Nov 282018
 

COMUNICADO DE LA FEDERACIÓN LEONESA DE ENTIDADES LOCALES MENORES

28 de noviembre de 2018

 OTRO PASTELEO DEL PP-PSOE

EL PP Y EL PSOE PACTAN QUE EL REPRESENTANTE DE LAS JUNTAS VECINALES LO ELIJA EL PRESIDENTE DE LA FEDERACIÓN REGIONAL DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS

 

Según la información facilitada por el procurador de la UPL, hoy en las Cortes de Castilla y León en el debate sobre el proyecto de Ley de Conferencia de Alcaldes y de Presidentes de Diputaciones, el PP y PSOE se han puesto de acuerdo para que sea el Presidente de la Federación Regional de Municipios y Provinciasel que elija al representante de las Juntas Vecinales. Para ello el Grupo Socialista ha retirado su enmienda nº 12 que pedía que el representante fuese designado por la Federación de Entidades Locales de Castilla y León.

Al parecer, solo han votado en contra UPL y Izquierda Unida

Ante tal despropósito democrático, se quieren realizar las siguientes manifestaciones:

  • Que ya no sorprende que los partidos mayoritarios de las Cortes se pongan de acuerdo en que el representante de las Juntas Vecinales sea elegido por el Presidente de la FRMP, pues ni siquiera se atreven a que sea la propia Asamblea de la FRMP.
  • Que es una solución absolutamente antidemocrática y contraria al Estatuto de Autonomía, pues las Juntas Vecinales tienen unas Federaciones a nivel provincial y autonómico tan democráticas como la FRMP, pues sus estatutos son similares. El acuerdo es tan inadmisible como si el Presidente de la Federación de empresarios nombrase al representante de los trabajadores para el Consejo Económico y Social y recuerda a otros tiempos en los que el Gobernador Civil nombraba a los Alcaldes de los pueblos
  • La Federación de Entidades Locales Menores de Castilla y León se constituyó en 2013, y no recibe apoyo alguno de la Junta de Castilla y León, a pesar de que nuestro Estatuto de Autonomía dice en su artículo 52. Asociación de entidades locales.

La Comunidad de Castilla y León fomentará las asociaciones de entidades locales de ámbito autonómico para la protección y promoción de sus intereses comunes.

  • En todas las Comunidades Autónomas con presencia de Entidades Locales Menores existe una federación de éstas que es convocada a los órganos de participación de Administración local, menos en Castilla y León, donde se ubican dos tercios de las de España.
  • El pacto alcanzado hoy para la Conferencia de Alcaldes demuestra la baja calidad democrática de este órgano y de quienes lo han diseñado, órgano que pretendían fuera de participación y debate. Y también refleja el miedo que tienen algunos de que se oigan otras voces que las propias.
  • Es obvio que hay un acuerdo tácito para acabar con las Juntas Vecinales, pues ninguno de los partidos con capacidad para abordar las reformas imprescindibles para su buen funcionamiento tiene voluntad de acometerlas.

Nov 262018
 

Luis Mariano Santos, secretario general de la UPL./
Luis Mariano Santos, secretario general de la UPL.

Anuncian que, de no transaccionar las enmiendas referidas a las pedanías, «estarían volviendo a atacar y menospreciar esta administración local»

LEONOTICIASLeón

La Unión del Pueblo Leonés (UPL) anunció este lunes que no apoyará la Ley de Conferencia de Alcaldes y Presidentes de Diputación, que se debatirá el próximo miércoles, «si las juntas vecinales siguen apartadas».

La formación, algunas de cuyas enmiendas fueron apoyadas, subraya que aún no ha conseguido avances en «la ocultación absoluta de la participación de las entidades locales menores», para las que piden representación.

Por ello, anuncian en un comunicado, que de no transaccionar las enmiendas de Unión del Pueblo Leonés referidas a las pedanías, «estarían volviendo a atacar y menospreciar esta administración local» y no contarían con su apoyo.

Tampoco entenderían, añaden, que el PSOE y el PP, que gobiernan numerosas juntas vecinales, respaldasen una ley que vuelve a excluirlas.

Abr 222018
 

Reunión de la Federación de Concejos de España. Mauricio. LNC

La Federación Leonesa de Entidades Locales Menores reclamó este sábado dotar de más medios al Servicio de Asistencia a Municipios (SAM) de la Diputación para hacer frente a las exigencias del Real Decreto 128/2018, que obliga a las juntas vecinales a contar con un funcionario de habilitación nacional para su gestión y que ha puesto en peligro la actividad diaria de estos entes locales. El secretario general de la federación leonesa, Carlos González-Antón, aseguró este sábado en un encuentro con federaciones de otros territorios del norte peninsular, que «la Diputación de León y el Consejo Comarcal del Bierzo deberían contar con un servicio con al menos entre 20 y 25 funcionarios de habilitación o no». La federación pide potenciar el SAM «para que inmediatamente se pongan a disposición de las juntas vecinales». González-Antón criticó que «no tienen ningún sentido que en el SAM de la Diputación de León haya un solo habilitado nacional con doscientos municipios y en la de Valladolid haya ocho habilitados con el mismo número de municipios, pero con nueve juntas vecinales cuando aquí hay 1.200». En la misma línea, el secretario general de Concejos aludió al «grave déficit en la dotación de provisión de plazas de secretario de ayuntamientos», que influye también en la gestión de las juntas vecinales y que, según afirmó, «el ministerio conoce perfectamente».

Para poder hacer frente a este déficit de dotación, agravado por las exigencias del decreto, desde las federaciones de juntas vecinales estiman que se debe aplicar una moratoria de año y medio que permita realizar el proceso de provisión de plazas con garantías. González-Antón recordó que el año y medio se corresponde con los plazos de una oposición, a lo que se sumarán también los concursos de traslados y los «reajustes» que sean necesarios en las plantillas de las administraciones públicas. Como ya hiciera la Diputación, las federaciones de forma individual y también agrupadas, remitirán al Ministerio de Hacienda y Función Pública una misiva solicitando el «plazo transitorio inmediato». Entre otras cuestiones, las entidades afectadas recuerdan que primero «tienen que llegar los secretarios».

Al Congreso

Además, las federaciones aseguran haber mantenido contactos con los grupos políticos en el Congreso de los Diputados, donde se presentará una Proposición No de Ley (PNL) para derogar la disposición V del decreto 128/2018, en la que se fija el cambio normativo que ha provocado un «caos» y la paralización de los ayuntamientos, según afirmó González-Antón. No obstante, a pesar de llevar la cuestión al Parlamento, las federaciones piden que no se utilice «como un arma política» y piden «que se escuche a los afectados».

Dentro del plano político –Diputación solicitó que la moratoria se extienda hasta las elecciones municipales del próximo año–, las federaciones alertaron de que el incremento de las «trabas» administrativas a la labor de los alcaldes-pedáneos y los diferentes vocales se traduce en un descenso de los posibles candidatos. Consideraron también que el nuevo decreto desincentiva a los vecinos para ocuparse de la administración de sus pueblos y se mostraron conscientes del riesgo de quedarse «sin candidatos para las elecciones». El peligro de incurrir «en grave irresponsabilidad», explicó el secretario leonés, desanima a los posibles candidatos.

Las federaciones reunidas este sábado en León también acordaron «actuar contra los responsables de paralizaciones, ya sea la comunidad autonóma, o las diputaciones en su caso» porque «los perjuicios no son solo para la Administración, sino para todos los ciudadanos que dependen de trámites de esas administraciones», según explicó su portavoz .

“En la línea de flotación”

Para las juntas vecinales, el decreto supone un «torpedo en la línea de flotación». A su juicio, el «ataque» evita que «el medio rural pueda actuar rápidamente», quedando enmarañado en la burocracia administrativa de las entidades superiores. Pese a estas afirmaciones, aseguraron que no se oponen a la «fiscalización» y la «modernización», pero exigen suficientes medios humanos y materiales. Reclaman esfuerzos de inversión para hacer frente a las necesidades de una administración «altamente tecnificada».

En esta línea, los responsables de federaciones de Asturias, Cataluña o Álava denunciaron «la falta de diálogo» por parte del Gobierno con los afectados y lamentaron «que paguen justos por pecadores». Una de sus mayores críticas se centró en la «falta de sensibilidad con el primer escalón de la Administración».

Ene 292017
 

 

LA FEDERACIÓN PROMOVERÁ QUE LOS GRUPOS POLÍTICOS OBLIGUEN A LAS ELÉCTRICAS A PAGAR LAS TASAS POR LOS APROVECHAMIENTOS QUE HACEN LOS BIENES PÚBLICOS Y NO PRETENDAN REPERCUTIRLAS A LOS CIUDADANOS

Las recientes sentencias del Tribunal Supremo que rechazan las tesis de las eléctricas y de gasistas fijando la interpretación de la normativa sobre las tasas que se pueden —y deben— imponer sobre la ocupación del dominio público, han vuelto a provocar la reacción del lobby eléctrico para impedir que se instaure rápidamente el cobro por el aprovechamiento que hacen de Montes de Utilidad Pública o bienes comunales. Y dicha resistencia se está desarrollando en dos frentes.

El primero, del que ya informó la prensa especializada el pasado 16 de enero, pasa por intentar modificar la régimen de las tasas, ahora que los Tribunales han fallado a favor de los entes locales. Así, Red Eléctrica de España (REE), la empresa más afectada, ya solicitó al Ministro Montoro la reforma de la Ley de Haciendas locales para unificar las tasas municipales, ofreciéndose a negociar con la FEMP. Es obvio que la reforma pasaría por que todos los propietarios de montes públicos solo puedan imponer una misma tasa, que ya se encargarán los legisladores de ser suficientemente baja. Es clara la estrategia, si los jueces aplican la ley en tu contra, cambiemos la ley.

El segundo de los frentes es el intimidatorio, que pasa por disuadir a las entidades locales a que aprueben las ordenanzas y empiecen a cobrar a las empresas. Llevan años recurriendo todas las ordenanzas que se aprueban sometiendo a los pueblos a los costes y riesgos de largos pleitos, que solo algunos han resistido. Pero ahora, cuando en frente judicial se les agota, quieren rescatar una vez más la figura de los suplementos territoriales, pues los artículos 16 y 17 de la Ley del Sector Eléctrico contienen una norma que habilita al Gobierno a repercutir a los consumidores de los territorios que impongan tributos sobre el transporte y distribución de electricidad. Las eléctricas, que históricamente han controlado la normativa del sector, siempre dejan en la letra pequeña de las leyes cláusulas para la protección de sus intereses y actualmente la Ministra de Presidencia tiene la competencia para decidir, a propuesta de los Ministros de Hacienda y de Energía, si los tributos que impongan las Comunidades Autónomas, los municipios o las entidades locales menores, se repercutan a los consumidores de electricidad de esos territorios.

Por tanto el Gobierno de España tiene en su mano tanto promover el cambio de la Ley para rebajar la tasa, como decidir si la tasa se repercute o no a los consumidores. ¿Qué ha sucedido hasta ahora? En Castilla y León se implantó en 2012 un impuesto autonómico la afección medioambiental que graba con 700 euros/km las líneas de alta tensión de más de 220 Kv., y ello con independencia de que ocupen dominio público o no. Hasta ahora no se ha repercutido a los consumidores de Castilla y León. Otro supuesto es el de la tasa especial de 1,5% (conocida como tasa palomillas) sobre la facturación bruta de las compañías de distribución en cada municipio, que tributan por la ocupación de las vías públicas, y, sin embargo, este tributo nunca se ha repercutido localmente sobre los usuarios, a pesar de que la mayoría de los municipios han aprobado la ordenanza. Sin embargo, cuando son las Administraciones más débiles las que quieren aplicar una tasa que prevé la ley y en unos términos que son de un impacto reducidísimo para el sistema eléctrico nacional, las eléctricas quieren eliminar la tasa, o reducirla o repercutirla a los consumidores.

Debe tenerse en cuenta que la retribución a las empresas de transporte y distribución por parte por sus servicios supera los 6.700 millones de euros anualmente y si los costes de la actividad de transporte y distribución suponen aproximadamente un 30% del total del coste del sistema eléctrico nacional, la repercusión de la tasa sobre todo el sistema eléctrico si se implantara en todo el territorio nacional, no llegaría al 0,45% del total del coste. ¿Y quién se beneficiaría de dicha tasa? Las entidades locales que son titulares de montes públicos y de comunales. Normalmente situadas en zonas de montaña o de alto valor ambiental y generalmente muy despobladas.

Por ello, cuando las empresas eléctricas llenan su millonaria publicidad de lo respetuosas que son con el medio ambiente que dicen protegen sin cesar, resulta bastante incoherente que no reconozcan el deber de pagar una mínima parte por el aprovechamiento que hacen de los montes públicos.

REE, que es una empresa controlada por el Estado, tuvo 606 millones de euros de beneficios en 2015[1]; Iberdrola ganó 2.422 millones[2]; Gas Natural Fenosa registró un beneficio neto de 1.502 millones de euros[3]; Endesa tuvo beneficios de 1086 millones de euros[4]. Ninguna de estas empresas ha pagado por el aprovechamiento privativo que tienen de los montes públicos. Por todo ello, la Federación entiende que no solo el Gobierno, sino todos los grupos políticos deberían ponerse de acuerdo de una vez para que exista seguridad jurídica en el cobro de estas tasas que son tan necesarias para los pueblos que sufren en sus montes el impacto negativo de estas infraestructuras, imprescindibles para todos, pero en especial para los grandes núcleos urbanos e industriales, donde no hay montes públicos.

La despoblación que sufre gran parte de la España vacía exige políticas de solidaridad, de inversión y de redistribución de riqueza. Las tasas por el aprovechamiento del dominio público previstas en la Ley de Haciendas Locales son un instrumento más que debe utilizarse para allegar recursos públicos a muchos pueblos de España —un porcentaje muy relevante en León—. Por ello todas las instituciones, empezando por el Gobierno de España, la Junta de Castilla y León, Diputación y Ayuntamientos, deberían ponerse a trabajar para lograr que en 2017 se empezasen a cobrar estas tasas. Y las empresas eléctricas, en vez de mover sus oscuros peones para meter miedo y seguir así engordando sus dividendos, deberían sentarse a la mesa con los representantes de los pueblos y pactar el pago de unas tasas más que razonables y justas sin interminables pleitos. La Federación Leonesa, de la mano del resto, reclamará este necesario pacto eléctrico en beneficio de nuestros pueblos.

 

[1] http://www.ree.es/es/nuestra-gestion/principales-indicadores/beneficio-neto

[2] http://www.expansion.com/empresas/energia/2016/02/24/56cd5ad1ca4741cb018b4696.html

[3] http://www.elmundo.es/economia/2016/02/03/56b1b8eb46163fcc388b4622.html

[4] http://economia.elpais.com/economia/2016/02/23/actualidad/1456246362_979298.html

Mar 162016
 

adrianalastrafederaciondeconcejosA. DOMINGO | REDACCIÓN DIARIO DE LEÓN

La Secretaria de Política Municipal de la Ejecutiva Federal del PSOE, Adriana Lastra Fernández, manifestó ayer 12 de marzo, ante la asamblea de la Federación de Concejos, Pedanías y Parroquias Rurales de España la intención de su partido de promover una reforma constitucional que ampare la existencia de las entidades locales menores, proporcionándoles, de esta manera, una garantía jurídica que impediría que reformas como la que llevó acabo el Gobierno del Partido Popular en la anterior legislatura pongan en jaque la existencia de este primer nivel de la Administración.

Según informó ayer el secretario general de la federación española, Carlos González-Antón, la asamblea, que se reunió en Oviedo, aplaudió esta iniciativa, que blindaría a las juntas vecinales de la legislación que pudieran desarrollar las comunidades autónomas, vista la reciente sentencia del Tribunal Constitucional, que pone en manos de éstas dotarlas de competencias.

González-Antón también destacó el anuncio de Lastra por el que «los grupos políticos promoverán en el la Comisión de Administración Local del Congreso la derogación de la reforma de la administración local del ministro Montoro», aspecto en el que se ha trabajado con Ciudadanos y otras fuerzas políticas. Además, se promoverá una nueva reforma de la Ley de Bases de Régimen Local y de la normativa sobre haciendas locales. El PSOE «llamará a la federación estatal a participar en el grupo de trabajo» para la reforma de ambos textos normativos, apuntó el secretario general. Ante la posibilidad de que se produzcan estos cambios legales, la federación creó ayer una gabinete técnico, con miembros de las federaciones catalana, vasca, asturiana y leonesa.

La financiación de las entidades locales menores fue otro de los aspectos que se abordaron en la jornada de la federación de concejos, que defiende que la s directrices fundamentales de ésta «deben contemplarse en la ley básica estatal». González-Antón defendió el carácter democrático de concejos, parroquias y juntas vecinales, por ser el único nivel de la administración local en el que «el presidente se designa por elección directa» y aseguró que la Unión Europea «tiende ahora a reforzarlas y fomentar su creación, por tratarse de entes más eficientes si se gestionan bien y se modernizan, al prestar servicios donde no llegan los ayuntamientos».

Puesta en práctica

La federación española de concejos ve con buenos ojos las propuestas del Partido Socialista «siempre que se lleven a la práctica». Los representantes de las juntas vecinales trabajarán «para que se contemplen todos los tipos de entidades locales menores, que, en muchos casos son anteriores a la creación de los municipios y cuyo nivel de competencias no tiene por qué entrar en conflicto con el de los ayuntamientos». Se trata de «confeccionar una traje amplio», que ampare «desde los pequeños concejos del Pirineo o León a otros de carácter más urbano». Esta regulación «es compatible con otras ordenaciones del territorio, como las fusiones de municipios».