Feb 112013
 
logo_concejos_palenciaLa reforma local pone en peligro a nueve de cada diez entidades locales menores

El Ejecutivo mandata a la Comunidad a suprimir las que no rindan cuentas, objetivo que las localidades afectadas dicen no poder cumplir y culpan a la Junta por falta de regulación.

El 87,7 por ciento de las entidades locales menores de Castilla y León, nueve de cada diez, corre el riesgo de desaparecer con la disposición recogida en el último borrador conocido del anteproyecto de ley para la racionalización y sostenibilidad de la administración local. El Gobierno otorga a la Comunidad autónoma la capacidad de disolver las entidades de ámbito inferior al municipio que no estén al día en sus cuentas. En el último ejercicio fiscalizado sólo un 12,3 por ciento había rendido cuentas. La Federación de Entidades Locales Menores acusa al Ejecutivo de pedirles algo que no pueden cumplir y culpa a la Junta por no haber regulado la materia desde 1998.

En Castilla y León existen 2.232 entidades locales menores, regidas por sus juntas vecinales, que representan el 65 por ciento de las existentes en España, concentradas en su mayoría en León, con 1.234, en Burgos, con 654 y en Palencia, con 226. El 12,3 ha rendido cuentas, pero sólo el 3,5 por ciento lo ha hecho en plazo legal, según el informe del sector público local del Consejo de Cuentas correspondiente a 2010, que se debatirá en las Cortes en febrero.

Esta disposición ha causado malestar y desaprobación en las entidades locales menores. “Pedirnos algo que no podemos cumplir es decir que estamos abocados a morir”, afirma la presidenta de la Asociación de Entidades Menores de Palencia, Mónica Villacorta, presidenta de la junta vecinal de Tarilonte de la Peña, perteneciente al municipio de Santibañez de la Peña, en la Montaña Palentina.

La ley de Régimen Local de Castilla y León, que data de 1998, recoge que las funciones de secretaría de estas entidades serán desarrolladas por el secretario del municipio al que pertenezca o por el servicio que a tal fin tenga establecido cada diputación provincial. Pero se debe desarrollar por decreto y no se ha hecho. La Federación Autonómica de Entidades Locales Menores no descarta acciones legales contra la Junta si, una vez aprobada la ley nacional, se inicia la eliminación.

El acuerdo básico suscrito entre el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, y el secretario general del PSCyL-PSOE, Julio Villarrubia, del pasado mes de octubre, recoge el compromiso de no suprimir ningún municipio ni ninguna entidad local menor y apuesta por la cooperación entre estas entidades y los municipios a los que pertenecen, como queda reflejado en el anteproyecto de ley de Ordenación, Servicios y Gobierno en el Territorio, presentado por el Ejecutivo.

Las juntas vecinales tienen personalidad propia y competencias, entre ellas gestionan los montes, los pastos o los cotos de caza, explica Mónica Villacorta a Ical, quien no duda en culpar a la Junta de no poder cumplir con la rendición de cuentas por no haber hecho la regulación e incluso recuerda que algunos municipios a los que pertenecen tampoco tienen sus cuentas al día. “Hay un afán de eliminarnos, al pedirnos algo que no podemos cumplir”, recalca.

En su informe, el Consejo de Cuentas les da la razón. “Una de las medidas más inmediatas que puede ayudar a resolver dichos problemas es el desarrollo reglamentario de Régimen Local, relativa al desempeño de las funciones de Secretaría de las Entidades Locales Menores”, señala. También requiere a las diputaciones provinciales que presten especial atención a aquellas entidades con menor capacidad de gestión, como los ayuntamientos más pequeños y las entidades menores.

Reforma política

Además de la falta de regulación, algunos ayuntamientos alegan falta de tiempo del secretario para ese trabajo al tener varias pedanías, igual que las diputaciones, que se han acogido a la escasez de medios y de personal. Con esos argumentos, la Federación de Entidades Locales Menores planteó al Consejo de Cuentas la presentación de las cuentas realizadas por una gestoría, contratada por las entidades, pero se les dijo que no es legal. Otros consistorios incluso han pedido dinero por ese servicio. “Es un caos”, apunta la representante vecinal palentina.

Las gestiones ante las instituciones no han dado resultado. “Qué digan que es una reforma política, que no digan que es para racionalizar gastos. Me gustaría que el Gobierno y la Junta me lo explicarán cara a cara”, afirma Mónica Villacorta, quien considera esa reforma un “ataque al mundo rural”, mientras que critica que se potencie a las diputaciones, cuyos representantes no han sido elegidos por los ciudadanos. “A mí me han elegido directamente los vecinos, en las elecciones hay una urna para el pedáneo y otra para los concejales del municipio, es algo que mucha gente no sabe”, subraya.

“Castilla y León es una comunidad municipalista, si las personas que viven en los pueblos no se ocupan del día a día, nadie se va a ocupar”, reflexiona Villacorta, desde su experiencia en una pequeña localidad donde está pendiente hasta de una bombilla porque de eso no se puede ocupar el ayuntamiento al que pertenece.

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