Abr 252013
 

La Federación de Entidades Locales exige a la Junta revisar el proceso «unilateral».

La transformación de 40.000 hectáreas de terrenos agrícolas de pastos en improductivos y forestales tiene un nombre para la Federación de Entidades Locales Menores de Castilla y León: «Expolio». De los pueblos y de la provincia de León.

Así lo calificó ayer el portavoz de este colectivo, el abogado y catedrático de Derecho Administrativo, Carlos González Antón, quien anuncia que la federación «impulsará la revisión del procedimiento seguido»: «Sin dar audiencia previa no pueden proceder a una verdadera expropiación unilateral de todos esos aprovechamientos económicos», agregó.

Para las pedanías, recordó, esta transformación que impide el acceso a las ayudas de la Política Agraria Común (PAC) «supone una grave pérdida de ingresos económicos» en cuya defensa no han podido tomar parte por falta de un período de consultas de la Consejería de Agricultura de Castilla y León.

La Federación de Entidades Locales Menores presentará un escrito con una «alegación global» frente al procedimiento unilateral utilizado y basado exclusivamente en la apreciación de imágenes tomadas por el Sistema de Información Geográfica de Parcelas Agrícolas (Sigpac), tal y como recoge el decreto publicado el 5 de febrero en el Bocyl.

«Es un asunto muy grave porque ahora que estamos debatiendo el futuro de las juntas vecinales y de sus bienes resulta que no les quitan la titularidad pero les privan del aprovechamiento lo que supone un proceso de amortización en toda regla», argumenta.

Impacto ambiental

González-Antón subraya que aparte de las implicaciones económicas y patrimoniales que tiene para las juntas vecinales, el plan de retirada de la PAC «afecta al modelo de gestión de unos territorios» que en buena medida forman parte de la Red Natura, como Lugares de Interés Comunitario o Zonas de Especial Protección para las Aves. «No han calculado el perjuicio ambiental que produce retirar el ganado de estas zonas de pasto aprovechadas durante siglos», agregó el portavoz.

La ausencia de estudios de impacto ambiental, recordó, es motivo suficiente para presentar una queja ante la Comisión Europea, tal y como sopesan diferentes colectivos conservacionistas. «Es posible que haya fraudes, pero no tiene sentido tirar por el camino más fácil, sin hacer un trabajo de campo y sin evaluar el impacto», señala González-Antón.

Contra el ‘greening’

La Asociación Consejo de la Mesta y la Federación Ibérica de Pastores Trashumantes también han alzado la voz contra la transformación de los terrenos. «Aunque venga de Bruselas, es contradictorio incluso con las directrices del greening (la preferencia por lo ecológico) que se impulsan desde la PAC», alertó.

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