May 122016
 

Los municipios de la Variante de Pajares dan rueda de prensa con desperfectos /A. G. PUENTE | LEÓN

Una auténtica ofensiva para frenar «el mayor atentado ambiental en la Cordillera Cantábrica». Los afectados leoneses por el trasvase de sus cauces de agua, fuentes y acuíferos subterráneos al Principado debido a las obras túnel de la Variante de Pajares lanzaron ayer una batería de acciones en diversos frentes para frenar «el atentado» medioambiental que afecta a 23 pedanías de los municipios de Villamanín y La Pola de Gordón. Perjudica su medio de vida con daños en la ganadería, el desarrollo turístico y el propio abastecimiento de agua a sus vecinos.

Desde la Comisión Europea y las confederaciones hidrográficas del Duero y del Cantábrico hasta la Unesco, las quejas y denuncias de este colectivo llevarán su eco ante estas instancias para exigir medidas correctoras y compensatorias que garanticen medioambientalmente las actuaciones que deben realizarse para paliar el trasvase de agua permanente a Asturias. Así lo anunció ayer el abogado Carlos González-Antón, también secretario general de la Federación Leonesa de Entidades Locales Menores.

«Cuantitativamente hay miles de hectáreas afectadas en zonas de un valor ambiental altísimo. Son daños por actuaciones ilegales que no tenemos el deber de soportarlos, y todo por no ser adoptadas medidas correctoras impuestas por la ley», explicó el letrado.

Remarcó, además, que en caso de periodos de sequía prolongada, con el trasvase constante de masas de agua, «el corazón de la Cordillera Cantábrica quedaría absolutamente seco». Llamó la atención también sobre el hecho de que «las actuaciones ilegales realizadas para paliar estos trasvases se hicieron para beneficiar los túneles, no pensando en la población».

La denuncia en la Comisión Europea constata tres directivas infringidas: la de Hábitat, Evaluación Ambiental y la del Marco del Agua. «Supone una violación del derecho comunitario en una zona Red Natura 2000». La UE iniciará un procedimiento de infracción del derecho comunitario y reclamará a España explicaciones por el incumplimiento de estas normas. En caso de no resolución, el asunto del trasvase puede acabar en el Tribunal de Justicia de Luxemburgo con una multa millonaria.

La primera vía de actuación contra las confederaciones del Duero y el Cantábrico será administrativa, si no hay resultado acudirán a la penal. «Se han cargado el río y los acuíferos y no ha habido por su parte ni un solo expediente sancionador en un tema absolutamente grave», enfatizó el letrado.

Y remitirán también un escrito a la Unesco, al encontrarse el territorio afectado en la reserva del Alto Bernesga avalada con el sello de esta organización.

La denuncia que llega a la Comisión Europea está interpuesta por las juntas vecinales de Casares de Arbas, Ventosilla, San Martín de la Tercia, Pobladura de la Tercia, Viadandos de Arbas, Cubillas de Arbas, la Asociación de Vecinos de Campomanes (Asturias), la Asociación Cultural Ecologista y Recreativa de la Tercia y Arbas, Lacerta, y la Federación Leonesa de Entidades Locales Menores.

Sep 092013
 

Federación Leonesa de Entidades Locales MenoresDiario de León / Ana Gaitero | león 09/09/2013

En Pardesivil de Curueño, como en muchos pueblos del norte, era obligado tocar a concejo los domingos después de misa. Así lo manda su ordenanza de 1723. La campana tañía con un toque especial que el vecindario distinguía bien de otros avisos. Cuatro siglos después, rara vez las campanas tocan a concejo en alguna de las 1.232 localidades leonesas que aún tienen personalidad jurídica como entidades locales menores.

Las herederas del sistema concejil leonés han sido, paradójicamente, las parientes olvidadas de la democracia. Que no las pobres. Las entidades locales menores detentan la propiedad de al menos el 30% de la superficie de León. Son 4.449,73 kilómetros cuadrados sobre los 15.581 de territorio provincial.

El Proyecto de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local las deja sin personalidad jurídica y al albur de las leyes de las comunidades autónomas. El artículo 24 bis sólo respeta su nombre —caseríos, parroquias, barrios, anteiglesias, concejos, pedanías…— y el 116 bis recoge, contradictoriamente, la supresión de las entidades locales menores en casos de incumplimiento del plan económico-financiero.

«Si pierden la personalidad jurídica pierden la capacidad para gestionar el patrimonio a nivel legal», subraya Jesús Albarrán, portavoz de la Plataforma de Juntas Vecinales de Omaña constituida hace un año y que aglutina a 59 entidades locales menores.

Cunde el miedo al expolio . «Si sus bienes pasan a los ayuntamientos se producirá una descapitalización de los pueblos y de sus vecinos. Lo usarán para pagar sus deudas», advierte el pedáneo de Nogarejas, Olivio Campo. de UPL y al frente de una de las 150 localidades integrada en la Federación de Entidades Locales Menores.

«Nos quieren hacer desaparecer para expoliar nuestros montes. Que empiecen por las diputaciones, que nadie les ha elegido. Nosotros no les costamos una peseta», afirma Víctor Castro, alcalde pedáneo de Tremor de Arriba. Admite que la «unión hace la fuerza» pero no ha integrado a su pueblo en la federación.

Apenas el 10% de las entidades locales menores se han sumado a esta organización cuyo objetivo es combatir las «deficiencias técnicas y legislativas» de la reforma estatal de la administración local y también frente a otras normas «amenazantes» como el decreto de la Junta de Castilla y León, del 18 de julio, que exige a las entidades locales menores dar fe de sus presupuestos y contabilidad a secretarios con habilitación estatal y las obliga a pagar el coste proporcional de su complemento de productividad.

La Diputación y el Consejo Comarcal del Bierzo, en León, tienen que ocuparse de firmar un convenio interadministrativo. «Lo que el Servicio de Asistencia a Municipios prestaba gratis hasta ahora va a suponer un coste para las entidades locales menores», advierte el abogado Carlos González-Antón, jurista de la federación.

«No se cobra nada por los servicios a las juntas vecinales y no se va a cobrar», aseguran en la Diputación, cuyas subvenciones, recuerda, han permitido la elaboración de inventarios de patrimonio en un 60% de las entidades locales menores. También niega, al igual que el PSOE, que ejerza presiones sobre pedáneos para que se den de baja o no se sumen a la federación.

Esta asociación recurrió el reparto pactado por PSOE, PP y UPL de los fondos provinciales para juntas vecinales e Izquierda Unida ha llevado el caso a la Fiscalía de la Audiencia Provincial de León. El pacto entre los diputados provinciales otorgó un 60% de las ayudas a pedanías del PP, el 30% a las del PSOE y un 10% a las de UPL.

«Y a los que somos independientes o no van en la línea del partido nos dejan fuera», denuncia el pedáneo de Caminayo, Zósimo Miguel Díez. «Es un reparto ilegal», subraya. A su pueblo las ayudas que llegan «son mínimas» y tienen que poner el 15% que le corresponde al Ayuntamiento de Valderrueda al que pertenece. «Las pequeñas obras las vamos haciendo cuando tenemos tiempo», alega este minero prejubilado.

Desde que el ministro Montoro puso el punto de mira en los municipios más pequeños y en las entidades locales menores advirtiendo de sus posibles irregularidades (falta de presentación de cuentas y presupuestos en algunos casos) han crecido como los hongos en otoño las asociaciones y servicios defensores de las entidades locales menores.

El PSOE abrió una oficina en diciembre pasado para «dar servicio a sus juntas vecinales y a los representantes que tiene donde no gobierna», explica el secretario provincial, Tino Rodríguez. El 15M también se ha sumado a lo que llama el «desahucio de los pueblos» y ha hecho un documental combativo.

El líder socialista no ve necesaria una organización de las juntas vecinales similar a la que tienen los municipios y las provincias en la Femp. «Nosotros les damos el servicio gratis», insiste. Sin embargo, ya se ha creado una federación autonómica y existen dos federaciones estatales de concejos, parroquias y entidades locales menores.

La leonesa está integrada con Asturias, Galicia, Álava, Cantabria y otras provincias de la Comunidad. En Asturias el 100% de las parroquias están agrupadas en la Fapar (Federación Asturiana de Parroquias Rurales) desde hace 16 años. La federación lleva la contabilidad, presupuestos y subvenciones. Cuenta con ayuda del Principado y está reconocida tanto por la Junta como por el Gobierno asturiano.

El estatuto de autonomía de Asturias reconoce las parroquias como asentamiento de la población asturiana. Son 39 y muchas tienen más de una población. Solamente existen en 15 municipios. «No tememos por nuestra desaparición por la rendición de cuentas porque se lleva al día y tenemos la ventaja de que los secretarios de las entidades están habilitados para dar fe de sus actos», precisa el secretario, José Manuel García del Valle.

El caso alavés es singular. La mayoría de los 335 concejos están agrupados desde 1998. «Nos regimos por la norma foral de concejos, de 1995, que emana de la Diputación provincial», aclara Javier Argote, su presidente. Lo más singular de Álava —en Guipúzcoa no hay concejos y en Vizcaya sólo unos pocos— es que todos, excepto 16, son abiertos: «El Gobierno corresponde a la asamblea vecinal y la representación a la junta administrativa».

El concejo alavés es el más democrático formalmente y en la práctica. Tiene elecciones propias, fuera de los comicios municipales, y las listas son abiertas y personales, no figuran las siglas de partidos políticos. El fiel de fechos está reconocido como secretario.

Muchos pueblos leoneses siguen celebrando concejo. A su manera. Porque la Junta no lo ha regulado, tal y como recoge la Ley de Régimen Local de 1998, mediante un reglamento. En Ariego de Omaña «todas las decisiones se toman en el concejo», asegura la pedánea, Fermina Bardón, de Izquierda Unida. En otros son asambleas informativas, como es el caso de Nogarejas, con 260 habitantes, que convoca uno al año. «Si el concejo toma una decisión que es ilegal, quien carga la responsabilidad soy yo», subraya Olivio Campo. En León se funciona, a efectos legales, en régimen de Junta Vecinal, compuesta por presidente y vocales. El concejo se ha olvidado en unas juntas vecinales dependientes y a expensas de los repartos partidistas de dinero y unos pueblos cada vez más deshabitados. «Los que no estén vivos van a desaparecer con total seguridad», pronostica María Teresa García Montes.

«Está en peligro de extinción por la ley y por la despoblación», alega la directora del documental La voz del concejo, que realiza con Bambara Zinema, la Asociación Faceira, la Fundación Cerezales y los Clubes de la Unesco en España. Su objetivo es lograr que el concejo sea declarado patrimonio inmaterial de la Humanidad.

El temor al expolio de los bienes está latente. Y no sólo del monte. Está el trabajo que, sin cobrar, ha levantado aceras, cavado zanjas para las traídas de aguas o limpiado caminos para su pervivencia. «Si yo cobrara por el tiempo que dedico y lo que hago serían 20.000 euros al año», dice el pedáneo de Nogarejas.

El pueblo tiene un servicio de transporte sanitario con sus propios recursos (monte, residencia de ancianos, caza e intereses de depósitos). «Los impuestos los cobra el Ayuntamiento de Castrocontrigo», agrega.

«La captación del agua la hicieron los vecinos con sus propias manos y nos ocupamos del mantenimiento», explica la pedánea de Ariego. Si esta competencia, como prevé la ley, pasan a las diputaciones o a consorcios «se va a terminar con la gestión racional y altruista que hacen los vecinos y acabarán pagando».

Las campanas no tocan a concejo. Se oyen lamentos. Doblan por el concejo y por los pueblos. Y por la tierra. «Si quitan las juntas vecinales los pueblos van a morir por Dios», advierte el de Caminayo. Como dijo John Donne, y Ernest Hemingway popularizó con su novela, las campanas «doblan por ti». Por los 1.232 pueblos con personalidad jurídica en León.

Abr 272013
 

“Para poder apropiarse del territorio y del espacio común, también de los recursos, lo que hace [el Gobierno] es acabar con la forma política que se lo impide, en este caso el concejo, y en sentido más amplio con la democracia”, explica Jesús Manuel Albarrán, portavoz de la Plataforma en Defensa de los Concejos de la Comarca de Omaña, en León.

Albarrán se refiere al anteproyecto de la ley de Racionalización y Soste­ni­bi­lidad de la Administración Local, aprobado por el Gobierno del PP el 15 de febrero y que se encuentra ahora pendiente del informe del Consejo de Estado para su aprobación final. El anteproyecto pretende suprimir la personalidad jurídica de más de 3.750 entidades locales menores (que reciben el nombre de juntas vecinales, concejos, barrios, parroquias o pedanías) pueblos que cuentan con recursos propios y potestad para administrarlos y ejercen democracia directa sobre estos recursos. De este modo, quedarían agrupados en los ayuntamientos de los que dependen y la gestión de sus bienes pasaría a ser administrada por esos ayuntamientos, diputaciones y Comunidades autónomas.

Expolio de recursos

“Es lo mismo que le ocurre a una comunidad indígena en el Perú cuando le expropian sus tierras para que entre una multinacional canadiense a quedarse con sus recursos. Nos sentimos solidarios con ellos, es lo mismo que quiere el Gobierno con la nueva ley”, explica Albarrán.
En la actualidad, los recursos naturales de los concejos “son propiedad, por igual, de sus vecinos y vecinas y son ellos y ellas las que los gestionan y deciden cómo administrarlos. No existe democracia más pura que la de los concejos. Los bienes comunales son anteriores al Estado moderno, al Estado representativo. Estamos defendiendo la asamblea de vecinos y vecinas. Como ellos y ellas tienen la última palabra sobre su patrimonio, son el obstáculo para que el Gobierno pueda acceder a la gestión, o la apropiación de ese patrimonio. Con la nueva ley se podrá privatizar la gestión del agua, de los montes, de la caza… Ellos tienen su plan”, subraya Albarrán.
Omaña cuenta con 75 juntas vecinales repartidas en cuatro ayunta­mien­tos y sólo el municipio de Riello cuenta con 39, “es el que más juntas vecinales tiene de todo el Estado español, y es probable que de toda Europa”, afirma el portavoz de la comarca de Omaña y señala que son “pueblos pequeños en las montañas y valles con entre 30 y 50 vecinos censados, que en invierno pueden tener cuatro o cinco casas abiertas”.
Jesús Manuel Albarrán participó el 5 y el 6 de abril en el encuentro estatal por la Autonomía de Nuestros Pueblos, donde se plantearon acciones informativas y de lucha contra “este golpe mortal al mundo rural”, como lo calificaron los representantes de más de medio centenar de comarcas. En el Estado español existen 3.720 juntas vecinales que desaparecerán si el anteproyecto de la ley de Racionalización y Sostenibi­lidad de la Adminis­tra­ción Local sale adelante. Castilla y León, con 2.257 juntas vecinales, será la comunidad autónoma más afectada por la supresión de estos pequeños pueblos, que perderán su autonomía y la gestión de un patrimonio de cientos de hectáreas de montes de gran riqueza ambiental y económica. Le sigue Cantabria con 534 concejos, Navarra (348), País Vasco (340), Cataluña (63), Andalucía (48) y Castilla-La Mancha (42), y el resto de comunidades con entre siete y un concejo.

Desobediencia civil

“Es necesario desobedecer a este Gobierno, que quiere quedarse con nuestros recursos y eliminar la autonomía de nuestros pueblos”, señala Jerónimo Aguado, campesino deAmayuelas, Palencia, y portavoz de la Plataforma Rural. Aguado coincide con el resto de asistentes a las jornadas en la necesidad de llevar a
cabo actos informativos en los pueblos y movilizarse contra esta ley. Los representantes vecinales acordaron también acudir a los tribunales por la vía penal para denunciar esta norma, ya que la Constitución en su artículo 140 dice que se “garantiza la autonomía de los municipios. Estos gozarán de personalidad jurídica plena (…)”.
Por otra parte, Antonio Aguado de El Provencio, en Cuenca, agricultor ecológico de la comarca de La Mancha, señala que aunque Castilla-La Mancha cuenta con menos pedanías, 42, “ya se está aplicando el expolio de nuestros bienes comunales: los montes públicos. Somos el laboratorio del Estado, sufrimos a [María Dolores de] Cospedal. En los presupuestos de 2013 ya han incluido los 45 millones que pretenden ganar este año con la venta de los montes, sin que, ni siquiera, entre en vigor esta reforma de la ley de entidades locales”, apunta.
Un secretario de Ayuntami­ento de un municipio de Segovia presente en las jornadas va más allá: “¿Qué pasará con los municipios de menos de 5.000 habitantes, que son la mayoría? El objetivo del PP es suprimir los ayuntamien­tos, y como se lo impide la Constitución, los van a vaciar de competencias. Quieren quedarse con los servicios públicos: gestión del agua, alcantarillado, vías públicas y alumbrado que gestionarán las diputaciones a través empresas privadas. Adiós a la autonomía local. Negocio con lo público”, concluye.
Sep 302012
 

La pancarta en defensa de las Juntas Vecinales, expulsada del desfile de pendones

Por ileon.com | 30/09/2012

Una pancarta de mediano tamaño que se introdujo en el desfile constituía el elemento de protesta. Su lema era: ‘Rajoy, estos son nuestros pendones, no nos toques los cojones’, y la firmaba la Junta Vecinal de Carrizal.

La pancarta en defensa de las Juntas Vecinales, iniciativa de la Plataforma Omañesa en Defensa de las Entidades Locales, ha sido expulsada del desfile de pendones que se ha celebrado este domingo en la capital leonesa. “El acto parecía adecuado para manifestar la opinión en contra de la supresión de las juntas vecinales, una decisión del Gobierno de España con la que no están de acuerdo la mayoría de los leoneses ni los partidos políticos que, incluso, el pasado 26 de septiembre consensuaron en la Diputación Provincial una moción en defensa de la juntas vecinales leonesas”, ha expresado la Plataforma a través de un comunicado de prensa.

Una pancarta de mediano tamaño que se introdujo en el desfile constituía el elemento de protesta. Su lema era: ‘Rajoy, estos son nuestros pendones, no nos toques los cojones’, y la firmaba la Junta Vecinal de Carrizal. Sin embargo, alcanzada la Plaza de Santo Domingo, la pancarta y sus dos portadores fueron invitados por un miembro de la Organización a abandonar la marcha, al tiempo que llamaba a la Policía, según ha relatado uno de los miembros de la Plataforma. “Tuvieron que salir, pacíficamente, sin un solo ruido. Pancarta y portadores se situaron tras el público que contemplaba el desfile, pero, al parecer, tampoco esta actitud resultaba del agrado de alguien –desde luego, no era el público, que leía y comentaba con agrado el manifiesto- que posiblemente tampoco lo esté con el acuerdo de la Diputación. Como en tiempos pretéritos, una patrulla de la Policía Local solicitó la identificación de los portadores, de una acompañante y de quien esto suscribe por hacer fotos”, ha añadido a misma fuente.

La actuación policial concluyó con la recomendación de que la pancarta no remontara la calle Ancha, “por hallarse repleta de gente”, invitando a que lo hiciera por las calles traseras, según ha explicado el miembro de la Plataforma.