Abr 222018
 
Mapa de las entidades locales menores en España

Mapa de las entidades locales menores en España. Diario de León.

Carlos González-Antón criticó que en la provincia, que reúne la mitad de las entidades locales menores de todo el país —más de 1.200 de las 3.000 que hay en todo el Estado—, el Servicio de Asistencia a Municipios (SAM) de la Diputación de León sólo hay habilitado un técnico para 200 ayuntamientos y más de 1.200 pedanías. En contraposición, puso el ejemplo de la Diputación de Valladolid donde hay ocho funcionarios para el mismo número de municipios pero con nueve entidades locales cuando en León hay 1.200. «La Diputación de León debería contar con un servicios, al igual que el Consejo Comarcal del Bierzo, con al menos 20 ó 25 funcionarios de habilitación o funcionarios que de forma inmediata se pongan a disposición de las juntas vecinales», recalcó González.

«Uno de los problemas más graves de las zonas rurales es la despoblación por eso no se entiende que este torpedo en la línea de flotación de las entidades locales de menores, que el fin y al cabo son las más directas e eficientes con los ciudadanos, las que menos recursos consumen», insistió el secretario de la federación leonesa que pide que desde los partidos políticos se escuche más a los afectados, es decir, a las propias juntas vecinales.

La modernización de las entidades, fue otro de los temas presentes en la reunión, sobre todo ante la inminente entrada en vigor de la administración electrónica a principios de octubre. Los responsables de las federaciones denunciaron la falta de medios y la incapacidad para entrar en las plataformas necesarias para su puesta en marcha.

Abr 222018
 

Reclaman un periodo transitorio para habilitar funcionarios el margen de los municipales en las juntas vecinales.

MARÍA CARNERO | LEÓN

Las federaciones de Asturias, Cantabria, Álava, Cataluña, Palencia, Salamanca y León, que representan a 2.415 entidades locales menores, —más de dos tercios de las de España—, se reunieron ayer en León para acordar una postura común ante la reciente aprobación del Real Decreto 128/2018, que obliga a que sean funcionarios de la Administración local con habilitación nacional quienes ejerzan las labores de secretaría en las entidades de ámbito inferior al municipal.

Como punto de partida, los representantes de las juntas vecinales presentes en la reunión denunciaron la «falta de diálogo» con la que se ha tramitado esta ley, así como el «colapso» que la aplicación de esta norma está suponiendo «no solo en las entidades locales menores, sino también de los propios ayuntamientos», destacó el secretario general de la Federación de Juntas Vecinales de León, Carlos González-Antón.

«Además de la paralización de las administraciones, la entrada en vigor de esta norma está afectado directamente a todas las tramitaciones de los ciudadanos, sobre todo del área rural, como es el caso de las autorizaciones de pastos, de caza, contratos de la PAC, etc», añadió González Antón, que anunció medidas inmediatas hacia los «responsables» de este colapso.

«Si lo que se buscaba es un mayor control con el cual estamos absolutamente de acuerdo, ya que todos apoyamos la profesionalización y la modernización de estas entidades, deben garantizar una suficiente dotación de plazas de secretarios de ayuntamientos ya que actualmente claramente deficitaria», denunció el secretario de la federación leonesa.

Como medida más inmediata las entidades han pedido al Ministerio de Hacienda y Función Pública que se permita un periodo transitorio de al menos año y medio para flexibilizar la norma para que se permita que funcionarios que no sean los habilitados nacionales del ayuntamiento puedan prestar estas funciones. «Se debe facilitar la existencia de funcionarios que asuman exclusivamente las funciones de los entes locales menores», insisten.

Una de las posturas más consensuadas en el encuentro es la necesidad de recabar apoyos entre los distintos partidos políticos con el fin de impulsar un pacto de Estado en defensa de la pequeña administración local y garantizar su supervivencia, «con todos los controles y todas las garantías de legalidad». De hecho, a través de los grupos políticos quieren solicitar la tramitación de una Proposición No de Ley en el Congreso de los Diputados para que se inste al Gobierno a rectificar y promover los cambios normativos que permitan que los entes locales menores puedan prestar adecuadamente sus funciones y servicios, procurando la modernización y con el pleno control interno y externo de las cuentas.

«Cuanta más fiscalización mejor todavía. Lo que pasa es que aquí pagamos justos por pecadores, ya que mientras muchas entidades locales hacen bien las cosas el 46,7 de las entidades locales de España no rinden cuentas, y eso significa muchos miles de euros que Hacienda quiere controlar», explicó el secretario general de la Federación de Asturias, José Manuel García del Valle, que considera que hay otras fórmulas de controlar las cuentas de las juntas vecinales, «siempre desde el consenso y no con este tipo de decretos».

Por su parte, Juanjo Cortés, secretario de la Federación de Cataluña manifestó la preocupación existente en su territorio por este decreto, ya que «no han contado con nosotros para su elaboración, y somos los que mejor conocemos a la administración más próxima al ciudadano que son las entidades locales menores, así como sus dificultades y lo que significa la aplicación de ese decreto, que puede suponer en muchos casos la desaparición de muchas de ellas». Desde Cataluña no creen que sea lo más correcto compartir secretario con los ayuntamientos, ya que en muchas ocasiones hay cierto conflicto de intereses entre las dos administraciones. «No puedes defender a las dos partes de igual manera —al ayuntamiento y a la junta vecinal— porque cuando hay negociar convenios o acuerdos económicos entre ambas evidentemente el secretario defenderá al que más le paga, que en este caso será la entidad mayor», destacó Cortés.

Por último, el presidente de la asociación de Concejos de Álava, Joseba Terreros, aseguró que con el sistema de competencias de su territorio, que fueron transferidas por el Gobierno Vasco a las diputaciones, «su problemática es diferente». De todos modos, denunció que «una vez más no se ha tenido en cuenta nuestra opinión», lo que conlleva a la paralización de la actividad de las entidades locales. «Nadie cuenta con nosotros cuando al final somos los que más cerca estamos de los ciudadanos», denunció.

Políticos que miren a la administración local

La polémica por el Real Decreto que elimina la figura del vecino-secretario y amenaza con colapsar la tramitación administrativa del medio rural dependiente de las juntas vecinales pone de manifiesto no sólo el desconocimiento de cómo funciona parte del sistema nacional (especialmente León, que aglutina la mitad de estas juntas en todo el país), sino la falta de implicación real de los partidos políticos en atender problemas ‘menores’. Las formaciones políticas únicamente se ocupan de estas pequeñas entidades en tiempo de elecciones, cuando se enfrentan a la dificultad de encontrar candidatos dispuestos a pelear por el futuro de sus pueblos con una falta de recursos y medios que les limita enormemente. Las federaciones de concejos y juntas vecinales de varias provincias exigieron ayer en León un pacto de Estado que defienda el sistema de pequeñas entidades de administración local y garantice su supervivencia. Son ellas las que están realmente cerca de los problemas de sus vecinos. Habrá que ver qué respaldo les dan los partidos.

Abr 212018
 

A. DOMINGO | REDACCIÓN

Poner en manos de un funcionario la secretaría y así cumplir el Real Decreto 128/2018 puede ser el reto más inmediato al que se enfrentan las juntas vecinales de la provincia, pero no el único, pues, al igual que el resto de las administraciones públicas, las entidades locales menores deben cumplir y que, según el secretario de la Federación Leonesa de Entidades Locales Menores, Carlos González-Antón, todo el esfuerzo por cumplir la normativa llega «al ámbito municipal, sin que se haya promovido en la provincia de León iniciativa alguna para que la cumplan las juntas vecinales, al margen de esfuerzos puntuales que puedan existir».

La legislación sobre administración electrónica se recoge en las leyes 39 y 40/2015, que entraron en vigor el 2 de abril de 2016, si bien daban margen de dos años para disponer de registro, punto de acceso general electrónico de la Administración y archivo único electrónico, entre otros aspectos.

Y, al margen de la obligatoriedad de las administraciones de relacionarse entre ellas por medios electrónicos, así como con personas jurídicas y profesionales que requieran colegiación obligatoria para ejercer su actividad, como los abogados, la Administración electrónica es un derecho del ciudadano. «Un pastor tiene derecho a registrar en su junta vecinal un escrito desde la majada desde su smartphone», ejemplificó González-Antón.

Un cambio total

Las pedanías necesitan capacidad para «tramitar todos sus expedientes de manera electrónica». Como los ayuntamientos, «deben publicar las actas de los plenos en una web de transparencia, así como las ordenanzas comunales, las facturas deben ser electrónicas…», de forma que quedarse al margen de lo establecido en la normativa «es gravísimo desde el punto de vista administrativo».

La federación leonesa critica que la ordenación del territorio en la que trabaja la Junta de Castilla y León no contempla que las entidades locales menores vayan a disponer de una web» conectada a las plataformas de administración electrónica. «Nos hemos cansado de decir que los concejos deben formar parte de la ordenación del territorio», indicó el secretario de la agrupación de entidades menores.

Aunque «es cierto que cada uno se tiene que sacar las castañas del fuego, también es cierto que hemos advertido de esta situación en todos los foros a los que nos hemos dirigido», sin que se haya producido una respuesta satisfactoria.

Mar 292017
 

El presidente de la Diputación de León reconoce que el SAM está desbordado al no poder contratar personal

A. G. PUENTE | LEÓN

La Diputación está desbordada con el apoyo que debe prestar a las juntas vecinales de León en su obligación de presentar las cuentas del año. El presidente, Juan Martínez Majo, aprovechó ayer la presencia en la ciudad del responsable del Consejo de Cuentas de Castilla y León, Jesús Encabo, para remarcar «el carácter especial» del Servicio de Asistencia a Municipios (SAM) de la institución provincial por su extensa carga de trabajo en una tierra con 208 municipios menores de 20.000 habitantes y 1.231 pedanías.

Recordó que en 2014 la Diputación recibió «una ayuda especial» por parte de la Consejería de Presidencia para que las entidades locales menores pudieran cumplir a tiempo con su obligación de rendir cuentas, ya que, de lo contrario, corrían el peligro de desaparecer en caso de aquellas que no lo hicieran. Ante la falta de personal suficiente, el presidente pide ahora auxilio a la Junta para que preste ayuda a la institución provincial en esta labor. «Su colaboración es inestimable dada nuestra limitación de contratar más personal es complicado para nosotros poder ayudar a todas en las complejas prescripciones legales».

Y en el capítulo de deberes con el Tribunal de Cuentas, Martínez Majo se comprometió ante Encabo a poner en orden el extenso patrimonio que gestiona la Diputación, tal y como requería uno de los informes emitidos por este organismo de la autonomía. «Mejoraremos la gestión de este patrimonio, que es propiedad de toda la provincia», dijo el presidente, quien reconoció que «el Tribunal de Cuentas nos tira de las orejas en algún momento; aceptamos todas sus recomendaciones».

En la rendición de cuentas de 2015, el 80% de las pedanías leonesas lograron presentar sus números en tiempo y forma. No obstante, Encabo reconoció que «León tiene un problema por su elevado número de juntas vecinales, tenemos que ser conscientes de que hay que estimular esta labor».

La entidad celebró ayer en la capital una sesión plenaria en la que aprobó el informe sobre la situación económico-financiera de las entidades locales en el periodo 2011-2014, un análisis para el que analizó 8.000 cuentas y 1,6 millones de datos. El resultado presupuestario en ese ejercicio es «positivo» en todos los grupos de entidades», con un importe agregado de 114,2 millones en el caso de las diputaciones provinciales.

Jun 022016
 

majo 2El palacio de los Guzmánes abre la puertas para recibir a los responsables de las 1.234 juntas vecinales de León Cada una recibirá este año una ayuda directa de seis mil euros.

MARÍA CARNERO | LEÓN

Gran parte de los 1.231 presidentes de las juntas vecinales que hay en la provincia de León acudieron ayer al palacio de los Guzmánes, sede de la Diputación provincial, para responder a la llamada de su presidente, Juan Martínez Majo, que les citó para explicarles los detalles de la nueva convocatoria de ayudas. Con este pretexto, Majo tuvo la oportunidad de dirigirse a los que para él son «la esencia de la democracia» y la «garantía para preservar la singularidad y la vida de los pueblos leoneses». El presidente, que descartó leer el discurso que llevaba preparado, ya que afirmó que «lo que me sale hoy es hablar desde el corazón», recordó a los alcaldes pedáneos presentes que «esta es vuestra casa» y les pidió que «juntos rememos en la misma dirección para conseguir potenciar todos los recursos naturales y patrimoniales que tiene la provincia, la más rica, variada y compleja de España».

Majo reconoció el trabajo que realizan las juntas vecinales. «Trabajáis de forma altruista, a veces perdiendo dinero, pero siempre hacéis lo correcto para mejorar la calidad de vida de vuestros vecinos de una manera eficaz, casi sin medios materiales ni personales», afirmó el presidente.

Respecto al nuevo Plan de Juntas Vecinales, la Diputación repartirá 7,38 millones de euros, e la misma cantidad que la suma total que se ha dedicado en los últimos seis años. Junto con la aportación de las propias entidades locales, la inversión alcanza los 8,2 millones de euros. Gracias a este plan cada junta vecinal recibirá 6.000 euros para proyectos.

La Federación Leonesa de Entidades Locales Menores agradeció ayer el esfuerzo económico que la Diputación hace con la subvención de 6.000 euros a todas las Juntas Vecinales y «el reconocimiento del papel que estas pequeñas administraciones deben seguir desarrollando en la estructura administrativa de España». Según la federación, «las palabras que Juan Majo ha dirigido a los pedáneos de la provincia puede que sean un hito en la relación de la Diputación con las Juntas Vecinales, pues no se concibe nuestra administración local sin una íntima colaboración entre la Corporación provincial y los concejos».