Abr 012015
 

reunion en el ministerioEn una reunión mantenida en el Ministerio de Hacienda y Administraciones públicas con la Secretaria General de Coordinación Autonómica y Local, Dª Rosana Navarro, y representantes de la FEMP y Federación de Concejos, Pedanías y Parroquias Rurales de España, se analizaron los datos de la rendición de cuentas de las EATIM en todo el Estado y se coincidió en resaltar el gran esfuerzo que han realizado las mismas, alcanzando unos niveles de rendición superior incluso al de los Ayuntamientos, a pesar de la escasez de medios materiales y personales que sufren nuestras entidades.

La federación agradece la disposición del Ministerio de atender a las situaciones excepcionales de las EATIM, para permitir que se justifique el cumplimiento de la obligación legal de rendición de cuentas con margen suficiente para acreditar el mismo, ya que, dada la existencia de organismos autonómicos de control de cuentas, se han detectado numerosos casos en los que las entidades han rendido cuentas ante el órgano autonómico, pero no ante el Ministerio. Por ello, los porcentajes que maneja el Ministerio se podrán elevar en el momento en el que se consoliden los listados de los distintos organismos, tarea que instarán con urgencia las organizaciones territoriales que integran esta federación.

Por otro lado, la Federación de Concejos planteó a la Secretaria General la necesidad de una reunión de trabajo con la FEMP y el Consejo General de Secretarios, Interventores y Tesoreros de la Administración local para mejorar el borrador de reglamento de este cuerpo de funcionarios de habilitación nacional en su regulación de la prestación de estas funciones en las EATIM. De cara a poder asegurar el adecuado funcionamiento de las entidades locales menores, y que puedan cumplir sus obligaciones y prestar sus servicios de forma legal y eficiente, es imprescindible regular la prestación de estas funciones de forma acorde con el reparto competencial autonómico y local y garantizado la financiación y la independencia de las EATIM. Por ello, de nuevo la Federación de Concejos reconoce la disponibilidad de la Sra. Navarro para atender a la opinión de los representantes del primer escalón administrativo del Estado, que necesita un gran esfuerzo de apoyo para modernizarse y para acceder a la administración electrónica, entre otros muchos retos. Debe plantearse un gran pacto entre todos los niveles administrativos: Estado, Comunidades Autónomas, Diputaciones, Comarcas y Municipios para defender estas pequeñas administraciones locales, que suponen la primera presencia pública en miles de pueblos de España.

Jun 302014
 

La Federación de Entidades Locales Menores celebró en Columbrianos la Fiesta de los Concejos.

 Los representantes de Nogarejas de la Valdería recogieron el reconocimiento de manos de Vuelta. - l. de la mata
  • El Alcalde de Nogarejas, Olivio Campo, recoge el reconocimiento de manos de Andrés Buelta. – l. de la mata
m. j. alonso | ponferrada 30/06/2014

La pedanía ponferradina de Columbrianos acogió ayer la primera Fiesta de los Concejos de León, organizada por la Federación Leonesa de Entidades Locales Menores con un fin eminentemente reivindicativo, el de poner en valor el trabajo y el papel que desarrollan desde hace siglos —pero sobre todo con la vista puesta en el futuro— las juntas vecinales de la provincia, que son más de 1.200.

Fue una celebración novel organizada por un colectivo que apenas tiene año y medio de vida pero que se ha erigido fundamental para trabajar por el mantenimiento de las pedanías en un momento «crucial», tal y como reconoció el secretario general de esta federación, Carlos González Antón. «Este año tenemos que adaptarnos a la nueva normativa de rendición de cuentas y la junta vecinal que no presente sus cuentas a fecha 31 de diciembre será suprimida y sus bienes y sus ingresos pasarán al ayuntamiento», recordó. En este sentido, una de las reivindicaciones más mencionadas ayer fue el necesario apoyo que deben prestar las administraciones superiores, caso de la Junta de Castilla y León y de la Diputación Provincial, para que las pedanías puedan rendir cuentas y sobrevivir a un momento complejo.

«Hoy un presidente de una junta vecinal no tiene ni idea de cómo hacer este tipo de cosas», afirmó el secretario general de la Federación de Parroquias Rurales de Asturias y presidente de la federación nacional, José Manuel García del Valle. Él fue el invitado de honor en la fiesta de ayer, entre otras cosas porque el colectivo que él encabeza —que aglutina a 39 juntas vecinales— es un ejemplo a seguir, con 16 años de historia y muchos logros a sus espaldas.

Más participación

«En nuestro caso hay una sintonía total con la administración del Principado de Asturias, participamos en todos los órganos, en el propio Parlamento, en comparecencias y en todas las comisiones que se crean sobre el tema del medio rural. Eso es a lo que hay que llegar aquí», consideró García del Valle, entendiendo que en el caso concreto del Bierzo debe ser el propio Consejo Comarcal el que medie entre las entidades locales menores y la Junta y la Diputación para garantizar la pervivencia y los intereses de las primeras. «Lo que hay que hacer es poner personal a disposición de las juntas para la elaboración de las cuentas», afirmó.

«Yo creo que no tiene que haber diferencias entre comunidades autónomas. Con la incidencia que las juntas vecinales tienen en Castilla y León (hay más de 2.000), el gobierno autonómico tiene que llegar a un entendimiento con la Federación», añadió Manuel García del Valle, explicando que en su caso, el propio Principado financia la contratación de personal para poder atender todas las demandas burocráticas y de petición de subvenciones de las pedanías a las que representa.

En este sentido, el secretario general de la Federación Leonesa de Entidades Locales Menores aprovechó para agradecer a la Junta que «recientemente haya dado unos ayudas económicas importantes tanto al Consejo Comarca como a la Diputación para apoyar en la elaboración técnica de las cuentas».

Según los últimos datos aportados por las institución berciana, en la comarca hay más de sesenta juntas vecinales que deben presentar su contabilidad si no quieren dejar de existir como órgano independiente.

May 142014
 

La FEMP colaborará en la adaptación de las pedanías a la reforma local

 Miembros de la FEMP y Concejos de España mantuvieron ayer una reunión de trabajo. - DL
  • Miembros de la FEMP y Concejos de España mantuvieron ayer una reunión de trabajo.

DL | Redacción 13/05/2014

La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) colaborará con las entidades locales menores con el fin de que juntas vecinales y concejos se adapten a la nueva normativa sobre administración local. El secretario general de la FEMP, Ángel Fernández Díaz y el director general de Servicios Jurídicos y Administración Territorial de esta entidad, Francisco Díaz Latorre, recibieron ayer a una delegación de la Federación de Concejos, Parroquias Rurales de España de Municipios y Provincial, formada por su presidente, Andrés Rojo, el vicepresidente, Andrés Buelta, su secretario general y asesor jurídico, Carlos Gómez Antón, y el vicesecretario general, José Manuel García del Valle.

En la reunión de trabajo que mantuvieron ayer ambas entidades se abordó coordinar las propuestas de desarrollo de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, que la FEMP traslade a la Comisión Nacional de Administración Local las iniciativas y planteamientos de las entidades locales menores en lo que afecte a sus competencias y el estudio de la adaptación de las normas de rendición de cuentas, contabilidad y presupuestos a las peculiaridades de las juntas vecinales, concejos y parroquias rurales, con el fin de que éstas cumplan la Ley de Estabilidad Presupuestaria, la regla de gasto y puedan afrontar gasto corriente con los remanentes de tesorería. La federación de concejos apuntó ayer en un comunicado que las exigencias legales para las juntas vecinales y pedanías son muy similares a las de otras entidades locales y suponen una fuerte carga para las primeras.

Sep 162013
 
logo_concejos_nacional_colorCOMUNICADO DE 16 DE SEPTIEMBRE DE 2013
LA FEDERACION ESTATAL DE PEDANÍAS EXIGE QUE LA LEY MANTENGA SU CARACTER DE ENTIDAD LOCAL
La organización que representa las federaciones de los territorios con la gran mayoría de las entidades locales menores de España propone unas enmiendas a todos los grupos parlamentarios que recogen los argumentos del Consejo de Estado. Estas enmiendas se están haciendo llegar a todos los grupos estatales y autonómicos.
Las enmiendas se ciñen a la regulación de las ELM. Se basan en tres puntos esenciales:
1. Debe mantener su carácter de entidad local, que se suprimiría con texto del gobierno. Y por supuesto, mantener su personalidad jurídica, competencias y patrimonio.
2. La regulación debe corresponder a las Comunidades Autónomas.
3. Se mantiene la obligación de rendir cuentas al Estado y a la Comunidad Autónoma, ampliando el plazo a 12 meses. Se propone que la entidad que no rinda cuentas en dicho plazo, pase a ser gobernada por una gestora nombrada por la Comunidad Autónoma; rechazando la solución del proyecto actual de que sea suprimida la entidad local menor.
Por otro lado, la Federación de Concejos, Pedanías y Parroquias Rurales de España no comparte las grandes reivindicaciones de la FEEM, organización liderada por la Federación Andaluza de ELM, que propugna una misma denominación para todo el Estado, (ELA, coincidente con la andaluza, por cierto); que sea el Estado el que regule unas competencias claras y directas y que se fije la financiación en los Presupuestos Generales del Estado. Entendemos que estas propuestas no responden a la reivindicaciones de la inmensa mayoría de las Entidades Locales Menores de España y, además, ponen en riesgo la posibilidad de llegar a un acuerdo entre todos los grupos parlamentarios.
Se pueden consultar las enmiendas en el siguiente enlace:

ENMIENDAS FEDERACION DE CONCEJOS, PEDANIAS Y PARROQUIAS RURALES DE ESPAÑA

Jul 052013
 

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro (derecha), junto al secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta. / ÁNGEL DÍAZ (EFE)

El dictamen que el Consejo de Estado ha emitido sobre el anteproyecto de ley para la reforma de los Ayuntamientos es una auténtica bofetada en la cara del Ministerio de Hacienda porque cuestiona una de las reformas estrella del ministro, Cristóbal Montoro y por extensión del Gobierno de Rajoy. Un trago amargo para el Ejecutivo que lleva la firma de José Manuel Romay Beccaría, uno de los padres políticos del presidente.

Una semana esperó el organismo para hacer público el dictamen que daña la columna vertebral de la reforma. Fuentes próximas a Hacienda consideran, sin embargo, que el ministerio seguirá adelante con el proyecto después de aplicar unos cuantos cambios más o menos cosméticos. “Harán un apaño para salir del paso. Si la norma se recurre y es inconstitucional, para cuando se pronuncien los jueces ya se habrán desmantelado los municipios”, reflexiona un una fuente cercana al proceso.

La pista de que nada parará al Gobierno la dio el secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, que aseguró tras conocer el informe que el texto “deja clara la legitimidad constitucional del Gobierno para legislar una regulación normativa uniforme y de vigencia en todo el territorio español”, en ejercicio de las competencias reconocidas en la Constitución. “No puede afirmarse que la regulación en proyecto atente contra la garantía institucional de la autonomía local, por más que de ello resulte un marco competencial más estrecho que el que se definía hasta ahora en la Ley de Bases de Régimen Local”, afirmó Beteta. En cualquier caso para Beteta se trata de un simple problema técnico con observaciones “en su mayor parte procedimentales”, y de carácter “no esencial”.

Un juicio que ni siquiera comparten sectores del Partido Popular. El presidente de la Federación Gallega de Municipios, José Manuel Rey Varela (PP), advirtió que el varapalo del consejo “debe hacer reflexionar” a Hacienda para “reabrir la negociación y buscar un gran consenso”.

La oposición en bloque, y en especial el PSOE, que se ha empleado a fondo contra la reforma, aplaude la valoración del Consejo de Estado. “Avala todos nuestros argumentos”, señaló el secretario de Política Municipal, Gaspar Zarrías. “Queda claro que es inconstitucional y un ataque injustificado a los Ayuntamientos y al ciudadano. El informe viene a poner en cuestión las bases de la reforma”, señaló. Los socialistas exigen al ministro que retire el anteproyecto y que negocie desde cero a partir de septiembre. El representante de IU en la FEMP y alcalde de Rivas Varciamadrid, José Masa, también exige al Gobierno un cambio de rumbo aunque el dictamen del organismo no sea vinculante.

Las claves del examen del Consejo de Estado

Competencias municipales. La reforma del Gobierno reduce las competencias propias de los municipios y, en líneas generales, los despoja de contenido social. Convierte lo que hasta ahora se definía en el artículo 25 de la Ley de Bases de Régimen Local (el listado de atribuciones), en una serie mucho más limitada y además cercena la autonomía de los Ayuntamientos para desarrollar las llamadas “competencias impropias”, las que no le atribuye la ley, que siempre supeditan al cumplimiento de la estabilidad presupuestaria . El dictamen reconoce la “considerable constricción de la autonomía de los municipios”, que pretende el Gobierno pero apunta a que el planteamiento del anteproyecto no atenta “contra la garantía institucional de la autonomía local”. Pero más adelante recuerda la jurisprudencia del TC para señalar que “el legislador puede disminuir o acrecentar las competencias, pero no eliminarlas por entero y, lo que es más, el debilitamiento de su contenido solo puede hacerse con razón suficiente y nunca en daño del principio de autonomía, que es uno de los principios básicos de nuestra Constitución”

Coste estándar. El coste estandar es un nuevo y polémico concepto muy cuestionado. El Ejecutivo determinará a través de un Real Decreto unos costes máximos que los Ayuntamientos no podrán superar a la hora de prestar un servicio. Si se pasan, la prestación de ese servicio se trasladará automáticamente a las diputaciones provinciales. Al Consejo de Estado le llama la atención que una herramienta tan importante de la norma se despache sin apenas explicaciones: “Siendo el coste estándar un valor al que se anuda la función ablativa de las competencias municipales, lo único que el anteproyecto establece en relación con su determinación es que el Gobierno lo fijará”. Ataca que la “falta de concreción”, sobre cómo se regulará este principio y alerta de que su aplicación puede reducir “en exceso”, las competencias municipales garantizadas por la Constitución. No se queda ahí. El coste estandar puede terminar convirtiéndose en lo contrario de lo que pretende el Ejecutivo -una herramienta de ahorro- porque el dictamen cuestiona su misma esencia, al alertar de que el traspaso de las competencias a las diputaciones se realiza sin ningún tipo de cautela. “No se considera que la diputación a la que se encomiende la prestación se encuentre en una situación de debilidad presupuestaria”. Tampoco se tiene en cuenta que una diputación decida no asumir un servicio. Incluso ataca el hecho de que todos los servicios se equiparen: “No parece que deba aplicarse el mismo régimen de intervención al servicio de transporte urbano que al de policía local”. El dictamen concluye recomendando al Gobierno que revise de arriba a bajo la regulación en este punto. “a fin de que se presente más completa y dotada de mayor claridad y coherencia”.

El poder de las diputaciones. Si el coste estandar se cuestiona, el “vaciamiento competencial”, que esa herramienta podría generar se ataca sin reparos. Si las competencias se trasladan a las Diputaciones, “que son entidades representativas de segundo grado no sujetas a mecanismos de elección directa”, eso implica que “no quepa exigir a estas entidades responsabilidad política”, si gestionan mal los servicios, “lo que en última instancia puede desvirtuar el principio democrático”. Recuerda además que el Gobierno no somete a las diputaciones a las mismas reglas del “coste estandar”. Recomienda que se adopten “fórmulas alternativas más respetuosas con la autonomía municipal”, y desliza que podrían ser las mancomunicades las que presten servicios.

Fusión de municipios. Los alcaldes se pusieron desde el primer momento en contra de la intención de Rajoy de fusionar Ayuntamientos. El Consejo de Estado sin embargo sugiere que podrían impulsarse estos procesos para garantizar una base “poblacional y económica sólida”, a cada consistorio. “El anteproyecto podría precisar en qué supuestos y bajo qué condiciones la insuficiencia de recursos […] podría llevar a iniciar un proceso de fusión”.

Mancomunidades. Sobre la posibilidad de que desaparezcan, el informe es contundente al indicar que se violan las competencias de las Comunidades Autónomas. Esa “intromisión”, la califica como “no admisible desde el punto de vista del esquema constitucional”. Otro argumento para los que ven la reforma contraria a la Carta Magna.

Entidades locales menores. Beteta califico eufemísticamente la reforma como un paso para “esponjar organismos”. Es decir, la reforma elimina o contribuye a debilitar todo lo que no sean Ayuntamientos de tamaño medio o grandes consistorios. Por el camino, además de las mancomunidades, están en peligro miles de entidades locales menores. Unas agrupaciones con un gran patrimonio forestal que pasaría a formar parte de los municipios y que tienen un caracter fundamentalmente cooperativo. El Cosejo de Estado se pronuncia en este punto demandando “reglas necesarias para garantizar la seguridad jurídica”. La Federación Española de Concejos cree que el texto “manifiesta que el Estado no es competente para regular los aspectos relativos a la creación y extinción de las Entidades Locales Menores” y que, por lo tanto, el Estado no puede de un plumazo modificar su naturaleza jurídica obligándolas a extinguirse.

Servicios sociales. El texto dedica una reflexión a que el anteproyecto quiera terminar con las competencias “relativas a la salud, la educación y servicios sociales”. Pero señala que el Estado no puede ordenar a las Comunidades Autónomas que las hereden “por afectar al ámbito competencial autonómico que escapa a las competencias básicas del legislador estatal”. Además, sugiere que tal supresión “no impida” que los Ayuntamientos presten servicios sociales bajo otra denominación. “Podría valorarse”, dice el dictamen, “que sigan prestándolas como competencias impropias”.