May 122016
 

Los municipios de la Variante de Pajares dan rueda de prensa con desperfectos /A. G. PUENTE | LEÓN

Una auténtica ofensiva para frenar «el mayor atentado ambiental en la Cordillera Cantábrica». Los afectados leoneses por el trasvase de sus cauces de agua, fuentes y acuíferos subterráneos al Principado debido a las obras túnel de la Variante de Pajares lanzaron ayer una batería de acciones en diversos frentes para frenar «el atentado» medioambiental que afecta a 23 pedanías de los municipios de Villamanín y La Pola de Gordón. Perjudica su medio de vida con daños en la ganadería, el desarrollo turístico y el propio abastecimiento de agua a sus vecinos.

Desde la Comisión Europea y las confederaciones hidrográficas del Duero y del Cantábrico hasta la Unesco, las quejas y denuncias de este colectivo llevarán su eco ante estas instancias para exigir medidas correctoras y compensatorias que garanticen medioambientalmente las actuaciones que deben realizarse para paliar el trasvase de agua permanente a Asturias. Así lo anunció ayer el abogado Carlos González-Antón, también secretario general de la Federación Leonesa de Entidades Locales Menores.

«Cuantitativamente hay miles de hectáreas afectadas en zonas de un valor ambiental altísimo. Son daños por actuaciones ilegales que no tenemos el deber de soportarlos, y todo por no ser adoptadas medidas correctoras impuestas por la ley», explicó el letrado.

Remarcó, además, que en caso de periodos de sequía prolongada, con el trasvase constante de masas de agua, «el corazón de la Cordillera Cantábrica quedaría absolutamente seco». Llamó la atención también sobre el hecho de que «las actuaciones ilegales realizadas para paliar estos trasvases se hicieron para beneficiar los túneles, no pensando en la población».

La denuncia en la Comisión Europea constata tres directivas infringidas: la de Hábitat, Evaluación Ambiental y la del Marco del Agua. «Supone una violación del derecho comunitario en una zona Red Natura 2000». La UE iniciará un procedimiento de infracción del derecho comunitario y reclamará a España explicaciones por el incumplimiento de estas normas. En caso de no resolución, el asunto del trasvase puede acabar en el Tribunal de Justicia de Luxemburgo con una multa millonaria.

La primera vía de actuación contra las confederaciones del Duero y el Cantábrico será administrativa, si no hay resultado acudirán a la penal. «Se han cargado el río y los acuíferos y no ha habido por su parte ni un solo expediente sancionador en un tema absolutamente grave», enfatizó el letrado.

Y remitirán también un escrito a la Unesco, al encontrarse el territorio afectado en la reserva del Alto Bernesga avalada con el sello de esta organización.

La denuncia que llega a la Comisión Europea está interpuesta por las juntas vecinales de Casares de Arbas, Ventosilla, San Martín de la Tercia, Pobladura de la Tercia, Viadandos de Arbas, Cubillas de Arbas, la Asociación de Vecinos de Campomanes (Asturias), la Asociación Cultural Ecologista y Recreativa de la Tercia y Arbas, Lacerta, y la Federación Leonesa de Entidades Locales Menores.

Mar 162016
 

adrianalastrafederaciondeconcejosA. DOMINGO | REDACCIÓN DIARIO DE LEÓN

La Secretaria de Política Municipal de la Ejecutiva Federal del PSOE, Adriana Lastra Fernández, manifestó ayer 12 de marzo, ante la asamblea de la Federación de Concejos, Pedanías y Parroquias Rurales de España la intención de su partido de promover una reforma constitucional que ampare la existencia de las entidades locales menores, proporcionándoles, de esta manera, una garantía jurídica que impediría que reformas como la que llevó acabo el Gobierno del Partido Popular en la anterior legislatura pongan en jaque la existencia de este primer nivel de la Administración.

Según informó ayer el secretario general de la federación española, Carlos González-Antón, la asamblea, que se reunió en Oviedo, aplaudió esta iniciativa, que blindaría a las juntas vecinales de la legislación que pudieran desarrollar las comunidades autónomas, vista la reciente sentencia del Tribunal Constitucional, que pone en manos de éstas dotarlas de competencias.

González-Antón también destacó el anuncio de Lastra por el que «los grupos políticos promoverán en el la Comisión de Administración Local del Congreso la derogación de la reforma de la administración local del ministro Montoro», aspecto en el que se ha trabajado con Ciudadanos y otras fuerzas políticas. Además, se promoverá una nueva reforma de la Ley de Bases de Régimen Local y de la normativa sobre haciendas locales. El PSOE «llamará a la federación estatal a participar en el grupo de trabajo» para la reforma de ambos textos normativos, apuntó el secretario general. Ante la posibilidad de que se produzcan estos cambios legales, la federación creó ayer una gabinete técnico, con miembros de las federaciones catalana, vasca, asturiana y leonesa.

La financiación de las entidades locales menores fue otro de los aspectos que se abordaron en la jornada de la federación de concejos, que defiende que la s directrices fundamentales de ésta «deben contemplarse en la ley básica estatal». González-Antón defendió el carácter democrático de concejos, parroquias y juntas vecinales, por ser el único nivel de la administración local en el que «el presidente se designa por elección directa» y aseguró que la Unión Europea «tiende ahora a reforzarlas y fomentar su creación, por tratarse de entes más eficientes si se gestionan bien y se modernizan, al prestar servicios donde no llegan los ayuntamientos».

Puesta en práctica

La federación española de concejos ve con buenos ojos las propuestas del Partido Socialista «siempre que se lleven a la práctica». Los representantes de las juntas vecinales trabajarán «para que se contemplen todos los tipos de entidades locales menores, que, en muchos casos son anteriores a la creación de los municipios y cuyo nivel de competencias no tiene por qué entrar en conflicto con el de los ayuntamientos». Se trata de «confeccionar una traje amplio», que ampare «desde los pequeños concejos del Pirineo o León a otros de carácter más urbano». Esta regulación «es compatible con otras ordenaciones del territorio, como las fusiones de municipios».

Ene 052016
 
 LA FIESTA DEL CAPILOTE. LOS PENDONES DE LA COMARCA REUNIDOS ALREDEDOR DEL CAMPANIL DE CONCEJO REHABILITADO EN LA PLAZA DE RIAÑO

LA FIESTA DEL CAPILOTE. LOS PENDONES DE LA COMARCA REUNIDOS ALREDEDOR DEL CAMPANIL DE CONCEJO REHABILITADO EN LA PLAZA DE RIAÑO

A. DOMINGO | REDACCIÓN 04/01/2016

La amenaza de incurrir en causa de disolución que supuso la entrada en vigor de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, que obligaba a la entidades locales menores a rendir las cuentas del ejercicio de 2013 antes del 31 de diciembre de 2014, disparó el nivel de cumplimiento de este requisito hasta niveles nunca vistos antes, hasta el punto de que sólo 25 juntas vecinales —menos que ayuntamientos, lo que sucedía por primera vez— no cumplió con la exigencia.

Sin embargo, la reforma del ministro Montoro sólo apretaba en su primer año, de manera que, si bien el índice de rendición aún es alto, hasta el 20 de diciembre —últimos datos actualizados en la web del Consejo de Cuentas de Castilla y León— eran 884 las entidades cumplidoras frente a las 1.207 del año anterior —la cifra se incrementaría en 2015 hasta las 1.221 cuentas presentadas para su fiscalización—. Es decir, que el cese de la amenaza de disolución ha rebajado del 98 al 71,8% la ratio de rendición en un año.

El bajón es similar en el conjunto de la Comunidad autónoma, que, sin embargo, en términos relativos, presenta una mayor nivel que la provincia leonesa, con un 72,9% de cuentas presentadas frente al 71,8% de León, provincia que presenta el mayor censo de juntas vecinales.

El gabinete de prensa del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas confirmó a este periódico que fue la necesidad de iniciar el proceso de disolución de algunas entidades locales menores la que obligó a poner una fecha tope a la rendición del ejercicio del 2013. Sin embargo, este año no se ha producido comunicación ministerial alguna a las entidades de ámbito inferior al municipal con respecto a la rendición de cuentas, ciñéndose ésta al plazo habitual —el 31 de octubre— y sin la amenaza de incurrir en causa de disolución por el sólo hecho de no cumplir el requisito —la normativa mantiene que se podrán disolver aquellas entidades locales menores que no atiendan sus obligaciones—.

El descenso experimentado en la rendición de cuentas de 2014 —ejercicio que se presenta hasta el 31 de octubre de 2015— puede convertir la reforma local de Cristóbal Montoro en un pronunciado diente de sierra en la gráfica de rendición. De momento, la curva ya presenta una fuerte ascensión, al pasarse de 49 cuentas rendidas en 2007 a las 1.221 de 2013. Ahora se inicia una bajada de 26 puntos porcentuales que, si se mantiene en años sucesivos, se convertirá en una vertiginosa pendiente, tipo montaña rusa.

La reforma local y la posibilidad de que se disolvieran las juntas vecinales que no cumplieran con la dación de cuentas trajo efectos positivos para el ejercicio del 2013 y también para los anteriores. Los datos de León son claros: en 2010 se presentó la contabilidad del 24,4% de las pedanías (301), ratio que se elevó al 35,8% (442) en el ejercicio siguiente y al 64,6% (797 juntas vecinales) en el de 2012.

Hay que recordar el esfuerzo de la Diputación de León, el Consejo de Cuentas de Castilla y León y de la Federación Leonesa de Entidades Locales Menores por conseguir el mayor nivel de rendición de cuentas a lo largo de 2014.

Nov 042015
 

SAN EMILIANO / MUNICIPIOS / LOCALIDADES / PUEBLOS / SAN EMILIANOLa Junta frustra el intento de la Diputación y el colectivo de crear una mesa de trabajo sobre el papel de los concejos.

A. Domingo | Redacción 04/11/2015

La ordenación del territorio que ha propuesto la Junta de Castilla y León «no tiene en cuenta a la existencia de entidades locales menores en muchos municipios para la atribución de competencias, de manera que trata igual a municipios cuyos habitantes se concentran en una sola localidad que a otros cuya población se distribuye en distintas localidades, con sus entidades locales menores correspondientes». Es el diagnóstico del secretario general de la Federación Leonesa de Entidades Locales Menores, Carlos González-Antón, que denuncia, además, el desinterés de la Administración autonómica por la mejora de regulación jurídica de las entidades locales menores (ELM) de Castilla y León.

Para la federación leonesa, la prestación de los servicios públicos en municipios con la población más dispersa es más complicada, «hecho que debería tener en cuenta la nueva ordenación, pues la realidad de un municipio de Valladolid de 800 habitantes en un único núcleo de población no es la misma que un municipio de León de 800 habitantes repartido en 12 juntas vecinales, que además prestan servicios municipales, como el agua, alumbrado, entre otros».

Representantes de la federación han manifestado que la Junta no comparte la idea de la Diputación de León y las pedanías de la provincia de crear una mesa de trabajo que aborde el papel de las juntas vecinales en la nueva ordenación, planteamiento que defendió el presidente provincial, Juan Martínez Majo, tras recibir a los directivos de la asociación leonesa de pedanías a mediados de septiembre. En un encuentro posterior de la federación autonómica con la viceconsejera de Ordenación del Territorio, María de Diego, y el director de Ordenación del Territorio y Administración Local, Luis Miguel González Gago, «nos dijeron que la Junta no cree necesario este órgano de discusión, ni tampoco una reforma de la legislación local que defina mejor sus competencias o incluso crear una norma específica» sobre las juntas vecinales. En otras comunidades, donde existen leyes específicas para las ELM, incluso ya se han puesto en marcha para mejorar las mismas, como en la vecina Asturias, donde el Principado «va a reformar la ley de parroquias rurales y la de elecciones locales», precisó González-Antón.

«Es preciso regular los servicios de secretaría en las entidades locales menores», porque el decreto estatal vigente «es insatisfactorio, no da seguridad jurídica, por lo que la Junta debe retomar la aprobación de un reglamento de Castilla y León, que sustituya al intento frustrado de 2013».

Las entidades locales menores necesitan «precisar sus competencias, ganar seguridad jurídica, tener un instrumento de financiación eficaz y disponer de la adecuada asistencia de un secretario que no puede llegar de la secretaría del Ayuntamiento, ya que, en ocasiones, los intereses del municipio y los de las juntas vecinales colisionan» y para ello hace falta reformar la Ley de Régimen Local de Castilla y León, incorporar las ELM en la ordenación del territorio de una forma real, no meramente nominal, y apoyar decididamente a sus federaciones autonómica y provinciales».

La federación atribuye la falta de candidaturas en muchos pueblos «a la sensación de abandono que tienen muchos alcaldes pedáneos», señaló el presidente de la federación leonesa, Andrés Buelta, que reclama «que se facilite la labor» administrativa en las juntas vecinales.

Oct 282015
 

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A. Domingo | Redacción 28/10/2015

La juntas vecinales que no cubran sus cargos tras las elecciones parciales del 20 de diciembre incurrirán en causa de disolución, por lo que podría iniciarse el proceso para su liquidación y el ayuntamiento correspondiente pasaría a gestionar todos los bienes y derechos de ésta. El Boletín Oficial del Estado publicaba ayer el Real Decreto de convocatoria de elecciones en las 56 localidades que no votaron alcalde pedáneo el 24 de mayo al no presentarse candidatos. En esta ocasión, el hacha en el pie no la ha puesto la polémica Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local del ministro Montoro, sino la Ley de Régimen Local de Castilla y León.

La novedad para esta ‘segunda vuelta’ es que la reforma local que aprobó el Gobierno de Mariano Rajoy impide que, disuelta la entidad local, ésta pueda volver a crearse más adelante, aspecto legal que subrayó ayer la Federación Leonesa de Entidades Locales Menores.

La agrupación de concejos de la provincia anunció ayer que miembros de su directa han iniciado ya los contactos y visitas a los pueblos para promover candidaturas a fin de evitar la posible desaparición de sus entidades locales menores. El presidente de la asociación de pedanías, Andrés Buelta Jáñez, realizó ayer «un llamamiento a los vecinos y a las instituciones» para conseguir que el más de medio centenar de pueblos que no votaron en mayo lo hagan ahora, garantizando no un mayor poder para un partido político concreto, «sino la permanencia de la instituciones que defienden los intereses de los pueblos».

La Federación Leonesa de Entidades Locales Menores insta a clarificar las conferecias de esta Administración pública, dotarla de seguridad jurídica y de asistencia de profesionales cualificados.

El partido judicial de La Bañeza registra el mayor número de pueblos convocados para el 20-D, con 20, seguido del de León, con 16. Son los municipios de San Cristóbal de La Polantera —partido de La Bañeza—, y Bustillo del Páramo —Astorga— los que registran el mayor número de pueblos que no votó, con cuatro cada uno. En el otro extremo se encuentran Ponferrada, con elecciones en cuatro localidades, y Sahagún, donde la convocatoria afecta a dos.