Abr 222018
 

Reclaman un periodo transitorio para habilitar funcionarios el margen de los municipales en las juntas vecinales.

MARÍA CARNERO | LEÓN

Las federaciones de Asturias, Cantabria, Álava, Cataluña, Palencia, Salamanca y León, que representan a 2.415 entidades locales menores, —más de dos tercios de las de España—, se reunieron ayer en León para acordar una postura común ante la reciente aprobación del Real Decreto 128/2018, que obliga a que sean funcionarios de la Administración local con habilitación nacional quienes ejerzan las labores de secretaría en las entidades de ámbito inferior al municipal.

Como punto de partida, los representantes de las juntas vecinales presentes en la reunión denunciaron la «falta de diálogo» con la que se ha tramitado esta ley, así como el «colapso» que la aplicación de esta norma está suponiendo «no solo en las entidades locales menores, sino también de los propios ayuntamientos», destacó el secretario general de la Federación de Juntas Vecinales de León, Carlos González-Antón.

«Además de la paralización de las administraciones, la entrada en vigor de esta norma está afectado directamente a todas las tramitaciones de los ciudadanos, sobre todo del área rural, como es el caso de las autorizaciones de pastos, de caza, contratos de la PAC, etc», añadió González Antón, que anunció medidas inmediatas hacia los «responsables» de este colapso.

«Si lo que se buscaba es un mayor control con el cual estamos absolutamente de acuerdo, ya que todos apoyamos la profesionalización y la modernización de estas entidades, deben garantizar una suficiente dotación de plazas de secretarios de ayuntamientos ya que actualmente claramente deficitaria», denunció el secretario de la federación leonesa.

Como medida más inmediata las entidades han pedido al Ministerio de Hacienda y Función Pública que se permita un periodo transitorio de al menos año y medio para flexibilizar la norma para que se permita que funcionarios que no sean los habilitados nacionales del ayuntamiento puedan prestar estas funciones. «Se debe facilitar la existencia de funcionarios que asuman exclusivamente las funciones de los entes locales menores», insisten.

Una de las posturas más consensuadas en el encuentro es la necesidad de recabar apoyos entre los distintos partidos políticos con el fin de impulsar un pacto de Estado en defensa de la pequeña administración local y garantizar su supervivencia, «con todos los controles y todas las garantías de legalidad». De hecho, a través de los grupos políticos quieren solicitar la tramitación de una Proposición No de Ley en el Congreso de los Diputados para que se inste al Gobierno a rectificar y promover los cambios normativos que permitan que los entes locales menores puedan prestar adecuadamente sus funciones y servicios, procurando la modernización y con el pleno control interno y externo de las cuentas.

«Cuanta más fiscalización mejor todavía. Lo que pasa es que aquí pagamos justos por pecadores, ya que mientras muchas entidades locales hacen bien las cosas el 46,7 de las entidades locales de España no rinden cuentas, y eso significa muchos miles de euros que Hacienda quiere controlar», explicó el secretario general de la Federación de Asturias, José Manuel García del Valle, que considera que hay otras fórmulas de controlar las cuentas de las juntas vecinales, «siempre desde el consenso y no con este tipo de decretos».

Por su parte, Juanjo Cortés, secretario de la Federación de Cataluña manifestó la preocupación existente en su territorio por este decreto, ya que «no han contado con nosotros para su elaboración, y somos los que mejor conocemos a la administración más próxima al ciudadano que son las entidades locales menores, así como sus dificultades y lo que significa la aplicación de ese decreto, que puede suponer en muchos casos la desaparición de muchas de ellas». Desde Cataluña no creen que sea lo más correcto compartir secretario con los ayuntamientos, ya que en muchas ocasiones hay cierto conflicto de intereses entre las dos administraciones. «No puedes defender a las dos partes de igual manera —al ayuntamiento y a la junta vecinal— porque cuando hay negociar convenios o acuerdos económicos entre ambas evidentemente el secretario defenderá al que más le paga, que en este caso será la entidad mayor», destacó Cortés.

Por último, el presidente de la asociación de Concejos de Álava, Joseba Terreros, aseguró que con el sistema de competencias de su territorio, que fueron transferidas por el Gobierno Vasco a las diputaciones, «su problemática es diferente». De todos modos, denunció que «una vez más no se ha tenido en cuenta nuestra opinión», lo que conlleva a la paralización de la actividad de las entidades locales. «Nadie cuenta con nosotros cuando al final somos los que más cerca estamos de los ciudadanos», denunció.

Políticos que miren a la administración local

La polémica por el Real Decreto que elimina la figura del vecino-secretario y amenaza con colapsar la tramitación administrativa del medio rural dependiente de las juntas vecinales pone de manifiesto no sólo el desconocimiento de cómo funciona parte del sistema nacional (especialmente León, que aglutina la mitad de estas juntas en todo el país), sino la falta de implicación real de los partidos políticos en atender problemas ‘menores’. Las formaciones políticas únicamente se ocupan de estas pequeñas entidades en tiempo de elecciones, cuando se enfrentan a la dificultad de encontrar candidatos dispuestos a pelear por el futuro de sus pueblos con una falta de recursos y medios que les limita enormemente. Las federaciones de concejos y juntas vecinales de varias provincias exigieron ayer en León un pacto de Estado que defienda el sistema de pequeñas entidades de administración local y garantice su supervivencia. Son ellas las que están realmente cerca de los problemas de sus vecinos. Habrá que ver qué respaldo les dan los partidos.

Mar 292017
 

El presidente de la Diputación de León reconoce que el SAM está desbordado al no poder contratar personal

A. G. PUENTE | LEÓN

La Diputación está desbordada con el apoyo que debe prestar a las juntas vecinales de León en su obligación de presentar las cuentas del año. El presidente, Juan Martínez Majo, aprovechó ayer la presencia en la ciudad del responsable del Consejo de Cuentas de Castilla y León, Jesús Encabo, para remarcar «el carácter especial» del Servicio de Asistencia a Municipios (SAM) de la institución provincial por su extensa carga de trabajo en una tierra con 208 municipios menores de 20.000 habitantes y 1.231 pedanías.

Recordó que en 2014 la Diputación recibió «una ayuda especial» por parte de la Consejería de Presidencia para que las entidades locales menores pudieran cumplir a tiempo con su obligación de rendir cuentas, ya que, de lo contrario, corrían el peligro de desaparecer en caso de aquellas que no lo hicieran. Ante la falta de personal suficiente, el presidente pide ahora auxilio a la Junta para que preste ayuda a la institución provincial en esta labor. «Su colaboración es inestimable dada nuestra limitación de contratar más personal es complicado para nosotros poder ayudar a todas en las complejas prescripciones legales».

Y en el capítulo de deberes con el Tribunal de Cuentas, Martínez Majo se comprometió ante Encabo a poner en orden el extenso patrimonio que gestiona la Diputación, tal y como requería uno de los informes emitidos por este organismo de la autonomía. «Mejoraremos la gestión de este patrimonio, que es propiedad de toda la provincia», dijo el presidente, quien reconoció que «el Tribunal de Cuentas nos tira de las orejas en algún momento; aceptamos todas sus recomendaciones».

En la rendición de cuentas de 2015, el 80% de las pedanías leonesas lograron presentar sus números en tiempo y forma. No obstante, Encabo reconoció que «León tiene un problema por su elevado número de juntas vecinales, tenemos que ser conscientes de que hay que estimular esta labor».

La entidad celebró ayer en la capital una sesión plenaria en la que aprobó el informe sobre la situación económico-financiera de las entidades locales en el periodo 2011-2014, un análisis para el que analizó 8.000 cuentas y 1,6 millones de datos. El resultado presupuestario en ese ejercicio es «positivo» en todos los grupos de entidades», con un importe agregado de 114,2 millones en el caso de las diputaciones provinciales.

Jun 022016
 

majo 2El palacio de los Guzmánes abre la puertas para recibir a los responsables de las 1.234 juntas vecinales de León Cada una recibirá este año una ayuda directa de seis mil euros.

MARÍA CARNERO | LEÓN

Gran parte de los 1.231 presidentes de las juntas vecinales que hay en la provincia de León acudieron ayer al palacio de los Guzmánes, sede de la Diputación provincial, para responder a la llamada de su presidente, Juan Martínez Majo, que les citó para explicarles los detalles de la nueva convocatoria de ayudas. Con este pretexto, Majo tuvo la oportunidad de dirigirse a los que para él son «la esencia de la democracia» y la «garantía para preservar la singularidad y la vida de los pueblos leoneses». El presidente, que descartó leer el discurso que llevaba preparado, ya que afirmó que «lo que me sale hoy es hablar desde el corazón», recordó a los alcaldes pedáneos presentes que «esta es vuestra casa» y les pidió que «juntos rememos en la misma dirección para conseguir potenciar todos los recursos naturales y patrimoniales que tiene la provincia, la más rica, variada y compleja de España».

Majo reconoció el trabajo que realizan las juntas vecinales. «Trabajáis de forma altruista, a veces perdiendo dinero, pero siempre hacéis lo correcto para mejorar la calidad de vida de vuestros vecinos de una manera eficaz, casi sin medios materiales ni personales», afirmó el presidente.

Respecto al nuevo Plan de Juntas Vecinales, la Diputación repartirá 7,38 millones de euros, e la misma cantidad que la suma total que se ha dedicado en los últimos seis años. Junto con la aportación de las propias entidades locales, la inversión alcanza los 8,2 millones de euros. Gracias a este plan cada junta vecinal recibirá 6.000 euros para proyectos.

La Federación Leonesa de Entidades Locales Menores agradeció ayer el esfuerzo económico que la Diputación hace con la subvención de 6.000 euros a todas las Juntas Vecinales y «el reconocimiento del papel que estas pequeñas administraciones deben seguir desarrollando en la estructura administrativa de España». Según la federación, «las palabras que Juan Majo ha dirigido a los pedáneos de la provincia puede que sean un hito en la relación de la Diputación con las Juntas Vecinales, pues no se concibe nuestra administración local sin una íntima colaboración entre la Corporación provincial y los concejos».

Abr 172016
 
C.J.D. | 16/04/2016 – 09:48h.

La Federación Leonesa de Concejos acudirá a la Justicia si el Instituto Leonés de Cultura (ILC) no modifica en una semana las bases para las subvenciones de actividades culturales de este año, que por primera vez deja fuera a las pedanías, dirigiendo las ayudas sólo a los ayuntamientos. La Diputación de León aduce que se trata de una obligación legal de competencias y que las bases garantizan que todos los municipios destinan idéntico presupuesto que otros años a las pedanías, sin posibilidad de excluir ninguna. La polémica está servida.

En el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) de pasado 14 de abril de 2016 se ha publicado la convocatoria pública de las subvenciones para actividades culturales de ayuntamientos y asociaciones para 2016, excluyendo “por primera vez en la historia” de estas subvenciones a las Juntas Vecinales de la provincia. Un reparto histórico, por su cuantía de 650.000 euros de golpe, como ya destacó iLeon.com, pero que también está llamada a generar una agria polémica por esa exclusión directa de las pedanías de poder pedir y gestionar al margen de los ayuntamientos sus propias ayudas para actividades culturales.

Fuentes del equipo de Gobierno admiten que esa novedad que exluye a las pedanías es cierta y aseguran que ha sido el área de Intervención del Instituto Leonés de Cultura (ILC) que convoca las subvenciones la que ha determinado con un informe que las juntas vecinales de León no tienen competencias en materia cultural, de manera que toda ayuda debe canalizarse exclusivamente a través de los municipios. El diputado provincial de Hacienda, Lupicinio Rodrigo, confirmó ayer esta decisión, asegurando que las últimas ayudas del año pasado plantearon serios problemas y en este ejercicio ya se ha adoptado la decisión, obligada por “razones competenciales”, de no dirigir las subvenciones a los pueblos de manera directa.

Pero la decisión amenaza con abrir un nuevo frente, y además judicial. Porque laFederación Leonesa de Concejos anuncia que pedirá formalmente que se incluyan a las Juntas Vecinales como beneficiarias de estas subvenciones, pues “la legislación de régimen local de Castilla y León prevé expresamente que puedan desarrollar las competencias culturales, al prestar servicios culturales desde sus orígenes, hace siglos”.

¿Romerías o exposiciones ilegales en los pueblos?

“La interpretación que de la normativa local hace el ILC, además de ir en contra de la Ley 1/1998 de Régimen Local de Castilla y León, va en contra de la Jurisprudencia de nuestro Tribunal Superior de Justicia, y del propio sentido común; pues si atendemos a este criterio del ILC, las Juntas Vecinales no podrían organizar ni sus fiestas, ni romerías, conciertos, exposiciones, concursos de pintura o de cuentos; siendo todas esas actividades ilegales”, aducen en una nota de prensa.

La Junta Directiva de la Federación quiere manifestar “su más grave consternación por la poca sensibilidad del ILC y por la nula capacidad jurídica de los que asesoran al Instituto provincial, pues de existir alguna duda, que no la hay, tendrían que haber buscado las vías de permitir que las Juntas Vecinales puedan recibir subvenciones, al menos en igualdad de condiciones que las asociaciones privadas. Igualmente, podrían haber consultado su opinión a la Federación de Juntas Vecinales, que para eso está”.

El Presidente de la Federación, Andrés Buelta, apela a buen criterio del presidente de la Diputación, Juan Martínez Majo, y del diputado provincial de Cultura, Miguel Ángel Fernández, para que modifique en el plazo de una semana la convocatoria, en otro caso, se recurrirá ante los Tribunales de Justicia. Porque “no es de recibo que la entidad que viene manteniendo la vida cultural en los pueblos de León desde siempre, que son las Juntas Vecinales, no puedan ser beneficiarias de las subvenciones culturales de la Diputación”.

Una semana de plazo antes de los Tribunales

Desde la Asesoría Jurídica de la Federación se recuerda a los asesores o interventores del ILC que en virtud de la Disposición Transitoria segunda de la Ley 1/1998, las competencias que las Entidades Locales Menores de Castilla y León vengan desarrollando históricamente, aunque sean competencias municipales, se consideran delegadas en las Juntas Vecinales, aunque no haya convenio de delegación. Por ello, hay argumentos de sobra para considerar beneficiarias de las subvenciones culturales a las Juntas Vecinales que acrediten que viene prestando servicios culturales en su pueblo, que son todas, defienden.

Por eso, la Federación va a objetar de la decisión de la Diputación y anuncia que va a tramitar las subvenciones de sus pedanías asociadas a los efectos de exigir a la Diputación que sus solicitudes sean consideradas en igualdad con ayuntamientos y asociaciones privadas, confiando en que en una semana de plazo la Diputación reconsidere la decisión.

Abr 162016
 

_MG_1152 BLa Federación Leonesa de Concejos amenaza con ir los tribunales si la Diputación no rectifica.

M. CARNERO | LEÓN

La Federación Leonesa de Concejos denunció ayer la exclusión de las juntas vecinales del reparto de subvenciones para actividades culturales de ayuntamientos y asociaciones para 2016, según la convocatoria publicada el pasado 14 de abril en el Boletín Oficial de la Provincia. Desde el ILC de la Diputación se esgrime que «las juntas vecinales de León no tienen competencias culturales».

Este colectivo exige que se incluyan a las juntas vecinales como beneficiarias de estas subvenciones, «pues la legislación de régimen local de Castilla y León prevé expresamente que puedan desarrollar las competencias culturales, al prestar servicios culturales desde sus orígenes, hace siglos». La federación considera que la afirmación del ILC «va en contra de la Jurisprudencia de nuestro TSJ y del propio sentido común; pues si atendemos a este criterio las juntas vecinales no podrían organizar ni sus fiestas, ni romerías, conciertos, exposiciones, concursos de pintura o de cuentos, siendo todas esas actividades ilegales».

La Junta Directiva de la Federación quiere manifestar su «más grave consternación por la poca sensibilidad del ILC y por la nula capacidad jurídica de los que le asesoran, pues de existir alguna duda, que no la hay, tendrían que haber buscado las vías de permitir que las juntas vecinales puedan recibir subvenciones, al menos en igualdad de condiciones que las asociaciones privadas».

El presidente de la Federación, Andrés Buelta, apela a buen criterio del presidente de la Diputación y del diputado del ILC para que modifique en el plazo de una semana la convocatoria, en otro caso, anuncia su intención de recurrir a los tribunales de jussticia. «No es de recibo que la entidad que viene manteniendo la vida cultural en los pueblos de León desde siempre, que son las juntas vecinales, no puedan ser beneficiarias de las subvenciones culturales de la Diputación», afirma Buelta.

Desde la asesoría jurídica de la federación se recuerda al ILC que en virtud de la Disposición Transitoria segunda de la Ley 1/1998, las competencias que las Entidades Locales Menores de Castilla y León vengan desarrollando históricamente, aunque sean competencias municipales, se consideran delegadas en las juntas vecinales, aunque no haya convenio de delegación. Por ello, creen que «hay argumentos de sobra para considerar beneficiarias de las subvenciones culturales a las juntas vecinales que acrediten que viene prestando servicios culturales en su pueblo, que son todas.

Mientras tanto, la federación va a tramitar las subvenciones de sus asociadas a los efectos de exigir a la Diputación que «sus solicitudes sean consideradas en igualdad con ayuntamientos y asociaciones privadas».