Nov 042015
 

SAN EMILIANO / MUNICIPIOS / LOCALIDADES / PUEBLOS / SAN EMILIANOLa Junta frustra el intento de la Diputación y el colectivo de crear una mesa de trabajo sobre el papel de los concejos.

A. Domingo | Redacción 04/11/2015

La ordenación del territorio que ha propuesto la Junta de Castilla y León «no tiene en cuenta a la existencia de entidades locales menores en muchos municipios para la atribución de competencias, de manera que trata igual a municipios cuyos habitantes se concentran en una sola localidad que a otros cuya población se distribuye en distintas localidades, con sus entidades locales menores correspondientes». Es el diagnóstico del secretario general de la Federación Leonesa de Entidades Locales Menores, Carlos González-Antón, que denuncia, además, el desinterés de la Administración autonómica por la mejora de regulación jurídica de las entidades locales menores (ELM) de Castilla y León.

Para la federación leonesa, la prestación de los servicios públicos en municipios con la población más dispersa es más complicada, «hecho que debería tener en cuenta la nueva ordenación, pues la realidad de un municipio de Valladolid de 800 habitantes en un único núcleo de población no es la misma que un municipio de León de 800 habitantes repartido en 12 juntas vecinales, que además prestan servicios municipales, como el agua, alumbrado, entre otros».

Representantes de la federación han manifestado que la Junta no comparte la idea de la Diputación de León y las pedanías de la provincia de crear una mesa de trabajo que aborde el papel de las juntas vecinales en la nueva ordenación, planteamiento que defendió el presidente provincial, Juan Martínez Majo, tras recibir a los directivos de la asociación leonesa de pedanías a mediados de septiembre. En un encuentro posterior de la federación autonómica con la viceconsejera de Ordenación del Territorio, María de Diego, y el director de Ordenación del Territorio y Administración Local, Luis Miguel González Gago, «nos dijeron que la Junta no cree necesario este órgano de discusión, ni tampoco una reforma de la legislación local que defina mejor sus competencias o incluso crear una norma específica» sobre las juntas vecinales. En otras comunidades, donde existen leyes específicas para las ELM, incluso ya se han puesto en marcha para mejorar las mismas, como en la vecina Asturias, donde el Principado «va a reformar la ley de parroquias rurales y la de elecciones locales», precisó González-Antón.

«Es preciso regular los servicios de secretaría en las entidades locales menores», porque el decreto estatal vigente «es insatisfactorio, no da seguridad jurídica, por lo que la Junta debe retomar la aprobación de un reglamento de Castilla y León, que sustituya al intento frustrado de 2013».

Las entidades locales menores necesitan «precisar sus competencias, ganar seguridad jurídica, tener un instrumento de financiación eficaz y disponer de la adecuada asistencia de un secretario que no puede llegar de la secretaría del Ayuntamiento, ya que, en ocasiones, los intereses del municipio y los de las juntas vecinales colisionan» y para ello hace falta reformar la Ley de Régimen Local de Castilla y León, incorporar las ELM en la ordenación del territorio de una forma real, no meramente nominal, y apoyar decididamente a sus federaciones autonómica y provinciales».

La federación atribuye la falta de candidaturas en muchos pueblos «a la sensación de abandono que tienen muchos alcaldes pedáneos», señaló el presidente de la federación leonesa, Andrés Buelta, que reclama «que se facilite la labor» administrativa en las juntas vecinales.

Sep 172015
 
MAJO JUNTAS VECINALES FOTO BRUNO MORENO

MAJO JUNTAS VECINALES
FOTO BRUNO MORENO

 

El Presidente de la Diputación de León, Juan Martínez Majo, anunció ayer su intención de impulsar la creación de una mesa de trabajo para abordar las distintas modificaciones que se plantean en la ordenación del territorio que en estos momentos se orquesta desde el Gobierno autonómico. Su objetivo es que «quede perfectamente reflejada la realidad de las juntas vecinales de la provincia de León como entidades locales que, aunque sean pequeñas, son importantes y tienen un arraigo y una vinculación muy especial con nuestro territorio».

Esta es una de las principales conclusiones que se extraen de la reunión mantenida ayer en el palacio de los Guzmanes entre el presidente de la Diputación, que estuvo acompañado por el vicepresidente de la institución, Francisco Castañón, y la Federación Leonesa de Entidades Locales Menores. De este encuentro salió el compromiso de Martínez Majo de convocar una reunión con la Consejería de Presidencia de la Junta de Castilla y León para precisamente impulsar esta mesa de trabajo lo antes posible. Lo que se busca desde la Diputación es aclarar la normativa las competencias, la organización, el funcionamiento de las secretarías y otras materias clave como la financiación de los servicios, en los que la colaboración entre juntas vecinales y ayuntamientos se considera «imprescindible».

Martínez Majo considera vital la regulación jurídica de las juntas vecinales así como la delimitación de sus competencias. Además, habló de la desigualdad que existe entre las 1.232 juntas vecinales de la provincia, y de las muchas carencias que presentan alguna de ellas para prestar algunos de los servicios más importantes para los ciudadanos y de la incapacidad de muchas de ellas para rendir cuentas por la falta de medios.

Por su parte, el presidente de la Federación Leonesa de Entidades Menores, Andrés Buelta Jañez, que acudió a la reunión acompañado por el secretario y asesor jurídico, Carlos González-Antón, y de la vocal, Isabel Álvarez, agradeció al presidente su predisposición para tratar de impulsar el futuro de las juntas vecinales. «Hay un cambio importante respecto al 2014, cuando se planeaba la desaparición de las juntas vecinales. Ahora tenemos un futuro en el que tenemos que aunar fuerzas y trabajar juntos», manifestó Buelta, que insiste en la modernización y en la clarificación jurídica como los principales retos que deben abordarse en la presente legislatura.

Por último, desde la Federación se solicitó al presidente provincial que estudiase el fortalecimiento del Servicio de Asistencia a los Municipios para que ganase en capacidad de asesoramiento a las juntas vecinales, petición de apoyo que también se trasladará a la Viceconsejera, María de Diego, mañana en una reunión que tendrá con la Federación de Castilla y León.

Sep 122014
 

tribunal constitucionalEl TC admite a trámite el conflicto en defensa de la autonomía local presentado contra la Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local.

 

El Pleno del Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el conflicto en defensa de la autonomía local presentado por numerosos ayuntamientos contra la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local.

El Tribunal acuerda dar traslado de la demanda al Congreso de los Diputados, al Senado y al Gobierno, que disponen de veinte días para personarse en el procedimiento y formular alegaciones.

La admisión a trámite no supone pronunciamiento alguno sobre el fondo de los citados asuntos, que el Tribunal resolverá en próximas fechas.

Abr 022014
 

salamancaRENDIR CUENTAS NO ASEGURA LA PERVIVENCIA DE LOS CONCEJOS, PEDANIAS Y  PARROQUIAS RURALES

Las ELM tachan de inconstitucional la reforma Local, consideramos que incumplen varios derechos de las Entidades Locales Menores, en Asturias, Parroquias Rurales

Los representantes de las Federaciones que asistieron a la asamblea de la Federación Nacional de Entidades Locales Menores, celebrada en Salamanca el día 29 de marzo, acordaron realizar un esfuerzo pora explicar a las  ELM. (Parroquias Rurales, Juntas  Vecinales y Concejos) los cambios legislativos a los que les obligan la Ley de Estabilidad Presupuestaria y de cuyo incumplimiento podría derivarse la desaparición muchas de estas  entidades locales

«Los remanentes de tesorería pueden suponer un problema para muchas juntas vecinales, porque no se puede destinar el ahorro de una entidad local a sufragar el gasto corriente, sino que éste debe cubrirse con ingresos corrientes», explicó el secretario general de la Federación Asturiana de Parroquias Rurales, José Manuel  García del Valle  “se penaliza al que gestiona bien”

También se acordó organizar  reuniones en las distintas Comunidades Autónomas con el fin de explicar a las ELM que el nuevo panorama legislativo «no se limita a presentar las cuentas una vez al año, sino que, además, deben tener en cuenta las restricciones de gasto que existen ahora». La gestión de las ELM se complica «por la falta de ingresos corrientes» al carecer de capacidad tributaria.

«En la mayoría de las ELM creen que con llevar las cuentas como hasta ahora ya cumplen y hay que hacerles llegar el cambio que existe en la gestión», añadió García del Valle. Según el secretario general de Asturias, los remanentes se podrán utilizar para la inversión «si esta es sostenible y se elabora un plan económico-financiero».

La Federación Nacional de Entidades Locales Menores acordó también apoyar los recursos de inconstitucionalidad contra la reforma local «que defienden que las autonomías tengan las competencias sobre las ELM, así como «fortalecer las relaciones con la Federación Española de Municipios y Provincias y abrir la interlocución con el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y con los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados».

Feb 272014
 

Ahora cobrará su servicio con un precio público, al que la oposición se opone.

 Un momento del Pleno celebrado ayer en la Diputación. - ramiro
  • Un momento del Pleno celebrado ayer en la Diputación. – ramiro
asun g. puente | león 27/02/2014

Tras su aprobación inicial hace casi cuatro meses y después del periodo de información pública, la controvertida tasa que el equipo de gobierno pretendía cobrar a las pedanías por realizar su gestión presupuestaria y contabilidad anual quedó ayer revocada. Y es que a pesar de toda esta avanzada tramitación, ahora el interventor, según aclaró ayer el PP, advirtió que la prestación de este servicio no podía ser gravada con una tasa, sino a través de un precio público.

«La Diputación no debe prestar este servicio por obligación y, además, puede hacerlo también el sector privado; por lo tanto no puede ser una tasa», explicó el portavoz popular, Jaime González, quien aseguró que será un precio público, aunque antes de llevarlo a Pleno tienen que realizar un profundo estudio para justificar que «se va a cobrar menos de lo que cuesta la prestación, aspecto que no puede ser según la ley».

La oposición volvió a exigir al equipo de gobierno que no cobrara a las pedanías este servicio, ni con tasa, ni con precio público. Desde el PSOE, su portavoz, Luis Rodríguez Aller, reclamó al PP: «Es el momento de enterrar esta ordenanza, derogarla y que el SAM siga prestando su ayuda a las pedanías».

El diputado de UPL, Lázaro García Bayón, reiteró que las juntas vecinales paguen «supone un ataque más del Gobierno del PP, que claramente quiere eliminarlas» e insistió en que la mayoría de las entidades locales menores no tienen recursos para hacer frente a este gasto. Y el diputado no adscrito Matías Llorente recalcó: «Es un buen momento para mandar la ordenanza al congelador y olvidarse de la tasa y del precio público. Sigan prestando ese servicio como competencia propia».

Ante estos comentarios, el portavoz del PP remarcó a la oposición que con el cambio normativo, la obligación de atender la contabilidad de las juntas vecinales ha vuelto a sus ayuntamientos, los secretarios y los empleados municipales. «Esperamos que todos cumplan con estas obligaciones y si llegan a la Diputación ahora es por omision de los ayuntamientos».

García Bayón alertó de que los consistorios no saben aún qué debe hacerse ante «el revoltijo legal que ahora hay». Tanto UPL como PSOE coincidieron al reclamar que este año fuera de transición. «Demos un respiro a ver qué pasa», dijo Rodríguez Aller.

De nuevo con la palabra, el portavoz popular enfatizó que se trata «de una obligación legal aprobar un precio público para esta prestación, debemos repercutir la totalidad del precio del servicio y si es menos tenemos que motivarlo adecuadamente». González recordó que actualmente la Diputación lleva las cuentas de alrededor de 400 pedanías y garantizó que ninguna desaparecerá «por la inacción de la institución provincial».

En las alegaciones presentadas, fueron desestimadas todas las planteadas por IU, mientras que la Federación Leonesa de Entidades Locales Menores logró que se tuvieran las suyas en cuenta parcialmente, ya que se admitió sólo el punto tres. Precisamente hace referencia a que legalmente este servicio no puede ser gravado mediante una tasa por «arbitraria, injustificada y discriminatoria».