Mar 032013
 

La Generalitat quiere dar “incentivos” a los municipios pequeños para que se fusionen

EUROPA PRESS – BARCELONA

Cataluña mantendrá las pedanías pese a que el Estado plantea eliminarlas

Cataluña va a mantener las Entidades Municipales Descentralizadas (EMD) pese a que el Estado planee eliminarlas, y lo hará apelando al Estatut.

En una entrevista de Europa Press, el secretario de Cooperación y Coordinación de las Administraciones Locales, Joan Cañada, ha asegurado este domingo que según el Estatut, “la Generalitat tiene la competencia exclusiva” en administración local, por lo que cualquier decisión del Estado en la materia no afectará a los entes locales catalanes.

Además, en el caso de las EMD, que el Gobierno quiere suprimir, Cañada ha asegurado que “el Estatut las prevé, les otorga reconocimiento jurídico y ninguna norma que se apruebe puede contradecir el Estatut, que es una ley orgánica y forma parte del bloque constitucional”.

Ha recordado el artículo relativo a las EMD “no sufrió ninguna modificación en la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatut”, por lo que está plenamente vigente y el Estado debe respetarlo.

Cañada ha hecho una valoración positiva de lo que suponen las EMD desde una perspectiva social y territorial: “Son una realidad reconocida y desde nuestro punto de vista, la inmensa mayoría tienen una razón geográfica e histórica”.

Por otra parte, Cañada ha explicado que en la futura ley catalana que regulará la administración local, y que el Consell Executiu aprobará en abril, se abrirá la posibilidad a que municipios pequeños puedan fusionarse.

En ningún caso, se obligará a las localidades de menor tamaño a fusionarse, pero sí que habrá “incentivos” para los municipios que lo deseen, que se concretarán en la futura ley.

“No queremos fusionar municipios a golpe de decreto”, ha señalado Cañada, resaltando que se descarta fijar por ley un número mínimo de habitantes que deben tener los municipios catalanes.

3.000 ENTIDADES AMENAZADAS

En España, hay unas 3.000 entidades locales menores –también denominadas pedanías, y en Cataluña oficialmente se llaman EMD–, que peligran por la reforma de la administración local impulsada por el Gobierno.

Si se mantiene el texto tal como lo ha aprobado el Consejo de Ministros en su tramitación parlamentaria, las entidades locales menores desaparecerán si no entregan sus cuentas al Estado en un plazo de tres meses desde la aprobación de la ley, algo que hasta ahora no estaban obligadas a hacer.

Cataluña cuenta con 63 Entidades Municipales Descentralizadas (EMD), muchas de los cuales son antiguos municipios pequeños de áreas rurales que durante el franquismo fueron anexionados a localidades más grandes, o bien barrios que se desarrollaron y que pidieron a los Ayuntamientos cierto grado de reconocimiento y autonomía.

La gran mayoría de EMD agrupan a núcleos de población muy pequeños, que van de los 15 de Sellui (en el municipio de Baix Pallars, Lleida) hasta los más de 7.600 que viven en Valldoreix (Sant Cugat del Vallès, Barcelona).

La segunda EMD más poblada es Jesús (Tortosa, Tarragona, con 3.700 habitantes) y la tercera Bellaterra (Cerdanyola del Vallès, Barcelona, con 2.700).

Las EMD se regulan en Cataluña mediante dos decretos, uno de 2003 y otro de 2007, y tienen varias competencias, como vigilancia de bienes públicos y comunales; limpieza; alumbrado; ejecución de obras; ordenación del tráfico; conservación de parques, bosques y patrimonio histórico y artístico y actividades culturales y deportivas y otras que le deleguen los respectivos ayuntamientos.

Feb 252013
 

Los alcaldes creen que el Gobierno busca controlar directamente los montes

Información de El País (25 de febrero de 2013). María Fernández.
Elecciones municipales en Os Blancos, municipio de Ourense. / NACHO GÓMEZ (EL PAÍS)

Nogarejas es un pueblo de la comarca de La Valdería, perteneciente al municipio de Castrocontrigo, en León. Una junta vecinal gestiona allí los servicios para sus 260 habitantes, la mayoría jubilados. Con un presupuesto anual de medio millón de euros —que consiguen con lo que rinden sus 3.000 hectáreas de monte— pagan el alumbrado público, el consultorio médico, la gestión del tanatorio, la limpieza de los jardines, el abastecimiento de agua, la máquina quitanieves y hasta se han hecho cargo de la restauración de la iglesia, del siglo XII. Sus cuentas las lleva una gestoría porque, según el alcalde pedáneo, Olivio Campo, el secretario municipal del que dependen (en un Ayuntamiento de 895 habitantes) no tiene tiempo para atender a las seis parroquias de la zona.

Como Nogarejas hay en Castilla y León 2.227 entidades locales menores, el 60% de las 3.720 que funcionan en España. El Gobierno asegura que el 96% de estas unidades administrativas que en muchos casos tienen origen medieval no presenta sus cuentas en ninguna parte, lo que anticipa un coladero de irregularidades y un foco de corruptelas. Por eso les ha planteado un ultimátum: si la reforma de la administración local entra en vigor tal y como está redactada, unas 3.500 desaparecerán automáticamente a menos que presenten sus balances en el plazo de tres meses. “Es de lo más razonable obligar a todas las administraciones a que expliquen en qué se gastan el dinero”, reflexionan en el Ministerio de Hacienda. Hasta ahí todo claro. El pequeño matiz es que, en el caso de Castilla y León, la comunidad con más pedanías, la ley de Régimen Local que las regula desde 1998 no desarrolla la obligatoriedad de que los secretarios municipales lleven el control sobre sus presupuestos y remitan esa información al Ministerio.

Fuente: Ministerio de Hacienda y AA PP, y Papeles de la Economía Española. / EL PAÍS

Ahora que quieren ponerse las pilas con la cuenta atrás que ha lanzado el Gobierno, muchas de ellas están encontrándose con que los interventores locales se desentienden del asunto y las Diputaciones no tienen personal para gestionar miles de liquidaciones, lo que las aboca a desaparecer.

“Es un genocidio administrativo”, reflexiona Carlos González-Antón, catedrático de Derecho y miembro de la Federación Leonesa de Entidades Locales Menores. “Que las sancionen si no cumplen, pero no pueden eliminarlas. Son organizaciones con más de diez siglos detrás, que defienden el carácter colectivista y la democracia participativa. Que el Estado no tenga datos de las entidades locales menores no quiere decir que éstas no rindan cuentas a sus vecinos”. En muchos casos los alcaldes pedáneos apenas tienen formación. En otros gestionan barrios o parroquias con menos de 20 vecinos o presupuestos de pocos miles de euros.

El Ministerio de Hacienda asegura que el 96% no presenta cuentas

Mónica Villacorta, la alcaldesa pedánea de Tarilonte de la Peña, un núcleo rural en Palencia, está igual de desesperada que el de Nogarejas. Su pueblo tiene 41 habitantes, muchos ancianos, y el hospital más cercano está a 120 kilómetros. “La Junta no se ha preocupado nunca de nosotros, no cobramos un duro por lo que hacemos, lo que les interesa es controlar los recursos naturales”. Esa parece ser la verdadera razón de esta revolución rural. Las entidades locales, muchas veces esquivas con el poder —sus representantes se eligen entre los vecinos con listas abiertas, y a menudo están adscritos a los partidos de manera simbólica—, tienen un inmenso patrimonio forestal. “Sólo los Montes de utilidad pública en manos de las entidades suponen un tercio de la superficie de la provincia [de León], alcanzando el 40% si se suman los montes de libre disposición, también de su titularidad”, señala González-Antón, que ha estudiado a fondo las particularidades de las pedanías. “Muchos alcaldes se frotan las manos con esta reforma porque pueden perder de vista un foco de contrapoder poco sumiso con la dictadura de un partido político”.

En Asturias el 46% de los montes es administrado por entidades locales

En Asturias el 46% de los montes es administrado por alguna de las 39 entidades locales menores de la región que atienden a una población de 12.000 habitantes. Su presupuesto el año pasado fue de 7,6 millones. “Aquí, gracias a un acuerdo con el Principado, llevamos 16 años presentando cuentas, no tenemos el problema de Castilla y León”. José Manuel García del Valle, de la federación de parroquias rurales asturiana, insiste en que “el dinero público hay que controlarlo al máximo”, pero sospecha que ese “no es el motivo último de esta reforma”. No se le escapa, igual que a otros pedáneos, que el Gobierno de Castilla-La Mancha pretende ingresar este año 45,6 millones de euros por la venta de fincas públicas. Porque el argumento de la deuda no parece muy sólido. Desde la federación andaluza Antonio Martín asegura que, entre las 3.720 entidades locales menores no tienen “ni un millón de euros”, en números rojos, porque apenas tienen margen para endeudarse.

Dic 182012
 

Federación Leonesa de Entidades Locales Menoresm.r. | león 18/12/2012 – DIARIO DE LEÓN
La Federación de Juntas Vecinales pide a la Junta más medios y financiación ( Diario de León – 18/12/2012 )

La Federación Leonesa de Entidades Locales Menores reclama a la Junta de Castilla y León más colaboración en cuanto a medios personales y financiación para la gestión de las pedanías y le exige que asuma una postura similar a la de otras comunidades autonómicas, como Navarra o Asturias, que mantienen un apoyo institucional a las juntas vecinales con el fin de salvaguardar su existencia.

Según señaló ayer el secretario general de la Federación, Carlos González Antón, la cuestión se cierne en que «hay comunidades que entienden que las juntas vecinales son admnistraciones públicas y que merecen ser atendidas y un apoyo institucional y de formación». Sin embargo, «otras como la nuestra —en referencia a la Junta— no consideran necesario aprobar el reglamento como recoge la disposición adicional sexta de la Ley de Régimen Local, para establecer los mecanismos legales de funcionamiento de las pedanías».

A su juicio, desde la administración autonómica existe un «ninguneo» hacia las pedanías «que llegar a ser inconstitucional, por no decir la falta de educación en el trato hacia quienes son también administraciones públicas». «No nos pueden despreciar de esta forma tan grave», asevera el representante de la federación leonesa que lamenta que «ningún director general o el propio consejero de Presidencia de la Junta no haya hablado nunca de la aprobación de este reglamento».

«Intentamos ser optimistas, para ver si podemos cambiar las cosas» señala González Antón, aunque lo ve complicado dado que —frente a lo que ocurre en otras comunidades como el Principado donde todas las juntas vecinales se han unido en una federación multipartidista— «en León el PSOE veta la federación y se inventa un grupo de apoyo, mientras que el PP está escondido».

El secretario general de la federación cree que las pedanías son «parias» para la Junta «pese a ser las primeras administraciones locales que existieron en Castilla y León con carácter jurídico público, antes que los ayuntamientos». De hecho, considera una incongruencia el hecho de que exista una disposición adicional para desarrollar el reglamento y que la Junta se niegue a hacerlo. «O cambia la Ley de Régimen Local o la cumplen», asegura González Antón que no descarta exigir responsabilidades patrimoniales al Gobierno autonómico por los gastos que asumen las pedanías para llevar a cabo su gestión como consecuencia de la falta de desarrollo del reglamento.

Dic 042012
 

Las más de 2.300 entidades locales menores existentes en Castilla y León pueden sentirse algo más aliviados, aunque sea durante un tiempo limitado. El último borrador que maneja el Gobierno para reformar la Ley de Bases de Régimen Local y que supone una rectificación al planteado en Consejo de Ministros hace unos meses da cierta vida a esas poblaciones cuyo ámbito territorial es inferior al de un municipio. Algo similar ocurre con las mancomunidades, sobre las que gira la nueva ordenación del territorio prevista por el Gobierno regional y cuyo futuro también estaba entredicho. Ahora la Junta tiene vía libre para aprobar su modelo en el que este nivel intermedio de la administración adquiere una importancia decisiva. En todo caso, y pese al cambio de postura del Ejecutivo, que llegó a dar por fenecidas a ambas, se impondrán una serie de condiciones para sus continuidad futura.

En el caso de las pequeñas poblaciones se verán obligadas a rendir cuentas «ante los organismos correspondientes» que, en el caso de la Comunidad, sería el Consejo de Cuentas. Aunque el texto al que ha tenido acceso ABC no fija de momento el periodo necesario para que realicen este ejercicio de transparencia, lo cierto es que los datos de rendición siempre han sido más que pobres en unas entidades que apenas disponen de medios para poder ofrecer la información requerida. Al respecto, hace unos días Jesús Encabo, el presidente del organismo que fiscaliza todos los niveles administrativos de la región, aseguraba que las entidades locales menores «no mandan las cuentas no por decisión propia sino por incapacidad». En este sentido, las cifras oficiales más actualizadas confirmaban estas palabras al desvelar que sólo 260 de las más de 2.300 poblaciones de este tipo han presentado sus números de 2011. Aunque el borrador no lo deja claro, si el Gobierno aplicara la «tabla rasa» cerca del 90 por ciento de estas localidades se verían abocadas a su inmediata desaparición. Sin embargo, si se tiene en cuenta lo que se prevé en otros apartados de lo que será la futura Ley parece lógico pensar que estas pueblos organizados bajo las denominadas juntas vecinales contarán con un periodo de transición para poder cumplir con lo que se les exige.

Si finalmente se produce la disolución, el borrador prevé que el personal que estuviera al servicio de la entidad desaparecida quede incorporada al Ayuntamiento al que estaba integrado y que éste asumirá «todos sus derechos y obligaciones».

Un año para la evaluación
En cuanto a las mancomunidades, incluidas las que «reorganizará» la Comunidad bajo el apellido de «interés comunitario», también podrán subsistir al menos durante algún tiempo. En concreto, dispondrán de un año desde la entrada en vigor de la nueva norma para superar los controles de evaluación a los que serán sometidos y que incluirán tanto una valoración de los servicios que prestan a los municipios como la de otros aspectos vinculados a la estabilidad presupuestaria. Si se incumplieran estas condiciones, el texto prevé también su eliminación y que sean las diputaciones las que asuman la prestación.

Estos serán algunos de los asuntos que centren la reunión que mantendrán hoy en Madrid el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, con el presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y alcalde de Santander, Íñigo de la Serna, que había manifestado el malestar de la organización por el anuncio en julio en un Consejo de Ministros de la supresión de las entidades locales menores y de las mancomunidades, ahora matizada.

Aquella intención del Ejecutivo también provocó un amplio rechazo en las entidades locales menores de la Comunidad, especialmente en Burgos y León, donde su número es mucho más elevado. De hecho, la provincia leonesa acapara una de cada tres poblaciones de este tipo que existen en España.

También las distintas diputaciones y los partidos políticos mayoritarios expresaron su posición contraria al a desaparición de las entidades locales menores, que ven como se les abre una pequeña opción de futuro.

Dic 022012
 

La Junta ha decidido ser más estricta con las pedanías de la provincia y rechazará los acuerdos que le remitan sin la firma del secretario del ayuntamiento al que pertenecen o del SAM de la Diputación, como exige la Ley de Régimen Local.

El delegado territorial, Guillermo García, reconoce que hasta ahora se analizaban con mayor permisividad los actos de las juntas vecinales, pero las últimas sentencias del TSJCyL recordando la obligatoriedad de las entidades locales menores de adoptar sus acuerdos estrictamente en presencia del secretario municipal o del Servicio de Asistencia a Municipios para que dén fe, aconseja reforzar la vigilancia legal sobre los documentos.

Según explica, el control sobre la actividad de las pedanías «es importante, porque algunas incluso aprueban presupuestos superiores al de los ayuntamientos en los que se integran». Además, indica que están «exponiendo a todos los presidentes de juntas vecinales y secretarios, a través de la sección de Régimen Local de la delegación, que no vale que un miembro de la pedanía valide los acuerdos y que la Ley indica que debe hacerlo el secretario del Ayuntamiento o el SAM. De modo que los documentos deben llegar certificados con la suficiente garantía. Hay que exigirles rigor».

Rigor

La nueva Federación Leonesa de Entidades Locales Menores calcula que la ilegalidad por falta de ese sello afecta al 80% de los acuerdos de las pedanías, entre ellos a la aprobación de las ordenanzas del agua, la adjudicación de pastos y suertes de leña, la contratación de obreros y los presupuestos.

Una situación que coloca a muchas de estas entidades al borde del precipicio, ya que el Gobierno ha advertido que desaparecerán todas las que no rindan cuentas o información de forma adecuada, además de las pedanías con déficit reiterado. La Federación remarca que la imposibilidad de las juntas vecinales para validar sus acuerdos deriva de la negativa de muchos secretarios municipales a firmarlos, e insiste en que las pedanías están desamparadas. También lamentan que exista una bolsa de secretarios interinos a la que no se recurre para estos casos.

El delegado no prevé que la Junta vaya a impulsar el servicio de asesoría a pedanías previsto en la disposición sexta de la Ley de Régimen Local, ni que vayan a habilitarse, de momento, más secretarios para dar fe de los actos de las juntas vecinales. Confía en que ayuntamientos y juntas sepan resolver los problemas para compartir al secretario «teniendo en cuenta su horario de trabajo y su salario», puntualiza.