Dic 172013
 

Las 3.720 pedanías rurales se salvan en el Senado de ser borradas del sector público

La reforma local iba a dejar en el aire las propiedades comunales de las juntas de vecinos

Una enmienda del PSOE aceptada a última hora por el PP las mantiene como entes públicos

Pasarela construida por los vecinos en el bosque de Ciñera, pedanía situada en León. / JUAN LÓPEZ DEL MORAL MUÑOZ

En plena crisis griega, dos diputados alemanes, Josef Schlarmann y Frank Schäffler, de la coalición de centro-derecha de Angela Merkel,sugirieron al diario sensacionalista Bild que lo mejor para evitar el crashheleno era que Atenas pusiese a la venta alguna de las 6.000 islas deshabitadas del país. “¡Vendan sus islas, griegos quebrados! Y la Acrópolis también”, tituló el diario. Aquello no hizo ninguna gracia al ministro de Turismo griego de entonces, Pavlos Geroulanos, que tachó la ocurrencia de absurda. Tres años después, en España, nadie del Gobierno de Mariano Rajoy admitía hasta ayer querer enajenar el patrimonio forestal en manos de juntas vecinales, pero las pedanías rurales han estado a punto de sufrir la pérdida de sus bienes comunales gracias a la reforma de los Ayuntamientos que el Senado sometió a debate. Una enmienda de última hora logró este lunes evitar el desastre: el PP admitió no solo que mantengan su personalidad jurídica, sino que aceptó una modificación propuesta por el PSOE para garantizar su condición de “entidad local”. El matiz, aparentemente inocuo, forzaba a las 3.720 existentes en España a dejar de ser titulares de bienes públicos, lo que las despojaría de montes e incluso de sus bienes comunales.

Tras lo sucedido ayer está una intensa campaña de las propias pedanías para impedir su supresión: “Se comprueba que los argumentos del Concejo General de León y de la Federación de Concejos Pedanías y Parroquias Rurales de España eran plenamente válidos, cuando exigían en virtud de los mismos la mención expresa a que las Juntas Vecinales debían seguir teniendo el carácter de Entidad Local”, aseguraron en un comunicado.

Sin embargo la segunda parte de la nueva ley que más temían las pedanías sigue en pie, y tiene que ver con su integración en los municipios de los que dependen. Si un concejo no presenta las cuentas o incumple un solo año la regla del gasto podrá ser absorbido por el Ayuntamiento de cabecera. En el ministerio que dirige Cristóbal Montoro repiten que “lo mínimo que se les puede exigir”, es que las Entidades Locales Menores (ELM) publiquen sus balances y cumplan con sus obligaciones para evitar corruptelas pero muchas juntas están formadas por un puñado de vecinos, muchas veces menos que los de cualquier edificio de una gran ciudad, y se administran sin la supervisión de un secretario municipal.

Para Ecologistas en Acción, que lleva meses en campaña contra la norma, la ley pretende el “expolio de los bienes comunales”. De los 7.129 millones que pretende ahorrar, la partida correspondiente a la desaparición de 3.700 ELM era de 72 millones. Los ecologistas subrayan que las comunidades rurales, muchas con varios siglos de historia, funcionan de manera mucho más sostenible de lo que la gente suele creer.

Francisco Sosa Wagner, catedrático de Derecho Administrativo y eurodiputado de UPyD, apunta que mezclar el debate sobre las entidades locales menores con los problemas del déficit es “absolutamente inadecuado”. “Estas pobres Administraciones no son precisamente las causantes de nuestro déficit. Si tenemos en cuenta que uno de los problemas territoriales españoles es el de la despoblación, se comprenderá que desnaturalizar estos tradicionales asentamientos no es el camino correcto. La experiencia europea nos dice que las tareas de repoblación, conservación de los montes y la rentabilidad de muchos aprovechamientos forestales están vinculados a espacios territoriales como esos. Disparar sobre estas entidades no deja de ser una forma de practicar el tiro sobre un objetivo equivocado”.

Aunque jurídicamente sea un camino difícil, la idea de que la Administración pueda deshacerse de bienes públicos para sacar tajada económica flota en casi todos los análisis de expertos consultados por este periódico. Valentín Cabero Diéguez, catedrático de Geografía de la Universidad de Salamanca, parte de un hecho: “Las pedanías no tienen fuerza demográfica ni política para dar una respuesta, excepto en casos contados. Con esta ley la mayoría están en trance de desaparición. Hablo de aquellos núcleos con 20 o 30 habitantes, que manejan recursos estratégicos, que son un valor goloso para los propios ayuntamientos… me indigna escuchar de los políticos el discurso de la defensa del mundo rural cuando detrás de esto hay intereses espurios, grandes lobbys, bancos. La labor de las entidades locales menores crea tejido rural con autoestima”. Al fin y al cabo, medita, cuando un acuerdo municipal justifique la necesidad de cambiar de uso un bien comunal como un monte “ningún juez se va a oponer”. De ahí solo hay un paso para que ese bien pueda utilizarse como una mercancía.

Municipios rurales ignoran cómo aplicar la ley

Arturo de Inés (PP), alcalde de Villaseco de los Reyes (Salamanca, 401 habitantes), anda estos días muy preocupado por cómo afectará a los municipios rurales reforma local que entrará en vigor el próximo enero. “Confío en que sea para bien”, dice, sin disimular su temor a perder servicios gestionados “sin ningún problema desde hace años”, como la mancomunidad Cabeza de Hornos, que él preside y que abastece de agua a 100 municipios de las comarcas de Ledesma y Vitigudino. “¿Qué ahorro pretenden conseguir en pueblos como Villaseco?”, se pregunta sentado en un despacho destartalado, con las puertas cerradas para no perder calefacción.

Arturo gobierna con mayoría absoluta hace 34 años sin cobrar “ni un euro” en un municipio con 14.000 hectáreas de pasto que vive de la ganadería. No tiene deudas, ni planea grandes inversiones, ni presupuesta por encima de sus posibilidades. Los 500.000 euros que ingresa Villaseco dan para pocas alegrías teniendo en cuenta que tiene una residencia de ancianos. El regidor, pese a sus temores, mantiene que no sabe cómo le afectará la reforma, por eso no ha querido significarse a la campaña “Este pueblo no se vende”, impulsada en la comarca por alcaldes socialistas. El eslogan, a modo de advertencia, está rotulado en una gran pancarta que preside la entrada del cercano municipio de Juzbado.

Su alcalde, Fernando Rubio, profesor de música, ha logrado transformar un núcleo de 200 habitantes en un punto turístico a base de recuperar senderos y estampar poemas de Machado en los bancos.Incluso han abierto un centro de interpretación geológica de la falla que transcurre paralela al río Tormes y han restaurado un gran mirador sobre el valle. “Se nos pone en la picota sin que lo hayamos merecido, utilizando el argumento tramposo de los sueldos de los alcaldes”, critica Rubio. “Han convertido a los Ayuntamientos en sospechosos de no ser rentables. Las diputaciones [que en la ley salen muy reforzadas] se convertirán en puros intermediarios de nuestros servicios. Hablan de ahorro, pero aquí lo único que hay es voluntariado”. Y apuntilla que los servicios sociales son los primeros que se verán cercenados con la ley, porque las comunidades autónomas no se harán cargo de ellos.

Francisco Velasco, director del Instituto de Derecho Local de la Universidad Autónoma de Madrid, matiza que no cree que la ley persiga “usurpar montes comunales”. Pero admite que es probable “que pueda darse un problema de aplicación, porque técnicamente la ley es mala, muy mala”. El remiendo aceptado a última hora de este lunes por el PP viene a intentar corregir uno de esos fallos. Velasco también cree que la norma “parte de un planteamiento defectuoso en el cálculo de los ahorros”, esos 7.129 millones.

Echando un vistazo a lo que pasa alrededor, España no es el único país que pone en jaque a sus comunidades rurales. Sergio Couto, coordinador de ICCA Consortium, una organización defiende pequeñas poblaciones amenazadas en el mundo, recuerda que los Gobierno suelen acordarse de sus montes cuando no les salen las cuentas. Couto ha estudiado formas de organización históricas como las Bardenas Reales, que comenzaron a gestionar derechos de pastos en el año 882, u otras más recientes como cofradías de pescadores, juntas de valle, montes de socios, sociedades de caza, facenderas, concejos… “Todas tienen elementos comunes, son las primeras interesadas en no sobreexplotar los recursos, en cuidarlos. Hacen una gran labor de desarrollo económico, pero también desde el punto de vista social y ecológico. Son un ejemplo de democracia, se gobiernan con sistemas de participación directa”. Ninguna empresa, dice, ni administración lejana podrá suplantar su papel porque “sus habitantes están pegados al territorio, no les interesa obtener beneficios para reinvertirlos en otro lado”.

En Soria, la asociación forestal de la provincia apadrina una de esas iniciativas colectivas para recuperar tierras abandonadas. “Lo que está pasando ahora con la ley ya lo hemos vivido en las grandes desamortizaciones del S.XIX [de Mendizábal y Madoz], cuando el Estado recurrió a la venta de bienes en manos muertas, de iglesias y órdenes militares”, reflexiona uno de sus promotores, Pedro Medrano. “La mayoría acabaron en manos de algunos pudientes que se convirtieron en grandes latifundistas, pero ciertos pueblos se organizaron para comprar sus tierras. Aquello fue un ejemplo de rebelión del campo”. Su asociación, Montes de Socios, reconocida por Naciones Unidas por sus buenas prácticas, ha puesto en marcha un plan aplicable al millón y medio de hectáreas de terrenos forestales abandonados a causa de la despoblación. Su modelo de gestión pasa por reconstruir comunidades reinvirtiendo todos los beneficios de la explotación del monte en su conservación. “Lo más importante es el efecto social de rescate de las raíces, en acercar a los que se han quedado en el pueblo con los que se han ido”.

Nov 252013
 
  • Vicente Flórez acabó hace cincuenta años con el llamado “foro del pan del cuarto”
Los habitantes de las comarcas leonesas de Babia y Las Omañas rinden ayer y hoy homenaje a Vicente Flórez de Quiñones y Tomé, el notario que hace cincuenta años les libró de los últimos tributos medievales, y en concreto, del llamado «foro del pan del cuarto», por el que los campesinos debían ceder a los condes de Liana, desde los comienzos del siglo XV, la cuarta parte de todas sus cosechas. La abolición del foro leonés, en un pleito que los concejos llevaron hasta las Cortes Constituyentes de la Segunda República, supuso el final de todos los tributos feudales que todavía tenían vigencia en España.

Vicente Flórez de Quiñones, descendiente de una familia de hidalgos que fundó un mayorazgo en Murias de Paredes hace cuatro siglos, fue abogado a los dieciocho años, notario a los veinte y uno de los intelectuales de la época que tuvo que salir de su tierra, al iniciarse la guerra civil, por sus ideas republicanas. Desde entonces, ha ejercido su profesión en Córdoba, donde también es miembro numerario de la Real Academia de la Historia y presidente de la sección de Ciencias Morales y Políticas y de la Asociación Cordobesa de Derecho Agrario.Los paisanos de Las Omañas y Babia hicieron entrega a Flórez de Quiñones del título de hijo adoptivo de los ayuntamientos y pueblos de ambas comarcas, en un acto que tuvo lugar ayer, en la localidad de Riello y que prosigue hoy en la «fiesta del pastor», una romería que rememoran los concejos de la Mesta medieval en los Barrios de Luna. El homenaje recuerda los buenos oficios que el notario desempeñó ante las Cortes en nombre de los catorce pueblos que integraban el antiguo concejo de Villamor de Riello y que, según el propio interesado, «eran un pleito sin dinero de por medio, que no quería ningún abogado».

Los pleiteantes llegaron a Madrid de la mano de Justino Azcárate, diputado de la República y senador hoy por UCD, y contaron con el apoyo de algunos políticos de la época -«unos han muerto y a otros los han asesinado-, entre los que el notario recuerda con especial amistad al entonces secretario de Manuel Azaña, Vicente Gaspar. Ningún partido había llevado la cuestión de los foros feudales a los anteproyectos de reforma agraria, por lo que fue necesario incluirlos en un nuevo apartado de la ley y en algunos decretos posteriores, redactados por el propio Flórez de Quiñones.

Desaparición de las propiedades comunales

La historia de este tributo y su evolución a lo largo de los siglos -en los que, de la cuarta parte de las cosechas, se pasó a una cantidad fija en especies, que luego fue traspasada a terceras personas por los últimos condes de Luna, en 1897- fue recogida, y editada posteriormente, en los documentos que los vecinos presentaron ante las Cortes. El libro es, todavía hoy, uno de los manuales que se utilizan en las facultades de Derecho para el estudio de la época medieval.Los viajes a Madrid -«en tercera, con los presidentes de las juntas»- le abrieron las puertas para intervenir como especialista en la política agraria (Instituto de Reforma) y en la elaboración de algunos decretos, como el de defensa de las comunidades de campesinos, «del que decían que lo habíamos copiado de Rusia, cuando en realidad eran sólo las ordenanzas de Formigones, una aldea de estas comarcas». La abolición del foro había coincidido con numerosos pleitos entre los pueblos y los grandes propietarios, que aspiraban a privatizar los puertos y los montes comunales, de cuyo aprovechamiento como pastos dependía la subsistencia de la mayor parte de las aldeas.

Flórez de Quiñones recuerda, con nostalgia, que «este tipo de pleitos no existe ya», y destaca que en su época «no se realizó la venta de ninguna propiedad comunal». La desaparición de gran parte de éstas a manos del propio Estado ha sido, según él, uno de los grandes errores políticos de las últimas décadas y la causa del abandono de muchos pequeños pueblos de montaña.

Por último, el homenaje al notario tendrá hoy un cierto aire folklórico, con el nombramiento de pastor mayor de los montes de Luna y Omaña,durante una romería que, en su última edición, llegó a congregar a más de 10.000 personas de las provincias de León y Asturias. El programa de actos incluye, como en años anteriores, la reunión del llamado concejo de pastores, intervenciones de grupos de danzas y un concurso de mastines, el perro de raza autóctona que todavía hoy guarda los rebaños de la amenaza del lobo en las montañas de León.

Jul 052013
 

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro (derecha), junto al secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta. / ÁNGEL DÍAZ (EFE)

El dictamen que el Consejo de Estado ha emitido sobre el anteproyecto de ley para la reforma de los Ayuntamientos es una auténtica bofetada en la cara del Ministerio de Hacienda porque cuestiona una de las reformas estrella del ministro, Cristóbal Montoro y por extensión del Gobierno de Rajoy. Un trago amargo para el Ejecutivo que lleva la firma de José Manuel Romay Beccaría, uno de los padres políticos del presidente.

Una semana esperó el organismo para hacer público el dictamen que daña la columna vertebral de la reforma. Fuentes próximas a Hacienda consideran, sin embargo, que el ministerio seguirá adelante con el proyecto después de aplicar unos cuantos cambios más o menos cosméticos. “Harán un apaño para salir del paso. Si la norma se recurre y es inconstitucional, para cuando se pronuncien los jueces ya se habrán desmantelado los municipios”, reflexiona un una fuente cercana al proceso.

La pista de que nada parará al Gobierno la dio el secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, que aseguró tras conocer el informe que el texto “deja clara la legitimidad constitucional del Gobierno para legislar una regulación normativa uniforme y de vigencia en todo el territorio español”, en ejercicio de las competencias reconocidas en la Constitución. “No puede afirmarse que la regulación en proyecto atente contra la garantía institucional de la autonomía local, por más que de ello resulte un marco competencial más estrecho que el que se definía hasta ahora en la Ley de Bases de Régimen Local”, afirmó Beteta. En cualquier caso para Beteta se trata de un simple problema técnico con observaciones “en su mayor parte procedimentales”, y de carácter “no esencial”.

Un juicio que ni siquiera comparten sectores del Partido Popular. El presidente de la Federación Gallega de Municipios, José Manuel Rey Varela (PP), advirtió que el varapalo del consejo “debe hacer reflexionar” a Hacienda para “reabrir la negociación y buscar un gran consenso”.

La oposición en bloque, y en especial el PSOE, que se ha empleado a fondo contra la reforma, aplaude la valoración del Consejo de Estado. “Avala todos nuestros argumentos”, señaló el secretario de Política Municipal, Gaspar Zarrías. “Queda claro que es inconstitucional y un ataque injustificado a los Ayuntamientos y al ciudadano. El informe viene a poner en cuestión las bases de la reforma”, señaló. Los socialistas exigen al ministro que retire el anteproyecto y que negocie desde cero a partir de septiembre. El representante de IU en la FEMP y alcalde de Rivas Varciamadrid, José Masa, también exige al Gobierno un cambio de rumbo aunque el dictamen del organismo no sea vinculante.

Las claves del examen del Consejo de Estado

Competencias municipales. La reforma del Gobierno reduce las competencias propias de los municipios y, en líneas generales, los despoja de contenido social. Convierte lo que hasta ahora se definía en el artículo 25 de la Ley de Bases de Régimen Local (el listado de atribuciones), en una serie mucho más limitada y además cercena la autonomía de los Ayuntamientos para desarrollar las llamadas “competencias impropias”, las que no le atribuye la ley, que siempre supeditan al cumplimiento de la estabilidad presupuestaria . El dictamen reconoce la “considerable constricción de la autonomía de los municipios”, que pretende el Gobierno pero apunta a que el planteamiento del anteproyecto no atenta “contra la garantía institucional de la autonomía local”. Pero más adelante recuerda la jurisprudencia del TC para señalar que “el legislador puede disminuir o acrecentar las competencias, pero no eliminarlas por entero y, lo que es más, el debilitamiento de su contenido solo puede hacerse con razón suficiente y nunca en daño del principio de autonomía, que es uno de los principios básicos de nuestra Constitución”

Coste estándar. El coste estandar es un nuevo y polémico concepto muy cuestionado. El Ejecutivo determinará a través de un Real Decreto unos costes máximos que los Ayuntamientos no podrán superar a la hora de prestar un servicio. Si se pasan, la prestación de ese servicio se trasladará automáticamente a las diputaciones provinciales. Al Consejo de Estado le llama la atención que una herramienta tan importante de la norma se despache sin apenas explicaciones: “Siendo el coste estándar un valor al que se anuda la función ablativa de las competencias municipales, lo único que el anteproyecto establece en relación con su determinación es que el Gobierno lo fijará”. Ataca que la “falta de concreción”, sobre cómo se regulará este principio y alerta de que su aplicación puede reducir “en exceso”, las competencias municipales garantizadas por la Constitución. No se queda ahí. El coste estandar puede terminar convirtiéndose en lo contrario de lo que pretende el Ejecutivo -una herramienta de ahorro- porque el dictamen cuestiona su misma esencia, al alertar de que el traspaso de las competencias a las diputaciones se realiza sin ningún tipo de cautela. “No se considera que la diputación a la que se encomiende la prestación se encuentre en una situación de debilidad presupuestaria”. Tampoco se tiene en cuenta que una diputación decida no asumir un servicio. Incluso ataca el hecho de que todos los servicios se equiparen: “No parece que deba aplicarse el mismo régimen de intervención al servicio de transporte urbano que al de policía local”. El dictamen concluye recomendando al Gobierno que revise de arriba a bajo la regulación en este punto. “a fin de que se presente más completa y dotada de mayor claridad y coherencia”.

El poder de las diputaciones. Si el coste estandar se cuestiona, el “vaciamiento competencial”, que esa herramienta podría generar se ataca sin reparos. Si las competencias se trasladan a las Diputaciones, “que son entidades representativas de segundo grado no sujetas a mecanismos de elección directa”, eso implica que “no quepa exigir a estas entidades responsabilidad política”, si gestionan mal los servicios, “lo que en última instancia puede desvirtuar el principio democrático”. Recuerda además que el Gobierno no somete a las diputaciones a las mismas reglas del “coste estandar”. Recomienda que se adopten “fórmulas alternativas más respetuosas con la autonomía municipal”, y desliza que podrían ser las mancomunicades las que presten servicios.

Fusión de municipios. Los alcaldes se pusieron desde el primer momento en contra de la intención de Rajoy de fusionar Ayuntamientos. El Consejo de Estado sin embargo sugiere que podrían impulsarse estos procesos para garantizar una base “poblacional y económica sólida”, a cada consistorio. “El anteproyecto podría precisar en qué supuestos y bajo qué condiciones la insuficiencia de recursos […] podría llevar a iniciar un proceso de fusión”.

Mancomunidades. Sobre la posibilidad de que desaparezcan, el informe es contundente al indicar que se violan las competencias de las Comunidades Autónomas. Esa “intromisión”, la califica como “no admisible desde el punto de vista del esquema constitucional”. Otro argumento para los que ven la reforma contraria a la Carta Magna.

Entidades locales menores. Beteta califico eufemísticamente la reforma como un paso para “esponjar organismos”. Es decir, la reforma elimina o contribuye a debilitar todo lo que no sean Ayuntamientos de tamaño medio o grandes consistorios. Por el camino, además de las mancomunidades, están en peligro miles de entidades locales menores. Unas agrupaciones con un gran patrimonio forestal que pasaría a formar parte de los municipios y que tienen un caracter fundamentalmente cooperativo. El Cosejo de Estado se pronuncia en este punto demandando “reglas necesarias para garantizar la seguridad jurídica”. La Federación Española de Concejos cree que el texto “manifiesta que el Estado no es competente para regular los aspectos relativos a la creación y extinción de las Entidades Locales Menores” y que, por lo tanto, el Estado no puede de un plumazo modificar su naturaleza jurídica obligándolas a extinguirse.

Servicios sociales. El texto dedica una reflexión a que el anteproyecto quiera terminar con las competencias “relativas a la salud, la educación y servicios sociales”. Pero señala que el Estado no puede ordenar a las Comunidades Autónomas que las hereden “por afectar al ámbito competencial autonómico que escapa a las competencias básicas del legislador estatal”. Además, sugiere que tal supresión “no impida” que los Ayuntamientos presten servicios sociales bajo otra denominación. “Podría valorarse”, dice el dictamen, “que sigan prestándolas como competencias impropias”.

Mar 242013
 

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María Fernández – El País

Las pedanías españolas, abocadas a extinguirse como tales por la ley que reformará los Ayuntamientos, consensuaron hoy en León un documento con 12 puntos para defender su carácter de “administración pública con personalidad jurídica y competencias propias”. La reforma impulsada por el Gobierno las obliga a extinguirse si no presentan sus cuentas en tres meses, algo que cerca de 3.500 de las 3.720 que funcionan en España no realiza.

Aunque aseguran que son “férreas defensoras de la transparencia y la rendición de cuentas”, ven claramente contrario a Derecho la amenaza de su supresión por el hecho de no cumplir a tiempo con “las obligaciones contables o con unos parámetros discutibles de evaluación de sus servicios”. En el texto, consensuado por las federaciones de entidades locales menores del País Vasco, Asturias, Castilla y León, Cantabria, Cataluña, Extremadura y Galicia, exigen a las instituciones “y jurisdicciones europeas el cumplimiento de la Carta Europea de Autonomía Local, suscrita por España, que garantiza su perviviencia y autonomía como instituciones con un gran arraigo histórico y cultural”.
Uno de los puntos del documento aprobado esta tarde se refiere al patrimonio comunal, que pasará a ser gestionado por sus Ayuntamientos de cabecera si la norma sale adelante tal y como la ha planteado el Gobierno. Las pedanías subrayan que deben seguir manteniendo la “titularidad y gestión” de sus bienes, “incluido el patrimonio el forestal y la regulación del aprovechamiento de los comunales. Para ello también quieren que se garanticen los mecanismos legislativos y reglamentarios para asegurar que las entidades menores “tengan la financiación suficiente y no condicionada”, para ejecutar sus competencias.
Finalizan destacando su papel “en cualquier tipo de política que luche contra la despoblación en el medio rural, así como el mantenimiento del medio natural”.

Mar 232013
 

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Representantes de 3.700 entidades locales menores hacen frente común contra el Gobierno

Caseríos, parroquias, aldeas, barrios, anteiglesias, concejos o pedanías. Se llamen como se llamen, las 3.720 entidades locales menores españolas han comenzado a moverse para evitar que la reforma de la administración municipal arrase con ellas. Unas 3.500 desaparecerán en tres meses si entra en vigor lo que, por ahora, es un anteproyecto de ley.

Hoy las pedanías españolas celebran en León su primera gran reunión “en siglos”, como describe Carlos González-Antón, de la Federación Leonesa de Entidades Locales Menores. A la llamada acudirán organizaciones de Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco, Cataluña, Extremadura y Castilla-León. “Intentaremos que las que no puedan asistir lo hagan a través de videoconferencia”, dice. Quieren actuar con una sola voz ante el Gobierno para alejar el peligro de extinción que se deriva de uno de los artículos de la reforma: el que les obliga a presentar cuentas en tres meses.

Javier Argote: “Quieren llevarnos a privatizar algo que para nosotros es intocable”.

Alegan que es un artículo con trampa, porque la mayoría de las pedanías no puede conseguir, aunque quiera, que un secretario o interventor municipal firme sus liquidaciones. El caso es especialmente sangrante en Castilla y León, donde funcionan 2.227 entidades locales menores, el 60% de las españolas. Aquí el Parlamento aprobó por unanimidad esta semana una propuesta del PSOE que defiende su “raigambre histórica” como “custodios del territorio, administradores de bienes y sostenedores de la vida en los pueblos más pequeños”.

Marcos Cubelos, presidente de la federación de Entidades Locales Menores, constituida hace apenas tres meses, está convencido de que sin voz ante el Gobierno no tienen nada que hacer. “Tenemos un problema, y es que en Madrid seguramente no saben cómo funciona una junta vecinal”. Tras la reforma ve la mano del poder para controlar más directamente su goloso patrimonio: el terreno forestal que explotan. No hay datos oficiales del total, pero solo en Castilla-León se calcula que pueden ser 3,5 millones de hectáreas que pasarían a ser gestionadas por Ayuntamientos. “Seguro que están pensando en los montes como un recurso para tapar agujeros”, se irrita.

Javier Argote, presidente de la Asociación alavesa concejos, que aglutina al 99% de las 340 entidades que hay en Euskadi, explica que el 80% del monte público está en manos de los vecinos, igual que el patrimonio público edificado. Aunque en el País Vasco cuentan con la salvaguarda del Derecho Foral, cree que la reforma es nefasta: “Pone el monte en peligro, igual que el agua. Quieren llevarnos a privatizar algo que para nosotros es intocable”. Vaticina que si se suprimen concejos se profundizará en la despoblación del medio rural a costa de unas estructuras que “no cuestan un duro”.