Jul 182013
 

La Federación Leonesa de Entidades Locales Menores manifestó su plena satisfacción por el liderazgo que el Presidente Herrera ha asumido en la defensa de las juntas vecinales ante el proyecto de reforma de la Administración local del gobierno estatal; claramente justificado al ser Castilla y León la Comunidad Autónoma que tiene dos tercios de las Entidades Locales Menores de España.
A la espera de conocer el texto que apruebe el Consejo de Ministros y a la vista del reciente dictamen del Consejo de Estado, la Federación Leonesa entiende que el Gobierno de España debe atender a la postura que en materia de Entidades Locales Menores ha expuesto el Presidente Herrera ante el Ministro Montoro, pues si un tema ha quedado muy claro es que la competencia sobre Juntas Vecinales es esencialmente autonómica, por lo que la voz de Castilla y León debe ser tenida en cuenta de forma relevante y esencial.

Por estos motivos, la Federación Leonesa defiende que Castilla y León debe aprovechar el proceso legislativo que ahora se inicia en las Cortes de Castilla y León para consolidar el carácter de Administración pública territorial de las Juntas Vecinales, tal y como ha señalado el Consejo de Estado. Clarificar en la nueva ordenación del territorio las competencias de las juntas vecinales y la coordinación de las mismas con sus respectivos Ayuntamientos. Incorporar las Entidades Locales Menores a la Administración electrónica, para que puedan rendir cuentas con transparencia y rapidez. Dar seguridad jurídica a la asistencia de los Secretarios e Interventores a las Juntas Vecinales, desarrollando la legislación prevista en nuestra normativa.

Mar 082013
 

Frente común en defensa de las juntas vecinales

Acuerdo “histórico” de todos los partidos para pedir al Gobierno que modifique su anteproyecto

Reunión de procuradores de todos los partidos con representantes de las entidades locales menores.

L.C. / León
El pleno de las Cortes de Castilla y León se cerró ayer con la aprobación por parte de todos los grupos de un acuerdo en el que cierran filas ante el Gobierno sobre la reforma local. El consenso fue calificado de “histórico” por alguno de los procuradores, así como por la exigencia que se traslada al Ejecutivo de Rajoy.
El anteproyecto de ley de racionalización y sostenibilidad de la administración local ya cuenta con una resolución mayoritaria de las Cortes de Castilla y León para que, antes de su aprobación por el Gobierno, se modifique y amplíe el plazo de tres meses que se da a las entidades locales menores para presentar sus cuentas antes de ser disueltas en caso de incumplir el precepto. Este acuerdo, asentado en una proposición no de ley del Grupo Socialista, es el primero que une a todos los grupos en contra del texto presentado por el Gobierno central y se suma a las alegaciones criticas contra ese proyecto anunciadas el pasado martes por el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera. PSOE, PP y Mixto respaldaron la personalidad jurídica de las entidades locales menores ante el riesgo de que puedan desaparecer por no poder cumplir con la ley. “El plazo de tres meses es ridículo”, denunció el socialista Miguel Ángel Fernández Cardo.
Además se insta a la Junta a la aprobación “a la mayor brevedad posible” del decreto, como figura en la ley de Régimen Local de la Comunidad de 1998, para regular las funciones de los secretarios, como planteó y amplió el popular Crescencio Martín en el texto de la propuesta socialista.
Además, se llegó a un acuerdo sobre el modelo farmacéutico y sobre instar a la FERMP a eximir del impuesto de plusvalía a afectados en casos de dación en pago y ejecución presupuestaria.

Dic 172012
 

Federación Leonesa de Entidades Locales MenoresCree que el Gobierno autónomo no ha prestado asistencia a las entidades

 Marian García / León

Desde la Federación Leonesa de Entidades Locales Menores, el abogado Carlos González-Antón confirmó que no descartan pedir responsabilidades patrimoniales a la Junta de Castilla y León por la falta de asistencia rápida a las juntas vecinales. Entiende González Antón que la responsabilidad de la Junta de Castilla y León se debe a que no ha llevado a cabo el desarrollo legal de la normativa que obliga a prestar asistencia a las juntas vecinales. Este desarrollo legal lleva pendiente desde el año 1998.
Desde la Federación Leonesa de Entidades Locales Menores se muestran especialmente críticos con la situación en la que pueden quedar las pedanías. Destaca González Antón la imposibilidad de muchas juntas vecinales para presentar las cuentas desde el momento en que no se está disponiendo del servicio de los secretarios de los ayuntamientos. Tampoco es suficiente la labor que se desarrolla desde el Servicio de Asistencia a Municipios (SAM) de la Diputación Provincial de León, que sólo cuenta con dos funcionarios para validar las cuentas de las más de 1.200 juntas vecinales de la provincia de León.
Además, precisa Carlos González Antón “tenemos serias dificultades para saber los datos de las juntas vecinales que han presentado sus cuentas”. La información que maneja González Antón, aportando datos del Ministerio de Administraciones Públicas, es que sólo 147 entidades locales menores de las más de 3.700 que hay en España han presentado las cuentas correspondientes al pasado ejercicio.
A pesar de que algunas pedanías intentan poner sus cuentas al día acudiendo a gestorías privadas, desde la Federación Leonesa de Entidades Locales Menores exigen que ese trabajo sea realizado por los funcionarios públicos. “Son ellos quienes tienen que presentar las cuentas para luego ser avaladas por los organismos competentes, precisa González Antón.
Desde la Federación Leonesa de Entidades Locales Menores van aún más allá y entienden que la desaparición de las juntas vecinales es un problema “sumamente grave”. Consideran que “los políticos se han montado una película” con la nueva ordenación del territorio, pero no se han tenido en cuenta las juntas vecinales. “No conocen –en referencia a los políticos– la realidad. Quieren poner patas arriba toda la administración local”.

Nov 222012
 

Alertan de que sin ayuda se pone en peligro la pervivencia de las 1.234 pedanías

L.C. / León

La Federación Leonesa de Entidades Locales Menores (FLELM) quiere informar que muchas juntas vecinales de León han empezado a recibir cartas del presidente del Consejo de Cuentas de Castilla y León, el ‘popular’ Jesús Encabo Terry, requiriéndolas para que en el plazo de un mes procedan a presentar las cuentas del año 2011.
La FLELM indica que sus asociadas quieren rendir cuentas y cumplir con la legalidad, pero también quiere denunciar que la “mayoría de las juntas vecinales está siendo condenada a un absoluto bloqueo que les impide adoptar acuerdos de forma legal, entre otros acuerdos el de aprobar sus cuentas”. Para cumplir los requisitos que demanda el Tribunal es necesaria la intervención del secretario del ayuntamiento respectivo o de un secretario habilitado del Servicio de Asistencia a Municipios –SAM– de la Diputación, para que los acuerdos de las juntas vecinales sean válidos.
Muchos secretarios municipales –añaden desde la federación– se niegan a intervenir en los acuerdos de las juntas, como impone la Ley de Régimen Local, y la actual plantilla del SAM —con un solo secretario habilitado para toda la provincia, excluida la Comarca de El Bierzo, que tiene otro—, son “absolutamente insuficientes para las 1.234 juntas vecinales de la provincia”.
Así las cosas, “no se puede exigir el cumplimiento de la Ley a las juntas vecinales si el resto de las administraciones no cumplen con la Ley de Régimen Local. El TSJ de Castilla y León ha dictado varias sentencias denunciando la ausencia de desarrollo reglamentario de la Ley de Régimen Local. “Este es un tema absolutamente grave y prioritario y exige la inmediata intervención del Consejero de Presidencia, que ordene la aprobación del reglamento del Servicio de Asistencia a la entidades Locales Menores”, insisten desde la federación de las juntas vecinales de la provincia de León.
No se puede “condenar” a las juntas vecinales a la “ilegalidad absoluta, debiendo clarificarse urgentemente el régimen jurídico de la secretaría de las juntas vecinales”, concluyen.
A pesar del asesoramiento que la federación leonesa está prestando sus asociadas en relación con este tema esencial para la provincia de León, quienes tienen que actuar son: “La Junta de Castilla y León aprobando el reglamento previsto en la disposición adicional sexta de la Ley de Régimen Local de Castilla y León de 1998”,la “Diputación de León, dotando al SAM de los suficientes secretarios habilitados para prestar el servicio a las juntas vecinales” y “los ayuntamientos, ordenando a sus secretarios que certifiquen los acuerdos de las juntas vecinales de su municipio.
“La provincia de León se está jugando la parálisis e ilegalidad de su nivel administrativo más numeroso, sin que las Administraciones actúen, salvo que lo que se pretenda es la extinción de las juntas”, alertan desde la federación leonesa.

Oct 282012
 

ADMINISTRACIÓN / Plataforma de Omaña

El patrimonio de las pedanías leonesas podría superar los 3.000 millones

En cotos de caza, las juntas vecinales ingresan unos ocho millones cada año

L.C. / León
“La supresión de las juntas vecinales conllevará la usurpación y el saqueo de los montes comunales de los pueblos de León, cuyo valor estimado está entre 1.536 y 3.072 millones de euros”. Eso es lo que concluye uno de los informes realizados por la Plataforma en Defensa de las Juntas Vecinales de Omaña, que argumenta afirmando que “en la provincia de León hay 970 montes de utilidad pública, de los cuales 904 (93% del total) pertenecen a entidades locales menores (juntas vecinales). De las 549.000 hectáreas que ocupan los montes de utilidad pública en la provincia León, 512.000 hectáreas (93% del total) son montes comunales de entidades locales menores. Si valoramos la hectárea de monte de utilidad pública a un precio medio de 3.000/6.000 euros/hectárea, el valor de los montes de utilidad pública cuya titularidad corresponde a las juntas vecinales de León oscila entre 1.536 y 3.072 millones de euros”. Según la plataforma, la supresión de las juntas vecinales, contemplada en el Anteproyecto de ley para la racionalización y sostenibilidad de la administración local, anunciado en el Consejo de Ministros del pasado 1 de julio de 2012 y reiterado el 27 de septiembre, “conllevará la usurpación y el saqueo de los montes comunales de los pueblos de León”.
Asimismo, desde esta plataforma aseguran que la supresión de las juntas vecinales detraerá de la renta de los pueblos leoneses unos 8 millones de euros anuales que ingresan por arrendamiento de cotos, puesto que “en la provincia de León hay 1.025 cotos privados de caza, de los cuales 491 (48% del total) pertenecen a entidades locales menores (juntas vecinales). De las 1.286.389 hectáreas que ocupan los cotos privados de caza en la provincia León, 595 000 hectáreas (46,25% del total) son cotos de caza de entidades locales menores. Si valoramos la renta media de los cotos de caza en 13,55 euros/hectárea, el valor estimado de la renta anual que perciben los pueblos de León en concepto de arrendamiento de caza asciende a 8.062.250 millones de euros”.
Por otra parte, hoy se celebra en Espacio Vías, a partir de las 11 horas, una jornada sobre las juntas vecinales que organiza la Asociación Cultural Faceira. En ella se incluyen dos conferencias, a cargo de José A. Serrano Álvarez y Carlos González-Antón, respectivamente, y la programación concluye con una interesante mesa redonda, a partir de las 13 horas, en la que intervendrán miembros de diversas pedanías de la provincia de León.