Oct 302013
 

Cristobal-MontoroEl PP y UPyD permiten que avance la supresión de pedanías en el Congreso ( Diario de León – 30/10/2013 )

pilar infiesta | redacción 30/10/2013

La ‘Ley Montoro’ sigue manteniendo a las juntas vecinales al borde del abismo, con apoyo del grupo de congresistas del Partido Popular y de UPyD, cuyas enmiendas a la temida Ley de Racionalización de la Administración Local impulsada por el ministro dejan vía libre a la supresión del carácter de administración pública de las históricas pedanías.

La Federación Leonesa de Entidades Locales Menores (FLELM) contempla con «preocupación» el escaso reconocimiento demostrado por ambos partidos hacia estas entidades, 1.233 en la provincia, a pesar de que vertebran desde hace diez siglos el territorio.

En las enmiendas, el PP defiende el proyecto de reforma local tal y como lo presentó el Gobierno, lo que significa en la práctica la supresión de las juntas vecinales. Por su parte UPyD «consiente la regulación que aprueban los populares», entiende la Federación, lo que redunda en la supresión del carácter de entidad local de las pedanías. «Se olvida totalmente de las ELM, en contra de lo afirmado por sus responsables provinciales. Su pelea es la supresión de las Diputaciones y la fusión de municipios», señalan.

Irresponsable

La FLELM considera «muy preocupante que el Partido Popular destruya el patrimonio institucional que suponen las juntas vecinales, quitándoles el carácter de ente local que tiene desde hace siglos». También entienden que «es absolutamente irresponsable que se obligue a la supresión de las juntas vecinales por las deudas del Ayuntamiento».

La ampliación del plazo para rendir cuentas al 31 de diciembre del 2014, «además de tener una redacción penosa, es una medida ridícula, al condenar en otros artículos a las pedanías a dejar de ser administraciones públicas y al borde de su desaparición», matizan. La Federación confía, no obstante, que los diputados del PP en la Comisión «rectifiquen a tiempo».

Respecto a las enmiendas del PSOE, creen que los socialistas se confían a lo que diga el Tribunal Constitucional cuando resuelva el recurso que han anunciado presentar. La FLELM prefería que apostaran por mantener la redacción actual de 1985, en la que había intervenido activamente el PSOE.

Descentralización

El Grupo de La Izquierda Plural, el Grupo Catalán y Foro por Asturias recogen «muy positivamente todas las pretensiones de la Federación de Concejos de España, incorporándolas en sus enmiendas», indican. A juicio del organismo defensor de las juntas , el PNV «ha pactado la exclusión de su Administración local de la aplicación de esta Ley y está un poco despistado con las ELM del resto del Estado». Confunde descentralización y desconcentración.

Abr 272013
 

“Para poder apropiarse del territorio y del espacio común, también de los recursos, lo que hace [el Gobierno] es acabar con la forma política que se lo impide, en este caso el concejo, y en sentido más amplio con la democracia”, explica Jesús Manuel Albarrán, portavoz de la Plataforma en Defensa de los Concejos de la Comarca de Omaña, en León.

Albarrán se refiere al anteproyecto de la ley de Racionalización y Soste­ni­bi­lidad de la Administración Local, aprobado por el Gobierno del PP el 15 de febrero y que se encuentra ahora pendiente del informe del Consejo de Estado para su aprobación final. El anteproyecto pretende suprimir la personalidad jurídica de más de 3.750 entidades locales menores (que reciben el nombre de juntas vecinales, concejos, barrios, parroquias o pedanías) pueblos que cuentan con recursos propios y potestad para administrarlos y ejercen democracia directa sobre estos recursos. De este modo, quedarían agrupados en los ayuntamientos de los que dependen y la gestión de sus bienes pasaría a ser administrada por esos ayuntamientos, diputaciones y Comunidades autónomas.

Expolio de recursos

“Es lo mismo que le ocurre a una comunidad indígena en el Perú cuando le expropian sus tierras para que entre una multinacional canadiense a quedarse con sus recursos. Nos sentimos solidarios con ellos, es lo mismo que quiere el Gobierno con la nueva ley”, explica Albarrán.
En la actualidad, los recursos naturales de los concejos “son propiedad, por igual, de sus vecinos y vecinas y son ellos y ellas las que los gestionan y deciden cómo administrarlos. No existe democracia más pura que la de los concejos. Los bienes comunales son anteriores al Estado moderno, al Estado representativo. Estamos defendiendo la asamblea de vecinos y vecinas. Como ellos y ellas tienen la última palabra sobre su patrimonio, son el obstáculo para que el Gobierno pueda acceder a la gestión, o la apropiación de ese patrimonio. Con la nueva ley se podrá privatizar la gestión del agua, de los montes, de la caza… Ellos tienen su plan”, subraya Albarrán.
Omaña cuenta con 75 juntas vecinales repartidas en cuatro ayunta­mien­tos y sólo el municipio de Riello cuenta con 39, “es el que más juntas vecinales tiene de todo el Estado español, y es probable que de toda Europa”, afirma el portavoz de la comarca de Omaña y señala que son “pueblos pequeños en las montañas y valles con entre 30 y 50 vecinos censados, que en invierno pueden tener cuatro o cinco casas abiertas”.
Jesús Manuel Albarrán participó el 5 y el 6 de abril en el encuentro estatal por la Autonomía de Nuestros Pueblos, donde se plantearon acciones informativas y de lucha contra “este golpe mortal al mundo rural”, como lo calificaron los representantes de más de medio centenar de comarcas. En el Estado español existen 3.720 juntas vecinales que desaparecerán si el anteproyecto de la ley de Racionalización y Sostenibi­lidad de la Adminis­tra­ción Local sale adelante. Castilla y León, con 2.257 juntas vecinales, será la comunidad autónoma más afectada por la supresión de estos pequeños pueblos, que perderán su autonomía y la gestión de un patrimonio de cientos de hectáreas de montes de gran riqueza ambiental y económica. Le sigue Cantabria con 534 concejos, Navarra (348), País Vasco (340), Cataluña (63), Andalucía (48) y Castilla-La Mancha (42), y el resto de comunidades con entre siete y un concejo.

Desobediencia civil

“Es necesario desobedecer a este Gobierno, que quiere quedarse con nuestros recursos y eliminar la autonomía de nuestros pueblos”, señala Jerónimo Aguado, campesino deAmayuelas, Palencia, y portavoz de la Plataforma Rural. Aguado coincide con el resto de asistentes a las jornadas en la necesidad de llevar a
cabo actos informativos en los pueblos y movilizarse contra esta ley. Los representantes vecinales acordaron también acudir a los tribunales por la vía penal para denunciar esta norma, ya que la Constitución en su artículo 140 dice que se “garantiza la autonomía de los municipios. Estos gozarán de personalidad jurídica plena (…)”.
Por otra parte, Antonio Aguado de El Provencio, en Cuenca, agricultor ecológico de la comarca de La Mancha, señala que aunque Castilla-La Mancha cuenta con menos pedanías, 42, “ya se está aplicando el expolio de nuestros bienes comunales: los montes públicos. Somos el laboratorio del Estado, sufrimos a [María Dolores de] Cospedal. En los presupuestos de 2013 ya han incluido los 45 millones que pretenden ganar este año con la venta de los montes, sin que, ni siquiera, entre en vigor esta reforma de la ley de entidades locales”, apunta.
Un secretario de Ayuntami­ento de un municipio de Segovia presente en las jornadas va más allá: “¿Qué pasará con los municipios de menos de 5.000 habitantes, que son la mayoría? El objetivo del PP es suprimir los ayuntamien­tos, y como se lo impide la Constitución, los van a vaciar de competencias. Quieren quedarse con los servicios públicos: gestión del agua, alcantarillado, vías públicas y alumbrado que gestionarán las diputaciones a través empresas privadas. Adiós a la autonomía local. Negocio con lo público”, concluye.
Mar 112013
 

Cataluña mantendrá las pedanías pese a que el Estado plantea eliminarlasCataluña va a mantener las Entidades Municipales Descentralizadas (EMD) pese a que el Estado planee eliminarlas, y lo hará apelando al Estatut.

En una entrevista de Europa Press, el secretario de Cooperación y Coordinación de las Administraciones Locales, Joan Cañada, ha asegurado este domingo que según el Estatut, “la Generalitat tiene la competencia exclusiva” en administración local, por lo que cualquier decisión del Estado en la materia no afectará a los entes locales catalanes.

Además, en el caso de las EMD, que el Gobierno quiere suprimir, Cañada ha asegurado que “el Estatut las prevé, les otorga reconocimiento jurídico y ninguna norma que se apruebe puede contradecir el Estatut, que es una ley orgánica y forma parte del bloque constitucional”.

Ha recordado el artículo relativo a las EMD “no sufrió ninguna modificación en la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatut”, por lo que está plenamente vigente y el Estado debe respetarlo.

Cañada ha hecho una valoración positiva de lo que suponen las EMD desde una perspectiva social y territorial: “Son una realidad reconocida y desde nuestro punto de vista, la inmensa mayoría tienen una razón geográfica e histórica”.

Por otra parte, Cañada ha explicado que en la futura ley catalana que regulará la administración local, y que el Consell Executiu aprobará en abril, se abrirá la posibilidad a que municipios pequeños puedan fusionarse.

En ningún caso, se obligará a las localidades de menor tamaño a fusionarse, pero sí que habrá “incentivos” para los municipios que lo deseen, que se concretarán en la futura ley.

“No queremos fusionar municipios a golpe de decreto”, ha señalado Cañada, resaltando que se descarta fijar por ley un número mínimo de habitantes que deben tener los municipios catalanes.

3.000 ENTIDADES AMENAZADAS

En España, hay unas 3.000 entidades locales menores –también denominadas pedanías, y en Cataluña oficialmente se llaman EMD–, que peligran por la reforma de la administración local impulsada por el Gobierno.

Si se mantiene el texto tal como lo ha aprobado el Consejo de Ministros en su tramitación parlamentaria, las entidades locales menores desaparecerán si no entregan sus cuentas al Estado en un plazo de tres meses desde la aprobación de la ley, algo que hasta ahora no estaban obligadas a hacer.

Cataluña cuenta con 63 Entidades Municipales Descentralizadas (EMD), muchas de los cuales son antiguos municipios pequeños de áreas rurales que durante el franquismo fueron anexionados a localidades más grandes, o bien barrios que se desarrollaron y que pidieron a los Ayuntamientos cierto grado de reconocimiento y autonomía.

La gran mayoría de EMD agrupan a núcleos de población muy pequeños, que van de los 15 de Sellui (en el municipio de Baix Pallars, Lleida) hasta los más de 7.600 que viven en Valldoreix (Sant Cugat del Vallès, Barcelona).

La segunda EMD más poblada es Jesús (Tortosa, Tarragona, con 3.700 habitantes) y la tercera Bellaterra (Cerdanyola del Vallès, Barcelona, con 2.700).

Las EMD se regulan en Cataluña mediante dos decretos, uno de 2003 y otro de 2007, y tienen varias competencias, como vigilancia de bienes públicos y comunales; limpieza; alumbrado; ejecución de obras; ordenación del tráfico; conservación de parques, bosques y patrimonio histórico y artístico y actividades culturales y deportivas y otras que le deleguen los respectivos ayuntamientos.

Mar 042013
 

En España existen un total de 3.720 entidades locales menores. Con la reforma de la Administración local unas 3.500 podrían desaparecer automáticamente si no presentan las cuentas en el plazo de tres meses. Eso siempre que no haya cambios en el borrador del anteproyecto. Castilla y León es la comunidad autónoma con mayor número, 2.227. En Galicia existen nueve. Una en la provincia de Ourense, la de Berán (Concello de Leiro), y las otras ocho en la de Pontevedra. Son Arcos da Condesa (Caldas de Reis), Bembrive (Vigo), Camposancos (A Guarda), Chenlo (O Porriño), Morgadáns (Gondomar), Pazos de Reis (Tui) y Queimadelos y Vilasobroso (Mondariz).

Recuerdo arcaico de antiguas agrupaciones parroquiales, las entidades locales menores administran recursos procedentes de tasas, explotación del monte, etcétera. Entre sus atribuciones, detalladas en la ley 5/1997 de Administración local de Galicia, están las de acometer actuaciones a cuenta de sus presupuestos y la limpieza de pistas, fuentes y montes.

Mar 042013
 

La espada de Damocles se cierne fundamentalmente sobre las llamadas entidades locales menores, como los casos de los concejos alaveses y navarros, y las instituciones supramunicipales, como las mancomunidades y las cuadrillas alavesas. Su supervivencia está en cuestión. En el caso de la CAV y Nafarroa, la esperanza radica en que las instituciones de ambas comunidades logren introducir salvaguardas a sus competencias en materia de organización territorial.

Pero, por el momento, el borrador del anteproyecto del PP contempla eliminar dichas mancomunidades y entidades locales menores si en el plazo de tres meses de la entrada en vigor de la ley no presentan sus cuentas al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y al Gobierno vasco. No acaba ahí la cosa. También serán disueltas si no superan el proceso de evaluación que demuestre que son eficaces.

En ese caso, los servicios de las mancomunidades pasarán a depender de las diputaciones, mientras que los de las entidades locales menores irán a parar de los municipios.

CIEN MANCOMUNIDADES En Euskal Herria, al menos, tanto unas como otras entidades no son meros objetos decorativos. Un centenar de mancomunidades -38 en la CAV y 62 en Nafarroa, territorio este último donde dan servicio a más del 98% de la población- ofrecen a los municipios asociados la recogida y tratamiento de las basuras, el abastecimiento de agua, el fomento del turismo, la asistencia social, la promoción de la cultura vasca y servicios educativos. En Araba estas prestaciones mancomunadas las prestan las siete cuadrillas, la organización tradicional en la que se divide este territorio.

Las entidades locales menores son el caso opuesto. Se trata de instituciones cuyo ámbito es inferior al municipio, del que tienen autonomía administrativa. Generalmente se corresponden con núcleos rurales, cuyas juntas administrativas son elegidas por los vecinos entre los propios habitantes de los pueblos y que cuentan con un alcalde pedáneo.

GESTIÓN DIRECTA Entre sus competencias, el alumbrado público, el abastecimiento de aguas, el mantenimiento de caminos rurales y la administración de los bienes propios de la entidad, que generalmente suelen ser pastos y montes públicos, de cuya explotación obtienen buena parte de sus ingresos. La CAV cuenta con 340 entidades menores, la gran mayoría (335) en Araba, cuatro en Bizkaia y una en Gipuzkoa. En Nafarroa, la cifra es mayor incluso, un total de 348 entidades. Tanto en la comunidad foral como en Araba se las denomina concejos y tienen gran relevancia en la vida ciudadana, ya que son entidades de gestión directa en estos núcleos rurales.

Incluso su influencia se cuela en grandes poblaciones. Es el caso de Gasteiz, donde el área urbana coexiste con 63 concejos, algunos correspondientes a pueblos con una fuerte personalidad, como Abetxu-ko, Arkaute o Armentia.

NO CUESTAN NI UN DURO” Hace unos meses, la Asociación de Concejos de Álava (Acoa-Ake) ya rechazaba el planteamiento de Rajoy porque consideraba que suprimir las entidades menores locales en base a un hipotético ahorro “no tiene ni pies ni cabeza”, pues son las instituciones locales “mas baratas y saneadas”. Añadía que en Araba los concejos “no cuestan un duro a los contribuyentes”, ya que “los cargos son gratuitos por ley y los gastos administrativos, prácticamente inexistentes porque los trámites se hacen de manera voluntaria y gratuita por parte de los representantes electos”.