Feb 182013
 

La Meseta

La Ley presentada en el Congreso de los Diputados sobre Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local supone la aniquilación de las entidades locales menores y la Ley de Ordenación, Servicios y Gobierno del Territorio de la Comunidad de Castilla y León pretende la concentración de servicios en unidades supramunicipales y la resurrección in excelsis de las Diputaciones Provinciales.

Valentín Cabero – Catedrático Geografía. Universidad Salamanca

Nuestra Comunidad Autónoma de Castilla y León camina hacia la ruina total. La debacle demográfica ha sido puesta de relieve una y otra vez, sin que la Agenda de la Población de la Junta de Castilla y León haya sido capaz de dar respuestas positivas. Hasta ahora todo ha sido retórica política. ¿Qué decir de la catástrofe financiera que estos días ha llegado con los retales de Caja España-Caja Duero al corazón de la ciudad de León, y deja llenos de rabia y pesimismo a miles de honestos y honrados ciudadanos? ¡Qué decir de los recortes y pérdida de autonomía de nuestras universidades publicas frente al creciente poder y generosidad con las privadas!

La política neoliberal y tecnocrática que estamos viviendo bajo el discurso de los recortes, de la austeridad, de la racionalidad y del socorrido mantra de la sostenibilidad esconde a verdaderos lobos y lobeznos cubiertos con pieles de ovejas y de corderos. Cubiertos eso si con un manto legislativo que busca adueñarse de las joyas ambientales, de los recursos forestales, de los dominios pratenses, de las reservas hídricas, de los yacimientos mineros, etc. que nos quedan, y que son señas de identidad y de referencia común. De momento, y aprovechando la crisis o justificando “la consolidación fiscal como máxima prioridad”, dos instrumentos legislativos se han puesto manos a la obra para derrumbar definitivamente el armazón de las estructuras locales más antiguas y reconocidas, y para arramblar con sus pertenencias y recursos más valiosos.

Por un lado, la Ley presentada en el Congreso de los Diputados sobre Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local supone la aniquilación de las entidades locales menores, y por otro lado, la Ley de Ordenación, Servicios y Gobierno del Territorio de la Comunidad de Castilla y León pretende la concentración de servicios en unidades supramunicipales y la resurrección in excelsis de las Diputaciones Provinciales. De la comarcalización nada se dice.

Fachada de la Diputación Provincial de Salamanca. /J.S.

Fachada de la Diputación Provincial de Salamanca. /J.S.

Menos mal que las asociaciones de entidades locales menores se han puesto en movimiento, redescubriéndonos los valores y ventajas de su presencia y gestión en el territorio, y denunciando cómo los intereses desamortizadores y las aves de rapiña de la privatización sobrevuelan sobre nuestros paisajes y nuestras tierras preñadas de memoria, de esfuerzo colectivo y de riquezas para el futuro. Mientras tanto, el partido de la oposición sigue en Babia y perdido por los Cerros de Úbeda.

Recordemos que en Castilla y León de los casi 2 millones de hectáreas forestales gestionadas por la Comunidad Autónoma, 1.664.206 hectáreas son montes catalogados de Utilidad Pública pertenecientes a las entidades locales. Sobre estos recursos el expolio y las usurpaciones son ya visibles. El 20% de esta superficie está contratada por la Consejería de Medio Ambiente, y las dentelladas que se avecinan sobre estos bienes serán mayúsculas de materializarse las amenazas previstas y puestas en marcha. El traspaso de las Entidades Locales Menores a los municipios es el primer paso, y vaciarlas de competencias, el segundo. La despoblación ya hizo su labor de zapa y de erosión territorial. Ahora llega la almoneda y la subasta.

Recuerdo aquí y ahora las palabras escritas por Francisco Tomás y Valiente, presidente en su día del Tribunal Constitucional y vilmente asesinado por ETA, cuando nos señalaba en 1974 en una magnífica lección quienes eran los compradores y beneficiarios de las sucesivas desamortizaciones del siglo XIX: “ En primer lugar, un puñado de negociantes… de profesionales de las subastas, de especuladores o acaparadores más o menos escrupulosos o tramposos, hombres a quienes no ofenderíamos calificando de oportunistas. En segundo lugar, grupos típicamente burgueses de comerciantes, abogados, funcionarios (con frecuencia titulares de cargos burocráticos responsables de la aplicación de la legislación desamortizadora), industriales y políticos…”.

Junto a estos protagonistas podemos indicar también la presencia de grandes hacendados, de algunos nobles, y de muy pocos, poquísimos campesinos.

Traslademos estos datos, estas figuras del inmediato pasado, al momento actual, y hagamos una hipótesis acerca del futuro de nuestros bienes comunales y del patrimonio público. ¿Quiénes serán los nuevos acaparadores y beneficiarios en la nueva desamortización del siglo XXI realizada bajo la bendición de una legislación y ordenación que priva a los pueblos de sus derechos y propiedades históricas? Me atrevo a señalar, en palabras de Cervantes y Quevedo, a los bellacos, malandrines y tramposos de nuestros días: a los defraudadores amnistiados por Montoro, a los empresarios vinculados a la CEOE y protegidos por la administración, a los burócratas instalados en los altos intersticios del poder, a los constructores con dinero negro, negrísimo, agazapados ahora en los escondrijos de la crisis, a las corporaciones industriales y bancarias que acogen en sus consejos de administración a altos expertos en tráfico de influencias para pagarles los favores y “servicios” prestados. Muchos de ellos, con sus cumquibus, se han refugiado hace tiempo en grandes cotos redondos. Muy pocos, poquísimos, campesinos tradicionales y emigrantes que engrosaron el éxodo rural se beneficiarán de esta nueva desamortización.

Adiós a la agricultura y ganadería familiar y a las prácticas concejiles respetuosas con el medio ambiente.

Deja un comentario

A %d blogueros les gusta esto: