Oct 022013
 

El presidente de la Asociación de Concejos de Álava en la puerta de la sede ubicada en Elorriaga.“Fomentar lo local y la participación vecinal es lo que produce ahorro”

El presidente de la Asociación de Concejos de Álava, Javier Argote, apuesta por el mantenimiento de las entidades locales, en riesgo de desaparición debido a la reforma de la Administración Local del Gobierno de Mariano Rajoy.

“Vienen a por el patrimonio de estas poblaciones porque su venta va a salvar a muchos ayuntamientos de la deuda”.

“La Diputación no podrá asumir todas las tareas que nosotros sacamos adelante y privatizarán los servicios. Ese en nuestro miedo”.

Natalia González de Uriarte Gasteiz

01/10/2013 – 20:26h

El presidente de la Asociación de Concejos de Álava en la puerta de la sede ubicada en Elorriaga.

El presidente de la Asociación de Concejos de Álava, ACOA, apuesta por el mantenimiento de las entidades menores de Álava, denominadas concejos, frente al adelgazamiento de la administración que persigue la reforma local del Gobierno de Mariano Rajoy. Javier Argote considera que fomentar lo local y la participación vecinal en el desempeño de tareas que atañen a los núcleos de población sí supone un ahorro y no la supresión de estos órganos. El colectivo alavés celebra a lo largo de hoy y mañana las jornadas “Los Concejos ante la reforma local” con el objetivo de que los grupos políticos participantes con representación en el Congreso se posicionen y revelen si apoyarán las enmiendas en defensa de los concejos alaveses planteadas por la asociación al proyecto de ley de racionalización y sostenibilidad de la Adminsitración local.

Pregunta. ¿Qúe particularidades diferencian a los concejos alaveses del resto de las entidades locales?

Respuesta. Los concejos de Álava no se rigen por el régimen común sino por el régimen foral. No dependemos en absoluto de los ayuntamientos sino de la Diputación foral de Álava, que es la que tiene la capacidad de tutela. Otra de nuestras particularidades es que la mayoría son concejos abiertos. Funcionan mediante la celebración de asambleas vecinales que son como el gobierno del concejo. Todos los vecinos mayores de 18 años pueden acudir a la asamblea y en ese foro se expone, se participa y se decide. Otra de las características es que en los concejos alaveses no hay participación de los partidos políticos. Hay elecciones cada cuatro años y concurren los vecinos. Puede haber candidatos y si los hay, la lista es abierta y en aquellos en los que no hay candidatos todos los electores son elegibles. En la actualidad funcionan 335 concejos en Álava de los que sólo 17 son cerrados. El resto son abiertos.

P. ¿Y la gente participa en las asambleas?

R. Sí, la participación es constante. También es cierto que es mucho mayor cuando los temas implican a muchos vecinos. la gente acude a las asmbleas y a las veredas, que es el trabajo comunitario. Saben que el bienestar de su pueblo depende también de su implicación. hay ninguna administración que llame a sus vecinos a vereda.

P. ¿Hasta dónde abarcan las competencias de los concejos?

R. Quitando urbanismo y los impuestos, que son competencia exclusiva de los Ayuntamientos, llegamos a todo lo demás. Por ejemplo hay 33 concejos que tienen su propio consultorio médico, hay 274 concejos que tiene su centro social, 313 su propio cementerio o 233 que gestionan directamente su alumbrado público.

P. ¿Por qué el anteproyecto de ley de la reforma local es perjudicial para los concejos?

R. Porque se carga de un plumazo el régimen foral. Equipara, hace tabla rasa y trata igual a un concejo alavés que a uno soriano y no somos iguales. Las entidades menores del resto de las provincias funcionan, excepto en contadas ocasiones como concejos cerrados, como junta administrativa en la que sí participan los partidos políticos. Sólo se elige directamente al presidente porque los vocales los elige el Ayuntamiento de cabecera al que presentan sus cuentas. Además el régimen foral se ha mantenido initerrumpidamente desde el siglo IX, lo que no puede ser es que ahora en el siglo XXI, en el año 2013 vayamos a perder eso. La Diputación y las Juntas generales tienen que defender su foralidad porque además se está funcionando muy bien.

P. ¿Qué otras consecuencias conllevaría la aplicación de esa ley de racionalización y sostenibilidad de la Adminstración local?

R. Nos preocupa qué va a ocurrir con todos los bienes que tienen los concejos. En el caso de Álava, más del 80% del monte es público y más del 70% del patrimonio edificado- inmuebles sociales, frontones, boleras, casas como la del maestro o la del cura- también. Todo lo que se ha ido haciendo es propiedad de los concejos. Ese patromonio pasaría a manos de los ayuntamientos y en nuestro caso, a la Diputación alavesa. María Dolores de Cospedal ya anunció que en Castilla La Mancha iban a vender muchas hectáreas de monte público y que se iban a hacer con unos 700 millones de euros. Vienen a por el patrimonio porque su venta va a salvar a muchos ayuntamientos de su deuda. Existe también un riesgo evidente de privatización de los servicios.

P. Pero en el caso de Álava, si los concejos desaparecen, ¿su papel lo desempeñaría la Diputación Alavesa, no?

R. Los concejos alaveses estamos dando el abastecimiento, el saneamiento, mantenimiento de las calles y el monte público; nos ocupamos de los caminos rurales, de los cementerios, de los centros sociales, etre otras tareas. Esta ley dice es que va a a marcar un precio por los servicios. Toda aquella entidad local, de menos de 20.000 habitantes, que no cumpla este precio, perderá esas competencias que pasarán, en nuestro caso, a la Diputación y será esta institución quien se ocupe de estas tareas durante cinco años. Pero la Diputación no tiene capacidad de asumir todo lo que hasta ahora hacemos nosotros. Llegados a este punto vemos de nuevo, un peligro de privatización, que no es la panacea, por cierto. No implica sin más abaratamiento de precios, sino peor servicio y en muchas ocasiones no más barato.  El fin de la empresa pública es dar un buen servicio pero el de la empresa privada es ganar dinero. Y eso nos da mucho miedo. Esta reforma nos aboca a una muerte por inanición porque aunque digan que no desaparecemos sino no cumplimos esos requisitos que marcan nos quitan las competencias y una entidad local sin competencias, qué es, qué sentido tiene: ninguno.

Tiene que quedar claro que los concejos no costamos nada a la administración y no tenemos déficit. Con la excusa de la crisis se está pretendiendo una vuelta al año 1954, a la ley de bases de Franco, con un control férreo de los ayuntamientos, de sus gastos, de sus miembros.

P. ¿No es inevitable la desaparición de estos órganos menores en tiempo de adelgazamiento de la administración?

R. Tiene que quedar claro que los concejos no costamos nada a la administración y no tenemos déficit.  Con la excusa de la crisis se está pretendiendo una vuelta al año 1954, a la ley de bases de Franco, con un control férreo de los ayuntamientos, de sus gastos, de sus miembros…La eliminación de los concejos no supone ningún ahorro, ni en Álava, ni en el resto del estado porque no hay gastos administrativos excesivos. Aquí en Álava tendrán personal administrativo cuatro concejos grandes. El resto no lo tiene. Todo lo hace el presidente o los vocales voluntariamente y altruistamente porque por ley, la propia norma foral, ya dice que el cargo será gratuito, no se puede poner sueldo. Solo podrá cobrar los gastos de teléfono o de viajes. Los concejos somos un ejemplo de ahorro clarísimo. No somos adminsitraciones engorrosas, sus cargos son gratuitos, sus vecinos participan en la veredas sin cobrar un duro, se llevan los servicios básicos sin coste administrativo excesivo. ¿Por qué no fomentamos eso en vez de eliminarlo?

P. Entonces, ¿no les convence en absoluto el nuevo decreto?

R. En todas las normas que va sacando el Gobierno de Mariano Rajoy, sea en sanidad, en educación…hay un intento de recentralización. Ellos plantean que la adminsitración local es un maremágnum con demasiados ayuntamientos, demasiadas entidades locales menores, demasiados consorcios y mancomunidades. Luego hablan de lo que cobran los alcaldes y lo que cobran los concejales pero de los grandes, porque en lo pequeño no cobra nadie. Y finalmente después de presentar ese panorama proponen eliminar más de 3.000 entidades locales menores, fusionar ayuntamientos, reducir concejales y bajales los sueldos. Planteado de ese modo tiene muy buena venta. Pero nosotros creemos que es precisamente al revés. Se trata precisamente  de lo contrario. Lo que hay que fomentar es lo local, y dentro de lo local es la participación y eso es lo que produce ahorro.

P. ¿Con qué apoyos cuentan para sacar adelante esa enmienda en defensa de la particularidad de los concejos que han presentado al decreto?

R. Con esa enmienda pedimos que se introduzca una salvaguarda para el régimen foral dentro de esa ley. Hasta ahora sólo el PNV incorporará esta petición entre sus enmiendas. Esperamos respuesta del resto de los partidos. El PP tiene el poder de decisión con su mayoría absoluta. Si el PP alavés lo quiere, tendrá capacidad como para que se sigan manteniendo los concejos. Ellos nos han manifestado que defienden este mecanismo y que va a aclarar de qué modo afectará esa ley a los concejos alaveses, aunque aún no nos ha dicho cómo. No lo sabemos. Por este motivo hemos organizado las jornadas. Van a participar portavoces de los grupos con representación en Madrid y trataremos de que cada uno de ellos se posicione y digan si van a defender nuestros postulados en Madrid. Creemos que, n uestros representantes en Juntas generales, independientemente de sus siglas, deben apostar por su territorio y sus competencias, sean del PP o sean de cualquier otra agrupación.

P. ¿Usted confía en la potencialidad de los concejos como generadores de reactivación económica y social?

R. Sin duda. Tenemos capacidad para absorver una cierta cantidad de población y para hacer promoción económica. Ahora estamos negociando con la Cámara de Comercio, Diputación y Gobierno vasco intentar reabrir los antiguos ultramarinos que abastecían a las familias de los pueblos. Tenemos vivienda pública vacía y estamos tratando de atraer a profesiones liberales para que se instalen en los pueblos. La finalidad última de todas estas propuestas es que se asiente más población en los pueblos. Y quién ha mantenido hasta ahora a la población en los núcleos rurales alaveses es el concejo, eso es indiscutible. Hay un dato muy esclarecedor: en Álava un tercio de lo que siembran los agricultores va a parar a ellos, el otro tercio lo tienen en alquiler y el otro tercio restante es comunal. Lo mismo ocurre con los pastos. Todo eso se gestiona desde los concejos y lo habitual es que la explotación se ceda a los que viven en los pueblos. Eso es un mantenimiento de la población. Y el tener unos servicios cercanos y en los que se puede participar, también.

Sep 092013
 

Federación Leonesa de Entidades Locales MenoresDiario de León / Ana Gaitero | león 09/09/2013

En Pardesivil de Curueño, como en muchos pueblos del norte, era obligado tocar a concejo los domingos después de misa. Así lo manda su ordenanza de 1723. La campana tañía con un toque especial que el vecindario distinguía bien de otros avisos. Cuatro siglos después, rara vez las campanas tocan a concejo en alguna de las 1.232 localidades leonesas que aún tienen personalidad jurídica como entidades locales menores.

Las herederas del sistema concejil leonés han sido, paradójicamente, las parientes olvidadas de la democracia. Que no las pobres. Las entidades locales menores detentan la propiedad de al menos el 30% de la superficie de León. Son 4.449,73 kilómetros cuadrados sobre los 15.581 de territorio provincial.

El Proyecto de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local las deja sin personalidad jurídica y al albur de las leyes de las comunidades autónomas. El artículo 24 bis sólo respeta su nombre —caseríos, parroquias, barrios, anteiglesias, concejos, pedanías…— y el 116 bis recoge, contradictoriamente, la supresión de las entidades locales menores en casos de incumplimiento del plan económico-financiero.

«Si pierden la personalidad jurídica pierden la capacidad para gestionar el patrimonio a nivel legal», subraya Jesús Albarrán, portavoz de la Plataforma de Juntas Vecinales de Omaña constituida hace un año y que aglutina a 59 entidades locales menores.

Cunde el miedo al expolio . «Si sus bienes pasan a los ayuntamientos se producirá una descapitalización de los pueblos y de sus vecinos. Lo usarán para pagar sus deudas», advierte el pedáneo de Nogarejas, Olivio Campo. de UPL y al frente de una de las 150 localidades integrada en la Federación de Entidades Locales Menores.

«Nos quieren hacer desaparecer para expoliar nuestros montes. Que empiecen por las diputaciones, que nadie les ha elegido. Nosotros no les costamos una peseta», afirma Víctor Castro, alcalde pedáneo de Tremor de Arriba. Admite que la «unión hace la fuerza» pero no ha integrado a su pueblo en la federación.

Apenas el 10% de las entidades locales menores se han sumado a esta organización cuyo objetivo es combatir las «deficiencias técnicas y legislativas» de la reforma estatal de la administración local y también frente a otras normas «amenazantes» como el decreto de la Junta de Castilla y León, del 18 de julio, que exige a las entidades locales menores dar fe de sus presupuestos y contabilidad a secretarios con habilitación estatal y las obliga a pagar el coste proporcional de su complemento de productividad.

La Diputación y el Consejo Comarcal del Bierzo, en León, tienen que ocuparse de firmar un convenio interadministrativo. «Lo que el Servicio de Asistencia a Municipios prestaba gratis hasta ahora va a suponer un coste para las entidades locales menores», advierte el abogado Carlos González-Antón, jurista de la federación.

«No se cobra nada por los servicios a las juntas vecinales y no se va a cobrar», aseguran en la Diputación, cuyas subvenciones, recuerda, han permitido la elaboración de inventarios de patrimonio en un 60% de las entidades locales menores. También niega, al igual que el PSOE, que ejerza presiones sobre pedáneos para que se den de baja o no se sumen a la federación.

Esta asociación recurrió el reparto pactado por PSOE, PP y UPL de los fondos provinciales para juntas vecinales e Izquierda Unida ha llevado el caso a la Fiscalía de la Audiencia Provincial de León. El pacto entre los diputados provinciales otorgó un 60% de las ayudas a pedanías del PP, el 30% a las del PSOE y un 10% a las de UPL.

«Y a los que somos independientes o no van en la línea del partido nos dejan fuera», denuncia el pedáneo de Caminayo, Zósimo Miguel Díez. «Es un reparto ilegal», subraya. A su pueblo las ayudas que llegan «son mínimas» y tienen que poner el 15% que le corresponde al Ayuntamiento de Valderrueda al que pertenece. «Las pequeñas obras las vamos haciendo cuando tenemos tiempo», alega este minero prejubilado.

Desde que el ministro Montoro puso el punto de mira en los municipios más pequeños y en las entidades locales menores advirtiendo de sus posibles irregularidades (falta de presentación de cuentas y presupuestos en algunos casos) han crecido como los hongos en otoño las asociaciones y servicios defensores de las entidades locales menores.

El PSOE abrió una oficina en diciembre pasado para «dar servicio a sus juntas vecinales y a los representantes que tiene donde no gobierna», explica el secretario provincial, Tino Rodríguez. El 15M también se ha sumado a lo que llama el «desahucio de los pueblos» y ha hecho un documental combativo.

El líder socialista no ve necesaria una organización de las juntas vecinales similar a la que tienen los municipios y las provincias en la Femp. «Nosotros les damos el servicio gratis», insiste. Sin embargo, ya se ha creado una federación autonómica y existen dos federaciones estatales de concejos, parroquias y entidades locales menores.

La leonesa está integrada con Asturias, Galicia, Álava, Cantabria y otras provincias de la Comunidad. En Asturias el 100% de las parroquias están agrupadas en la Fapar (Federación Asturiana de Parroquias Rurales) desde hace 16 años. La federación lleva la contabilidad, presupuestos y subvenciones. Cuenta con ayuda del Principado y está reconocida tanto por la Junta como por el Gobierno asturiano.

El estatuto de autonomía de Asturias reconoce las parroquias como asentamiento de la población asturiana. Son 39 y muchas tienen más de una población. Solamente existen en 15 municipios. «No tememos por nuestra desaparición por la rendición de cuentas porque se lleva al día y tenemos la ventaja de que los secretarios de las entidades están habilitados para dar fe de sus actos», precisa el secretario, José Manuel García del Valle.

El caso alavés es singular. La mayoría de los 335 concejos están agrupados desde 1998. «Nos regimos por la norma foral de concejos, de 1995, que emana de la Diputación provincial», aclara Javier Argote, su presidente. Lo más singular de Álava —en Guipúzcoa no hay concejos y en Vizcaya sólo unos pocos— es que todos, excepto 16, son abiertos: «El Gobierno corresponde a la asamblea vecinal y la representación a la junta administrativa».

El concejo alavés es el más democrático formalmente y en la práctica. Tiene elecciones propias, fuera de los comicios municipales, y las listas son abiertas y personales, no figuran las siglas de partidos políticos. El fiel de fechos está reconocido como secretario.

Muchos pueblos leoneses siguen celebrando concejo. A su manera. Porque la Junta no lo ha regulado, tal y como recoge la Ley de Régimen Local de 1998, mediante un reglamento. En Ariego de Omaña «todas las decisiones se toman en el concejo», asegura la pedánea, Fermina Bardón, de Izquierda Unida. En otros son asambleas informativas, como es el caso de Nogarejas, con 260 habitantes, que convoca uno al año. «Si el concejo toma una decisión que es ilegal, quien carga la responsabilidad soy yo», subraya Olivio Campo. En León se funciona, a efectos legales, en régimen de Junta Vecinal, compuesta por presidente y vocales. El concejo se ha olvidado en unas juntas vecinales dependientes y a expensas de los repartos partidistas de dinero y unos pueblos cada vez más deshabitados. «Los que no estén vivos van a desaparecer con total seguridad», pronostica María Teresa García Montes.

«Está en peligro de extinción por la ley y por la despoblación», alega la directora del documental La voz del concejo, que realiza con Bambara Zinema, la Asociación Faceira, la Fundación Cerezales y los Clubes de la Unesco en España. Su objetivo es lograr que el concejo sea declarado patrimonio inmaterial de la Humanidad.

El temor al expolio de los bienes está latente. Y no sólo del monte. Está el trabajo que, sin cobrar, ha levantado aceras, cavado zanjas para las traídas de aguas o limpiado caminos para su pervivencia. «Si yo cobrara por el tiempo que dedico y lo que hago serían 20.000 euros al año», dice el pedáneo de Nogarejas.

El pueblo tiene un servicio de transporte sanitario con sus propios recursos (monte, residencia de ancianos, caza e intereses de depósitos). «Los impuestos los cobra el Ayuntamiento de Castrocontrigo», agrega.

«La captación del agua la hicieron los vecinos con sus propias manos y nos ocupamos del mantenimiento», explica la pedánea de Ariego. Si esta competencia, como prevé la ley, pasan a las diputaciones o a consorcios «se va a terminar con la gestión racional y altruista que hacen los vecinos y acabarán pagando».

Las campanas no tocan a concejo. Se oyen lamentos. Doblan por el concejo y por los pueblos. Y por la tierra. «Si quitan las juntas vecinales los pueblos van a morir por Dios», advierte el de Caminayo. Como dijo John Donne, y Ernest Hemingway popularizó con su novela, las campanas «doblan por ti». Por los 1.232 pueblos con personalidad jurídica en León.

Mar 262013
 

Los representantes de las Federaciones de, Entidades Locales Menores, ELM, designados por la reunión celebrada este fin de semana en León se han reunido con el Director General de Coordinación de Competencias con las las Comunidades Autónomas y Administraciones Locales, dependiente del Ministerio de Administraciones Públicas, Juan Ignacio Romero, y el Subdirector de Administración Local Enrique Orduña para exponerles los plantemientos consensuados en la citada, que se pueden consultar enwww.concejos.org.

El Director General ha afirmado que el proyecto legislativo está replanteándose en lo que respecta a las Entidades Locales Menores, por lo que están abiertos a las sugerencias de las mismas. Y ha insistido en que había que racionalizar los distintos niveles administrativos para no generar nuevas administraciones públicas.

Coincidencias

En este sentido, ha habido coincidencia absoluta con los representantes de las ELM, que abogan esencialmente por mantener la personalidad jurídica pública de las existentes, sin que haya intención de promover nuevas ELM ni que estás asuman más competencias de las que actualmente tienen.

Las ELM han reiterado que es imprescindible desvincular la persistencia de este nivel administrativo de la reordenación de la prestación de los servicios públicos y su eficiencia, porque las ELM pueden demostrar que son las más eficientes en la prestación de muchos servicios en su ámbito; debiendo, en cambio, replantearse la subsistencia de otros niveles administrativos. Las ELM piden que se les permita justificar su existencia y funcionalidad, pues prestan muy eficientemente competencias en su territorio.

Además han solicitado que se simplifique la rendición de cuentas y un apoyo del ministerio para poder utilizar las plataformas de ddministración electrónica estatal, de las que hacen uso el resto de Administraciones.
Asimismo en la reunión los representantes de las ELM también han denunciado prácticas poco transparentes que se están dando en muchos municipios en la gestión de cuentas, asumida directa o indirectamente por secretarios municipales, con una gran coste para las pequeñas ELM.

Las ELM se han comprometido en enviar una propuesta de mínimos irrenunciable para incorporar a la propuesta legislativa, pues, entienden que España no puede renunciar en términos de eficacia y defensa de la vida rural del escalón de las ELM.
La valoración de la reunión ha sido positiva, porque ha permitido hacer ver al Ministerio que las ELM de España están unidas en la defensa del carácter público de sus entidades y que están dispuestas a mantener estas administraciones que van a realizar todos los esfuerzos posibles para demostrar que pueden rendir cuentas, ser transparentes, participativas y las más eficientes en su ámbito.

Mar 242013
 

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María Fernández – El País

Las pedanías españolas, abocadas a extinguirse como tales por la ley que reformará los Ayuntamientos, consensuaron hoy en León un documento con 12 puntos para defender su carácter de “administración pública con personalidad jurídica y competencias propias”. La reforma impulsada por el Gobierno las obliga a extinguirse si no presentan sus cuentas en tres meses, algo que cerca de 3.500 de las 3.720 que funcionan en España no realiza.

Aunque aseguran que son “férreas defensoras de la transparencia y la rendición de cuentas”, ven claramente contrario a Derecho la amenaza de su supresión por el hecho de no cumplir a tiempo con “las obligaciones contables o con unos parámetros discutibles de evaluación de sus servicios”. En el texto, consensuado por las federaciones de entidades locales menores del País Vasco, Asturias, Castilla y León, Cantabria, Cataluña, Extremadura y Galicia, exigen a las instituciones “y jurisdicciones europeas el cumplimiento de la Carta Europea de Autonomía Local, suscrita por España, que garantiza su perviviencia y autonomía como instituciones con un gran arraigo histórico y cultural”.
Uno de los puntos del documento aprobado esta tarde se refiere al patrimonio comunal, que pasará a ser gestionado por sus Ayuntamientos de cabecera si la norma sale adelante tal y como la ha planteado el Gobierno. Las pedanías subrayan que deben seguir manteniendo la “titularidad y gestión” de sus bienes, “incluido el patrimonio el forestal y la regulación del aprovechamiento de los comunales. Para ello también quieren que se garanticen los mecanismos legislativos y reglamentarios para asegurar que las entidades menores “tengan la financiación suficiente y no condicionada”, para ejecutar sus competencias.
Finalizan destacando su papel “en cualquier tipo de política que luche contra la despoblación en el medio rural, así como el mantenimiento del medio natural”.

Mar 232013
 

Pendones concejiles de LeónLA DECLARACIÓN DE LEÓN EN DEFENSA DE LOS CONCEJOS

Reunidas en León, el 23 de marzo de 2013, las Asociaciones y Federaciones de las Entidades Locales Menores de Álava, Asturias, Cantabria, Cataluña, Extremadura, Galicia, León, Palencia, Salamanca y Soria, acordaron:

  • Trabajar por el fortalecimiento de una única organización a nivel estatal que represente a todas las ELM del Estado, ante las instituciones legislativas y gubernamentales de ámbito estatal y ante otras organizaciones públicas y privadas.
  • Las organizaciones presentes defienden el carácter de Administración pública territorial de las ELM, con personalidad jurídica y competencias propias.
  • Las ELM deben seguir manteniendo la titularidad y gestión de su patrimonio, incluido el forestal y la regulación del aprovechamiento de los bienes comunales.
  • Las ELM deberán mantener todas las potestades administrativas necesarias para ejecutar las competencias atribuidas, tales como las competencias reglamentaria, tributaria, expropiatoria y sancionadora, conforme a la legislación estatal y autonómica.
  • Las ELM deberán poder ejecutar obras y prestar servicios comprendidos en la competencia municipal y de exclusivo interés de la entidad.
  • El Estado debe garantizar los mecanismos legislativos y reglamentarios para asegurar que las ELM tengan la financiación suficiente y no condicionada, para ejecutar sus competencias de forma eficiente.
  • Se deberá tender a la simplificación de los documentos contables a presentar a los Tribunales de Cuentas  otras  Administraciones.
  • Se recaba el apoyo de la Administración estatal al empleo por las ELM de los instrumentos de Administración electrónica.
  • Las ELM son férreas defensoras de la transparencia y la rendición de cuentas de todas las Administraciones públicas.
  • Las ELM ven claramente contrario a Derecho y al principio de igualdad con otras Administraciones públicas, la supresión de las mismas por el hecho de no cumplir a tiempo con las obligaciones contables o con unos parámetros discutibles de evaluación de sus servicios.
  • Las ELM exigirán ante las instituciones y jurisdicciones europeas el cumplimiento de la Carta Europea de Autonomía Local, suscrita por el Reino de España, que garantiza la pervivencia y autonomía de las ELM, que son instituciones públicas democráticas con un gran arraigo histórico y cultural.
  • La existencia de las ELM, junto con el mantenimiento de sus potestades y competencias, son imprescindibles en cualquier tipo de política que luche contra la despoblación en el medio rural, así como el mantenimiento del medio natural.