Un ultimátum de solo tres meses (Deia)

La espada de Damocles se cierne fundamentalmente sobre las llamadas entidades locales menores, como los casos de los concejos alaveses y navarros, y las instituciones supramunicipales, como las mancomunidades y las cuadrillas alavesas. Su supervivencia está en cuestión. En el caso de la CAV y Nafarroa, la esperanza radica en que las instituciones de ambas comunidades logren introducir salvaguardas a sus competencias en materia de organización territorial.

Pero, por el momento, el borrador del anteproyecto del PP contempla eliminar dichas mancomunidades y entidades locales menores si en el plazo de tres meses de la entrada en vigor de la ley no presentan sus cuentas al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y al Gobierno vasco. No acaba ahí la cosa. También serán disueltas si no superan el proceso de evaluación que demuestre que son eficaces.

En ese caso, los servicios de las mancomunidades pasarán a depender de las diputaciones, mientras que los de las entidades locales menores irán a parar de los municipios.

CIEN MANCOMUNIDADES En Euskal Herria, al menos, tanto unas como otras entidades no son meros objetos decorativos. Un centenar de mancomunidades -38 en la CAV y 62 en Nafarroa, territorio este último donde dan servicio a más del 98% de la población- ofrecen a los municipios asociados la recogida y tratamiento de las basuras, el abastecimiento de agua, el fomento del turismo, la asistencia social, la promoción de la cultura vasca y servicios educativos. En Araba estas prestaciones mancomunadas las prestan las siete cuadrillas, la organización tradicional en la que se divide este territorio.

Las entidades locales menores son el caso opuesto. Se trata de instituciones cuyo ámbito es inferior al municipio, del que tienen autonomía administrativa. Generalmente se corresponden con núcleos rurales, cuyas juntas administrativas son elegidas por los vecinos entre los propios habitantes de los pueblos y que cuentan con un alcalde pedáneo.

GESTIÓN DIRECTA Entre sus competencias, el alumbrado público, el abastecimiento de aguas, el mantenimiento de caminos rurales y la administración de los bienes propios de la entidad, que generalmente suelen ser pastos y montes públicos, de cuya explotación obtienen buena parte de sus ingresos. La CAV cuenta con 340 entidades menores, la gran mayoría (335) en Araba, cuatro en Bizkaia y una en Gipuzkoa. En Nafarroa, la cifra es mayor incluso, un total de 348 entidades. Tanto en la comunidad foral como en Araba se las denomina concejos y tienen gran relevancia en la vida ciudadana, ya que son entidades de gestión directa en estos núcleos rurales.

Incluso su influencia se cuela en grandes poblaciones. Es el caso de Gasteiz, donde el área urbana coexiste con 63 concejos, algunos correspondientes a pueblos con una fuerte personalidad, como Abetxu-ko, Arkaute o Armentia.

«NO CUESTAN NI UN DURO» Hace unos meses, la Asociación de Concejos de Álava (Acoa-Ake) ya rechazaba el planteamiento de Rajoy porque consideraba que suprimir las entidades menores locales en base a un hipotético ahorro «no tiene ni pies ni cabeza», pues son las instituciones locales «mas baratas y saneadas». Añadía que en Araba los concejos «no cuestan un duro a los contribuyentes», ya que «los cargos son gratuitos por ley y los gastos administrativos, prácticamente inexistentes porque los trámites se hacen de manera voluntaria y gratuita por parte de los representantes electos».