Sep 092015
 

logo_concejos_salamancaLa Delegación Territorial de León está requiriendo informe a la Juntas Vecinales del nombramiento de sus secretarios / La Federación asesora a sus asociados

La Federación Leonesa de Entidades Locales Menores reclama a la Junta de Castilla y León que regule “lo antes posible” el requerimiento de la figura del secretario de las Juntas Vecinales, establecida por la ley vigente.
Además el colectivo pide al consejero de Presidencia que dentro de la reforma del Estatuto de Autonomía y de la Ley de régimen local se dote a las Juntas Vecinales y concejos de Castilla y León de “una regulación y del estatus que merece la primera de las administraciones públicas”.

En este sentido desde la federación leonesa se está asesorando a las entidades asociadas sobre cómo responder a dicho requerimiento, a los efectos de defender la legalidad del nombramiento de los secretarios elegidos por la propia Junta Vecinal.

Un requerimiento que implica el nombramiento de un secretario en cada Junta Vecinal y que está siendo solicitado por la Delegación Territorial de León. Una norma, en opinión de esta federación, que “presenta graves dudas de interpretación y es claramente inadecuada para una correcta prestación de las funciones de secretaria en las 1.232 Juntas Vecinales de la provincia de León”, aseguran.

En el repaso a la legislación que hace el requerimiento, se establece que las funciones de secretaría corresponden, en primer lugar, al secretario del municipio, en su defecto, a funcionario de la corporación, y en tercer lugar, a cualquier otra persona con capacitación suficiente.

Una solución que la federación entiende que “no es en modo alguno adecuada”, ya que “la función de secretaría de las Juntas Vecinales debería ser llevada a cabo por personas independientes de los Ayuntamientos, pues numerosas ocasiones los intereses de ambas entidades son contrapuestos”.

Otro argumento es “la incapacidad” que tienen muchos secretarios para poder llevar a todas las Juntas Vecinales de sus municipios y que “queda a la discrecionalidad del secretario del Ayuntamiento llevar o no a la Junta Vecinal que desee, algo que no parece razonable, porque los funcionarios son servidores públicos y no deben ser ellos los que puedan decidir cuándo y a quién quieren prestar sus funciones”, critican.

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