May 052018
 
  • Buelta y González-Antón explicaron la sentencia. RAMIRO - Buelta y González-Antón explicaron la sentencia. RAMIRO –

A. DOMINGO | LEÓN

La Federación Leonesa de Entidades Locales Menores espera que el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla y León confirme la sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de León que anula la aprobación inicial y definitiva de los presupuestos de Ponferrada ante la petición del presidente de la Junta Vecinal de Columbrianos, Andrés Buelta Jáñez, de participar en los plenos en los que se debatieron las cuentas.

El secretario de la federación y abogado de Columbrianos en este litigio, Carlos González Antón, calificó de «pionero» el fallo, al reconocer el «derecho y obligación» de los pedáneos de asistir a los plenos de sus ayuntamientos en los que se aborden asuntos relativos a las entidades locales menores, «como recoge el artículo 62 de la ley de régimen local de Castilla y León», indicó. De la sentencia se desprende, dijo, que los pedáneos deben ser convocados «como un concejal», disponer de la misma información que uno de estos sobre el asunto y tener voz en el plenario, aunque no voto», explicó.

Juntas vecinales y ayuntamientos «comparten territorio» y el juez explica que entre ambas administraciones debe «existir una relación de colaboración y lealtad que en muchos ayuntamientos brilla por su ausencia». El fallo trasciende el ámbito local, ya que «puede aplicarse a cualquier municipio de Castilla y León con juntas vecinales», indicó González-Antón, que señaló que no convocar a los pedáneos atenta contra el artículo 23 de la Constitución, que recoge el derecho a la representación democrática, y contra el estatuto de autonomía, «que impone el derecho a que se respeten las formas tradicionales de gobierno».
May 042018
 
Rueda de prensa en el Hotel Infantas. / NOELIA BRANDÓN

El abogado de la Federación valora un escrito que vincula al Estatuto, la Constitución y la Ley de Régimen Local y que «establece las reglas de juego en un municipio»

RUBÉN FARIÑAS León
Una sentencia «contundente, fundada y vinculada» al Estatuto de Autonomía, la Constitución y la Ley de Régimen Local.

Los pedáneos de Ponferrada se sienten «muy satisfechos» por el pionero escrito que anula el pleno de los presupuestos de 2015 en el Consistorio de la capital del Bierzo, al que no se les convocó, y que sienta jurisprudencia.

La sentencia

La Federación de Concejos, Pedanías y Parroquias Rurales de España ha analizado el auto del juez y recomiendan al resto de municipios de la provincia de León «que se pongan las pilas y vean el respeto que se tiene a estas entidades locales menores».

Su presidente y alcalde pedáneo de Columbrianos, Andrés Buelta, ha pedido al resto de compañeros «que se agrupen para sacar contenciosos contra las administraciones».

Desde la Federación consideran que esta sentencia habilita el derecho de los pedáneos de asistir a los plenos municipales en los que se debatan asuntos de las juntas vecinales.

Así lo ha apuntado el abogado y secretario general, Carlos González-Antón, quien recordaba que esta sentencia describe la obligación de que las pedanías actúen en los plenos «como un concejal más y puedan conocer la documentación que se va a tratar».

Nuevas reglas de juego

El Juzgado ha rechazado la inconstitucionalidad que alegaba el Ayuntamiento del artículo 62 de la Ley de régimen local. Además el Ayuntamiento realizó el pleno «a sabiendas y a conciencia» sin avisar a sus pedáneos, aprobándose una partida para las pedanías, lo que acredita el interés para ellas.

Por ello, y tras conocer la sentencia favorable, exigen que se vuelva a aprobar el presupuesto y se modifique la partida para las 17 juntas vecinales de Ponferrada. «Si el alcalde no quiere, el secretario debe advertir del error de no convocarnos al pleno».

Las consecuencias de esta resolución piloto y pionera es la obligación en toda Castilla y León de convocar a los pedáneos, tras reconocer la vulneración del derecho de los vecinos a decidir y «establece las normas de juego en un municipio».

La sentencia

 

Abr 272018
 

Federación Leonesa de Entidades Locales MenoresComunicado

27 de abril de 2018

LA FEDERACIÓN EXIGE FINANCIACIÓN DIRECTA DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN A TODAS LAS ENTIDADES LOCALES MENORES Y AL SAM DE LEÓN EN PROPORCIÓN AL NÚMERO DE JUNTAS VECINALES

A la vista de la financiación acordada ayer por la Junta de Castilla y León a las Entidades locales de Castilla y León, manifiesta lo siguiente:

FINANCIACIÓN DIRECTA A LAS JUNTAS VECINALES

La Federación entiende absolutamente discriminador el actual régimen de reparto de la financiación de la Junta de Castilla y León a todos los entes locales de la Comunidad, por ello solicitará a los Grupos parlamentarios que insten al gobierno autonómico a modificar la ORDEN PRE/88/2015, de 13 de febrero, por la que se fijan los criterios de distribución de la financiación de las entidades locales vinculada a ingresos impositivos de la Comunidad de Castilla y León, al efecto de que todas las Juntas Vecinales de la Comunidad puedan recibir una cantidad directa en relación a su población, superficie y servicios que estén prestando; ingresos incondicionados que puedan aplicar para financiar gastos por operaciones corrientes, de capital o financieros. Actualmente no se recibe directamente ninguna cantidad, y lo que se aporta a los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes en relación con las Juntas Vecinales que tiene cada ayuntamiento es ridículo, pues no alcanza a un 5% del total que recibe ese ayuntamiento, que ya es muy poco, ya que la población que suelen tener los municipios que tienen juntas vecinales es muy reducida.

Las entidades locales menores son Administraciones públicas como el resto y no se entiende por qué no reciben estas ayudas de forma directa, como sí sucede en otras Comunidades Autónomas. El hecho que estén concentradas en las provincias de León, Palencia y Burgos no exime a la Junta de aportar esta financiación de forma directa.

FINANCIACIÓN A LOS SERVICIOS DE ASISTENCIA A MUNICIPIOS DE LAS DIPUTACIONES Y DEL CONSEJO COMARCAL DEL BIERZO ATENDIENDO REALMENTE AL NÚMERO DE ELM

La federación considera insignificante la aportación de la Junta de Castilla y León al SAM de la Diputación de León y al Consejo Comarcal en relación con las Juntas Vecinales que tienen que atender, asesorar y asistir. El diferencial con Diputaciones como la de Valladolid es mínimo.

La federación urge a todos los políticos leoneses que exijan un cambio radical en la financiación autonómica de estos servicios, pues los cambios que deben acometer los entes locales menores para modernizarse y adaptarse a las nuevas leyes, imponen un esfuerzo enorme y urgente, que es responsabilidad y competencia de la Junta de Castilla y León.

  • Por último, la federación entiende que el esfuerzo inversor para hacer frente a los desafíos demográficos se debe concentrar en los municipios inferiores a 20.000 habitantes, no en los de más de 20.000, como hace el reparto actual de la Junta de Castilla y León.

Más información sobre el sistema de financiación acordada por la Junta de Castilla y León en: https://comunicacion.jcyl.es/web/jcyl/Comunicacion/es/Plantilla100Detalle/1281372051501/1281372051501/1284799439956/Comunicacion

Abr 262018
 

Diputación y al Federación de entidades locales avanzan en la posible solución a la supresión del secretario vecino, plantean a la Junta una mayor financiación y exigen un sistema que dote de seguridad jurídica a las entidades locales

Diputación y Federación de Juntas Vecinales avanzan en la búsqueda de soluciones para garantizar la ‘supervivencia’ de las 1.232 entidades locales de León frente a la aplicación del real decreto que suprime la figura del secretario ‘vecino’.

Un «mazazo» que exige de medidas urgentes que vayan más allá de una mera moratoria. Así lo remarcó Carlos González-Antón, secretario general de la Federación Leonesa de Entidades Locales Menores, que señaló que la solución pasaría por articular un sistema con urgencia que dote de seguridad jurídica a las juntas vecinales, claves y necesarias para el funcionamiento del medio rural.

Y para ello es necesario que los políticos leoneses en el ámbito autonómico y nacional crean en la existencia y la potencialidad de las entidades locales. «No se puede hablar de políticas de despoblación cuando se ponen trabas gravísimas a la administración encargada de gestionar el territorio rural, provocando que esté colapsada».

Mayor financiación autonómica

Guante que lanzan directamente a la Junta de Castilla y León, a la instan a convencerse de la necesidad de llevar a cabo una ordenación del territorio de abajo a arriba, que implique una financiación directa a las juntas vecinales.

«En la Comunidad de Castilla y León hay una asimetría enorme, con provincias en las que existen 1.200 juntas vecinales que tienen y merecen una financiación autonómica como pasa en el resto de los territorios del Estado. Es eso, precisamente, lo que deben demandar los políticos de León para que esa asimetría que se da en Palencia, Burgos y León tenga clara acogida en los presupuestos de Castilla y León».

El SAM, la posible solución

Antón ha remarcado que desde la federación comparten ciertos planteamientos con el Colegio de Secretarios de León, como la necesidad de adoptar con urgencia medidas a corto y medio plazo que no solo fortalezcan sino que permita modernizar las juntas vecinales, con los retos que presenta la administración electrónica y la incorporación de las nuevas tecnologías.

No así que sean los secretarios de los ayuntamientos los que asuman las secretarías de las Juntas Vecinales. Antón ha recordado que ambas administraciones, a pesar de estar condenadas a entenderse, tienen conflicto de intereses en cuanto a la prestación de servicios que impiden que el mismo funcionario atienda a las dos administraciones.

De ahí que vea en el Servicio de Asistencia a Municipios una posible solución. «Vendría perfecto que el SAM y el Consejo Comarcal ponga a disposición de las entidades locales secretarios habilitados para este tratamiento de igualdad entre las relaciones de las dos partes», remarcó Antón, que incidió en que el real decreto supone un «mazazo» para las entidades locales, poniendo en grave riesgo la obtención de las certificaciones para la PAC, pastos, leñas o contrataciones. «Esto urge una solución.

Planteamientos que ha recogido la Diputación que confía en obtener una respuesta inmediata del Gobierno sobre la petición de la moratoria ante la parálisis que sufren las Juntas Vecinales y los problemas que desde hoy se pueden encadenar, poniendo en jaque el primer escalón de la administración local en la provincia de León.

Abr 222018
 

Reunión de la Federación de Concejos de España. Mauricio. LNC

La Federación Leonesa de Entidades Locales Menores reclamó este sábado dotar de más medios al Servicio de Asistencia a Municipios (SAM) de la Diputación para hacer frente a las exigencias del Real Decreto 128/2018, que obliga a las juntas vecinales a contar con un funcionario de habilitación nacional para su gestión y que ha puesto en peligro la actividad diaria de estos entes locales. El secretario general de la federación leonesa, Carlos González-Antón, aseguró este sábado en un encuentro con federaciones de otros territorios del norte peninsular, que «la Diputación de León y el Consejo Comarcal del Bierzo deberían contar con un servicio con al menos entre 20 y 25 funcionarios de habilitación o no». La federación pide potenciar el SAM «para que inmediatamente se pongan a disposición de las juntas vecinales». González-Antón criticó que «no tienen ningún sentido que en el SAM de la Diputación de León haya un solo habilitado nacional con doscientos municipios y en la de Valladolid haya ocho habilitados con el mismo número de municipios, pero con nueve juntas vecinales cuando aquí hay 1.200». En la misma línea, el secretario general de Concejos aludió al «grave déficit en la dotación de provisión de plazas de secretario de ayuntamientos», que influye también en la gestión de las juntas vecinales y que, según afirmó, «el ministerio conoce perfectamente».

Para poder hacer frente a este déficit de dotación, agravado por las exigencias del decreto, desde las federaciones de juntas vecinales estiman que se debe aplicar una moratoria de año y medio que permita realizar el proceso de provisión de plazas con garantías. González-Antón recordó que el año y medio se corresponde con los plazos de una oposición, a lo que se sumarán también los concursos de traslados y los «reajustes» que sean necesarios en las plantillas de las administraciones públicas. Como ya hiciera la Diputación, las federaciones de forma individual y también agrupadas, remitirán al Ministerio de Hacienda y Función Pública una misiva solicitando el «plazo transitorio inmediato». Entre otras cuestiones, las entidades afectadas recuerdan que primero «tienen que llegar los secretarios».

Al Congreso

Además, las federaciones aseguran haber mantenido contactos con los grupos políticos en el Congreso de los Diputados, donde se presentará una Proposición No de Ley (PNL) para derogar la disposición V del decreto 128/2018, en la que se fija el cambio normativo que ha provocado un «caos» y la paralización de los ayuntamientos, según afirmó González-Antón. No obstante, a pesar de llevar la cuestión al Parlamento, las federaciones piden que no se utilice «como un arma política» y piden «que se escuche a los afectados».

Dentro del plano político –Diputación solicitó que la moratoria se extienda hasta las elecciones municipales del próximo año–, las federaciones alertaron de que el incremento de las «trabas» administrativas a la labor de los alcaldes-pedáneos y los diferentes vocales se traduce en un descenso de los posibles candidatos. Consideraron también que el nuevo decreto desincentiva a los vecinos para ocuparse de la administración de sus pueblos y se mostraron conscientes del riesgo de quedarse «sin candidatos para las elecciones». El peligro de incurrir «en grave irresponsabilidad», explicó el secretario leonés, desanima a los posibles candidatos.

Las federaciones reunidas este sábado en León también acordaron «actuar contra los responsables de paralizaciones, ya sea la comunidad autonóma, o las diputaciones en su caso» porque «los perjuicios no son solo para la Administración, sino para todos los ciudadanos que dependen de trámites de esas administraciones», según explicó su portavoz .

“En la línea de flotación”

Para las juntas vecinales, el decreto supone un «torpedo en la línea de flotación». A su juicio, el «ataque» evita que «el medio rural pueda actuar rápidamente», quedando enmarañado en la burocracia administrativa de las entidades superiores. Pese a estas afirmaciones, aseguraron que no se oponen a la «fiscalización» y la «modernización», pero exigen suficientes medios humanos y materiales. Reclaman esfuerzos de inversión para hacer frente a las necesidades de una administración «altamente tecnificada».

En esta línea, los responsables de federaciones de Asturias, Cataluña o Álava denunciaron «la falta de diálogo» por parte del Gobierno con los afectados y lamentaron «que paguen justos por pecadores». Una de sus mayores críticas se centró en la «falta de sensibilidad con el primer escalón de la Administración».