Sep 162013
 
logo_concejos_nacional_colorCOMUNICADO DE 16 DE SEPTIEMBRE DE 2013
LA FEDERACION ESTATAL DE PEDANÍAS EXIGE QUE LA LEY MANTENGA SU CARACTER DE ENTIDAD LOCAL
La organización que representa las federaciones de los territorios con la gran mayoría de las entidades locales menores de España propone unas enmiendas a todos los grupos parlamentarios que recogen los argumentos del Consejo de Estado. Estas enmiendas se están haciendo llegar a todos los grupos estatales y autonómicos.
Las enmiendas se ciñen a la regulación de las ELM. Se basan en tres puntos esenciales:
1. Debe mantener su carácter de entidad local, que se suprimiría con texto del gobierno. Y por supuesto, mantener su personalidad jurídica, competencias y patrimonio.
2. La regulación debe corresponder a las Comunidades Autónomas.
3. Se mantiene la obligación de rendir cuentas al Estado y a la Comunidad Autónoma, ampliando el plazo a 12 meses. Se propone que la entidad que no rinda cuentas en dicho plazo, pase a ser gobernada por una gestora nombrada por la Comunidad Autónoma; rechazando la solución del proyecto actual de que sea suprimida la entidad local menor.
Por otro lado, la Federación de Concejos, Pedanías y Parroquias Rurales de España no comparte las grandes reivindicaciones de la FEEM, organización liderada por la Federación Andaluza de ELM, que propugna una misma denominación para todo el Estado, (ELA, coincidente con la andaluza, por cierto); que sea el Estado el que regule unas competencias claras y directas y que se fije la financiación en los Presupuestos Generales del Estado. Entendemos que estas propuestas no responden a la reivindicaciones de la inmensa mayoría de las Entidades Locales Menores de España y, además, ponen en riesgo la posibilidad de llegar a un acuerdo entre todos los grupos parlamentarios.
Se pueden consultar las enmiendas en el siguiente enlace:

ENMIENDAS FEDERACION DE CONCEJOS, PEDANIAS Y PARROQUIAS RURALES DE ESPAÑA

Abr 272013
 

“Para poder apropiarse del territorio y del espacio común, también de los recursos, lo que hace [el Gobierno] es acabar con la forma política que se lo impide, en este caso el concejo, y en sentido más amplio con la democracia”, explica Jesús Manuel Albarrán, portavoz de la Plataforma en Defensa de los Concejos de la Comarca de Omaña, en León.

Albarrán se refiere al anteproyecto de la ley de Racionalización y Soste­ni­bi­lidad de la Administración Local, aprobado por el Gobierno del PP el 15 de febrero y que se encuentra ahora pendiente del informe del Consejo de Estado para su aprobación final. El anteproyecto pretende suprimir la personalidad jurídica de más de 3.750 entidades locales menores (que reciben el nombre de juntas vecinales, concejos, barrios, parroquias o pedanías) pueblos que cuentan con recursos propios y potestad para administrarlos y ejercen democracia directa sobre estos recursos. De este modo, quedarían agrupados en los ayuntamientos de los que dependen y la gestión de sus bienes pasaría a ser administrada por esos ayuntamientos, diputaciones y Comunidades autónomas.

Expolio de recursos

“Es lo mismo que le ocurre a una comunidad indígena en el Perú cuando le expropian sus tierras para que entre una multinacional canadiense a quedarse con sus recursos. Nos sentimos solidarios con ellos, es lo mismo que quiere el Gobierno con la nueva ley”, explica Albarrán.
En la actualidad, los recursos naturales de los concejos “son propiedad, por igual, de sus vecinos y vecinas y son ellos y ellas las que los gestionan y deciden cómo administrarlos. No existe democracia más pura que la de los concejos. Los bienes comunales son anteriores al Estado moderno, al Estado representativo. Estamos defendiendo la asamblea de vecinos y vecinas. Como ellos y ellas tienen la última palabra sobre su patrimonio, son el obstáculo para que el Gobierno pueda acceder a la gestión, o la apropiación de ese patrimonio. Con la nueva ley se podrá privatizar la gestión del agua, de los montes, de la caza… Ellos tienen su plan”, subraya Albarrán.
Omaña cuenta con 75 juntas vecinales repartidas en cuatro ayunta­mien­tos y sólo el municipio de Riello cuenta con 39, “es el que más juntas vecinales tiene de todo el Estado español, y es probable que de toda Europa”, afirma el portavoz de la comarca de Omaña y señala que son “pueblos pequeños en las montañas y valles con entre 30 y 50 vecinos censados, que en invierno pueden tener cuatro o cinco casas abiertas”.
Jesús Manuel Albarrán participó el 5 y el 6 de abril en el encuentro estatal por la Autonomía de Nuestros Pueblos, donde se plantearon acciones informativas y de lucha contra “este golpe mortal al mundo rural”, como lo calificaron los representantes de más de medio centenar de comarcas. En el Estado español existen 3.720 juntas vecinales que desaparecerán si el anteproyecto de la ley de Racionalización y Sostenibi­lidad de la Adminis­tra­ción Local sale adelante. Castilla y León, con 2.257 juntas vecinales, será la comunidad autónoma más afectada por la supresión de estos pequeños pueblos, que perderán su autonomía y la gestión de un patrimonio de cientos de hectáreas de montes de gran riqueza ambiental y económica. Le sigue Cantabria con 534 concejos, Navarra (348), País Vasco (340), Cataluña (63), Andalucía (48) y Castilla-La Mancha (42), y el resto de comunidades con entre siete y un concejo.

Desobediencia civil

“Es necesario desobedecer a este Gobierno, que quiere quedarse con nuestros recursos y eliminar la autonomía de nuestros pueblos”, señala Jerónimo Aguado, campesino deAmayuelas, Palencia, y portavoz de la Plataforma Rural. Aguado coincide con el resto de asistentes a las jornadas en la necesidad de llevar a
cabo actos informativos en los pueblos y movilizarse contra esta ley. Los representantes vecinales acordaron también acudir a los tribunales por la vía penal para denunciar esta norma, ya que la Constitución en su artículo 140 dice que se “garantiza la autonomía de los municipios. Estos gozarán de personalidad jurídica plena (…)”.
Por otra parte, Antonio Aguado de El Provencio, en Cuenca, agricultor ecológico de la comarca de La Mancha, señala que aunque Castilla-La Mancha cuenta con menos pedanías, 42, “ya se está aplicando el expolio de nuestros bienes comunales: los montes públicos. Somos el laboratorio del Estado, sufrimos a [María Dolores de] Cospedal. En los presupuestos de 2013 ya han incluido los 45 millones que pretenden ganar este año con la venta de los montes, sin que, ni siquiera, entre en vigor esta reforma de la ley de entidades locales”, apunta.
Un secretario de Ayuntami­ento de un municipio de Segovia presente en las jornadas va más allá: “¿Qué pasará con los municipios de menos de 5.000 habitantes, que son la mayoría? El objetivo del PP es suprimir los ayuntamien­tos, y como se lo impide la Constitución, los van a vaciar de competencias. Quieren quedarse con los servicios públicos: gestión del agua, alcantarillado, vías públicas y alumbrado que gestionarán las diputaciones a través empresas privadas. Adiós a la autonomía local. Negocio con lo público”, concluye.
Mar 032013
 

La Generalitat quiere dar “incentivos” a los municipios pequeños para que se fusionen

EUROPA PRESS – BARCELONA

Cataluña mantendrá las pedanías pese a que el Estado plantea eliminarlas

Cataluña va a mantener las Entidades Municipales Descentralizadas (EMD) pese a que el Estado planee eliminarlas, y lo hará apelando al Estatut.

En una entrevista de Europa Press, el secretario de Cooperación y Coordinación de las Administraciones Locales, Joan Cañada, ha asegurado este domingo que según el Estatut, “la Generalitat tiene la competencia exclusiva” en administración local, por lo que cualquier decisión del Estado en la materia no afectará a los entes locales catalanes.

Además, en el caso de las EMD, que el Gobierno quiere suprimir, Cañada ha asegurado que “el Estatut las prevé, les otorga reconocimiento jurídico y ninguna norma que se apruebe puede contradecir el Estatut, que es una ley orgánica y forma parte del bloque constitucional”.

Ha recordado el artículo relativo a las EMD “no sufrió ninguna modificación en la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatut”, por lo que está plenamente vigente y el Estado debe respetarlo.

Cañada ha hecho una valoración positiva de lo que suponen las EMD desde una perspectiva social y territorial: “Son una realidad reconocida y desde nuestro punto de vista, la inmensa mayoría tienen una razón geográfica e histórica”.

Por otra parte, Cañada ha explicado que en la futura ley catalana que regulará la administración local, y que el Consell Executiu aprobará en abril, se abrirá la posibilidad a que municipios pequeños puedan fusionarse.

En ningún caso, se obligará a las localidades de menor tamaño a fusionarse, pero sí que habrá “incentivos” para los municipios que lo deseen, que se concretarán en la futura ley.

“No queremos fusionar municipios a golpe de decreto”, ha señalado Cañada, resaltando que se descarta fijar por ley un número mínimo de habitantes que deben tener los municipios catalanes.

3.000 ENTIDADES AMENAZADAS

En España, hay unas 3.000 entidades locales menores –también denominadas pedanías, y en Cataluña oficialmente se llaman EMD–, que peligran por la reforma de la administración local impulsada por el Gobierno.

Si se mantiene el texto tal como lo ha aprobado el Consejo de Ministros en su tramitación parlamentaria, las entidades locales menores desaparecerán si no entregan sus cuentas al Estado en un plazo de tres meses desde la aprobación de la ley, algo que hasta ahora no estaban obligadas a hacer.

Cataluña cuenta con 63 Entidades Municipales Descentralizadas (EMD), muchas de los cuales son antiguos municipios pequeños de áreas rurales que durante el franquismo fueron anexionados a localidades más grandes, o bien barrios que se desarrollaron y que pidieron a los Ayuntamientos cierto grado de reconocimiento y autonomía.

La gran mayoría de EMD agrupan a núcleos de población muy pequeños, que van de los 15 de Sellui (en el municipio de Baix Pallars, Lleida) hasta los más de 7.600 que viven en Valldoreix (Sant Cugat del Vallès, Barcelona).

La segunda EMD más poblada es Jesús (Tortosa, Tarragona, con 3.700 habitantes) y la tercera Bellaterra (Cerdanyola del Vallès, Barcelona, con 2.700).

Las EMD se regulan en Cataluña mediante dos decretos, uno de 2003 y otro de 2007, y tienen varias competencias, como vigilancia de bienes públicos y comunales; limpieza; alumbrado; ejecución de obras; ordenación del tráfico; conservación de parques, bosques y patrimonio histórico y artístico y actividades culturales y deportivas y otras que le deleguen los respectivos ayuntamientos.

Feb 252013
 

Los alcaldes creen que el Gobierno busca controlar directamente los montes

Información de El País (25 de febrero de 2013). María Fernández.
Elecciones municipales en Os Blancos, municipio de Ourense. / NACHO GÓMEZ (EL PAÍS)

Nogarejas es un pueblo de la comarca de La Valdería, perteneciente al municipio de Castrocontrigo, en León. Una junta vecinal gestiona allí los servicios para sus 260 habitantes, la mayoría jubilados. Con un presupuesto anual de medio millón de euros —que consiguen con lo que rinden sus 3.000 hectáreas de monte— pagan el alumbrado público, el consultorio médico, la gestión del tanatorio, la limpieza de los jardines, el abastecimiento de agua, la máquina quitanieves y hasta se han hecho cargo de la restauración de la iglesia, del siglo XII. Sus cuentas las lleva una gestoría porque, según el alcalde pedáneo, Olivio Campo, el secretario municipal del que dependen (en un Ayuntamiento de 895 habitantes) no tiene tiempo para atender a las seis parroquias de la zona.

Como Nogarejas hay en Castilla y León 2.227 entidades locales menores, el 60% de las 3.720 que funcionan en España. El Gobierno asegura que el 96% de estas unidades administrativas que en muchos casos tienen origen medieval no presenta sus cuentas en ninguna parte, lo que anticipa un coladero de irregularidades y un foco de corruptelas. Por eso les ha planteado un ultimátum: si la reforma de la administración local entra en vigor tal y como está redactada, unas 3.500 desaparecerán automáticamente a menos que presenten sus balances en el plazo de tres meses. “Es de lo más razonable obligar a todas las administraciones a que expliquen en qué se gastan el dinero”, reflexionan en el Ministerio de Hacienda. Hasta ahí todo claro. El pequeño matiz es que, en el caso de Castilla y León, la comunidad con más pedanías, la ley de Régimen Local que las regula desde 1998 no desarrolla la obligatoriedad de que los secretarios municipales lleven el control sobre sus presupuestos y remitan esa información al Ministerio.

Fuente: Ministerio de Hacienda y AA PP, y Papeles de la Economía Española. / EL PAÍS

Ahora que quieren ponerse las pilas con la cuenta atrás que ha lanzado el Gobierno, muchas de ellas están encontrándose con que los interventores locales se desentienden del asunto y las Diputaciones no tienen personal para gestionar miles de liquidaciones, lo que las aboca a desaparecer.

“Es un genocidio administrativo”, reflexiona Carlos González-Antón, catedrático de Derecho y miembro de la Federación Leonesa de Entidades Locales Menores. “Que las sancionen si no cumplen, pero no pueden eliminarlas. Son organizaciones con más de diez siglos detrás, que defienden el carácter colectivista y la democracia participativa. Que el Estado no tenga datos de las entidades locales menores no quiere decir que éstas no rindan cuentas a sus vecinos”. En muchos casos los alcaldes pedáneos apenas tienen formación. En otros gestionan barrios o parroquias con menos de 20 vecinos o presupuestos de pocos miles de euros.

El Ministerio de Hacienda asegura que el 96% no presenta cuentas

Mónica Villacorta, la alcaldesa pedánea de Tarilonte de la Peña, un núcleo rural en Palencia, está igual de desesperada que el de Nogarejas. Su pueblo tiene 41 habitantes, muchos ancianos, y el hospital más cercano está a 120 kilómetros. “La Junta no se ha preocupado nunca de nosotros, no cobramos un duro por lo que hacemos, lo que les interesa es controlar los recursos naturales”. Esa parece ser la verdadera razón de esta revolución rural. Las entidades locales, muchas veces esquivas con el poder —sus representantes se eligen entre los vecinos con listas abiertas, y a menudo están adscritos a los partidos de manera simbólica—, tienen un inmenso patrimonio forestal. “Sólo los Montes de utilidad pública en manos de las entidades suponen un tercio de la superficie de la provincia [de León], alcanzando el 40% si se suman los montes de libre disposición, también de su titularidad”, señala González-Antón, que ha estudiado a fondo las particularidades de las pedanías. “Muchos alcaldes se frotan las manos con esta reforma porque pueden perder de vista un foco de contrapoder poco sumiso con la dictadura de un partido político”.

En Asturias el 46% de los montes es administrado por entidades locales

En Asturias el 46% de los montes es administrado por alguna de las 39 entidades locales menores de la región que atienden a una población de 12.000 habitantes. Su presupuesto el año pasado fue de 7,6 millones. “Aquí, gracias a un acuerdo con el Principado, llevamos 16 años presentando cuentas, no tenemos el problema de Castilla y León”. José Manuel García del Valle, de la federación de parroquias rurales asturiana, insiste en que “el dinero público hay que controlarlo al máximo”, pero sospecha que ese “no es el motivo último de esta reforma”. No se le escapa, igual que a otros pedáneos, que el Gobierno de Castilla-La Mancha pretende ingresar este año 45,6 millones de euros por la venta de fincas públicas. Porque el argumento de la deuda no parece muy sólido. Desde la federación andaluza Antonio Martín asegura que, entre las 3.720 entidades locales menores no tienen “ni un millón de euros”, en números rojos, porque apenas tienen margen para endeudarse.

Dic 022012
 

La Junta ha decidido ser más estricta con las pedanías de la provincia y rechazará los acuerdos que le remitan sin la firma del secretario del ayuntamiento al que pertenecen o del SAM de la Diputación, como exige la Ley de Régimen Local.

El delegado territorial, Guillermo García, reconoce que hasta ahora se analizaban con mayor permisividad los actos de las juntas vecinales, pero las últimas sentencias del TSJCyL recordando la obligatoriedad de las entidades locales menores de adoptar sus acuerdos estrictamente en presencia del secretario municipal o del Servicio de Asistencia a Municipios para que dén fe, aconseja reforzar la vigilancia legal sobre los documentos.

Según explica, el control sobre la actividad de las pedanías «es importante, porque algunas incluso aprueban presupuestos superiores al de los ayuntamientos en los que se integran». Además, indica que están «exponiendo a todos los presidentes de juntas vecinales y secretarios, a través de la sección de Régimen Local de la delegación, que no vale que un miembro de la pedanía valide los acuerdos y que la Ley indica que debe hacerlo el secretario del Ayuntamiento o el SAM. De modo que los documentos deben llegar certificados con la suficiente garantía. Hay que exigirles rigor».

Rigor

La nueva Federación Leonesa de Entidades Locales Menores calcula que la ilegalidad por falta de ese sello afecta al 80% de los acuerdos de las pedanías, entre ellos a la aprobación de las ordenanzas del agua, la adjudicación de pastos y suertes de leña, la contratación de obreros y los presupuestos.

Una situación que coloca a muchas de estas entidades al borde del precipicio, ya que el Gobierno ha advertido que desaparecerán todas las que no rindan cuentas o información de forma adecuada, además de las pedanías con déficit reiterado. La Federación remarca que la imposibilidad de las juntas vecinales para validar sus acuerdos deriva de la negativa de muchos secretarios municipales a firmarlos, e insiste en que las pedanías están desamparadas. También lamentan que exista una bolsa de secretarios interinos a la que no se recurre para estos casos.

El delegado no prevé que la Junta vaya a impulsar el servicio de asesoría a pedanías previsto en la disposición sexta de la Ley de Régimen Local, ni que vayan a habilitarse, de momento, más secretarios para dar fe de los actos de las juntas vecinales. Confía en que ayuntamientos y juntas sepan resolver los problemas para compartir al secretario «teniendo en cuenta su horario de trabajo y su salario», puntualiza.