Dic 182012
 

Federación Leonesa de Entidades Locales Menoresm.r. | león 18/12/2012 – DIARIO DE LEÓN
La Federación de Juntas Vecinales pide a la Junta más medios y financiación ( Diario de León – 18/12/2012 )

La Federación Leonesa de Entidades Locales Menores reclama a la Junta de Castilla y León más colaboración en cuanto a medios personales y financiación para la gestión de las pedanías y le exige que asuma una postura similar a la de otras comunidades autonómicas, como Navarra o Asturias, que mantienen un apoyo institucional a las juntas vecinales con el fin de salvaguardar su existencia.

Según señaló ayer el secretario general de la Federación, Carlos González Antón, la cuestión se cierne en que «hay comunidades que entienden que las juntas vecinales son admnistraciones públicas y que merecen ser atendidas y un apoyo institucional y de formación». Sin embargo, «otras como la nuestra —en referencia a la Junta— no consideran necesario aprobar el reglamento como recoge la disposición adicional sexta de la Ley de Régimen Local, para establecer los mecanismos legales de funcionamiento de las pedanías».

A su juicio, desde la administración autonómica existe un «ninguneo» hacia las pedanías «que llegar a ser inconstitucional, por no decir la falta de educación en el trato hacia quienes son también administraciones públicas». «No nos pueden despreciar de esta forma tan grave», asevera el representante de la federación leonesa que lamenta que «ningún director general o el propio consejero de Presidencia de la Junta no haya hablado nunca de la aprobación de este reglamento».

«Intentamos ser optimistas, para ver si podemos cambiar las cosas» señala González Antón, aunque lo ve complicado dado que —frente a lo que ocurre en otras comunidades como el Principado donde todas las juntas vecinales se han unido en una federación multipartidista— «en León el PSOE veta la federación y se inventa un grupo de apoyo, mientras que el PP está escondido».

El secretario general de la federación cree que las pedanías son «parias» para la Junta «pese a ser las primeras administraciones locales que existieron en Castilla y León con carácter jurídico público, antes que los ayuntamientos». De hecho, considera una incongruencia el hecho de que exista una disposición adicional para desarrollar el reglamento y que la Junta se niegue a hacerlo. «O cambia la Ley de Régimen Local o la cumplen», asegura González Antón que no descarta exigir responsabilidades patrimoniales al Gobierno autonómico por los gastos que asumen las pedanías para llevar a cabo su gestión como consecuencia de la falta de desarrollo del reglamento.

Dic 022012
 

La Junta ha decidido ser más estricta con las pedanías de la provincia y rechazará los acuerdos que le remitan sin la firma del secretario del ayuntamiento al que pertenecen o del SAM de la Diputación, como exige la Ley de Régimen Local.

El delegado territorial, Guillermo García, reconoce que hasta ahora se analizaban con mayor permisividad los actos de las juntas vecinales, pero las últimas sentencias del TSJCyL recordando la obligatoriedad de las entidades locales menores de adoptar sus acuerdos estrictamente en presencia del secretario municipal o del Servicio de Asistencia a Municipios para que dén fe, aconseja reforzar la vigilancia legal sobre los documentos.

Según explica, el control sobre la actividad de las pedanías «es importante, porque algunas incluso aprueban presupuestos superiores al de los ayuntamientos en los que se integran». Además, indica que están «exponiendo a todos los presidentes de juntas vecinales y secretarios, a través de la sección de Régimen Local de la delegación, que no vale que un miembro de la pedanía valide los acuerdos y que la Ley indica que debe hacerlo el secretario del Ayuntamiento o el SAM. De modo que los documentos deben llegar certificados con la suficiente garantía. Hay que exigirles rigor».

Rigor

La nueva Federación Leonesa de Entidades Locales Menores calcula que la ilegalidad por falta de ese sello afecta al 80% de los acuerdos de las pedanías, entre ellos a la aprobación de las ordenanzas del agua, la adjudicación de pastos y suertes de leña, la contratación de obreros y los presupuestos.

Una situación que coloca a muchas de estas entidades al borde del precipicio, ya que el Gobierno ha advertido que desaparecerán todas las que no rindan cuentas o información de forma adecuada, además de las pedanías con déficit reiterado. La Federación remarca que la imposibilidad de las juntas vecinales para validar sus acuerdos deriva de la negativa de muchos secretarios municipales a firmarlos, e insiste en que las pedanías están desamparadas. También lamentan que exista una bolsa de secretarios interinos a la que no se recurre para estos casos.

El delegado no prevé que la Junta vaya a impulsar el servicio de asesoría a pedanías previsto en la disposición sexta de la Ley de Régimen Local, ni que vayan a habilitarse, de momento, más secretarios para dar fe de los actos de las juntas vecinales. Confía en que ayuntamientos y juntas sepan resolver los problemas para compartir al secretario «teniendo en cuenta su horario de trabajo y su salario», puntualiza.