Dic 042012
 

Las más de 2.300 entidades locales menores existentes en Castilla y León pueden sentirse algo más aliviados, aunque sea durante un tiempo limitado. El último borrador que maneja el Gobierno para reformar la Ley de Bases de Régimen Local y que supone una rectificación al planteado en Consejo de Ministros hace unos meses da cierta vida a esas poblaciones cuyo ámbito territorial es inferior al de un municipio. Algo similar ocurre con las mancomunidades, sobre las que gira la nueva ordenación del territorio prevista por el Gobierno regional y cuyo futuro también estaba entredicho. Ahora la Junta tiene vía libre para aprobar su modelo en el que este nivel intermedio de la administración adquiere una importancia decisiva. En todo caso, y pese al cambio de postura del Ejecutivo, que llegó a dar por fenecidas a ambas, se impondrán una serie de condiciones para sus continuidad futura.

En el caso de las pequeñas poblaciones se verán obligadas a rendir cuentas «ante los organismos correspondientes» que, en el caso de la Comunidad, sería el Consejo de Cuentas. Aunque el texto al que ha tenido acceso ABC no fija de momento el periodo necesario para que realicen este ejercicio de transparencia, lo cierto es que los datos de rendición siempre han sido más que pobres en unas entidades que apenas disponen de medios para poder ofrecer la información requerida. Al respecto, hace unos días Jesús Encabo, el presidente del organismo que fiscaliza todos los niveles administrativos de la región, aseguraba que las entidades locales menores «no mandan las cuentas no por decisión propia sino por incapacidad». En este sentido, las cifras oficiales más actualizadas confirmaban estas palabras al desvelar que sólo 260 de las más de 2.300 poblaciones de este tipo han presentado sus números de 2011. Aunque el borrador no lo deja claro, si el Gobierno aplicara la «tabla rasa» cerca del 90 por ciento de estas localidades se verían abocadas a su inmediata desaparición. Sin embargo, si se tiene en cuenta lo que se prevé en otros apartados de lo que será la futura Ley parece lógico pensar que estas pueblos organizados bajo las denominadas juntas vecinales contarán con un periodo de transición para poder cumplir con lo que se les exige.

Si finalmente se produce la disolución, el borrador prevé que el personal que estuviera al servicio de la entidad desaparecida quede incorporada al Ayuntamiento al que estaba integrado y que éste asumirá «todos sus derechos y obligaciones».

Un año para la evaluación
En cuanto a las mancomunidades, incluidas las que «reorganizará» la Comunidad bajo el apellido de «interés comunitario», también podrán subsistir al menos durante algún tiempo. En concreto, dispondrán de un año desde la entrada en vigor de la nueva norma para superar los controles de evaluación a los que serán sometidos y que incluirán tanto una valoración de los servicios que prestan a los municipios como la de otros aspectos vinculados a la estabilidad presupuestaria. Si se incumplieran estas condiciones, el texto prevé también su eliminación y que sean las diputaciones las que asuman la prestación.

Estos serán algunos de los asuntos que centren la reunión que mantendrán hoy en Madrid el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, con el presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y alcalde de Santander, Íñigo de la Serna, que había manifestado el malestar de la organización por el anuncio en julio en un Consejo de Ministros de la supresión de las entidades locales menores y de las mancomunidades, ahora matizada.

Aquella intención del Ejecutivo también provocó un amplio rechazo en las entidades locales menores de la Comunidad, especialmente en Burgos y León, donde su número es mucho más elevado. De hecho, la provincia leonesa acapara una de cada tres poblaciones de este tipo que existen en España.

También las distintas diputaciones y los partidos políticos mayoritarios expresaron su posición contraria al a desaparición de las entidades locales menores, que ven como se les abre una pequeña opción de futuro.