Abr 222018
 

Reunión de la Federación de Concejos de España. Mauricio. LNC

La Federación Leonesa de Entidades Locales Menores reclamó este sábado dotar de más medios al Servicio de Asistencia a Municipios (SAM) de la Diputación para hacer frente a las exigencias del Real Decreto 128/2018, que obliga a las juntas vecinales a contar con un funcionario de habilitación nacional para su gestión y que ha puesto en peligro la actividad diaria de estos entes locales. El secretario general de la federación leonesa, Carlos González-Antón, aseguró este sábado en un encuentro con federaciones de otros territorios del norte peninsular, que «la Diputación de León y el Consejo Comarcal del Bierzo deberían contar con un servicio con al menos entre 20 y 25 funcionarios de habilitación o no». La federación pide potenciar el SAM «para que inmediatamente se pongan a disposición de las juntas vecinales». González-Antón criticó que «no tienen ningún sentido que en el SAM de la Diputación de León haya un solo habilitado nacional con doscientos municipios y en la de Valladolid haya ocho habilitados con el mismo número de municipios, pero con nueve juntas vecinales cuando aquí hay 1.200». En la misma línea, el secretario general de Concejos aludió al «grave déficit en la dotación de provisión de plazas de secretario de ayuntamientos», que influye también en la gestión de las juntas vecinales y que, según afirmó, «el ministerio conoce perfectamente».

Para poder hacer frente a este déficit de dotación, agravado por las exigencias del decreto, desde las federaciones de juntas vecinales estiman que se debe aplicar una moratoria de año y medio que permita realizar el proceso de provisión de plazas con garantías. González-Antón recordó que el año y medio se corresponde con los plazos de una oposición, a lo que se sumarán también los concursos de traslados y los «reajustes» que sean necesarios en las plantillas de las administraciones públicas. Como ya hiciera la Diputación, las federaciones de forma individual y también agrupadas, remitirán al Ministerio de Hacienda y Función Pública una misiva solicitando el «plazo transitorio inmediato». Entre otras cuestiones, las entidades afectadas recuerdan que primero «tienen que llegar los secretarios».

Al Congreso

Además, las federaciones aseguran haber mantenido contactos con los grupos políticos en el Congreso de los Diputados, donde se presentará una Proposición No de Ley (PNL) para derogar la disposición V del decreto 128/2018, en la que se fija el cambio normativo que ha provocado un «caos» y la paralización de los ayuntamientos, según afirmó González-Antón. No obstante, a pesar de llevar la cuestión al Parlamento, las federaciones piden que no se utilice «como un arma política» y piden «que se escuche a los afectados».

Dentro del plano político –Diputación solicitó que la moratoria se extienda hasta las elecciones municipales del próximo año–, las federaciones alertaron de que el incremento de las «trabas» administrativas a la labor de los alcaldes-pedáneos y los diferentes vocales se traduce en un descenso de los posibles candidatos. Consideraron también que el nuevo decreto desincentiva a los vecinos para ocuparse de la administración de sus pueblos y se mostraron conscientes del riesgo de quedarse «sin candidatos para las elecciones». El peligro de incurrir «en grave irresponsabilidad», explicó el secretario leonés, desanima a los posibles candidatos.

Las federaciones reunidas este sábado en León también acordaron «actuar contra los responsables de paralizaciones, ya sea la comunidad autonóma, o las diputaciones en su caso» porque «los perjuicios no son solo para la Administración, sino para todos los ciudadanos que dependen de trámites de esas administraciones», según explicó su portavoz .

“En la línea de flotación”

Para las juntas vecinales, el decreto supone un «torpedo en la línea de flotación». A su juicio, el «ataque» evita que «el medio rural pueda actuar rápidamente», quedando enmarañado en la burocracia administrativa de las entidades superiores. Pese a estas afirmaciones, aseguraron que no se oponen a la «fiscalización» y la «modernización», pero exigen suficientes medios humanos y materiales. Reclaman esfuerzos de inversión para hacer frente a las necesidades de una administración «altamente tecnificada».

En esta línea, los responsables de federaciones de Asturias, Cataluña o Álava denunciaron «la falta de diálogo» por parte del Gobierno con los afectados y lamentaron «que paguen justos por pecadores». Una de sus mayores críticas se centró en la «falta de sensibilidad con el primer escalón de la Administración».

Abr 222018
 
Mapa de las entidades locales menores en España

Mapa de las entidades locales menores en España. Diario de León.

Carlos González-Antón criticó que en la provincia, que reúne la mitad de las entidades locales menores de todo el país —más de 1.200 de las 3.000 que hay en todo el Estado—, el Servicio de Asistencia a Municipios (SAM) de la Diputación de León sólo hay habilitado un técnico para 200 ayuntamientos y más de 1.200 pedanías. En contraposición, puso el ejemplo de la Diputación de Valladolid donde hay ocho funcionarios para el mismo número de municipios pero con nueve entidades locales cuando en León hay 1.200. «La Diputación de León debería contar con un servicios, al igual que el Consejo Comarcal del Bierzo, con al menos 20 ó 25 funcionarios de habilitación o funcionarios que de forma inmediata se pongan a disposición de las juntas vecinales», recalcó González.

«Uno de los problemas más graves de las zonas rurales es la despoblación por eso no se entiende que este torpedo en la línea de flotación de las entidades locales de menores, que el fin y al cabo son las más directas e eficientes con los ciudadanos, las que menos recursos consumen», insistió el secretario de la federación leonesa que pide que desde los partidos políticos se escuche más a los afectados, es decir, a las propias juntas vecinales.

La modernización de las entidades, fue otro de los temas presentes en la reunión, sobre todo ante la inminente entrada en vigor de la administración electrónica a principios de octubre. Los responsables de las federaciones denunciaron la falta de medios y la incapacidad para entrar en las plataformas necesarias para su puesta en marcha.

Abr 222018
 

Reclaman un periodo transitorio para habilitar funcionarios el margen de los municipales en las juntas vecinales.

MARÍA CARNERO | LEÓN

Las federaciones de Asturias, Cantabria, Álava, Cataluña, Palencia, Salamanca y León, que representan a 2.415 entidades locales menores, —más de dos tercios de las de España—, se reunieron ayer en León para acordar una postura común ante la reciente aprobación del Real Decreto 128/2018, que obliga a que sean funcionarios de la Administración local con habilitación nacional quienes ejerzan las labores de secretaría en las entidades de ámbito inferior al municipal.

Como punto de partida, los representantes de las juntas vecinales presentes en la reunión denunciaron la «falta de diálogo» con la que se ha tramitado esta ley, así como el «colapso» que la aplicación de esta norma está suponiendo «no solo en las entidades locales menores, sino también de los propios ayuntamientos», destacó el secretario general de la Federación de Juntas Vecinales de León, Carlos González-Antón.

«Además de la paralización de las administraciones, la entrada en vigor de esta norma está afectado directamente a todas las tramitaciones de los ciudadanos, sobre todo del área rural, como es el caso de las autorizaciones de pastos, de caza, contratos de la PAC, etc», añadió González Antón, que anunció medidas inmediatas hacia los «responsables» de este colapso.

«Si lo que se buscaba es un mayor control con el cual estamos absolutamente de acuerdo, ya que todos apoyamos la profesionalización y la modernización de estas entidades, deben garantizar una suficiente dotación de plazas de secretarios de ayuntamientos ya que actualmente claramente deficitaria», denunció el secretario de la federación leonesa.

Como medida más inmediata las entidades han pedido al Ministerio de Hacienda y Función Pública que se permita un periodo transitorio de al menos año y medio para flexibilizar la norma para que se permita que funcionarios que no sean los habilitados nacionales del ayuntamiento puedan prestar estas funciones. «Se debe facilitar la existencia de funcionarios que asuman exclusivamente las funciones de los entes locales menores», insisten.

Una de las posturas más consensuadas en el encuentro es la necesidad de recabar apoyos entre los distintos partidos políticos con el fin de impulsar un pacto de Estado en defensa de la pequeña administración local y garantizar su supervivencia, «con todos los controles y todas las garantías de legalidad». De hecho, a través de los grupos políticos quieren solicitar la tramitación de una Proposición No de Ley en el Congreso de los Diputados para que se inste al Gobierno a rectificar y promover los cambios normativos que permitan que los entes locales menores puedan prestar adecuadamente sus funciones y servicios, procurando la modernización y con el pleno control interno y externo de las cuentas.

«Cuanta más fiscalización mejor todavía. Lo que pasa es que aquí pagamos justos por pecadores, ya que mientras muchas entidades locales hacen bien las cosas el 46,7 de las entidades locales de España no rinden cuentas, y eso significa muchos miles de euros que Hacienda quiere controlar», explicó el secretario general de la Federación de Asturias, José Manuel García del Valle, que considera que hay otras fórmulas de controlar las cuentas de las juntas vecinales, «siempre desde el consenso y no con este tipo de decretos».

Por su parte, Juanjo Cortés, secretario de la Federación de Cataluña manifestó la preocupación existente en su territorio por este decreto, ya que «no han contado con nosotros para su elaboración, y somos los que mejor conocemos a la administración más próxima al ciudadano que son las entidades locales menores, así como sus dificultades y lo que significa la aplicación de ese decreto, que puede suponer en muchos casos la desaparición de muchas de ellas». Desde Cataluña no creen que sea lo más correcto compartir secretario con los ayuntamientos, ya que en muchas ocasiones hay cierto conflicto de intereses entre las dos administraciones. «No puedes defender a las dos partes de igual manera —al ayuntamiento y a la junta vecinal— porque cuando hay negociar convenios o acuerdos económicos entre ambas evidentemente el secretario defenderá al que más le paga, que en este caso será la entidad mayor», destacó Cortés.

Por último, el presidente de la asociación de Concejos de Álava, Joseba Terreros, aseguró que con el sistema de competencias de su territorio, que fueron transferidas por el Gobierno Vasco a las diputaciones, «su problemática es diferente». De todos modos, denunció que «una vez más no se ha tenido en cuenta nuestra opinión», lo que conlleva a la paralización de la actividad de las entidades locales. «Nadie cuenta con nosotros cuando al final somos los que más cerca estamos de los ciudadanos», denunció.

Políticos que miren a la administración local

La polémica por el Real Decreto que elimina la figura del vecino-secretario y amenaza con colapsar la tramitación administrativa del medio rural dependiente de las juntas vecinales pone de manifiesto no sólo el desconocimiento de cómo funciona parte del sistema nacional (especialmente León, que aglutina la mitad de estas juntas en todo el país), sino la falta de implicación real de los partidos políticos en atender problemas ‘menores’. Las formaciones políticas únicamente se ocupan de estas pequeñas entidades en tiempo de elecciones, cuando se enfrentan a la dificultad de encontrar candidatos dispuestos a pelear por el futuro de sus pueblos con una falta de recursos y medios que les limita enormemente. Las federaciones de concejos y juntas vecinales de varias provincias exigieron ayer en León un pacto de Estado que defienda el sistema de pequeñas entidades de administración local y garantice su supervivencia. Son ellas las que están realmente cerca de los problemas de sus vecinos. Habrá que ver qué respaldo les dan los partidos.

Abr 212018
 

A. DOMINGO | REDACCIÓN

Poner en manos de un funcionario la secretaría y así cumplir el Real Decreto 128/2018 puede ser el reto más inmediato al que se enfrentan las juntas vecinales de la provincia, pero no el único, pues, al igual que el resto de las administraciones públicas, las entidades locales menores deben cumplir y que, según el secretario de la Federación Leonesa de Entidades Locales Menores, Carlos González-Antón, todo el esfuerzo por cumplir la normativa llega «al ámbito municipal, sin que se haya promovido en la provincia de León iniciativa alguna para que la cumplan las juntas vecinales, al margen de esfuerzos puntuales que puedan existir».

La legislación sobre administración electrónica se recoge en las leyes 39 y 40/2015, que entraron en vigor el 2 de abril de 2016, si bien daban margen de dos años para disponer de registro, punto de acceso general electrónico de la Administración y archivo único electrónico, entre otros aspectos.

Y, al margen de la obligatoriedad de las administraciones de relacionarse entre ellas por medios electrónicos, así como con personas jurídicas y profesionales que requieran colegiación obligatoria para ejercer su actividad, como los abogados, la Administración electrónica es un derecho del ciudadano. «Un pastor tiene derecho a registrar en su junta vecinal un escrito desde la majada desde su smartphone», ejemplificó González-Antón.

Un cambio total

Las pedanías necesitan capacidad para «tramitar todos sus expedientes de manera electrónica». Como los ayuntamientos, «deben publicar las actas de los plenos en una web de transparencia, así como las ordenanzas comunales, las facturas deben ser electrónicas…», de forma que quedarse al margen de lo establecido en la normativa «es gravísimo desde el punto de vista administrativo».

La federación leonesa critica que la ordenación del territorio en la que trabaja la Junta de Castilla y León no contempla que las entidades locales menores vayan a disponer de una web» conectada a las plataformas de administración electrónica. «Nos hemos cansado de decir que los concejos deben formar parte de la ordenación del territorio», indicó el secretario de la agrupación de entidades menores.

Aunque «es cierto que cada uno se tiene que sacar las castañas del fuego, también es cierto que hemos advertido de esta situación en todos los foros a los que nos hemos dirigido», sin que se haya producido una respuesta satisfactoria.

Abr 022014
 

salamancaRENDIR CUENTAS NO ASEGURA LA PERVIVENCIA DE LOS CONCEJOS, PEDANIAS Y  PARROQUIAS RURALES

Las ELM tachan de inconstitucional la reforma Local, consideramos que incumplen varios derechos de las Entidades Locales Menores, en Asturias, Parroquias Rurales

Los representantes de las Federaciones que asistieron a la asamblea de la Federación Nacional de Entidades Locales Menores, celebrada en Salamanca el día 29 de marzo, acordaron realizar un esfuerzo pora explicar a las  ELM. (Parroquias Rurales, Juntas  Vecinales y Concejos) los cambios legislativos a los que les obligan la Ley de Estabilidad Presupuestaria y de cuyo incumplimiento podría derivarse la desaparición muchas de estas  entidades locales

«Los remanentes de tesorería pueden suponer un problema para muchas juntas vecinales, porque no se puede destinar el ahorro de una entidad local a sufragar el gasto corriente, sino que éste debe cubrirse con ingresos corrientes», explicó el secretario general de la Federación Asturiana de Parroquias Rurales, José Manuel  García del Valle  “se penaliza al que gestiona bien”

También se acordó organizar  reuniones en las distintas Comunidades Autónomas con el fin de explicar a las ELM que el nuevo panorama legislativo «no se limita a presentar las cuentas una vez al año, sino que, además, deben tener en cuenta las restricciones de gasto que existen ahora». La gestión de las ELM se complica «por la falta de ingresos corrientes» al carecer de capacidad tributaria.

«En la mayoría de las ELM creen que con llevar las cuentas como hasta ahora ya cumplen y hay que hacerles llegar el cambio que existe en la gestión», añadió García del Valle. Según el secretario general de Asturias, los remanentes se podrán utilizar para la inversión «si esta es sostenible y se elabora un plan económico-financiero».

La Federación Nacional de Entidades Locales Menores acordó también apoyar los recursos de inconstitucionalidad contra la reforma local «que defienden que las autonomías tengan las competencias sobre las ELM, así como «fortalecer las relaciones con la Federación Española de Municipios y Provincias y abrir la interlocución con el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y con los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados».