Abr 262018
 

Diputación y al Federación de entidades locales avanzan en la posible solución a la supresión del secretario vecino, plantean a la Junta una mayor financiación y exigen un sistema que dote de seguridad jurídica a las entidades locales

Diputación y Federación de Juntas Vecinales avanzan en la búsqueda de soluciones para garantizar la ‘supervivencia’ de las 1.232 entidades locales de León frente a la aplicación del real decreto que suprime la figura del secretario ‘vecino’.

Un «mazazo» que exige de medidas urgentes que vayan más allá de una mera moratoria. Así lo remarcó Carlos González-Antón, secretario general de la Federación Leonesa de Entidades Locales Menores, que señaló que la solución pasaría por articular un sistema con urgencia que dote de seguridad jurídica a las juntas vecinales, claves y necesarias para el funcionamiento del medio rural.

Y para ello es necesario que los políticos leoneses en el ámbito autonómico y nacional crean en la existencia y la potencialidad de las entidades locales. «No se puede hablar de políticas de despoblación cuando se ponen trabas gravísimas a la administración encargada de gestionar el territorio rural, provocando que esté colapsada».

Mayor financiación autonómica

Guante que lanzan directamente a la Junta de Castilla y León, a la instan a convencerse de la necesidad de llevar a cabo una ordenación del territorio de abajo a arriba, que implique una financiación directa a las juntas vecinales.

«En la Comunidad de Castilla y León hay una asimetría enorme, con provincias en las que existen 1.200 juntas vecinales que tienen y merecen una financiación autonómica como pasa en el resto de los territorios del Estado. Es eso, precisamente, lo que deben demandar los políticos de León para que esa asimetría que se da en Palencia, Burgos y León tenga clara acogida en los presupuestos de Castilla y León».

El SAM, la posible solución

Antón ha remarcado que desde la federación comparten ciertos planteamientos con el Colegio de Secretarios de León, como la necesidad de adoptar con urgencia medidas a corto y medio plazo que no solo fortalezcan sino que permita modernizar las juntas vecinales, con los retos que presenta la administración electrónica y la incorporación de las nuevas tecnologías.

No así que sean los secretarios de los ayuntamientos los que asuman las secretarías de las Juntas Vecinales. Antón ha recordado que ambas administraciones, a pesar de estar condenadas a entenderse, tienen conflicto de intereses en cuanto a la prestación de servicios que impiden que el mismo funcionario atienda a las dos administraciones.

De ahí que vea en el Servicio de Asistencia a Municipios una posible solución. «Vendría perfecto que el SAM y el Consejo Comarcal ponga a disposición de las entidades locales secretarios habilitados para este tratamiento de igualdad entre las relaciones de las dos partes», remarcó Antón, que incidió en que el real decreto supone un «mazazo» para las entidades locales, poniendo en grave riesgo la obtención de las certificaciones para la PAC, pastos, leñas o contrataciones. «Esto urge una solución.

Planteamientos que ha recogido la Diputación que confía en obtener una respuesta inmediata del Gobierno sobre la petición de la moratoria ante la parálisis que sufren las Juntas Vecinales y los problemas que desde hoy se pueden encadenar, poniendo en jaque el primer escalón de la administración local en la provincia de León.

Abr 222018
 

Reclaman un periodo transitorio para habilitar funcionarios el margen de los municipales en las juntas vecinales.

MARÍA CARNERO | LEÓN

Las federaciones de Asturias, Cantabria, Álava, Cataluña, Palencia, Salamanca y León, que representan a 2.415 entidades locales menores, —más de dos tercios de las de España—, se reunieron ayer en León para acordar una postura común ante la reciente aprobación del Real Decreto 128/2018, que obliga a que sean funcionarios de la Administración local con habilitación nacional quienes ejerzan las labores de secretaría en las entidades de ámbito inferior al municipal.

Como punto de partida, los representantes de las juntas vecinales presentes en la reunión denunciaron la «falta de diálogo» con la que se ha tramitado esta ley, así como el «colapso» que la aplicación de esta norma está suponiendo «no solo en las entidades locales menores, sino también de los propios ayuntamientos», destacó el secretario general de la Federación de Juntas Vecinales de León, Carlos González-Antón.

«Además de la paralización de las administraciones, la entrada en vigor de esta norma está afectado directamente a todas las tramitaciones de los ciudadanos, sobre todo del área rural, como es el caso de las autorizaciones de pastos, de caza, contratos de la PAC, etc», añadió González Antón, que anunció medidas inmediatas hacia los «responsables» de este colapso.

«Si lo que se buscaba es un mayor control con el cual estamos absolutamente de acuerdo, ya que todos apoyamos la profesionalización y la modernización de estas entidades, deben garantizar una suficiente dotación de plazas de secretarios de ayuntamientos ya que actualmente claramente deficitaria», denunció el secretario de la federación leonesa.

Como medida más inmediata las entidades han pedido al Ministerio de Hacienda y Función Pública que se permita un periodo transitorio de al menos año y medio para flexibilizar la norma para que se permita que funcionarios que no sean los habilitados nacionales del ayuntamiento puedan prestar estas funciones. «Se debe facilitar la existencia de funcionarios que asuman exclusivamente las funciones de los entes locales menores», insisten.

Una de las posturas más consensuadas en el encuentro es la necesidad de recabar apoyos entre los distintos partidos políticos con el fin de impulsar un pacto de Estado en defensa de la pequeña administración local y garantizar su supervivencia, «con todos los controles y todas las garantías de legalidad». De hecho, a través de los grupos políticos quieren solicitar la tramitación de una Proposición No de Ley en el Congreso de los Diputados para que se inste al Gobierno a rectificar y promover los cambios normativos que permitan que los entes locales menores puedan prestar adecuadamente sus funciones y servicios, procurando la modernización y con el pleno control interno y externo de las cuentas.

«Cuanta más fiscalización mejor todavía. Lo que pasa es que aquí pagamos justos por pecadores, ya que mientras muchas entidades locales hacen bien las cosas el 46,7 de las entidades locales de España no rinden cuentas, y eso significa muchos miles de euros que Hacienda quiere controlar», explicó el secretario general de la Federación de Asturias, José Manuel García del Valle, que considera que hay otras fórmulas de controlar las cuentas de las juntas vecinales, «siempre desde el consenso y no con este tipo de decretos».

Por su parte, Juanjo Cortés, secretario de la Federación de Cataluña manifestó la preocupación existente en su territorio por este decreto, ya que «no han contado con nosotros para su elaboración, y somos los que mejor conocemos a la administración más próxima al ciudadano que son las entidades locales menores, así como sus dificultades y lo que significa la aplicación de ese decreto, que puede suponer en muchos casos la desaparición de muchas de ellas». Desde Cataluña no creen que sea lo más correcto compartir secretario con los ayuntamientos, ya que en muchas ocasiones hay cierto conflicto de intereses entre las dos administraciones. «No puedes defender a las dos partes de igual manera —al ayuntamiento y a la junta vecinal— porque cuando hay negociar convenios o acuerdos económicos entre ambas evidentemente el secretario defenderá al que más le paga, que en este caso será la entidad mayor», destacó Cortés.

Por último, el presidente de la asociación de Concejos de Álava, Joseba Terreros, aseguró que con el sistema de competencias de su territorio, que fueron transferidas por el Gobierno Vasco a las diputaciones, «su problemática es diferente». De todos modos, denunció que «una vez más no se ha tenido en cuenta nuestra opinión», lo que conlleva a la paralización de la actividad de las entidades locales. «Nadie cuenta con nosotros cuando al final somos los que más cerca estamos de los ciudadanos», denunció.

Políticos que miren a la administración local

La polémica por el Real Decreto que elimina la figura del vecino-secretario y amenaza con colapsar la tramitación administrativa del medio rural dependiente de las juntas vecinales pone de manifiesto no sólo el desconocimiento de cómo funciona parte del sistema nacional (especialmente León, que aglutina la mitad de estas juntas en todo el país), sino la falta de implicación real de los partidos políticos en atender problemas ‘menores’. Las formaciones políticas únicamente se ocupan de estas pequeñas entidades en tiempo de elecciones, cuando se enfrentan a la dificultad de encontrar candidatos dispuestos a pelear por el futuro de sus pueblos con una falta de recursos y medios que les limita enormemente. Las federaciones de concejos y juntas vecinales de varias provincias exigieron ayer en León un pacto de Estado que defienda el sistema de pequeñas entidades de administración local y garantice su supervivencia. Son ellas las que están realmente cerca de los problemas de sus vecinos. Habrá que ver qué respaldo les dan los partidos.

Ene 242017
 

Presentación de la campaña #TasaComunales por el Presidente de la Federación Leonesa, Andrés Buelta. Foto de Salvadores (Diario de León)

Reuniones con los Alcaldes pedáneos

La campaña que pone en marcha la federación pasa por celebrar reuniones informativas con los presidentes de las juntas vecinales, la primera de las cuales se celebrará el próximo 6 de febrero a las 6 de la tarde. Además, se remitirán trípticos informativos y es realizará una campaña a través de las redes sociales. Se empleará el hashtag #TasaComunales.

La reunión se celebrará el día 6 de febrero a las 6 de la tarde en el Hotel Infantas de León. Es necesario inscribirse con anticipación, aunque la entrada está abierta a juntas vecinales no federadas.

Para inscribirse, deben llamar al 987073203 o enviar un correo a info@concejos.org

 

León será la provincia más beneficiada por la tasa de aprovechamiento del dominio público

La Federación Leonesa de Entidades Locales Menores no quiere dejar pasar la oportunidad que se abre para las juntas vecinales con el cobro de la tasa de aprovechamiento especial del dominio público y por ello pone en marcha un plan de acción para informar y asesorar a los pueblos que tengan opciones de acceder a estos ingresos fijos y anuales. A falta de realizar los cálculos concretos de cúanto puede suponer esta tarifa para las arcas de las pedanías leonesas, la federación apunta a que por cada kilómetro de línea de 400kw que atraviese un Monte de Utilidad Pública (MUP), el pueblo propietario de los terrenos puede recibir 12.000 euros anuales.

El respaldo del Tribunal Supremo a esta tasa afecta no sólo a las compañías eléctricas, también a las gasísticas o las del agua, apunta el secretario de la federación leonesa, Carlos González-Antón, quien señala que, además de los MUP, también se deberá pagar por otros bienes comunales, como choperas, eras o pastizales.

León es la provincia de la comunidad que más se beneficiará del cobro de estas tasas ya que es la que más MUP posee. Pero para acceder a estos recursos no sirve cualquier ordenanza al uso. Por eso la federación se pone a disposición de todas las localidades afectadas, con el fin de que reciban asesoramiento para la elaboración de las ordenanzas y para realizar los estudios pertinentes para conocer cuáles son realmente los terrenos que tienen en esta situación. Para ello cuenta con la colaboración de la consultoría Valbuena y Ron, una empresa de ingenería leonesa que ha participado en los procedimientos judiciales que han culminado en el Tribunal Supremo. Uno de sus responsables, Antonio Fernández, destacó ayer la «complejidad» de abordar estas ordenanzas que llevarán detrás una gran labor de estudio para determinar la tarifa que cada compañía debe abonar en función del tipo de instalación que se trate; la ocupación física de estas instalaciones y qué dominios públicos posee cada localidad. «Es importante que las juntas vecinales tengan claro cuál es su dominio público y tener un inventario de bienes actualizado», señaló Fernández, quien también incidió en la necesidad de realizar un estudio econñómico con el valor del suelo, a través de los parámetros catastrales y el valor de las instalaciones, que se basaría en la regulación del sector eléctrico. «Se trata de parámetros muy objetivos y el cálculo lleva cierta complejidad porque no todas las instalaciones tributan igual», asegura el consultor. En todo el país existen 287.000 kilómetros de líneas de alta tensión y el 14% de ellas atraviesan Montes de Utilidad Pública. Fernández calcula que el impacto de esta tasa sobre el sistema eléctrico ascendería a 100 millones de euros al año, «y una parte muy importante iría a parar a las juntas vecinales y los ayuntamientos».

Por su parte, el presidente de la federación, Andrés Buelta, aseguró que el colectivo busca «la implantación global de una ordenanza que permita mejorar la financiación» de las juntas vecinales, por lo que animó a todas las localidades a que se impliquen en su desarrollo. Buelta aseguró que, con esta captación de recursos, «se podrán mejorar las condiciones de vida de los pueblos».

La federación reclama a la Junta y la Diputación que se impliquen

La implicación de la Diputación y la Junta de Castilla y León es fundamental para que las juntas vecinales puedan poner en marcha las ordenanzas y recaudar las tasas de aprovechamiento de dominio público. Así lo considera González-Antón, quien «no tiene sentido que con el grave problema de financiación que tienen las ELM no se haga el esfuerzo máximo para cobrar». Por ello, la federación ha solicitado el apoyo de la Diputación para la aprobación de las ordenanzas, y ha pedido que se refuerce el papel del Servicio de Atención a Municipios (SAM), para que puedan atender estas necesidades que van a surgir en las pedanías. Además, el secretario del colectivo señala que es necesario implimentar un sistema de recaudación, y para ello «hay que movilizar a todas las administraciones».

También incidió en que la llegada de nuevos ingresos, supondrá también «que es fundamental que se realicen las cuentas y presentarlas». Por lo que ve en esta circunstancia «una oportunidad única para impulsar la rendición de cuentas». Respecto a la Junta, reclama que clarifique el funcionamiento de los secretarios de las ELM, y que saque adelante el reglamento que regula el servicio de gestión del patrimonio de las juntas vecinales. Asimismo, incide en que la admnistración autonómica, «debe financiar el SAM adecuadamente porque tiene en León una carga adicional que no registra en otras provincias».

Otro de los frentes es recabar el apoyo de los partidos políticos para que la Junta pida al Gobierno central que apoyo el cobro de este tipo de tasas por parte de los pueblos.

 

Ene 112017
 

rendiciondecuentasLa Federación de ELM denuncia la inseguridad jurídica y la falta de medios de los pueblos.

M. RABANILLO | LEÓN

Las rendición de cuentas de las juntas vecinales ha caído en picado en 2015. Los datos recabados por el Consejo de Cuentas reflejan que, desde que se vieron sometidas bajo el ‘yugo’ de la ley Montoro para rendir las cuentas de 2013, el índice de incumplimientos se ha multiplicado por 20, una vez diluida la amenaza de desaparición. En concreto, sólo el 60% de las 1.231 entidades locales menores (ELM) de la provincia han rendido sus cuentas de 2015, frente al 98% que lo hicieron en el año en el que el Gobierno aprobó la Ley Racionalización y Sostenibilidad de la Administración local.

La relajación en la rendición de cuentas de las ELM también se ha registrado a nivel autonómico. A fecha de 8 de enero de solo han rendido en todo Castilla y León 1.509 Juntas Vecinales, que representan el 67,9% de las ELM.

La amenaza de la reforma local sobre la perviviencia de las ELM que no rindieran sus cuentas disparó el índice de cumplimientos en 2013 pero sólo se circunscribía a ese ejercicio. De hecho, la rendición de 2014 también sufrió un serio retroceso del 98% al 72%.

«La valoración no puede ser más que negativa, y demuestra que muchas cosas están fallando», señala el secretario de la Federación de Leonesa de Entidades Locales Menores, Carlos González-Antón. «La primera y más grave la absoluta falta de seguridad jurídica en el funcionamiento de las propias Juntas Vecinales, que necesitan de una reforma legislativa que fije definitivamente sus competencias, su financiación y quién debe desempeñar las funciones de secretaría e intervención», argumenta el representantes del colectivo, quien añade que «la falta de implantación de un modelo rendición de cuentas eficaz que no esté sujeto a cambios tecnológicos continuos a los que no pueden acceder las pequeñas administraciones rurales».

González Antón asegura que el Gobierno de Castilla y León «ni siquiera se ha planteado como abordar la aplicación de las leyes obligatorias de la Administración electrónica a las Juntas Vecinales como se han hecho las comunidades de Asturias, Cantabria o Extremadura». A su juicio, «es obvio que el modelo asimétrico de las entidades locales menores en esta Comunidad no encaja con la visión homogeneizadora de Valladolid».

También reclama una «reforma integral» del Servicio de Atención a Municipios (SAM) que ofrece la Diputación de León. La federación considera que es necesario que tenga un servicio de atención a las pedanías «con más y mejores recursos humanos y materiales» ya que «es inconcebible que el SAM de León tenga un solo secretario con habilitación nacional».

Creer en las Juntas Vecinales

En su valoración sobre los datos registrados sobre las cuentas de 2015, González-Antón resume que «o se cree o no se cree en las Juntas Vecinales; o se quiere cumplir con nuestro Estatuto de Autonomía o nuestras leyes o no». «El futuro de las zonas rurales de la provincia depende en gran parte de que las Juntas Vecinales, grandes propietarias de territorio, puedan gestionarse adecuadamente y eso es responsabilidad de las Administraciones competentes, que además de facilitar su funcionamiento deben de dejar de poner palos en unas ruedas ya desvencijadas», añade el representante de la federación que se pregunta si «hay que esperar a que Montoro vuelva a la carga para facilitar que las Juntas Vecinales rindan cuentas?».

Mar 162016
 

adrianalastrafederaciondeconcejosA. DOMINGO | REDACCIÓN DIARIO DE LEÓN

La Secretaria de Política Municipal de la Ejecutiva Federal del PSOE, Adriana Lastra Fernández, manifestó ayer 12 de marzo, ante la asamblea de la Federación de Concejos, Pedanías y Parroquias Rurales de España la intención de su partido de promover una reforma constitucional que ampare la existencia de las entidades locales menores, proporcionándoles, de esta manera, una garantía jurídica que impediría que reformas como la que llevó acabo el Gobierno del Partido Popular en la anterior legislatura pongan en jaque la existencia de este primer nivel de la Administración.

Según informó ayer el secretario general de la federación española, Carlos González-Antón, la asamblea, que se reunió en Oviedo, aplaudió esta iniciativa, que blindaría a las juntas vecinales de la legislación que pudieran desarrollar las comunidades autónomas, vista la reciente sentencia del Tribunal Constitucional, que pone en manos de éstas dotarlas de competencias.

González-Antón también destacó el anuncio de Lastra por el que «los grupos políticos promoverán en el la Comisión de Administración Local del Congreso la derogación de la reforma de la administración local del ministro Montoro», aspecto en el que se ha trabajado con Ciudadanos y otras fuerzas políticas. Además, se promoverá una nueva reforma de la Ley de Bases de Régimen Local y de la normativa sobre haciendas locales. El PSOE «llamará a la federación estatal a participar en el grupo de trabajo» para la reforma de ambos textos normativos, apuntó el secretario general. Ante la posibilidad de que se produzcan estos cambios legales, la federación creó ayer una gabinete técnico, con miembros de las federaciones catalana, vasca, asturiana y leonesa.

La financiación de las entidades locales menores fue otro de los aspectos que se abordaron en la jornada de la federación de concejos, que defiende que la s directrices fundamentales de ésta «deben contemplarse en la ley básica estatal». González-Antón defendió el carácter democrático de concejos, parroquias y juntas vecinales, por ser el único nivel de la administración local en el que «el presidente se designa por elección directa» y aseguró que la Unión Europea «tiende ahora a reforzarlas y fomentar su creación, por tratarse de entes más eficientes si se gestionan bien y se modernizan, al prestar servicios donde no llegan los ayuntamientos».

Puesta en práctica

La federación española de concejos ve con buenos ojos las propuestas del Partido Socialista «siempre que se lleven a la práctica». Los representantes de las juntas vecinales trabajarán «para que se contemplen todos los tipos de entidades locales menores, que, en muchos casos son anteriores a la creación de los municipios y cuyo nivel de competencias no tiene por qué entrar en conflicto con el de los ayuntamientos». Se trata de «confeccionar una traje amplio», que ampare «desde los pequeños concejos del Pirineo o León a otros de carácter más urbano». Esta regulación «es compatible con otras ordenaciones del territorio, como las fusiones de municipios».