Abr 262018
 

Diputación y al Federación de entidades locales avanzan en la posible solución a la supresión del secretario vecino, plantean a la Junta una mayor financiación y exigen un sistema que dote de seguridad jurídica a las entidades locales

Diputación y Federación de Juntas Vecinales avanzan en la búsqueda de soluciones para garantizar la ‘supervivencia’ de las 1.232 entidades locales de León frente a la aplicación del real decreto que suprime la figura del secretario ‘vecino’.

Un «mazazo» que exige de medidas urgentes que vayan más allá de una mera moratoria. Así lo remarcó Carlos González-Antón, secretario general de la Federación Leonesa de Entidades Locales Menores, que señaló que la solución pasaría por articular un sistema con urgencia que dote de seguridad jurídica a las juntas vecinales, claves y necesarias para el funcionamiento del medio rural.

Y para ello es necesario que los políticos leoneses en el ámbito autonómico y nacional crean en la existencia y la potencialidad de las entidades locales. «No se puede hablar de políticas de despoblación cuando se ponen trabas gravísimas a la administración encargada de gestionar el territorio rural, provocando que esté colapsada».

Mayor financiación autonómica

Guante que lanzan directamente a la Junta de Castilla y León, a la instan a convencerse de la necesidad de llevar a cabo una ordenación del territorio de abajo a arriba, que implique una financiación directa a las juntas vecinales.

«En la Comunidad de Castilla y León hay una asimetría enorme, con provincias en las que existen 1.200 juntas vecinales que tienen y merecen una financiación autonómica como pasa en el resto de los territorios del Estado. Es eso, precisamente, lo que deben demandar los políticos de León para que esa asimetría que se da en Palencia, Burgos y León tenga clara acogida en los presupuestos de Castilla y León».

El SAM, la posible solución

Antón ha remarcado que desde la federación comparten ciertos planteamientos con el Colegio de Secretarios de León, como la necesidad de adoptar con urgencia medidas a corto y medio plazo que no solo fortalezcan sino que permita modernizar las juntas vecinales, con los retos que presenta la administración electrónica y la incorporación de las nuevas tecnologías.

No así que sean los secretarios de los ayuntamientos los que asuman las secretarías de las Juntas Vecinales. Antón ha recordado que ambas administraciones, a pesar de estar condenadas a entenderse, tienen conflicto de intereses en cuanto a la prestación de servicios que impiden que el mismo funcionario atienda a las dos administraciones.

De ahí que vea en el Servicio de Asistencia a Municipios una posible solución. «Vendría perfecto que el SAM y el Consejo Comarcal ponga a disposición de las entidades locales secretarios habilitados para este tratamiento de igualdad entre las relaciones de las dos partes», remarcó Antón, que incidió en que el real decreto supone un «mazazo» para las entidades locales, poniendo en grave riesgo la obtención de las certificaciones para la PAC, pastos, leñas o contrataciones. «Esto urge una solución.

Planteamientos que ha recogido la Diputación que confía en obtener una respuesta inmediata del Gobierno sobre la petición de la moratoria ante la parálisis que sufren las Juntas Vecinales y los problemas que desde hoy se pueden encadenar, poniendo en jaque el primer escalón de la administración local en la provincia de León.

Abr 222018
 

Reclaman un periodo transitorio para habilitar funcionarios el margen de los municipales en las juntas vecinales.

MARÍA CARNERO | LEÓN

Las federaciones de Asturias, Cantabria, Álava, Cataluña, Palencia, Salamanca y León, que representan a 2.415 entidades locales menores, —más de dos tercios de las de España—, se reunieron ayer en León para acordar una postura común ante la reciente aprobación del Real Decreto 128/2018, que obliga a que sean funcionarios de la Administración local con habilitación nacional quienes ejerzan las labores de secretaría en las entidades de ámbito inferior al municipal.

Como punto de partida, los representantes de las juntas vecinales presentes en la reunión denunciaron la «falta de diálogo» con la que se ha tramitado esta ley, así como el «colapso» que la aplicación de esta norma está suponiendo «no solo en las entidades locales menores, sino también de los propios ayuntamientos», destacó el secretario general de la Federación de Juntas Vecinales de León, Carlos González-Antón.

«Además de la paralización de las administraciones, la entrada en vigor de esta norma está afectado directamente a todas las tramitaciones de los ciudadanos, sobre todo del área rural, como es el caso de las autorizaciones de pastos, de caza, contratos de la PAC, etc», añadió González Antón, que anunció medidas inmediatas hacia los «responsables» de este colapso.

«Si lo que se buscaba es un mayor control con el cual estamos absolutamente de acuerdo, ya que todos apoyamos la profesionalización y la modernización de estas entidades, deben garantizar una suficiente dotación de plazas de secretarios de ayuntamientos ya que actualmente claramente deficitaria», denunció el secretario de la federación leonesa.

Como medida más inmediata las entidades han pedido al Ministerio de Hacienda y Función Pública que se permita un periodo transitorio de al menos año y medio para flexibilizar la norma para que se permita que funcionarios que no sean los habilitados nacionales del ayuntamiento puedan prestar estas funciones. «Se debe facilitar la existencia de funcionarios que asuman exclusivamente las funciones de los entes locales menores», insisten.

Una de las posturas más consensuadas en el encuentro es la necesidad de recabar apoyos entre los distintos partidos políticos con el fin de impulsar un pacto de Estado en defensa de la pequeña administración local y garantizar su supervivencia, «con todos los controles y todas las garantías de legalidad». De hecho, a través de los grupos políticos quieren solicitar la tramitación de una Proposición No de Ley en el Congreso de los Diputados para que se inste al Gobierno a rectificar y promover los cambios normativos que permitan que los entes locales menores puedan prestar adecuadamente sus funciones y servicios, procurando la modernización y con el pleno control interno y externo de las cuentas.

«Cuanta más fiscalización mejor todavía. Lo que pasa es que aquí pagamos justos por pecadores, ya que mientras muchas entidades locales hacen bien las cosas el 46,7 de las entidades locales de España no rinden cuentas, y eso significa muchos miles de euros que Hacienda quiere controlar», explicó el secretario general de la Federación de Asturias, José Manuel García del Valle, que considera que hay otras fórmulas de controlar las cuentas de las juntas vecinales, «siempre desde el consenso y no con este tipo de decretos».

Por su parte, Juanjo Cortés, secretario de la Federación de Cataluña manifestó la preocupación existente en su territorio por este decreto, ya que «no han contado con nosotros para su elaboración, y somos los que mejor conocemos a la administración más próxima al ciudadano que son las entidades locales menores, así como sus dificultades y lo que significa la aplicación de ese decreto, que puede suponer en muchos casos la desaparición de muchas de ellas». Desde Cataluña no creen que sea lo más correcto compartir secretario con los ayuntamientos, ya que en muchas ocasiones hay cierto conflicto de intereses entre las dos administraciones. «No puedes defender a las dos partes de igual manera —al ayuntamiento y a la junta vecinal— porque cuando hay negociar convenios o acuerdos económicos entre ambas evidentemente el secretario defenderá al que más le paga, que en este caso será la entidad mayor», destacó Cortés.

Por último, el presidente de la asociación de Concejos de Álava, Joseba Terreros, aseguró que con el sistema de competencias de su territorio, que fueron transferidas por el Gobierno Vasco a las diputaciones, «su problemática es diferente». De todos modos, denunció que «una vez más no se ha tenido en cuenta nuestra opinión», lo que conlleva a la paralización de la actividad de las entidades locales. «Nadie cuenta con nosotros cuando al final somos los que más cerca estamos de los ciudadanos», denunció.

Políticos que miren a la administración local

La polémica por el Real Decreto que elimina la figura del vecino-secretario y amenaza con colapsar la tramitación administrativa del medio rural dependiente de las juntas vecinales pone de manifiesto no sólo el desconocimiento de cómo funciona parte del sistema nacional (especialmente León, que aglutina la mitad de estas juntas en todo el país), sino la falta de implicación real de los partidos políticos en atender problemas ‘menores’. Las formaciones políticas únicamente se ocupan de estas pequeñas entidades en tiempo de elecciones, cuando se enfrentan a la dificultad de encontrar candidatos dispuestos a pelear por el futuro de sus pueblos con una falta de recursos y medios que les limita enormemente. Las federaciones de concejos y juntas vecinales de varias provincias exigieron ayer en León un pacto de Estado que defienda el sistema de pequeñas entidades de administración local y garantice su supervivencia. Son ellas las que están realmente cerca de los problemas de sus vecinos. Habrá que ver qué respaldo les dan los partidos.

Abr 172016
 
C.J.D. | 16/04/2016 – 09:48h.

La Federación Leonesa de Concejos acudirá a la Justicia si el Instituto Leonés de Cultura (ILC) no modifica en una semana las bases para las subvenciones de actividades culturales de este año, que por primera vez deja fuera a las pedanías, dirigiendo las ayudas sólo a los ayuntamientos. La Diputación de León aduce que se trata de una obligación legal de competencias y que las bases garantizan que todos los municipios destinan idéntico presupuesto que otros años a las pedanías, sin posibilidad de excluir ninguna. La polémica está servida.

En el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) de pasado 14 de abril de 2016 se ha publicado la convocatoria pública de las subvenciones para actividades culturales de ayuntamientos y asociaciones para 2016, excluyendo “por primera vez en la historia” de estas subvenciones a las Juntas Vecinales de la provincia. Un reparto histórico, por su cuantía de 650.000 euros de golpe, como ya destacó iLeon.com, pero que también está llamada a generar una agria polémica por esa exclusión directa de las pedanías de poder pedir y gestionar al margen de los ayuntamientos sus propias ayudas para actividades culturales.

Fuentes del equipo de Gobierno admiten que esa novedad que exluye a las pedanías es cierta y aseguran que ha sido el área de Intervención del Instituto Leonés de Cultura (ILC) que convoca las subvenciones la que ha determinado con un informe que las juntas vecinales de León no tienen competencias en materia cultural, de manera que toda ayuda debe canalizarse exclusivamente a través de los municipios. El diputado provincial de Hacienda, Lupicinio Rodrigo, confirmó ayer esta decisión, asegurando que las últimas ayudas del año pasado plantearon serios problemas y en este ejercicio ya se ha adoptado la decisión, obligada por “razones competenciales”, de no dirigir las subvenciones a los pueblos de manera directa.

Pero la decisión amenaza con abrir un nuevo frente, y además judicial. Porque laFederación Leonesa de Concejos anuncia que pedirá formalmente que se incluyan a las Juntas Vecinales como beneficiarias de estas subvenciones, pues “la legislación de régimen local de Castilla y León prevé expresamente que puedan desarrollar las competencias culturales, al prestar servicios culturales desde sus orígenes, hace siglos”.

¿Romerías o exposiciones ilegales en los pueblos?

“La interpretación que de la normativa local hace el ILC, además de ir en contra de la Ley 1/1998 de Régimen Local de Castilla y León, va en contra de la Jurisprudencia de nuestro Tribunal Superior de Justicia, y del propio sentido común; pues si atendemos a este criterio del ILC, las Juntas Vecinales no podrían organizar ni sus fiestas, ni romerías, conciertos, exposiciones, concursos de pintura o de cuentos; siendo todas esas actividades ilegales”, aducen en una nota de prensa.

La Junta Directiva de la Federación quiere manifestar “su más grave consternación por la poca sensibilidad del ILC y por la nula capacidad jurídica de los que asesoran al Instituto provincial, pues de existir alguna duda, que no la hay, tendrían que haber buscado las vías de permitir que las Juntas Vecinales puedan recibir subvenciones, al menos en igualdad de condiciones que las asociaciones privadas. Igualmente, podrían haber consultado su opinión a la Federación de Juntas Vecinales, que para eso está”.

El Presidente de la Federación, Andrés Buelta, apela a buen criterio del presidente de la Diputación, Juan Martínez Majo, y del diputado provincial de Cultura, Miguel Ángel Fernández, para que modifique en el plazo de una semana la convocatoria, en otro caso, se recurrirá ante los Tribunales de Justicia. Porque “no es de recibo que la entidad que viene manteniendo la vida cultural en los pueblos de León desde siempre, que son las Juntas Vecinales, no puedan ser beneficiarias de las subvenciones culturales de la Diputación”.

Una semana de plazo antes de los Tribunales

Desde la Asesoría Jurídica de la Federación se recuerda a los asesores o interventores del ILC que en virtud de la Disposición Transitoria segunda de la Ley 1/1998, las competencias que las Entidades Locales Menores de Castilla y León vengan desarrollando históricamente, aunque sean competencias municipales, se consideran delegadas en las Juntas Vecinales, aunque no haya convenio de delegación. Por ello, hay argumentos de sobra para considerar beneficiarias de las subvenciones culturales a las Juntas Vecinales que acrediten que viene prestando servicios culturales en su pueblo, que son todas, defienden.

Por eso, la Federación va a objetar de la decisión de la Diputación y anuncia que va a tramitar las subvenciones de sus pedanías asociadas a los efectos de exigir a la Diputación que sus solicitudes sean consideradas en igualdad con ayuntamientos y asociaciones privadas, confiando en que en una semana de plazo la Diputación reconsidere la decisión.

Abr 152016
 
Bolos en Naredo de Fenar

Concurso de bolos en Naredo de Fenar, actividad ilegal según el ILC. ¡Habrá que jugar de forma clandestina a los bolos, pues las Juntas Vecinales no pueden organizar actividades culturales!

LA FEDERACIÓN LEONESA DE CONCEJOS RECHAZA QUE EL INSTITUTO LEONÉS DE CULTURA EXCLUYA A LAS JUNTAS VECINALES DE LAS SUBVENCIONES PARA ACTIVIDADES CULTURALES

Recurrirá la convocatoria en caso de que no modifique en una semana

 

En el BOP del 14 de abril de 2016 se ha publicado la Convocatoria de las subvenciones para actividades culturales de Ayuntamientos y Asociaciones para 2016, excluyendo por primera vez en la historia de estas subvenciones a las Juntas Vecinales de la provincia. Al parecer, desde la Intervención del ILC de la Diputación Provincial se afirma que las Juntas Vecinales de León no tienen competencias culturales.

La Federación Leonesa de concejos pedirá formalmente que se incluyan a las Juntas Vecinales como beneficiarias de estas subvenciones, pues la legislación de régimen local de Castilla y León prevé expresamente que puedan desarrollar las competencias culturales, al prestar servicios culturales desde sus orígenes, hace siglos. La interpretación que de la normativa local hace el ILC, además de ir en contra de la Ley 1/1998 de Régimen Local de Castilla y León, va en contra de la Jurisprudencia de nuestro TSJ y del propio sentido común; pues si atendemos a este criterio del ILC, las Juntas Vecinales no podrían organizar ni sus fiestas, ni romerías, conciertos, exposiciones, concursos de pintura o de cuentos; siendo todas esas actividades ilegales.

La Junta Directiva de la Federación quiere manifestar su más grave consternación por la poca sensibilidad del ILC y por la nula capacidad jurídica de los que asesoran al Instituto provincial, pues de existir alguna duda, que no la hay, tendrían que haber buscado las vías de permitir que las Juntas Vecinales puedan recibir subvenciones, al menos en igualdad de condiciones que las asociaciones privadas. Igualmente, podrían haber consultado su opinión a la Federación de Juntas Vecinales, que para eso está.

El Presidente de la Federación, Andrés Buelta, apela a buen criterio del Presidente de la Diputación y del Diputado del ILC para que modifique en el plazo de una semana la convocatoria, en otro caso, se recurrirá ante los Tribunales de Justicia. No es de recibo que la entidad que viene manteniendo la vida cultural en los pueblos de León desde siempre, que son las Juntas Vecinales, no puedan ser beneficiarias de las subvenciones culturales de la Diputación.

Desde la Asesoría Jurídica de la Federación se recuerda a los asesores o interventores del ILC que en virtud de la Disposición Transitoria segunda de la Ley 1/1998, las competencias que las Entidades Locales Menores de Castilla y León vengan desarrollando históricamente, aunque sean competencias municipales, se consideran delegadas en las Juntas Vecinales, aunque no haya convenio de delegación. Por ello, hay argumentos de sobra para considerar beneficiarias de las subvenciones culturales a las Juntas Vecinales que acrediten que viene prestando servicios culturales en su pueblo, que son todas.

Mientras tanto, la Federación va a tramitar las subvenciones de sus asociadas a los efectos de exigir a la Diputación que sus solicitudes sean consideradas en igualdad con Ayuntamientos y Asociaciones privadas.

Abr 202015
 

II FIESTA DE LOS CONCEJOS DE LEON FOTO BRUNO MORENOOrallo y Montuerto recibieron ayer el reconocimiento de todas las federaciones españolas por su aportación y dedicación al mundo rural. Los presidentes de estas dos juntas vecinales recibieron con orgullo el Premio de los Concejos de León. En el caso de Orallo, su presindente, Ángel Nava, recibió el aplauso de todos por el proyecto medioambiental que está llevando a cabo en esta pequeña localidad de Laciana, castigada durante años por la actividad minera a cielo abierto. Bosquiterio es un proyecto en el que están implicados todos los vecinos, que trata de restaurar las zonas degradadas y sustituir una enorme escombrera por un bosque y, de paso, impulsar las oportunidades locales de desarrollo sostenible.

El otro galardonado del día fue Ildefonso Sierra, alcalde pedáneo de Montuerto, un pueblo que ha recuperado su tradicional romería y que ha construido un camping con el que crear nuevas oportunidades económicas entre sus vecinos.

Sierra, muy emocionado, dedicó el premio a los antepasados de Montuerto, «por el legado que nos han dejado que es el mayor orgullo que tenemos», y agradeció a la Diputación su apoyo para que «las juntas vecinales salgamos adelante ya que su futuro es el de los pueblos». El pedáneo de Montuerto lanzó una reflxión al aire: «el hombre que olvida sus raíces y el pueblo que olvida su pasado nunca tendrá futuro», sentenció emocionado.