Abr 262018
 

Espacio Abierto.- ‘Pedanías en peligro’

(25/04/2018). Espacio Abierto La ley Montoro, la misma que hace unos años amenazó la autonomía municipal y hasta el futuro de los más pequeños municipios, vuelve a dar guerra al mundo rural de Castilla y León. Sólo una parte de esa ley sobrevivió a la revisión del Constitucional, pero entre lo que quedó en pie está la obligación que a partir de ahora tienen las juntas vecinales de contar con un funcionario de carrera como secretario. Cientos de actuaciones municipales como ayudas, o la Pac mismamente dependen de esa figura. Espacio Abierto se desplaza hasta una de esas pedanías para explicar cuales son sus funciones y sobre todo para analizar como les afecta ese Real Decreto 128/2018. O conceden una moratoria o habrá graves problemas. Mas de la mitad de las 3.704 entidades locales menores están en Castilla y León, y un tercio de ellas, 1.231 están en León.

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Abr 262018
 

Diputación y al Federación de entidades locales avanzan en la posible solución a la supresión del secretario vecino, plantean a la Junta una mayor financiación y exigen un sistema que dote de seguridad jurídica a las entidades locales

Diputación y Federación de Juntas Vecinales avanzan en la búsqueda de soluciones para garantizar la ‘supervivencia’ de las 1.232 entidades locales de León frente a la aplicación del real decreto que suprime la figura del secretario ‘vecino’.

Un «mazazo» que exige de medidas urgentes que vayan más allá de una mera moratoria. Así lo remarcó Carlos González-Antón, secretario general de la Federación Leonesa de Entidades Locales Menores, que señaló que la solución pasaría por articular un sistema con urgencia que dote de seguridad jurídica a las juntas vecinales, claves y necesarias para el funcionamiento del medio rural.

Y para ello es necesario que los políticos leoneses en el ámbito autonómico y nacional crean en la existencia y la potencialidad de las entidades locales. «No se puede hablar de políticas de despoblación cuando se ponen trabas gravísimas a la administración encargada de gestionar el territorio rural, provocando que esté colapsada».

Mayor financiación autonómica

Guante que lanzan directamente a la Junta de Castilla y León, a la instan a convencerse de la necesidad de llevar a cabo una ordenación del territorio de abajo a arriba, que implique una financiación directa a las juntas vecinales.

«En la Comunidad de Castilla y León hay una asimetría enorme, con provincias en las que existen 1.200 juntas vecinales que tienen y merecen una financiación autonómica como pasa en el resto de los territorios del Estado. Es eso, precisamente, lo que deben demandar los políticos de León para que esa asimetría que se da en Palencia, Burgos y León tenga clara acogida en los presupuestos de Castilla y León».

El SAM, la posible solución

Antón ha remarcado que desde la federación comparten ciertos planteamientos con el Colegio de Secretarios de León, como la necesidad de adoptar con urgencia medidas a corto y medio plazo que no solo fortalezcan sino que permita modernizar las juntas vecinales, con los retos que presenta la administración electrónica y la incorporación de las nuevas tecnologías.

No así que sean los secretarios de los ayuntamientos los que asuman las secretarías de las Juntas Vecinales. Antón ha recordado que ambas administraciones, a pesar de estar condenadas a entenderse, tienen conflicto de intereses en cuanto a la prestación de servicios que impiden que el mismo funcionario atienda a las dos administraciones.

De ahí que vea en el Servicio de Asistencia a Municipios una posible solución. «Vendría perfecto que el SAM y el Consejo Comarcal ponga a disposición de las entidades locales secretarios habilitados para este tratamiento de igualdad entre las relaciones de las dos partes», remarcó Antón, que incidió en que el real decreto supone un «mazazo» para las entidades locales, poniendo en grave riesgo la obtención de las certificaciones para la PAC, pastos, leñas o contrataciones. «Esto urge una solución.

Planteamientos que ha recogido la Diputación que confía en obtener una respuesta inmediata del Gobierno sobre la petición de la moratoria ante la parálisis que sufren las Juntas Vecinales y los problemas que desde hoy se pueden encadenar, poniendo en jaque el primer escalón de la administración local en la provincia de León.

Abr 222018
 

Reunión de la Federación de Concejos de España. Mauricio. LNC

La Federación Leonesa de Entidades Locales Menores reclamó este sábado dotar de más medios al Servicio de Asistencia a Municipios (SAM) de la Diputación para hacer frente a las exigencias del Real Decreto 128/2018, que obliga a las juntas vecinales a contar con un funcionario de habilitación nacional para su gestión y que ha puesto en peligro la actividad diaria de estos entes locales. El secretario general de la federación leonesa, Carlos González-Antón, aseguró este sábado en un encuentro con federaciones de otros territorios del norte peninsular, que «la Diputación de León y el Consejo Comarcal del Bierzo deberían contar con un servicio con al menos entre 20 y 25 funcionarios de habilitación o no». La federación pide potenciar el SAM «para que inmediatamente se pongan a disposición de las juntas vecinales». González-Antón criticó que «no tienen ningún sentido que en el SAM de la Diputación de León haya un solo habilitado nacional con doscientos municipios y en la de Valladolid haya ocho habilitados con el mismo número de municipios, pero con nueve juntas vecinales cuando aquí hay 1.200». En la misma línea, el secretario general de Concejos aludió al «grave déficit en la dotación de provisión de plazas de secretario de ayuntamientos», que influye también en la gestión de las juntas vecinales y que, según afirmó, «el ministerio conoce perfectamente».

Para poder hacer frente a este déficit de dotación, agravado por las exigencias del decreto, desde las federaciones de juntas vecinales estiman que se debe aplicar una moratoria de año y medio que permita realizar el proceso de provisión de plazas con garantías. González-Antón recordó que el año y medio se corresponde con los plazos de una oposición, a lo que se sumarán también los concursos de traslados y los «reajustes» que sean necesarios en las plantillas de las administraciones públicas. Como ya hiciera la Diputación, las federaciones de forma individual y también agrupadas, remitirán al Ministerio de Hacienda y Función Pública una misiva solicitando el «plazo transitorio inmediato». Entre otras cuestiones, las entidades afectadas recuerdan que primero «tienen que llegar los secretarios».

Al Congreso

Además, las federaciones aseguran haber mantenido contactos con los grupos políticos en el Congreso de los Diputados, donde se presentará una Proposición No de Ley (PNL) para derogar la disposición V del decreto 128/2018, en la que se fija el cambio normativo que ha provocado un «caos» y la paralización de los ayuntamientos, según afirmó González-Antón. No obstante, a pesar de llevar la cuestión al Parlamento, las federaciones piden que no se utilice «como un arma política» y piden «que se escuche a los afectados».

Dentro del plano político –Diputación solicitó que la moratoria se extienda hasta las elecciones municipales del próximo año–, las federaciones alertaron de que el incremento de las «trabas» administrativas a la labor de los alcaldes-pedáneos y los diferentes vocales se traduce en un descenso de los posibles candidatos. Consideraron también que el nuevo decreto desincentiva a los vecinos para ocuparse de la administración de sus pueblos y se mostraron conscientes del riesgo de quedarse «sin candidatos para las elecciones». El peligro de incurrir «en grave irresponsabilidad», explicó el secretario leonés, desanima a los posibles candidatos.

Las federaciones reunidas este sábado en León también acordaron «actuar contra los responsables de paralizaciones, ya sea la comunidad autonóma, o las diputaciones en su caso» porque «los perjuicios no son solo para la Administración, sino para todos los ciudadanos que dependen de trámites de esas administraciones», según explicó su portavoz .

“En la línea de flotación”

Para las juntas vecinales, el decreto supone un «torpedo en la línea de flotación». A su juicio, el «ataque» evita que «el medio rural pueda actuar rápidamente», quedando enmarañado en la burocracia administrativa de las entidades superiores. Pese a estas afirmaciones, aseguraron que no se oponen a la «fiscalización» y la «modernización», pero exigen suficientes medios humanos y materiales. Reclaman esfuerzos de inversión para hacer frente a las necesidades de una administración «altamente tecnificada».

En esta línea, los responsables de federaciones de Asturias, Cataluña o Álava denunciaron «la falta de diálogo» por parte del Gobierno con los afectados y lamentaron «que paguen justos por pecadores». Una de sus mayores críticas se centró en la «falta de sensibilidad con el primer escalón de la Administración».

Abr 222018
 
Mapa de las entidades locales menores en España

Mapa de las entidades locales menores en España. Diario de León.

Carlos González-Antón criticó que en la provincia, que reúne la mitad de las entidades locales menores de todo el país —más de 1.200 de las 3.000 que hay en todo el Estado—, el Servicio de Asistencia a Municipios (SAM) de la Diputación de León sólo hay habilitado un técnico para 200 ayuntamientos y más de 1.200 pedanías. En contraposición, puso el ejemplo de la Diputación de Valladolid donde hay ocho funcionarios para el mismo número de municipios pero con nueve entidades locales cuando en León hay 1.200. «La Diputación de León debería contar con un servicios, al igual que el Consejo Comarcal del Bierzo, con al menos 20 ó 25 funcionarios de habilitación o funcionarios que de forma inmediata se pongan a disposición de las juntas vecinales», recalcó González.

«Uno de los problemas más graves de las zonas rurales es la despoblación por eso no se entiende que este torpedo en la línea de flotación de las entidades locales de menores, que el fin y al cabo son las más directas e eficientes con los ciudadanos, las que menos recursos consumen», insistió el secretario de la federación leonesa que pide que desde los partidos políticos se escuche más a los afectados, es decir, a las propias juntas vecinales.

La modernización de las entidades, fue otro de los temas presentes en la reunión, sobre todo ante la inminente entrada en vigor de la administración electrónica a principios de octubre. Los responsables de las federaciones denunciaron la falta de medios y la incapacidad para entrar en las plataformas necesarias para su puesta en marcha.

Abr 222018
 

Reclaman un periodo transitorio para habilitar funcionarios el margen de los municipales en las juntas vecinales.

MARÍA CARNERO | LEÓN

Las federaciones de Asturias, Cantabria, Álava, Cataluña, Palencia, Salamanca y León, que representan a 2.415 entidades locales menores, —más de dos tercios de las de España—, se reunieron ayer en León para acordar una postura común ante la reciente aprobación del Real Decreto 128/2018, que obliga a que sean funcionarios de la Administración local con habilitación nacional quienes ejerzan las labores de secretaría en las entidades de ámbito inferior al municipal.

Como punto de partida, los representantes de las juntas vecinales presentes en la reunión denunciaron la «falta de diálogo» con la que se ha tramitado esta ley, así como el «colapso» que la aplicación de esta norma está suponiendo «no solo en las entidades locales menores, sino también de los propios ayuntamientos», destacó el secretario general de la Federación de Juntas Vecinales de León, Carlos González-Antón.

«Además de la paralización de las administraciones, la entrada en vigor de esta norma está afectado directamente a todas las tramitaciones de los ciudadanos, sobre todo del área rural, como es el caso de las autorizaciones de pastos, de caza, contratos de la PAC, etc», añadió González Antón, que anunció medidas inmediatas hacia los «responsables» de este colapso.

«Si lo que se buscaba es un mayor control con el cual estamos absolutamente de acuerdo, ya que todos apoyamos la profesionalización y la modernización de estas entidades, deben garantizar una suficiente dotación de plazas de secretarios de ayuntamientos ya que actualmente claramente deficitaria», denunció el secretario de la federación leonesa.

Como medida más inmediata las entidades han pedido al Ministerio de Hacienda y Función Pública que se permita un periodo transitorio de al menos año y medio para flexibilizar la norma para que se permita que funcionarios que no sean los habilitados nacionales del ayuntamiento puedan prestar estas funciones. «Se debe facilitar la existencia de funcionarios que asuman exclusivamente las funciones de los entes locales menores», insisten.

Una de las posturas más consensuadas en el encuentro es la necesidad de recabar apoyos entre los distintos partidos políticos con el fin de impulsar un pacto de Estado en defensa de la pequeña administración local y garantizar su supervivencia, «con todos los controles y todas las garantías de legalidad». De hecho, a través de los grupos políticos quieren solicitar la tramitación de una Proposición No de Ley en el Congreso de los Diputados para que se inste al Gobierno a rectificar y promover los cambios normativos que permitan que los entes locales menores puedan prestar adecuadamente sus funciones y servicios, procurando la modernización y con el pleno control interno y externo de las cuentas.

«Cuanta más fiscalización mejor todavía. Lo que pasa es que aquí pagamos justos por pecadores, ya que mientras muchas entidades locales hacen bien las cosas el 46,7 de las entidades locales de España no rinden cuentas, y eso significa muchos miles de euros que Hacienda quiere controlar», explicó el secretario general de la Federación de Asturias, José Manuel García del Valle, que considera que hay otras fórmulas de controlar las cuentas de las juntas vecinales, «siempre desde el consenso y no con este tipo de decretos».

Por su parte, Juanjo Cortés, secretario de la Federación de Cataluña manifestó la preocupación existente en su territorio por este decreto, ya que «no han contado con nosotros para su elaboración, y somos los que mejor conocemos a la administración más próxima al ciudadano que son las entidades locales menores, así como sus dificultades y lo que significa la aplicación de ese decreto, que puede suponer en muchos casos la desaparición de muchas de ellas». Desde Cataluña no creen que sea lo más correcto compartir secretario con los ayuntamientos, ya que en muchas ocasiones hay cierto conflicto de intereses entre las dos administraciones. «No puedes defender a las dos partes de igual manera —al ayuntamiento y a la junta vecinal— porque cuando hay negociar convenios o acuerdos económicos entre ambas evidentemente el secretario defenderá al que más le paga, que en este caso será la entidad mayor», destacó Cortés.

Por último, el presidente de la asociación de Concejos de Álava, Joseba Terreros, aseguró que con el sistema de competencias de su territorio, que fueron transferidas por el Gobierno Vasco a las diputaciones, «su problemática es diferente». De todos modos, denunció que «una vez más no se ha tenido en cuenta nuestra opinión», lo que conlleva a la paralización de la actividad de las entidades locales. «Nadie cuenta con nosotros cuando al final somos los que más cerca estamos de los ciudadanos», denunció.

Políticos que miren a la administración local

La polémica por el Real Decreto que elimina la figura del vecino-secretario y amenaza con colapsar la tramitación administrativa del medio rural dependiente de las juntas vecinales pone de manifiesto no sólo el desconocimiento de cómo funciona parte del sistema nacional (especialmente León, que aglutina la mitad de estas juntas en todo el país), sino la falta de implicación real de los partidos políticos en atender problemas ‘menores’. Las formaciones políticas únicamente se ocupan de estas pequeñas entidades en tiempo de elecciones, cuando se enfrentan a la dificultad de encontrar candidatos dispuestos a pelear por el futuro de sus pueblos con una falta de recursos y medios que les limita enormemente. Las federaciones de concejos y juntas vecinales de varias provincias exigieron ayer en León un pacto de Estado que defienda el sistema de pequeñas entidades de administración local y garantice su supervivencia. Son ellas las que están realmente cerca de los problemas de sus vecinos. Habrá que ver qué respaldo les dan los partidos.