del Territorio y Administración Local, Luis Miguel González Gago, «nos dijeron que la Junta no cree necesario este órgano de discusión, ni tampoco una reforma de la legislación local que defina mejor sus competencias o incluso crear una norma específica» sobre las juntas vecinales. En otras comunidades, donde existen leyes específicas para las ELM, incluso ya se han puesto en marcha para mejorar las mismas, como en la vecina Asturias, donde el Principado «va a reformar la ley de parroquias rurales y la de elecciones locales», precisó González-Antón.

«Es preciso regular los servicios de secretaría en las entidades locales menores», porque el decreto estatal vigente «es insatisfactorio, no da seguridad jurídica, por lo que la Junta debe retomar la aprobación de un reglamento de Castilla y León, que sustituya al intento frustrado de 2013».

Las entidades locales menores necesitan «precisar sus competencias, ganar seguridad jurídica, tener un instrumento de financiación eficaz y disponer de la adecuada asistencia de un secretario que no puede llegar de la secretaría del Ayuntamiento, ya que, en ocasiones, los intereses del municipio y los de las juntas vecinales colisionan» y para ello hace falta reformar la Ley de Régimen Local de Castilla y León, incorporar las ELM en la ordenación del territorio de una forma real, no meramente nominal, y apoyar decididamente a sus federaciones autonómica y provinciales».

La federación atribuye la falta de candidaturas en muchos pueblos «a la sensación de abandono que tienen muchos alcaldes pedáneos», señaló el presidente de la federación leonesa, Andrés Buelta, que reclama «que se facilite la labor» administrativa en las juntas vecinales.

Abr 202015
 

II FIESTA DE LOS CONCEJOS DE LEON FOTO BRUNO MORENOOrallo y Montuerto recibieron ayer el reconocimiento de todas las federaciones españolas por su aportación y dedicación al mundo rural. Los presidentes de estas dos juntas vecinales recibieron con orgullo el Premio de los Concejos de León. En el caso de Orallo, su presindente, Ángel Nava, recibió el aplauso de todos por el proyecto medioambiental que está llevando a cabo en esta pequeña localidad de Laciana, castigada durante años por la actividad minera a cielo abierto. Bosquiterio es un proyecto en el que están implicados todos los vecinos, que trata de restaurar las zonas degradadas y sustituir una enorme escombrera por un bosque y, de paso, impulsar las oportunidades locales de desarrollo sostenible.

El otro galardonado del día fue Ildefonso Sierra, alcalde pedáneo de Montuerto, un pueblo que ha recuperado su tradicional romería y que ha construido un camping con el que crear nuevas oportunidades económicas entre sus vecinos.

Sierra, muy emocionado, dedicó el premio a los antepasados de Montuerto, «por el legado que nos han dejado que es el mayor orgullo que tenemos», y agradeció a la Diputación su apoyo para que «las juntas vecinales salgamos adelante ya que su futuro es el de los pueblos». El pedáneo de Montuerto lanzó una reflxión al aire: «el hombre que olvida sus raíces y el pueblo que olvida su pasado nunca tendrá futuro», sentenció emocionado.