Abr 222018
 

Reunión de la Federación de Concejos de España. Mauricio. LNC

La Federación Leonesa de Entidades Locales Menores reclamó este sábado dotar de más medios al Servicio de Asistencia a Municipios (SAM) de la Diputación para hacer frente a las exigencias del Real Decreto 128/2018, que obliga a las juntas vecinales a contar con un funcionario de habilitación nacional para su gestión y que ha puesto en peligro la actividad diaria de estos entes locales. El secretario general de la federación leonesa, Carlos González-Antón, aseguró este sábado en un encuentro con federaciones de otros territorios del norte peninsular, que «la Diputación de León y el Consejo Comarcal del Bierzo deberían contar con un servicio con al menos entre 20 y 25 funcionarios de habilitación o no». La federación pide potenciar el SAM «para que inmediatamente se pongan a disposición de las juntas vecinales». González-Antón criticó que «no tienen ningún sentido que en el SAM de la Diputación de León haya un solo habilitado nacional con doscientos municipios y en la de Valladolid haya ocho habilitados con el mismo número de municipios, pero con nueve juntas vecinales cuando aquí hay 1.200». En la misma línea, el secretario general de Concejos aludió al «grave déficit en la dotación de provisión de plazas de secretario de ayuntamientos», que influye también en la gestión de las juntas vecinales y que, según afirmó, «el ministerio conoce perfectamente».

Para poder hacer frente a este déficit de dotación, agravado por las exigencias del decreto, desde las federaciones de juntas vecinales estiman que se debe aplicar una moratoria de año y medio que permita realizar el proceso de provisión de plazas con garantías. González-Antón recordó que el año y medio se corresponde con los plazos de una oposición, a lo que se sumarán también los concursos de traslados y los «reajustes» que sean necesarios en las plantillas de las administraciones públicas. Como ya hiciera la Diputación, las federaciones de forma individual y también agrupadas, remitirán al Ministerio de Hacienda y Función Pública una misiva solicitando el «plazo transitorio inmediato». Entre otras cuestiones, las entidades afectadas recuerdan que primero «tienen que llegar los secretarios».

Al Congreso

Además, las federaciones aseguran haber mantenido contactos con los grupos políticos en el Congreso de los Diputados, donde se presentará una Proposición No de Ley (PNL) para derogar la disposición V del decreto 128/2018, en la que se fija el cambio normativo que ha provocado un «caos» y la paralización de los ayuntamientos, según afirmó González-Antón. No obstante, a pesar de llevar la cuestión al Parlamento, las federaciones piden que no se utilice «como un arma política» y piden «que se escuche a los afectados».

Dentro del plano político –Diputación solicitó que la moratoria se extienda hasta las elecciones municipales del próximo año–, las federaciones alertaron de que el incremento de las «trabas» administrativas a la labor de los alcaldes-pedáneos y los diferentes vocales se traduce en un descenso de los posibles candidatos. Consideraron también que el nuevo decreto desincentiva a los vecinos para ocuparse de la administración de sus pueblos y se mostraron conscientes del riesgo de quedarse «sin candidatos para las elecciones». El peligro de incurrir «en grave irresponsabilidad», explicó el secretario leonés, desanima a los posibles candidatos.

Las federaciones reunidas este sábado en León también acordaron «actuar contra los responsables de paralizaciones, ya sea la comunidad autonóma, o las diputaciones en su caso» porque «los perjuicios no son solo para la Administración, sino para todos los ciudadanos que dependen de trámites de esas administraciones», según explicó su portavoz .

“En la línea de flotación”

Para las juntas vecinales, el decreto supone un «torpedo en la línea de flotación». A su juicio, el «ataque» evita que «el medio rural pueda actuar rápidamente», quedando enmarañado en la burocracia administrativa de las entidades superiores. Pese a estas afirmaciones, aseguraron que no se oponen a la «fiscalización» y la «modernización», pero exigen suficientes medios humanos y materiales. Reclaman esfuerzos de inversión para hacer frente a las necesidades de una administración «altamente tecnificada».

En esta línea, los responsables de federaciones de Asturias, Cataluña o Álava denunciaron «la falta de diálogo» por parte del Gobierno con los afectados y lamentaron «que paguen justos por pecadores». Una de sus mayores críticas se centró en la «falta de sensibilidad con el primer escalón de la Administración».

Abr 222018
 
Mapa de las entidades locales menores en España

Mapa de las entidades locales menores en España. Diario de León.

Carlos González-Antón criticó que en la provincia, que reúne la mitad de las entidades locales menores de todo el país —más de 1.200 de las 3.000 que hay en todo el Estado—, el Servicio de Asistencia a Municipios (SAM) de la Diputación de León sólo hay habilitado un técnico para 200 ayuntamientos y más de 1.200 pedanías. En contraposición, puso el ejemplo de la Diputación de Valladolid donde hay ocho funcionarios para el mismo número de municipios pero con nueve entidades locales cuando en León hay 1.200. «La Diputación de León debería contar con un servicios, al igual que el Consejo Comarcal del Bierzo, con al menos 20 ó 25 funcionarios de habilitación o funcionarios que de forma inmediata se pongan a disposición de las juntas vecinales», recalcó González.

«Uno de los problemas más graves de las zonas rurales es la despoblación por eso no se entiende que este torpedo en la línea de flotación de las entidades locales de menores, que el fin y al cabo son las más directas e eficientes con los ciudadanos, las que menos recursos consumen», insistió el secretario de la federación leonesa que pide que desde los partidos políticos se escuche más a los afectados, es decir, a las propias juntas vecinales.

La modernización de las entidades, fue otro de los temas presentes en la reunión, sobre todo ante la inminente entrada en vigor de la administración electrónica a principios de octubre. Los responsables de las federaciones denunciaron la falta de medios y la incapacidad para entrar en las plataformas necesarias para su puesta en marcha.

Abr 222018
 

Reclaman un periodo transitorio para habilitar funcionarios el margen de los municipales en las juntas vecinales.

MARÍA CARNERO | LEÓN

Las federaciones de Asturias, Cantabria, Álava, Cataluña, Palencia, Salamanca y León, que representan a 2.415 entidades locales menores, —más de dos tercios de las de España—, se reunieron ayer en León para acordar una postura común ante la reciente aprobación del Real Decreto 128/2018, que obliga a que sean funcionarios de la Administración local con habilitación nacional quienes ejerzan las labores de secretaría en las entidades de ámbito inferior al municipal.

Como punto de partida, los representantes de las juntas vecinales presentes en la reunión denunciaron la «falta de diálogo» con la que se ha tramitado esta ley, así como el «colapso» que la aplicación de esta norma está suponiendo «no solo en las entidades locales menores, sino también de los propios ayuntamientos», destacó el secretario general de la Federación de Juntas Vecinales de León, Carlos González-Antón.

«Además de la paralización de las administraciones, la entrada en vigor de esta norma está afectado directamente a todas las tramitaciones de los ciudadanos, sobre todo del área rural, como es el caso de las autorizaciones de pastos, de caza, contratos de la PAC, etc», añadió González Antón, que anunció medidas inmediatas hacia los «responsables» de este colapso.

«Si lo que se buscaba es un mayor control con el cual estamos absolutamente de acuerdo, ya que todos apoyamos la profesionalización y la modernización de estas entidades, deben garantizar una suficiente dotación de plazas de secretarios de ayuntamientos ya que actualmente claramente deficitaria», denunció el secretario de la federación leonesa.

Como medida más inmediata las entidades han pedido al Ministerio de Hacienda y Función Pública que se permita un periodo transitorio de al menos año y medio para flexibilizar la norma para que se permita que funcionarios que no sean los habilitados nacionales del ayuntamiento puedan prestar estas funciones. «Se debe facilitar la existencia de funcionarios que asuman exclusivamente las funciones de los entes locales menores», insisten.

Una de las posturas más consensuadas en el encuentro es la necesidad de recabar apoyos entre los distintos partidos políticos con el fin de impulsar un pacto de Estado en defensa de la pequeña administración local y garantizar su supervivencia, «con todos los controles y todas las garantías de legalidad». De hecho, a través de los grupos políticos quieren solicitar la tramitación de una Proposición No de Ley en el Congreso de los Diputados para que se inste al Gobierno a rectificar y promover los cambios normativos que permitan que los entes locales menores puedan prestar adecuadamente sus funciones y servicios, procurando la modernización y con el pleno control interno y externo de las cuentas.

«Cuanta más fiscalización mejor todavía. Lo que pasa es que aquí pagamos justos por pecadores, ya que mientras muchas entidades locales hacen bien las cosas el 46,7 de las entidades locales de España no rinden cuentas, y eso significa muchos miles de euros que Hacienda quiere controlar», explicó el secretario general de la Federación de Asturias, José Manuel García del Valle, que considera que hay otras fórmulas de controlar las cuentas de las juntas vecinales, «siempre desde el consenso y no con este tipo de decretos».

Por su parte, Juanjo Cortés, secretario de la Federación de Cataluña manifestó la preocupación existente en su territorio por este decreto, ya que «no han contado con nosotros para su elaboración, y somos los que mejor conocemos a la administración más próxima al ciudadano que son las entidades locales menores, así como sus dificultades y lo que significa la aplicación de ese decreto, que puede suponer en muchos casos la desaparición de muchas de ellas». Desde Cataluña no creen que sea lo más correcto compartir secretario con los ayuntamientos, ya que en muchas ocasiones hay cierto conflicto de intereses entre las dos administraciones. «No puedes defender a las dos partes de igual manera —al ayuntamiento y a la junta vecinal— porque cuando hay negociar convenios o acuerdos económicos entre ambas evidentemente el secretario defenderá al que más le paga, que en este caso será la entidad mayor», destacó Cortés.

Por último, el presidente de la asociación de Concejos de Álava, Joseba Terreros, aseguró que con el sistema de competencias de su territorio, que fueron transferidas por el Gobierno Vasco a las diputaciones, «su problemática es diferente». De todos modos, denunció que «una vez más no se ha tenido en cuenta nuestra opinión», lo que conlleva a la paralización de la actividad de las entidades locales. «Nadie cuenta con nosotros cuando al final somos los que más cerca estamos de los ciudadanos», denunció.

Políticos que miren a la administración local

La polémica por el Real Decreto que elimina la figura del vecino-secretario y amenaza con colapsar la tramitación administrativa del medio rural dependiente de las juntas vecinales pone de manifiesto no sólo el desconocimiento de cómo funciona parte del sistema nacional (especialmente León, que aglutina la mitad de estas juntas en todo el país), sino la falta de implicación real de los partidos políticos en atender problemas ‘menores’. Las formaciones políticas únicamente se ocupan de estas pequeñas entidades en tiempo de elecciones, cuando se enfrentan a la dificultad de encontrar candidatos dispuestos a pelear por el futuro de sus pueblos con una falta de recursos y medios que les limita enormemente. Las federaciones de concejos y juntas vecinales de varias provincias exigieron ayer en León un pacto de Estado que defienda el sistema de pequeñas entidades de administración local y garantice su supervivencia. Son ellas las que están realmente cerca de los problemas de sus vecinos. Habrá que ver qué respaldo les dan los partidos.

Abr 212018
 

A. DOMINGO | REDACCIÓN

Poner en manos de un funcionario la secretaría y así cumplir el Real Decreto 128/2018 puede ser el reto más inmediato al que se enfrentan las juntas vecinales de la provincia, pero no el único, pues, al igual que el resto de las administraciones públicas, las entidades locales menores deben cumplir y que, según el secretario de la Federación Leonesa de Entidades Locales Menores, Carlos González-Antón, todo el esfuerzo por cumplir la normativa llega «al ámbito municipal, sin que se haya promovido en la provincia de León iniciativa alguna para que la cumplan las juntas vecinales, al margen de esfuerzos puntuales que puedan existir».

La legislación sobre administración electrónica se recoge en las leyes 39 y 40/2015, que entraron en vigor el 2 de abril de 2016, si bien daban margen de dos años para disponer de registro, punto de acceso general electrónico de la Administración y archivo único electrónico, entre otros aspectos.

Y, al margen de la obligatoriedad de las administraciones de relacionarse entre ellas por medios electrónicos, así como con personas jurídicas y profesionales que requieran colegiación obligatoria para ejercer su actividad, como los abogados, la Administración electrónica es un derecho del ciudadano. «Un pastor tiene derecho a registrar en su junta vecinal un escrito desde la majada desde su smartphone», ejemplificó González-Antón.

Un cambio total

Las pedanías necesitan capacidad para «tramitar todos sus expedientes de manera electrónica». Como los ayuntamientos, «deben publicar las actas de los plenos en una web de transparencia, así como las ordenanzas comunales, las facturas deben ser electrónicas…», de forma que quedarse al margen de lo establecido en la normativa «es gravísimo desde el punto de vista administrativo».

La federación leonesa critica que la ordenación del territorio en la que trabaja la Junta de Castilla y León no contempla que las entidades locales menores vayan a disponer de una web» conectada a las plataformas de administración electrónica. «Nos hemos cansado de decir que los concejos deben formar parte de la ordenación del territorio», indicó el secretario de la agrupación de entidades menores.

Aunque «es cierto que cada uno se tiene que sacar las castañas del fuego, también es cierto que hemos advertido de esta situación en todos los foros a los que nos hemos dirigido», sin que se haya producido una respuesta satisfactoria.

Nov 042015
 

SAN EMILIANO / MUNICIPIOS / LOCALIDADES / PUEBLOS / SAN EMILIANOLa Junta frustra el intento de la Diputación y el colectivo de crear una mesa de trabajo sobre el papel de los concejos.

A. Domingo | Redacción 04/11/2015

La ordenación del territorio que ha propuesto la Junta de Castilla y León «no tiene en cuenta a la existencia de entidades locales menores en muchos municipios para la atribución de competencias, de manera que trata igual a municipios cuyos habitantes se concentran en una sola localidad que a otros cuya población se distribuye en distintas localidades, con sus entidades locales menores correspondientes». Es el diagnóstico del secretario general de la Federación Leonesa de Entidades Locales Menores, Carlos González-Antón, que denuncia, además, el desinterés de la Administración autonómica por la mejora de regulación jurídica de las entidades locales menores (ELM) de Castilla y León.

Para la federación leonesa, la prestación de los servicios públicos en municipios con la población más dispersa es más complicada, «hecho que debería tener en cuenta la nueva ordenación, pues la realidad de un municipio de Valladolid de 800 habitantes en un único núcleo de población no es la misma que un municipio de León de 800 habitantes repartido en 12 juntas vecinales, que además prestan servicios municipales, como el agua, alumbrado, entre otros».

Representantes de la federación han manifestado que la Junta no comparte la idea de la Diputación de León y las pedanías de la provincia de crear una mesa de trabajo que aborde el papel de las juntas vecinales en la nueva ordenación, planteamiento que defendió el presidente provincial, Juan Martínez Majo, tras recibir a los directivos de la asociación leonesa de pedanías a mediados de septiembre. En un encuentro posterior de la federación autonómica con la viceconsejera de Ordenación del Territorio, María de Diego, y el director de Ordenación del Territorio y Administración Local, Luis Miguel González Gago, «nos dijeron que la Junta no cree necesario este órgano de discusión, ni tampoco una reforma de la legislación local que defina mejor sus competencias o incluso crear una norma específica» sobre las juntas vecinales. En otras comunidades, donde existen leyes específicas para las ELM, incluso ya se han puesto en marcha para mejorar las mismas, como en la vecina Asturias, donde el Principado «va a reformar la ley de parroquias rurales y la de elecciones locales», precisó González-Antón.

«Es preciso regular los servicios de secretaría en las entidades locales menores», porque el decreto estatal vigente «es insatisfactorio, no da seguridad jurídica, por lo que la Junta debe retomar la aprobación de un reglamento de Castilla y León, que sustituya al intento frustrado de 2013».

Las entidades locales menores necesitan «precisar sus competencias, ganar seguridad jurídica, tener un instrumento de financiación eficaz y disponer de la adecuada asistencia de un secretario que no puede llegar de la secretaría del Ayuntamiento, ya que, en ocasiones, los intereses del municipio y los de las juntas vecinales colisionan» y para ello hace falta reformar la Ley de Régimen Local de Castilla y León, incorporar las ELM en la ordenación del territorio de una forma real, no meramente nominal, y apoyar decididamente a sus federaciones autonómica y provinciales».

La federación atribuye la falta de candidaturas en muchos pueblos «a la sensación de abandono que tienen muchos alcaldes pedáneos», señaló el presidente de la federación leonesa, Andrés Buelta, que reclama «que se facilite la labor» administrativa en las juntas vecinales.