Dic 182015
 

Federación Leonesa de Entidades Locales MenoresCARLOS GONZÁLEZ- ANTÓN ÁLVAREZ ABOGADO. CATEDRÁTICO EU DE DERECHO ADMINISTRATIVO 18/12/2015

Los próximos cuatro años serán determinantes para el futuro de nuestras juntas vecinales y concejos. Las reformas emprendidas tanto por el Gobierno estatal como por el autonómico afectarán tan severamente a los entes locales menores que estas instituciones, que han gobernado nuestros pueblos durante diez siglos, o bien se modernizan y adaptan a las nuevas realidades, o bien desaparecerán. El momento es crítico y en estas elecciones generales la Administración local de territorios como el de León, se está jugando mucho.

En la última legislatura, ante las amenazas de supresión, los pueblos han tomado conciencia de la necesidad de tener voz propia y han creado sus federaciones provinciales, autonómicas y estatal. Organizaciones que, salvo alguna excepción, han sido ninguneadas por administraciones y partidos políticos, que ven en las reivindicaciones de los pueblos una amenaza para la distribución actual de poder e influencias. Esperemos que esta percepción cambie.

La legislación local estatal ha afectado de lleno a las ELM, privándolas con carácter general de su carácter de ente local, exigiendo una rendición de cuentas y un régimen presupuestario de una complejidad no adaptada a su tamaño y la incorporación a una administración electrónica muy alejada de sus capacidades. Tampoco se ha actualizado la regulación de los secretarios de las juntas vecinales. Si ello se une, en el caso de Castilla y León, una nueva ordenación del territorio en la que no se tienen en cuenta las competencias que prestan nuestros pueblos, estamos ante un escenario en el que lo que hagan nuestros legisladores a partir de enero conformará radicalmente el futuro de nuestra Administración Local.

Si bien algunos opinan que todas las juntas vecinales deberían desaparecer, parece obvio que en provincias como León, o Palencia, o Burgos, si un nivel administrativo es insustituible es el de los concejos, pues sería totalmente inasumible la gestión por el Ayuntamiento de los asuntos colectivos de todos los pueblos en su dispersión. Nuestros pueblos tienen bienes comunales, montes de utilidad pública y de propios, bares y centros comunitarios, prestan servicios como abastecimiento de agua, organizan fiestas y romerías. Todas estas competencias y servicios deben seguir ejerciéndose y prestándose desde el ámbito más cercano al ciudadano, que es precisamente el concejo o junta vecinal. No hace falta apelar al principio europeo de subsidiariedad, sino al sentido común y a la eficacia.

¿Qué debemos pedirles a nuestros futuros diputados? En primer lugar, que devuelvan a los concejos la naturaleza jurídica de verdaderos entes locales, perdida en la última reforma legislativa. En segundo lugar, que refuercen el concejo como forma de gobierno absolutamente democrática. En un momento en el que todos dicen querer fomentar la participación ciudadana en el ámbito local, se debería recuperar la figura del concejo como institución en la que ha residido durante siglos la democracia directa. Reforzar el concejo en la legislación básica local y en el régimen electoral general como forma de gobierno de los entes locales menores sería una prueba de verdadera calidad democrática.

En tercer lugar, se debe flexibilizar la normativa presupuestaria y contable, para que, garantizando la plena rendición de cuentas, se faciliten las tareas burocráticas. El Gobierno debe crear una plataforma de Administración electrónica común para las 3713 ELM que hay en España, para facilitar estas tareas con el mínimo coste. Por último, debe tomarse en serio la necesidad de regular la función de secretaría e intervención en los concejos y juntas vecinales, para dotarles de asesores y fedatarios públicos fiables e independientes.

La simplificación de los niveles de la administración local tendrá en los concejos un claro beneficiario, pues de esta forma podrán llegar más recursos a los pueblos. La multiplicación de cargos y entes intermedios en el mundo local solo sirve para que a las juntas vecinales nadie las tenga en cuenta, pues cada vez están más lejos de los centros de poder. Muchos políticos olvidan que nuestros pueblos no están regidos por ayuntamientos, sino por juntas vecinales; y siempre lo han estado. Por ello, si los ayuntamientos son tan débiles como las juntas vecinales, más que una ayuda son un lastre y se hundirán juntos. Nuestras juntas vecinales necesitan ayuntamientos fuertes y estos ayuntamientos necesitan juntas vecinales eficaces que sean la Administración de cercanía que siempre han sido. Mantener ayuntamientos débiles; multiplicar mancomunidades, distritos o unidades básicas; perpetuar diputaciones que solo dan a los pueblos 5.000 euros al año y no a todos, es condenar a nuestros pueblos y a nuestra provincia al subsidio y finalmente a la despoblación.

Nuestros pueblos necesitan más apoyo que subvenciones. Necesitan menos limosnas y más confianza para que generen más recursos de sus montes, de sus comunales, de su actividad. En vez de trabas administrativas, requieren tener un sistema competencial y de financiación estable. Es urgente un programa de modernización para ser útiles a sus vecinos en el siglo XXI. El próximo 20 de diciembre nos jugamos el futuro de nuestros pueblos, el futuro de León. Pero para ganarlo, los concejos deben alzar su voz de nuevo.

Oct 252013
 

ernesto_escapa
La pelea por lo nuestro ( Diario de León – 24/10/2013 )
ernesto escapa 24/10/2013

El pasado domingo sacudió la quietud de la cuna parlamentaria, que es León, el malestar de varios miles de manifestantes, cansados de asistir al tira y afloja, cuando no al desdén, de los proyectistas de Madrid, que para tapar el agujero olímpico de unas cuantas capitales, tuvieron la ocurrencia de cercenar la trama rural que facilita unas relaciones seculares y equilibradas de la gente con su medio natural, con sus tradiciones y con sus recursos vitales. Se acababan las entidades locales que no tuvieran servicios administrativos para rendir cuentas en tres meses y en la poda iba también un tercio de los concejales, exactamente los que no cuestan.

La lindeza viajó a Bruselas, formando parte del pliego de súplicas en busca de más dinero para el socavón bancario. No se les ocurrió parar los pies o controlar el gasto a los idiotas del olimpismo madrileño, sino cortar por lo sano. Exactamente, por lo que no cuesta y además garantiza la pervivencia de un saludable equilibrio ecológico. Pero los podadores no están solos. Si uno echa cuentas, resulta que tenemos 72 veraneantes repartidos por las playas del Congreso y el Senado, aunque no se les oiga nunca y menos cuando hacen falta. Dejaron que el ministro canario pusiera la soga y asestara el golpe definitivo a la minería y ahora hacen como que se preocupan, aunque cuidando de no verbalizar su rechazo. Ellos andan a lo suyo, que ahora mismo consiste en buscar acomodo para las próximas listas, y a las pedanías que las atienda quien no tenga otra cosa mejor que hacer. Mientras, las diputaciones cospedalean, porque entienden que con el nuevo modelo van a salir mejor paradas, mermando el protagonismo autonómico.

El cuadro resultante de estas ambiciones enredadas es como para enviarlo al museo de la risa. Y todavía falta que asomen los populares de provincias que sorayean con la vicepresidenta vallisoletana. Cada cual con sus trajines y su cazoleo de Madrid a la provincia y de la provincia a Madrid. A los pueblos que les vayan poniendo la cruz. Pero en medio de la verbena sucedió lo que nadie esperaba. Todavía la otra tarde en las Cortes de Castilla y León el procurador leonesista Alejandro Valderas, después de afirmar que «todos queremos que haya menos ayuntamientos», evocó en tres lugares leoneses el proceso de absorción maquinado por el Franquismo: Armunia, Castrillo de los Polvazares y San Esteban de Valdueza. Y los dibujó con la soltura que proporciona hablar de asuntos que uno cree remotos: «Tres pueblos perdidos en el monte». Después del desahogo, Valderas tuvo que encajar el ofrecimiento de Herrera, quien se mostró dispuesto a dedicar media hora para explicarle el contenido de la ley autonómica, cuyo texto ha tenido durante seis meses en la cámara para despejar cualquier duda.

Porque una vez aprobada, ya no vale atribuirle oscuras intenciones contra la rica trama local de León. Al contrario, supone una barrera legal frente a las atolondradas pretensiones de la reforma de Montoro. Mejor instruido, el batallador catedrático bañezano de Salamanca Valentín Cabero valora el criterio de la Junta en defensa de la singularidad local de Castilla y León, así como el rechazo del consejero de la Presidencia a la ley estatal, que pone «en riesgo los servicios de proximidad en el medio rural» y entra en contradicción con la ley autonómica de Ordenación del Territorio, «favorable al mantenimiento del tejido rural y de las entidades locales menores». La batalla acaba de empezar.

Oct 022013
 

El presidente de la Asociación de Concejos de Álava en la puerta de la sede ubicada en Elorriaga.“Fomentar lo local y la participación vecinal es lo que produce ahorro”

El presidente de la Asociación de Concejos de Álava, Javier Argote, apuesta por el mantenimiento de las entidades locales, en riesgo de desaparición debido a la reforma de la Administración Local del Gobierno de Mariano Rajoy.

“Vienen a por el patrimonio de estas poblaciones porque su venta va a salvar a muchos ayuntamientos de la deuda”.

“La Diputación no podrá asumir todas las tareas que nosotros sacamos adelante y privatizarán los servicios. Ese en nuestro miedo”.

Natalia González de Uriarte Gasteiz

01/10/2013 – 20:26h

El presidente de la Asociación de Concejos de Álava en la puerta de la sede ubicada en Elorriaga.

El presidente de la Asociación de Concejos de Álava, ACOA, apuesta por el mantenimiento de las entidades menores de Álava, denominadas concejos, frente al adelgazamiento de la administración que persigue la reforma local del Gobierno de Mariano Rajoy. Javier Argote considera que fomentar lo local y la participación vecinal en el desempeño de tareas que atañen a los núcleos de población sí supone un ahorro y no la supresión de estos órganos. El colectivo alavés celebra a lo largo de hoy y mañana las jornadas “Los Concejos ante la reforma local” con el objetivo de que los grupos políticos participantes con representación en el Congreso se posicionen y revelen si apoyarán las enmiendas en defensa de los concejos alaveses planteadas por la asociación al proyecto de ley de racionalización y sostenibilidad de la Adminsitración local.

Pregunta. ¿Qúe particularidades diferencian a los concejos alaveses del resto de las entidades locales?

Respuesta. Los concejos de Álava no se rigen por el régimen común sino por el régimen foral. No dependemos en absoluto de los ayuntamientos sino de la Diputación foral de Álava, que es la que tiene la capacidad de tutela. Otra de nuestras particularidades es que la mayoría son concejos abiertos. Funcionan mediante la celebración de asambleas vecinales que son como el gobierno del concejo. Todos los vecinos mayores de 18 años pueden acudir a la asamblea y en ese foro se expone, se participa y se decide. Otra de las características es que en los concejos alaveses no hay participación de los partidos políticos. Hay elecciones cada cuatro años y concurren los vecinos. Puede haber candidatos y si los hay, la lista es abierta y en aquellos en los que no hay candidatos todos los electores son elegibles. En la actualidad funcionan 335 concejos en Álava de los que sólo 17 son cerrados. El resto son abiertos.

P. ¿Y la gente participa en las asambleas?

R. Sí, la participación es constante. También es cierto que es mucho mayor cuando los temas implican a muchos vecinos. la gente acude a las asmbleas y a las veredas, que es el trabajo comunitario. Saben que el bienestar de su pueblo depende también de su implicación. hay ninguna administración que llame a sus vecinos a vereda.

P. ¿Hasta dónde abarcan las competencias de los concejos?

R. Quitando urbanismo y los impuestos, que son competencia exclusiva de los Ayuntamientos, llegamos a todo lo demás. Por ejemplo hay 33 concejos que tienen su propio consultorio médico, hay 274 concejos que tiene su centro social, 313 su propio cementerio o 233 que gestionan directamente su alumbrado público.

P. ¿Por qué el anteproyecto de ley de la reforma local es perjudicial para los concejos?

R. Porque se carga de un plumazo el régimen foral. Equipara, hace tabla rasa y trata igual a un concejo alavés que a uno soriano y no somos iguales. Las entidades menores del resto de las provincias funcionan, excepto en contadas ocasiones como concejos cerrados, como junta administrativa en la que sí participan los partidos políticos. Sólo se elige directamente al presidente porque los vocales los elige el Ayuntamiento de cabecera al que presentan sus cuentas. Además el régimen foral se ha mantenido initerrumpidamente desde el siglo IX, lo que no puede ser es que ahora en el siglo XXI, en el año 2013 vayamos a perder eso. La Diputación y las Juntas generales tienen que defender su foralidad porque además se está funcionando muy bien.

P. ¿Qué otras consecuencias conllevaría la aplicación de esa ley de racionalización y sostenibilidad de la Adminstración local?

R. Nos preocupa qué va a ocurrir con todos los bienes que tienen los concejos. En el caso de Álava, más del 80% del monte es público y más del 70% del patrimonio edificado- inmuebles sociales, frontones, boleras, casas como la del maestro o la del cura- también. Todo lo que se ha ido haciendo es propiedad de los concejos. Ese patromonio pasaría a manos de los ayuntamientos y en nuestro caso, a la Diputación alavesa. María Dolores de Cospedal ya anunció que en Castilla La Mancha iban a vender muchas hectáreas de monte público y que se iban a hacer con unos 700 millones de euros. Vienen a por el patrimonio porque su venta va a salvar a muchos ayuntamientos de su deuda. Existe también un riesgo evidente de privatización de los servicios.

P. Pero en el caso de Álava, si los concejos desaparecen, ¿su papel lo desempeñaría la Diputación Alavesa, no?

R. Los concejos alaveses estamos dando el abastecimiento, el saneamiento, mantenimiento de las calles y el monte público; nos ocupamos de los caminos rurales, de los cementerios, de los centros sociales, etre otras tareas. Esta ley dice es que va a a marcar un precio por los servicios. Toda aquella entidad local, de menos de 20.000 habitantes, que no cumpla este precio, perderá esas competencias que pasarán, en nuestro caso, a la Diputación y será esta institución quien se ocupe de estas tareas durante cinco años. Pero la Diputación no tiene capacidad de asumir todo lo que hasta ahora hacemos nosotros. Llegados a este punto vemos de nuevo, un peligro de privatización, que no es la panacea, por cierto. No implica sin más abaratamiento de precios, sino peor servicio y en muchas ocasiones no más barato.  El fin de la empresa pública es dar un buen servicio pero el de la empresa privada es ganar dinero. Y eso nos da mucho miedo. Esta reforma nos aboca a una muerte por inanición porque aunque digan que no desaparecemos sino no cumplimos esos requisitos que marcan nos quitan las competencias y una entidad local sin competencias, qué es, qué sentido tiene: ninguno.

Tiene que quedar claro que los concejos no costamos nada a la administración y no tenemos déficit. Con la excusa de la crisis se está pretendiendo una vuelta al año 1954, a la ley de bases de Franco, con un control férreo de los ayuntamientos, de sus gastos, de sus miembros.

P. ¿No es inevitable la desaparición de estos órganos menores en tiempo de adelgazamiento de la administración?

R. Tiene que quedar claro que los concejos no costamos nada a la administración y no tenemos déficit.  Con la excusa de la crisis se está pretendiendo una vuelta al año 1954, a la ley de bases de Franco, con un control férreo de los ayuntamientos, de sus gastos, de sus miembros…La eliminación de los concejos no supone ningún ahorro, ni en Álava, ni en el resto del estado porque no hay gastos administrativos excesivos. Aquí en Álava tendrán personal administrativo cuatro concejos grandes. El resto no lo tiene. Todo lo hace el presidente o los vocales voluntariamente y altruistamente porque por ley, la propia norma foral, ya dice que el cargo será gratuito, no se puede poner sueldo. Solo podrá cobrar los gastos de teléfono o de viajes. Los concejos somos un ejemplo de ahorro clarísimo. No somos adminsitraciones engorrosas, sus cargos son gratuitos, sus vecinos participan en la veredas sin cobrar un duro, se llevan los servicios básicos sin coste administrativo excesivo. ¿Por qué no fomentamos eso en vez de eliminarlo?

P. Entonces, ¿no les convence en absoluto el nuevo decreto?

R. En todas las normas que va sacando el Gobierno de Mariano Rajoy, sea en sanidad, en educación…hay un intento de recentralización. Ellos plantean que la adminsitración local es un maremágnum con demasiados ayuntamientos, demasiadas entidades locales menores, demasiados consorcios y mancomunidades. Luego hablan de lo que cobran los alcaldes y lo que cobran los concejales pero de los grandes, porque en lo pequeño no cobra nadie. Y finalmente después de presentar ese panorama proponen eliminar más de 3.000 entidades locales menores, fusionar ayuntamientos, reducir concejales y bajales los sueldos. Planteado de ese modo tiene muy buena venta. Pero nosotros creemos que es precisamente al revés. Se trata precisamente  de lo contrario. Lo que hay que fomentar es lo local, y dentro de lo local es la participación y eso es lo que produce ahorro.

P. ¿Con qué apoyos cuentan para sacar adelante esa enmienda en defensa de la particularidad de los concejos que han presentado al decreto?

R. Con esa enmienda pedimos que se introduzca una salvaguarda para el régimen foral dentro de esa ley. Hasta ahora sólo el PNV incorporará esta petición entre sus enmiendas. Esperamos respuesta del resto de los partidos. El PP tiene el poder de decisión con su mayoría absoluta. Si el PP alavés lo quiere, tendrá capacidad como para que se sigan manteniendo los concejos. Ellos nos han manifestado que defienden este mecanismo y que va a aclarar de qué modo afectará esa ley a los concejos alaveses, aunque aún no nos ha dicho cómo. No lo sabemos. Por este motivo hemos organizado las jornadas. Van a participar portavoces de los grupos con representación en Madrid y trataremos de que cada uno de ellos se posicione y digan si van a defender nuestros postulados en Madrid. Creemos que, n uestros representantes en Juntas generales, independientemente de sus siglas, deben apostar por su territorio y sus competencias, sean del PP o sean de cualquier otra agrupación.

P. ¿Usted confía en la potencialidad de los concejos como generadores de reactivación económica y social?

R. Sin duda. Tenemos capacidad para absorver una cierta cantidad de población y para hacer promoción económica. Ahora estamos negociando con la Cámara de Comercio, Diputación y Gobierno vasco intentar reabrir los antiguos ultramarinos que abastecían a las familias de los pueblos. Tenemos vivienda pública vacía y estamos tratando de atraer a profesiones liberales para que se instalen en los pueblos. La finalidad última de todas estas propuestas es que se asiente más población en los pueblos. Y quién ha mantenido hasta ahora a la población en los núcleos rurales alaveses es el concejo, eso es indiscutible. Hay un dato muy esclarecedor: en Álava un tercio de lo que siembran los agricultores va a parar a ellos, el otro tercio lo tienen en alquiler y el otro tercio restante es comunal. Lo mismo ocurre con los pastos. Todo eso se gestiona desde los concejos y lo habitual es que la explotación se ceda a los que viven en los pueblos. Eso es un mantenimiento de la población. Y el tener unos servicios cercanos y en los que se puede participar, también.

Mar 082013
 

CORNADA DE LOBO

 Ajuntarse

 

Tiempos malos piden juntamientos… nadie para una avalancha con sólo su pecho.

Las juntas de vecinos nacieron para detener el alud de reyes codiciosos, nobles de pernada o abades comendatarios que quisieron señorear vidas y haciendas en estos pueblos cuando se refundaban en tiempos medievales (y después)… fue democracia de «una casa, un voto», democracia varona, paisanos del lugar, aunque ocho siglos antes de reconocerse en Europa el voto femenino, ya existía en estas juntas el derecho de las paisanas de casa viuda a tener al menos medio voto… y así, el invento de ajuntarse en vecinal no debió ser mala regla, porque llegó hasta nuestros días gobernando en lo suyo y cuidando el predio de los depredadores que llegan de fuera con papeles o privilegios… y gracias a esta defensa mancomunada de los vecinos «en junta», los bienes del común fueron sagrados y no los mordió tanto el interés particular o la garduña.

La cosa es que ahora quieren ventilarse a las juntas vecinales (y no digo yo que haya algunas que por mala gestión, trampilla o abandono deberían ser intervenidas, pero ya)… sin embargo, se enfrentarán al sentir general y a gentes que este sábado salen a la calle en esta ciudad para decirle al Gobierno que su proyecto de supresión de las pedanías se lo metan, más o menos, por el culo, directamente… o sea, que no, que nadie consentirá que se desguace un patrimonio institucional de tantos siglos que tiene en las tierras leonesas su mayor cantera en España.

No pocas de nuestras juntas vecinales se han venido vaciando de sentido o función; súmese a ello la despoblación de nuestros pueblos y no será ocioso sospechar que detrás de este fusilamiento haya intereses espúreos que buscan «campo despejado», bienes libres de dominio, expolio al canto… ¿cómo fiarse del que desde lejos administrará después este patrimonio no sintiéndolo como propio y común, sino como enajenable o negociete?…

Y si se trata de corregir defectos en el sistema de juntas, pregunta Sócrates por qué no empiezan por las Juntas de la orgía autonómica, que son las que de verdad despiezan presupuesto.

Feb 272013
 

David Díez LLamas Sociólogo 27/02/2013

 

Las juntas vecinales tienen un papel fundamental en la organización territorial leonesa. Fuera de las burocracias institucionales, que son maquinarias que han demostrado en demasiadas ocasiones su ineficacia, los leoneses han buscado formas de organización propias que de manera directa y más eficaz afronten sus problemas. Diríamos que en ellas se hace un ejercicio de democracia directa y son ejemplo de cómo con pocos recursos se puede actuar con eficacia para dar soluciones que no son teóricas sino reales y que afectan al día a día.

La lucha de las juntas por mantener su capacidad de gobierno no es nueva. Así en 1875 un dictamen ministerial ya trataba de eliminarlas. Ante esa situación Elías López Morán (en su obra Derecho Consuetudinario Leonés) nos reflejaba la situación de los pueblos leoneses cuando nos decía que los ayuntamientos leoneses «nunca han hecho ordenanzas municipales; en primer lugar, porque cada pueblo tenía la suya para su propio régimen, resultando, por tanto, aquéllas enteramente inútiles; y en segundo porque es harto difícil, si no imposible, hacer unas buenas ordenanzas comunes para ocho pueblos que tienen necesidades diferentes y muchas veces encontradas: siempre resultarían inaplicables, o por demasiada deficiencia, o por falta de adaptación a las diarias exigencias de la vida del común».

Así se rechazaba ese proceso centralizador por cuanto se calificaban a las juntas administrativas que pretendían sustituir a las juntas vecinales como enteramente inútiles.

La razón era que se consideraba que «no responden a ninguna necesidad, porque lo que les está recomendado puede hacerlo y lo hace, la reunión de todos los vecinos del común con su correspondiente órgano de ejecución: y porque implica un desconocimiento completo de los más elementales principios de derecho natural. La representación huelga cuando los que han de estar representados pueden practicar directamente, o por sí mismos, con más probabilidades de acierto, puesto que se trata de la dirección de sus propios intereses, y sin obstáculos ni inconvenientes que dificulten de ninguna manera su intervención inmediata, los actos que han de ejecutar los representantes». ¿No creen que esto que se decía hace más de un siglo es enteramente aplicable hoy? A veces es importante tener memoria para evitar caer en los mismos errores.

Son muchos los casos de corrupción que se conocen por diferentes ámbitos geográficos y políticos en distintas instituciones de ámbito municipal, autonómico o del Estado. Sin embargo no conozco ejemplos de esto mismo en el marco de las juntas vecinales. Sencillamente creo que ello se debe a que los cargos de las juntas vecinales en su gran mayoría no cobran por ejercer sus funciones. Además el control social es mucho más directo.

El arraigo de las juntas vecinales está asociado a la propia historia leonesa por cuanto se dice que «son su forma de gobierno desde antes de los tiempos en que se redactó el Fuero Juzgo». Sin embargo también hay otros valores como la eficacia o la representatividad.

Uno de los problemas importantes que tiene nuestra sociedad actual es el profundo desapego de la ciudadanía a sus instituciones. Alguien debería de reflexionar en base a qué motivos surge esa situación y que circunstancias distintas hacen que en los pueblos leoneses exista una profunda sintonía entre los deseos ciudadanos y sus juntas. En mi opinión el motivo es claro, mientras que en las juntas vecinales hay una implicación directa de la ciudadanía en las decisiones y en la acción de gobierno, en otras instituciones la acción de gobierno se ejerce con independencia de la ciudadanía.

Los leoneses levantan su voz por los intentos de suprimir sus juntas vecinales pero tal vez si la supresión fuese de la Junta de Castilla y León entonces esas voces serían mayoritariamente de apoyo. ¿Reducir administraciones para racionalizar el gasto público?, de acuerdo. Pero entonces vamos a eliminar aquellas que generando muchos gastos actúan con muy poca eficacia y muchas veces incluso en abierta oposición a los intereses de la ciudadanía. En unos casos los ciudadanos levantan su voz en defensa de las instituciones que ellos mismos han elegido, mientras en otros lo hacen para rechazar la que se le ha impuesto de modo antidemocrático (la Junta de Castilla y León).