Abr 272013
 

“Para poder apropiarse del territorio y del espacio común, también de los recursos, lo que hace [el Gobierno] es acabar con la forma política que se lo impide, en este caso el concejo, y en sentido más amplio con la democracia”, explica Jesús Manuel Albarrán, portavoz de la Plataforma en Defensa de los Concejos de la Comarca de Omaña, en León.

Albarrán se refiere al anteproyecto de la ley de Racionalización y Soste­ni­bi­lidad de la Administración Local, aprobado por el Gobierno del PP el 15 de febrero y que se encuentra ahora pendiente del informe del Consejo de Estado para su aprobación final. El anteproyecto pretende suprimir la personalidad jurídica de más de 3.750 entidades locales menores (que reciben el nombre de juntas vecinales, concejos, barrios, parroquias o pedanías) pueblos que cuentan con recursos propios y potestad para administrarlos y ejercen democracia directa sobre estos recursos. De este modo, quedarían agrupados en los ayuntamientos de los que dependen y la gestión de sus bienes pasaría a ser administrada por esos ayuntamientos, diputaciones y Comunidades autónomas.

Expolio de recursos

“Es lo mismo que le ocurre a una comunidad indígena en el Perú cuando le expropian sus tierras para que entre una multinacional canadiense a quedarse con sus recursos. Nos sentimos solidarios con ellos, es lo mismo que quiere el Gobierno con la nueva ley”, explica Albarrán.
En la actualidad, los recursos naturales de los concejos “son propiedad, por igual, de sus vecinos y vecinas y son ellos y ellas las que los gestionan y deciden cómo administrarlos. No existe democracia más pura que la de los concejos. Los bienes comunales son anteriores al Estado moderno, al Estado representativo. Estamos defendiendo la asamblea de vecinos y vecinas. Como ellos y ellas tienen la última palabra sobre su patrimonio, son el obstáculo para que el Gobierno pueda acceder a la gestión, o la apropiación de ese patrimonio. Con la nueva ley se podrá privatizar la gestión del agua, de los montes, de la caza… Ellos tienen su plan”, subraya Albarrán.
Omaña cuenta con 75 juntas vecinales repartidas en cuatro ayunta­mien­tos y sólo el municipio de Riello cuenta con 39, “es el que más juntas vecinales tiene de todo el Estado español, y es probable que de toda Europa”, afirma el portavoz de la comarca de Omaña y señala que son “pueblos pequeños en las montañas y valles con entre 30 y 50 vecinos censados, que en invierno pueden tener cuatro o cinco casas abiertas”.
Jesús Manuel Albarrán participó el 5 y el 6 de abril en el encuentro estatal por la Autonomía de Nuestros Pueblos, donde se plantearon acciones informativas y de lucha contra “este golpe mortal al mundo rural”, como lo calificaron los representantes de más de medio centenar de comarcas. En el Estado español existen 3.720 juntas vecinales que desaparecerán si el anteproyecto de la ley de Racionalización y Sostenibi­lidad de la Adminis­tra­ción Local sale adelante. Castilla y León, con 2.257 juntas vecinales, será la comunidad autónoma más afectada por la supresión de estos pequeños pueblos, que perderán su autonomía y la gestión de un patrimonio de cientos de hectáreas de montes de gran riqueza ambiental y económica. Le sigue Cantabria con 534 concejos, Navarra (348), País Vasco (340), Cataluña (63), Andalucía (48) y Castilla-La Mancha (42), y el resto de comunidades con entre siete y un concejo.

Desobediencia civil

“Es necesario desobedecer a este Gobierno, que quiere quedarse con nuestros recursos y eliminar la autonomía de nuestros pueblos”, señala Jerónimo Aguado, campesino deAmayuelas, Palencia, y portavoz de la Plataforma Rural. Aguado coincide con el resto de asistentes a las jornadas en la necesidad de llevar a
cabo actos informativos en los pueblos y movilizarse contra esta ley. Los representantes vecinales acordaron también acudir a los tribunales por la vía penal para denunciar esta norma, ya que la Constitución en su artículo 140 dice que se “garantiza la autonomía de los municipios. Estos gozarán de personalidad jurídica plena (…)”.
Por otra parte, Antonio Aguado de El Provencio, en Cuenca, agricultor ecológico de la comarca de La Mancha, señala que aunque Castilla-La Mancha cuenta con menos pedanías, 42, “ya se está aplicando el expolio de nuestros bienes comunales: los montes públicos. Somos el laboratorio del Estado, sufrimos a [María Dolores de] Cospedal. En los presupuestos de 2013 ya han incluido los 45 millones que pretenden ganar este año con la venta de los montes, sin que, ni siquiera, entre en vigor esta reforma de la ley de entidades locales”, apunta.
Un secretario de Ayuntami­ento de un municipio de Segovia presente en las jornadas va más allá: “¿Qué pasará con los municipios de menos de 5.000 habitantes, que son la mayoría? El objetivo del PP es suprimir los ayuntamien­tos, y como se lo impide la Constitución, los van a vaciar de competencias. Quieren quedarse con los servicios públicos: gestión del agua, alcantarillado, vías públicas y alumbrado que gestionarán las diputaciones a través empresas privadas. Adiós a la autonomía local. Negocio con lo público”, concluye.
Oct 282012
 

ADMINISTRACIÓN / Plataforma de Omaña

El patrimonio de las pedanías leonesas podría superar los 3.000 millones

En cotos de caza, las juntas vecinales ingresan unos ocho millones cada año

L.C. / León
“La supresión de las juntas vecinales conllevará la usurpación y el saqueo de los montes comunales de los pueblos de León, cuyo valor estimado está entre 1.536 y 3.072 millones de euros”. Eso es lo que concluye uno de los informes realizados por la Plataforma en Defensa de las Juntas Vecinales de Omaña, que argumenta afirmando que “en la provincia de León hay 970 montes de utilidad pública, de los cuales 904 (93% del total) pertenecen a entidades locales menores (juntas vecinales). De las 549.000 hectáreas que ocupan los montes de utilidad pública en la provincia León, 512.000 hectáreas (93% del total) son montes comunales de entidades locales menores. Si valoramos la hectárea de monte de utilidad pública a un precio medio de 3.000/6.000 euros/hectárea, el valor de los montes de utilidad pública cuya titularidad corresponde a las juntas vecinales de León oscila entre 1.536 y 3.072 millones de euros”. Según la plataforma, la supresión de las juntas vecinales, contemplada en el Anteproyecto de ley para la racionalización y sostenibilidad de la administración local, anunciado en el Consejo de Ministros del pasado 1 de julio de 2012 y reiterado el 27 de septiembre, “conllevará la usurpación y el saqueo de los montes comunales de los pueblos de León”.
Asimismo, desde esta plataforma aseguran que la supresión de las juntas vecinales detraerá de la renta de los pueblos leoneses unos 8 millones de euros anuales que ingresan por arrendamiento de cotos, puesto que “en la provincia de León hay 1.025 cotos privados de caza, de los cuales 491 (48% del total) pertenecen a entidades locales menores (juntas vecinales). De las 1.286.389 hectáreas que ocupan los cotos privados de caza en la provincia León, 595 000 hectáreas (46,25% del total) son cotos de caza de entidades locales menores. Si valoramos la renta media de los cotos de caza en 13,55 euros/hectárea, el valor estimado de la renta anual que perciben los pueblos de León en concepto de arrendamiento de caza asciende a 8.062.250 millones de euros”.
Por otra parte, hoy se celebra en Espacio Vías, a partir de las 11 horas, una jornada sobre las juntas vecinales que organiza la Asociación Cultural Faceira. En ella se incluyen dos conferencias, a cargo de José A. Serrano Álvarez y Carlos González-Antón, respectivamente, y la programación concluye con una interesante mesa redonda, a partir de las 13 horas, en la que intervendrán miembros de diversas pedanías de la provincia de León.

Oct 282012
 

A.D.M. | León 28/10/2012
La falta de asesoramiento amenaza la continuidad de las juntas vecinales ( Diario de León – 28/10/2012 )

Espacio Vías acogió la jornada sobre las pedanías.Espacio Vías acogió la jornada sobre las pedanías.Jesús

Que fluya la información sobre los cambios legislativos y conseguir que su opinión se tenga en cuenta en otras administraciones son algunas conclusiones de la Jornada sobre las Juntas Vecinales Leonesas celebrada ayer en el Espacio Vías, de León. Y es que el anuncio del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, de que sólo desaparecerán aquellas entidades locales menores que no cumplan los objetivos de déficit es una lucha «más compleja que evitar su desaparición», indicó ayer el catedrático en Derecho Administrativo y portavoz de la Federación Leonesa de Entidades Locales Menores, Carlos González-Antón.

Las condiciones que deberán cumplir las juntas vecinales serán las mismas que se exijan a otras administraciones, como los municipios, con la exigencia de publicidad a sus presupuestos y presentación de cuentas, así como una auditoría de los servicios prestados, que dejarán de estar en manos de las pedanías si no cumplen con normativa», indicó González-Antón, que ve en «la falta de información y asesoramiento técnico y jurídico las amenazas» para su mantenimiento. Antes este panorama, propone «abandonar viejos hábitos y modernizar» las entidades menores.

«Sin apoyo»

Pedáneos y asistentes a la jornada, insistieron en la falta de apoyo que encuentran en otros escalones de la Administración, desde los Ayuntamientos hasta la Junta de Castilla y León. «Hasta los partidos políticos obstaculizan que tengan voz propia y que se puedan integrar en órganos de debate y participar en el proceso legislativo», señalaron. Como ejemplos, la falta de asistencia de los secretarios municipales a las sesiones y el que la nueva ordenación del territorio en Castilla y León se haya realizado sin contar con las pedanías.

Oct 232012
 

Las Juntas Vecinales de León tienen una cita para debatir sobre su futuro el próximo sábado, 27 de octubre, en el salón de actos que existe en la estación de FEVE, de León.

Ante los cambios legislativos que se avecinan, las Juntas Vecinales deberían estar bien informadas, compartir las opiniones y debatir sobre su futuro, que es el futuro de los pueblos de León.

A pesar de que no se plantee en la normativa que va a aprobar el Gobierno de España la supresión total de las Juntas Vecinales, las condiciones que se van a establecer van a ser lo suficientemente duras como para tener que estar preparados.

En todo caso, hay numerosos asuntos en los que el régimen jurídico de las Juntas Vecinales debería mejorar, y para ello debe haber una movimiento conjunto mayoritario de las Entidades Locales de León y del resto de España.

Jul 262012
 

El 55% del territorio de la provincia está bajo control de las 1.234 juntas vecinales ( Diario de León – 26/07/2012 )

pilar infiesta | redacción 26/07/2012

León se asienta sobre una tupida red administrativa que hunde sus raíces en la Edad Media y que da ‘poder’ a 1.234 alcaldes pedáneos. Sacudir, como pretende el Gobierno central, esa alfombra para eliminar el rosario de juntas vecinales como si fueran motas de polvo no será, sin embargo, una tarea fácil, según opinan varios académicos. Sobre todo porque estas entidades locales menores poseen la mayor parte de los montes de utilidad pública de la provincia, el terreno agroganadero, los cotos de caza, las choperas ribereñas y reciben compensaciones por ceder suelo a explotaciones fotovoltaicas, mineras, estaciones de esquí, residencias de ancianos y palas eólicas.

En conjunto, un patrimonio abundantísimo que se completa con un sinfín de edificios (escuelas, casas del pueblo y dispensarios médicos, entre otros) que, aunque resulte paradójico, la Junta y la Diputación son incapaces de cuantificar. Las juntas vecinales leonesas, amas de la mayor parte del suelo de la provincia (55%), han defendido con uñas y dientes esa riqueza durante siglos y difílmente la van a ceder de forma amistosa a los ayuntamientos, como propone el Ejecutivo central.

León es, además, la provincia española que se vería más afectada por la disolución de las pedanías, ya que posee 1.234 de las 3.723 de todo el país, según el Registro del Ministerio de Administraciones Públicas. Incluso dentro de la comunidad, según entiende el abogado Carlos González-Antón, la sensibilidad para salvar estas entidades no puede ser la misma en Ávila o Valladolid, que sólo poseen 2 y 9 juntas vecinales respectivamente, que en Burgos (652) o León, que lidera el ranking. Las juntas vecinales «son las administraciones públicas que más trabajan como una familia o comunidad de vecinos. Muchas veces son las que poseen dinero por la gestión de sus recursos madereros o cinegéticos frente a los ayuntamientos a los que pertenecen, que están endeudados», dice. Por eso entiende que «desapoderar sin más a una colectividad de su patrimonio, por el que ha luchado durante siglos, para dárselo a otra colectividad es complicado». Y considera que a esos ciudadanos que trabajaron en facendera para arreglar sus caminos, cuidar sus montes o acometer las redes de suministro de agua, el quitarles sin más su riqueza es un «elemento de injusticia muy cuestionable jurídicamente». También cree que se perderá eficacia y que la eliminación de las juntas atenta «contra el principio de subsidiariedad, que anima a gestionar en el ámbito más cercano al ciudadano y de la mejor manera posible». A su juicio, es «poner patas arriba todo el sistema de gestión local para nada, creando, además, miles de conflictos». También augura que «provocará una desafección absoluta de los ciudadanos hacia la cosa pública si les quitan la posibilidad de decidir sobre sus montes, sus fuentes o el músico que tocará en las fiestas». Cree, como el catedrático de la ULE, Laureano M. Rubio, que sólo hay que reforzar el control sobre las juntas.