Hace ya algo más de un año que una lacónica frase del ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, «y las entidades locales menores se suprimirán» llevaba la alarma al mundo rural de la provincia que veía como una institución con más de 10 siglos de historia se podía venir abajo a manos del Gobierno «más reformador» de la historia, el de Mariano Rajoy.

Desde entonces hasta aquí, la reforma de la administración local ha provocado divisiones en el Partido Popular y ha logrado que el poder local hiciera torcer el brazo del Ministerio en varios asuntos. Uno de los más vitales para la provincia es que las Juntas Vecinales podrán seguir existiendo, aunque en unas condiciones muy duras, según el anteproyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local. Un proyecto que desde este juevessigue adelante en su tramitación parlamentaria de la mano del voto del Partido Popular.

Este domingo, 20 de octubre, León acoge una manifestación en defensa de las Juntas Vecinales -que sus organizadores esperan multitudinaria- y hemos entrevistado a Carlos González-Antón, secretario de la Federación de Concejos, Pedanías y Parroquias Rurales de España, sobre lo que se espera en la tramitación parlamentaria y el resultado final para esta institución democrática de gran trayectoria y vital para los pueblos leoneses.

Se inicia el trámite parlamentario ¿cuáles son las perspectivas en este momento?

Creo que son buenas, soy optimista. Entiendo que es razonable la propuesta que planteamos y que es irracional los planteamientos del anteproyecto de Ley.

No tiene sentido la pérdida de carácter de entidad local, si mantenemos la personalidad jurídica de una Junta Vecinal tiene que ser como Administración Local porque sino no se sabe que otra cosa pueda ser. La prestación de servicios sólo puede ser desde el ámbito del Derecho Público.

Mucho más grave es que se puedan suprimir Juntas Vecinales en aquellos Ayuntamientos que tengan déficit. Es una barbaridad desde un punto de vista jurídico-político. Una administración que lleva 10 años gestionándose bien no tiene que pagar los platos rotos de un alcalde que se haya dedicado a dilapidar sus impuestos y recursos. Esto puede llevar a que un alcalde se endeude para eliminar las Juntas Vecinales y quedarse con su patrimonio y cargarse el contrapoder político que pueden ejercer los pedáneos dentro de un Ayuntamiento.

En las enmiendas que hemos planteado, que limitan estos dos aspectos, el tercer punto importante es que en materia de rendición de cuentas planteamos que hay que ser flexibles, ampliar el plazo inicial (de 3 meses) y que la sanción de no hacerlo no sea la supresión de la entidad, sino que se aplique la sanción que corresponda al responsable. Nuestra propuesta es que se nombre una gestora, se regularicen las cuentas y en las siguientes elecciones se siga funcionando como tal.

Somos optimistas porque tanto la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), como todos los grupos parlamentarios a los que se han enviado nuestras enmiendas, están estudiando detenidamente la propuesta, que esperamos acepten.

Y este domingo manifestación en defensa de las Juntas Vecinales

La manifestación es absolutamente necesaria. Tiene varias claves, en primer lugar es para demostrar a los legisladores que sería bochornoso que algo que en otros países se está impulsando (cita a los ‘Local Councils’ ingleses), y con carácter de administración local, la supresión del patrimonio institucional; se habla de de que hay que impulsar el desarrollo rural y fijar población en el campo ¿y resulta qué tratas como menores de edad a los pueblos?. La supresión de las Juntas Vecinales es contrario incluso a una lógica económica.

En una clave más interna de las Juntas Vecinales, la manifestación debe servir para convencer al mundo rural que debe unirse para defender sus intereses frente a los legisladores autonómico, estatal y los ayuntamientos. Lo que está claro es que si se suprime una Junta Vecinal su patrimonio va al Ayuntamiento o la Diputación y por eso hay que fortalecer la representatividad de las entidades locales menores pero por sí mismas, no por lo que diga un diputado o el jefe de un partido político. Al igual que en Asturias o Álava, hace falta una representación de las Juntas Vecinales de la provincia y un ejemplo ha sido el reparto de las ayudas de la Diputación de León, con un reparto partidista más propio de otras épocas.

Finiquitar la Juntas Vecinales es todo un ‘hachazo’ a la historia de León…

Ahora se está hablando de ‘León, cuna del parlamentarismo’ y no tiene ningún sentido defender románticamente la cuna del parlamentarismo y que queramos carganos o no apoyar una institución que es legal, que es vigente, que es más democrática que lo pudiera haber sido ese parlamentarismo como son los concejos y las Juntas Vecinales. Tendríamos que impulsar esto precisamente.

Creo que la organización de las Juntas Vecinales se ha visto como un elemento distorsionador de la política vertical y la provincia tendría que reivindicar esto, que desde abajo hay un gobierno local democrático y más pequeño. Somos la provincia que tiene más administraciones locales de toda España, y eso debería impulsarse y estudiarse. Esto no es folclore, es gobierno local.

Mencionabas que precisamente en Inglaterra se está impulsado este tipo de gobierno local, más próximo a los ciudadanos, y por un Gobierno conservador…

El Gobierno inglés ha aprobado ayudas importantes para la constitución de nuevas entidades locales menores y el mantenimiento de las existentes, denominadas Parishes o Local Councils. Se apuesta por una gestión local de forma democrática. Aquí lo tenemos y queremos cargárnosla y ponerle dificultades, un sinsentido.

Es cierto que muchas funcionan mal, pero lo que hay que hacer es modernizarlas, adaptar estas instituciones con diez siglos de vida al S. XXI.

El propio sistema de Concejo abierto se recoge en al Constitución de 1978.

Si hay un hecho que tiene interés, y que está en la Constitución es el Concejo abierto, un sistema previsto en el mundo rural. De hecho parte de los problemas de las Juntas Vecinales viene de las actuaciones individuales de algún presidente de Junta Vecinal, que podría ser sustituido por un sistema de concejo abierto en el que las decisiones se adopten entre todos.

Tenemos un modelo avanzado de democracia local por el que debemos apostar, tal y como están haciendo en otros países.

¿La clave de su futuro es la unidad de acción de las Juntas Vecinales?

Para León el que exista una Federación fuerte de entidades locales sólo puede traer beneficios. En primer lugar porque tendría capacidad para presionar al legislador autonómico y que traiga más recursos a una provincia que agrupa el 33% de las entidades locales menores de España.

También puede servir para negociar o plantear ordenanzas que puedan ser usadas por todas las Juntas Vecinales en temas comunes como parques eólicos. Hay mucho que hacer en el plano legislativo y de forma unitaria se puede lograr más.

Hay un debate dramático sobre la prestación de servicios porque el mapa de competencias está sin cerrar, y más en el caso concreto de esta comunidad autónoma. Está sin montar el primer escalón de la administración.

Tenemos que meter las entidades locales menores en el S. XXI y tiene que hacerse contando con ellas y sus representantes. Una tarea que tiene que ser vista por las administraciones públicas como prioritaria.

Desde el anuncio del Gobierno, en julio de 2012, de su intención de suprimir las Juntas Vecinales la provincia de León ha perdido una, Nistal, teniendo un total de 1.233 entidades locales menores. Suponen aproximadamente el 33% del total de las existentes en España.