Nov 262018
 

Luis Mariano Santos, secretario general de la UPL./
Luis Mariano Santos, secretario general de la UPL.

Anuncian que, de no transaccionar las enmiendas referidas a las pedanías, «estarían volviendo a atacar y menospreciar esta administración local»

LEONOTICIASLeón

La Unión del Pueblo Leonés (UPL) anunció este lunes que no apoyará la Ley de Conferencia de Alcaldes y Presidentes de Diputación, que se debatirá el próximo miércoles, «si las juntas vecinales siguen apartadas».

La formación, algunas de cuyas enmiendas fueron apoyadas, subraya que aún no ha conseguido avances en «la ocultación absoluta de la participación de las entidades locales menores», para las que piden representación.

Por ello, anuncian en un comunicado, que de no transaccionar las enmiendas de Unión del Pueblo Leonés referidas a las pedanías, «estarían volviendo a atacar y menospreciar esta administración local» y no contarían con su apoyo.

Tampoco entenderían, añaden, que el PSOE y el PP, que gobiernan numerosas juntas vecinales, respaldasen una ley que vuelve a excluirlas.

May 042018
 
Rueda de prensa en el Hotel Infantas. / NOELIA BRANDÓN

El abogado de la Federación valora un escrito que vincula al Estatuto, la Constitución y la Ley de Régimen Local y que «establece las reglas de juego en un municipio»

RUBÉN FARIÑAS León
Una sentencia «contundente, fundada y vinculada» al Estatuto de Autonomía, la Constitución y la Ley de Régimen Local.

Los pedáneos de Ponferrada se sienten «muy satisfechos» por el pionero escrito que anula el pleno de los presupuestos de 2015 en el Consistorio de la capital del Bierzo, al que no se les convocó, y que sienta jurisprudencia.

La sentencia

La Federación de Concejos, Pedanías y Parroquias Rurales de España ha analizado el auto del juez y recomiendan al resto de municipios de la provincia de León «que se pongan las pilas y vean el respeto que se tiene a estas entidades locales menores».

Su presidente y alcalde pedáneo de Columbrianos, Andrés Buelta, ha pedido al resto de compañeros «que se agrupen para sacar contenciosos contra las administraciones».

Desde la Federación consideran que esta sentencia habilita el derecho de los pedáneos de asistir a los plenos municipales en los que se debatan asuntos de las juntas vecinales.

Así lo ha apuntado el abogado y secretario general, Carlos González-Antón, quien recordaba que esta sentencia describe la obligación de que las pedanías actúen en los plenos «como un concejal más y puedan conocer la documentación que se va a tratar».

Nuevas reglas de juego

El Juzgado ha rechazado la inconstitucionalidad que alegaba el Ayuntamiento del artículo 62 de la Ley de régimen local. Además el Ayuntamiento realizó el pleno «a sabiendas y a conciencia» sin avisar a sus pedáneos, aprobándose una partida para las pedanías, lo que acredita el interés para ellas.

Por ello, y tras conocer la sentencia favorable, exigen que se vuelva a aprobar el presupuesto y se modifique la partida para las 17 juntas vecinales de Ponferrada. «Si el alcalde no quiere, el secretario debe advertir del error de no convocarnos al pleno».

Las consecuencias de esta resolución piloto y pionera es la obligación en toda Castilla y León de convocar a los pedáneos, tras reconocer la vulneración del derecho de los vecinos a decidir y «establece las normas de juego en un municipio».

La sentencia

 

Abr 262018
 

Espacio Abierto.- ‘Pedanías en peligro’

(25/04/2018). Espacio Abierto La ley Montoro, la misma que hace unos años amenazó la autonomía municipal y hasta el futuro de los más pequeños municipios, vuelve a dar guerra al mundo rural de Castilla y León. Sólo una parte de esa ley sobrevivió a la revisión del Constitucional, pero entre lo que quedó en pie está la obligación que a partir de ahora tienen las juntas vecinales de contar con un funcionario de carrera como secretario. Cientos de actuaciones municipales como ayudas, o la Pac mismamente dependen de esa figura. Espacio Abierto se desplaza hasta una de esas pedanías para explicar cuales son sus funciones y sobre todo para analizar como les afecta ese Real Decreto 128/2018. O conceden una moratoria o habrá graves problemas. Mas de la mitad de las 3.704 entidades locales menores están en Castilla y León, y un tercio de ellas, 1.231 están en León.

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Abr 262018
 

Diputación y al Federación de entidades locales avanzan en la posible solución a la supresión del secretario vecino, plantean a la Junta una mayor financiación y exigen un sistema que dote de seguridad jurídica a las entidades locales

Diputación y Federación de Juntas Vecinales avanzan en la búsqueda de soluciones para garantizar la ‘supervivencia’ de las 1.232 entidades locales de León frente a la aplicación del real decreto que suprime la figura del secretario ‘vecino’.

Un «mazazo» que exige de medidas urgentes que vayan más allá de una mera moratoria. Así lo remarcó Carlos González-Antón, secretario general de la Federación Leonesa de Entidades Locales Menores, que señaló que la solución pasaría por articular un sistema con urgencia que dote de seguridad jurídica a las juntas vecinales, claves y necesarias para el funcionamiento del medio rural.

Y para ello es necesario que los políticos leoneses en el ámbito autonómico y nacional crean en la existencia y la potencialidad de las entidades locales. «No se puede hablar de políticas de despoblación cuando se ponen trabas gravísimas a la administración encargada de gestionar el territorio rural, provocando que esté colapsada».

Mayor financiación autonómica

Guante que lanzan directamente a la Junta de Castilla y León, a la instan a convencerse de la necesidad de llevar a cabo una ordenación del territorio de abajo a arriba, que implique una financiación directa a las juntas vecinales.

«En la Comunidad de Castilla y León hay una asimetría enorme, con provincias en las que existen 1.200 juntas vecinales que tienen y merecen una financiación autonómica como pasa en el resto de los territorios del Estado. Es eso, precisamente, lo que deben demandar los políticos de León para que esa asimetría que se da en Palencia, Burgos y León tenga clara acogida en los presupuestos de Castilla y León».

El SAM, la posible solución

Antón ha remarcado que desde la federación comparten ciertos planteamientos con el Colegio de Secretarios de León, como la necesidad de adoptar con urgencia medidas a corto y medio plazo que no solo fortalezcan sino que permita modernizar las juntas vecinales, con los retos que presenta la administración electrónica y la incorporación de las nuevas tecnologías.

No así que sean los secretarios de los ayuntamientos los que asuman las secretarías de las Juntas Vecinales. Antón ha recordado que ambas administraciones, a pesar de estar condenadas a entenderse, tienen conflicto de intereses en cuanto a la prestación de servicios que impiden que el mismo funcionario atienda a las dos administraciones.

De ahí que vea en el Servicio de Asistencia a Municipios una posible solución. «Vendría perfecto que el SAM y el Consejo Comarcal ponga a disposición de las entidades locales secretarios habilitados para este tratamiento de igualdad entre las relaciones de las dos partes», remarcó Antón, que incidió en que el real decreto supone un «mazazo» para las entidades locales, poniendo en grave riesgo la obtención de las certificaciones para la PAC, pastos, leñas o contrataciones. «Esto urge una solución.

Planteamientos que ha recogido la Diputación que confía en obtener una respuesta inmediata del Gobierno sobre la petición de la moratoria ante la parálisis que sufren las Juntas Vecinales y los problemas que desde hoy se pueden encadenar, poniendo en jaque el primer escalón de la administración local en la provincia de León.

Abr 222018
 

Reunión de la Federación de Concejos de España. Mauricio. LNC

La Federación Leonesa de Entidades Locales Menores reclamó este sábado dotar de más medios al Servicio de Asistencia a Municipios (SAM) de la Diputación para hacer frente a las exigencias del Real Decreto 128/2018, que obliga a las juntas vecinales a contar con un funcionario de habilitación nacional para su gestión y que ha puesto en peligro la actividad diaria de estos entes locales. El secretario general de la federación leonesa, Carlos González-Antón, aseguró este sábado en un encuentro con federaciones de otros territorios del norte peninsular, que «la Diputación de León y el Consejo Comarcal del Bierzo deberían contar con un servicio con al menos entre 20 y 25 funcionarios de habilitación o no». La federación pide potenciar el SAM «para que inmediatamente se pongan a disposición de las juntas vecinales». González-Antón criticó que «no tienen ningún sentido que en el SAM de la Diputación de León haya un solo habilitado nacional con doscientos municipios y en la de Valladolid haya ocho habilitados con el mismo número de municipios, pero con nueve juntas vecinales cuando aquí hay 1.200». En la misma línea, el secretario general de Concejos aludió al «grave déficit en la dotación de provisión de plazas de secretario de ayuntamientos», que influye también en la gestión de las juntas vecinales y que, según afirmó, «el ministerio conoce perfectamente».

Para poder hacer frente a este déficit de dotación, agravado por las exigencias del decreto, desde las federaciones de juntas vecinales estiman que se debe aplicar una moratoria de año y medio que permita realizar el proceso de provisión de plazas con garantías. González-Antón recordó que el año y medio se corresponde con los plazos de una oposición, a lo que se sumarán también los concursos de traslados y los «reajustes» que sean necesarios en las plantillas de las administraciones públicas. Como ya hiciera la Diputación, las federaciones de forma individual y también agrupadas, remitirán al Ministerio de Hacienda y Función Pública una misiva solicitando el «plazo transitorio inmediato». Entre otras cuestiones, las entidades afectadas recuerdan que primero «tienen que llegar los secretarios».

Al Congreso

Además, las federaciones aseguran haber mantenido contactos con los grupos políticos en el Congreso de los Diputados, donde se presentará una Proposición No de Ley (PNL) para derogar la disposición V del decreto 128/2018, en la que se fija el cambio normativo que ha provocado un «caos» y la paralización de los ayuntamientos, según afirmó González-Antón. No obstante, a pesar de llevar la cuestión al Parlamento, las federaciones piden que no se utilice «como un arma política» y piden «que se escuche a los afectados».

Dentro del plano político –Diputación solicitó que la moratoria se extienda hasta las elecciones municipales del próximo año–, las federaciones alertaron de que el incremento de las «trabas» administrativas a la labor de los alcaldes-pedáneos y los diferentes vocales se traduce en un descenso de los posibles candidatos. Consideraron también que el nuevo decreto desincentiva a los vecinos para ocuparse de la administración de sus pueblos y se mostraron conscientes del riesgo de quedarse «sin candidatos para las elecciones». El peligro de incurrir «en grave irresponsabilidad», explicó el secretario leonés, desanima a los posibles candidatos.

Las federaciones reunidas este sábado en León también acordaron «actuar contra los responsables de paralizaciones, ya sea la comunidad autonóma, o las diputaciones en su caso» porque «los perjuicios no son solo para la Administración, sino para todos los ciudadanos que dependen de trámites de esas administraciones», según explicó su portavoz .

“En la línea de flotación”

Para las juntas vecinales, el decreto supone un «torpedo en la línea de flotación». A su juicio, el «ataque» evita que «el medio rural pueda actuar rápidamente», quedando enmarañado en la burocracia administrativa de las entidades superiores. Pese a estas afirmaciones, aseguraron que no se oponen a la «fiscalización» y la «modernización», pero exigen suficientes medios humanos y materiales. Reclaman esfuerzos de inversión para hacer frente a las necesidades de una administración «altamente tecnificada».

En esta línea, los responsables de federaciones de Asturias, Cataluña o Álava denunciaron «la falta de diálogo» por parte del Gobierno con los afectados y lamentaron «que paguen justos por pecadores». Una de sus mayores críticas se centró en la «falta de sensibilidad con el primer escalón de la Administración».