Abr 202018
 

A. DOMINGO | REDACCIÓN

La Federación Leonesa de Entidades Locales Menores de León reclamará judicialmente los daños que pudieran derivarse por la situación de bloqueo administrativo que sufran las juntas vecinales como consecuencia del Real Decreto 128/2018, que obliga a que sean funcionarios de la Administración local con habilitación nacional quienes ejerzan las labores de secretaría en las entidades de ámbito inferior al municipal.

Como medidas para afrontar la situación que creada, la federación leonesa propone paralizar el plan de ordenación del territorio «mientras no se resuelva el problema», ya que, como demuestra el decreto, en su diseño no se ha tenido en cuenta a estas administraciones, según manifestaron ayer fuentes de la federación. La segunda medida, de carácter provisional, consiste «en prestar el servicio de secretaría» y, si no se lograra, emprender las acciones para reclamar los daños.

La federación recordó las certificaciones que precisan agricultores y ganaderos por el uso de terrenos comunales para solicitar la ayuda de la PAC o la posibilidad de que las juntas vecinales pierdan las ayudas del plan que la Diputación destina a las obras que desean ejecutar. Ante estos quebrantos económicos «tendrá que responder la Administración responsable y a los ayuntamientos les pilla de rebote», ya que son los secretarios municipales o, en el caso de municipios de menos de 5.000 habitantes, funcionarios de carrera del ayuntamiento correspondiente con titulación universitaria, los que deben prestar el servicio.

Otra reclamación de las pedanías leonesas consiste en que la Consejería de Presidencia calcule la cuantía de las ayudas a los servicios de asistencia a municipios de las diputaciones «en función de las entidades a las que atienden».

Sin interlocución con la Junta

Por otra parte, «no existe interlocución con la Junta de Castilla y León. La consejería nos invitó a integrarnos en la Federación Regional de Municipios y Provincias, cuando no tiene sentido entrar en una entidad con administraciones que son una realidad dispar y, en ocasiones, divergente. Además, el estatuto de autonomía recoge que se fomente la asociación de administraciones».

En cuanto a la remuneración del trabajo de secretaría de las entidades locales menores y al margen de las ayudas a las diputaciones, la federación apunta la posibilidad, contemplada en la normativa sobre Administración local, de «suscribir convenios entre los ayuntamientos y las juntas vecinales. Esto nunca se ha hecho».

Estas reivindicaciones se fundamentan en el convencimiento de que las juntas vecinales «no pueden seguir como están. Es precioso modernizarlas», como reclamó la federación leonesa cuando se fundó, a raíz de la reforma de la Administración local del ministro Montoro, que incluía la exigencia de rendir cuentas bajo pena de disolver si no se cumplía el requisito.

Reunión nacional en León

Por otra parte, León acogerá el sábado una reunión de las federaciones autonómicas y provinciales para abordar la situación creada con la entrada en vigor del Real Decreto 128/2018. Al encuentro asistirán las federaciones de Galicia, Asturias, Cantabria, Álava, Cataluña y Castilla y León —de esta comunidad acudirán algunas federaciones provinciales—. Según una nota de prensa, las agrupaciones ya han tenido contacto con el Ministerio de Hacienda y Función Pública, al que ya han hecho llegar sus propuestas.

El escrito insiste en que modernizar las entidades locales menores no requiere el «colapso de la Administración rural», tanto de las juntas vecinales como de los ayuntamientos, y destaca que la norma recién aprobada crea «conflictos entre todos los actores» implicados, ante la imposibilidad de cumplir con el requisito.

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