Abr 222018
 

Reunión de la Federación de Concejos de España. Mauricio. LNC

La Federación Leonesa de Entidades Locales Menores reclamó este sábado dotar de más medios al Servicio de Asistencia a Municipios (SAM) de la Diputación para hacer frente a las exigencias del Real Decreto 128/2018, que obliga a las juntas vecinales a contar con un funcionario de habilitación nacional para su gestión y que ha puesto en peligro la actividad diaria de estos entes locales. El secretario general de la federación leonesa, Carlos González-Antón, aseguró este sábado en un encuentro con federaciones de otros territorios del norte peninsular, que «la Diputación de León y el Consejo Comarcal del Bierzo deberían contar con un servicio con al menos entre 20 y 25 funcionarios de habilitación o no». La federación pide potenciar el SAM «para que inmediatamente se pongan a disposición de las juntas vecinales». González-Antón criticó que «no tienen ningún sentido que en el SAM de la Diputación de León haya un solo habilitado nacional con doscientos municipios y en la de Valladolid haya ocho habilitados con el mismo número de municipios, pero con nueve juntas vecinales cuando aquí hay 1.200». En la misma línea, el secretario general de Concejos aludió al «grave déficit en la dotación de provisión de plazas de secretario de ayuntamientos», que influye también en la gestión de las juntas vecinales y que, según afirmó, «el ministerio conoce perfectamente».

Para poder hacer frente a este déficit de dotación, agravado por las exigencias del decreto, desde las federaciones de juntas vecinales estiman que se debe aplicar una moratoria de año y medio que permita realizar el proceso de provisión de plazas con garantías. González-Antón recordó que el año y medio se corresponde con los plazos de una oposición, a lo que se sumarán también los concursos de traslados y los «reajustes» que sean necesarios en las plantillas de las administraciones públicas. Como ya hiciera la Diputación, las federaciones de forma individual y también agrupadas, remitirán al Ministerio de Hacienda y Función Pública una misiva solicitando el «plazo transitorio inmediato». Entre otras cuestiones, las entidades afectadas recuerdan que primero «tienen que llegar los secretarios».

Al Congreso

Además, las federaciones aseguran haber mantenido contactos con los grupos políticos en el Congreso de los Diputados, donde se presentará una Proposición No de Ley (PNL) para derogar la disposición V del decreto 128/2018, en la que se fija el cambio normativo que ha provocado un «caos» y la paralización de los ayuntamientos, según afirmó González-Antón. No obstante, a pesar de llevar la cuestión al Parlamento, las federaciones piden que no se utilice «como un arma política» y piden «que se escuche a los afectados».

Dentro del plano político –Diputación solicitó que la moratoria se extienda hasta las elecciones municipales del próximo año–, las federaciones alertaron de que el incremento de las «trabas» administrativas a la labor de los alcaldes-pedáneos y los diferentes vocales se traduce en un descenso de los posibles candidatos. Consideraron también que el nuevo decreto desincentiva a los vecinos para ocuparse de la administración de sus pueblos y se mostraron conscientes del riesgo de quedarse «sin candidatos para las elecciones». El peligro de incurrir «en grave irresponsabilidad», explicó el secretario leonés, desanima a los posibles candidatos.

Las federaciones reunidas este sábado en León también acordaron «actuar contra los responsables de paralizaciones, ya sea la comunidad autonóma, o las diputaciones en su caso» porque «los perjuicios no son solo para la Administración, sino para todos los ciudadanos que dependen de trámites de esas administraciones», según explicó su portavoz .

“En la línea de flotación”

Para las juntas vecinales, el decreto supone un «torpedo en la línea de flotación». A su juicio, el «ataque» evita que «el medio rural pueda actuar rápidamente», quedando enmarañado en la burocracia administrativa de las entidades superiores. Pese a estas afirmaciones, aseguraron que no se oponen a la «fiscalización» y la «modernización», pero exigen suficientes medios humanos y materiales. Reclaman esfuerzos de inversión para hacer frente a las necesidades de una administración «altamente tecnificada».

En esta línea, los responsables de federaciones de Asturias, Cataluña o Álava denunciaron «la falta de diálogo» por parte del Gobierno con los afectados y lamentaron «que paguen justos por pecadores». Una de sus mayores críticas se centró en la «falta de sensibilidad con el primer escalón de la Administración».

Abr 222018
 
Mapa de las entidades locales menores en España

Mapa de las entidades locales menores en España. Diario de León.

Carlos González-Antón criticó que en la provincia, que reúne la mitad de las entidades locales menores de todo el país —más de 1.200 de las 3.000 que hay en todo el Estado—, el Servicio de Asistencia a Municipios (SAM) de la Diputación de León sólo hay habilitado un técnico para 200 ayuntamientos y más de 1.200 pedanías. En contraposición, puso el ejemplo de la Diputación de Valladolid donde hay ocho funcionarios para el mismo número de municipios pero con nueve entidades locales cuando en León hay 1.200. «La Diputación de León debería contar con un servicios, al igual que el Consejo Comarcal del Bierzo, con al menos 20 ó 25 funcionarios de habilitación o funcionarios que de forma inmediata se pongan a disposición de las juntas vecinales», recalcó González.

«Uno de los problemas más graves de las zonas rurales es la despoblación por eso no se entiende que este torpedo en la línea de flotación de las entidades locales de menores, que el fin y al cabo son las más directas e eficientes con los ciudadanos, las que menos recursos consumen», insistió el secretario de la federación leonesa que pide que desde los partidos políticos se escuche más a los afectados, es decir, a las propias juntas vecinales.

La modernización de las entidades, fue otro de los temas presentes en la reunión, sobre todo ante la inminente entrada en vigor de la administración electrónica a principios de octubre. Los responsables de las federaciones denunciaron la falta de medios y la incapacidad para entrar en las plataformas necesarias para su puesta en marcha.

Abr 222018
 

Reclaman un periodo transitorio para habilitar funcionarios el margen de los municipales en las juntas vecinales.

MARÍA CARNERO | LEÓN

Las federaciones de Asturias, Cantabria, Álava, Cataluña, Palencia, Salamanca y León, que representan a 2.415 entidades locales menores, —más de dos tercios de las de España—, se reunieron ayer en León para acordar una postura común ante la reciente aprobación del Real Decreto 128/2018, que obliga a que sean funcionarios de la Administración local con habilitación nacional quienes ejerzan las labores de secretaría en las entidades de ámbito inferior al municipal.

Como punto de partida, los representantes de las juntas vecinales presentes en la reunión denunciaron la «falta de diálogo» con la que se ha tramitado esta ley, así como el «colapso» que la aplicación de esta norma está suponiendo «no solo en las entidades locales menores, sino también de los propios ayuntamientos», destacó el secretario general de la Federación de Juntas Vecinales de León, Carlos González-Antón.

«Además de la paralización de las administraciones, la entrada en vigor de esta norma está afectado directamente a todas las tramitaciones de los ciudadanos, sobre todo del área rural, como es el caso de las autorizaciones de pastos, de caza, contratos de la PAC, etc», añadió González Antón, que anunció medidas inmediatas hacia los «responsables» de este colapso.

«Si lo que se buscaba es un mayor control con el cual estamos absolutamente de acuerdo, ya que todos apoyamos la profesionalización y la modernización de estas entidades, deben garantizar una suficiente dotación de plazas de secretarios de ayuntamientos ya que actualmente claramente deficitaria», denunció el secretario de la federación leonesa.

Como medida más inmediata las entidades han pedido al Ministerio de Hacienda y Función Pública que se permita un periodo transitorio de al menos año y medio para flexibilizar la norma para que se permita que funcionarios que no sean los habilitados nacionales del ayuntamiento puedan prestar estas funciones. «Se debe facilitar la existencia de funcionarios que asuman exclusivamente las funciones de los entes locales menores», insisten.

Una de las posturas más consensuadas en el encuentro es la necesidad de recabar apoyos entre los distintos partidos políticos con el fin de impulsar un pacto de Estado en defensa de la pequeña administración local y garantizar su supervivencia, «con todos los controles y todas las garantías de legalidad». De hecho, a través de los grupos políticos quieren solicitar la tramitación de una Proposición No de Ley en el Congreso de los Diputados para que se inste al Gobierno a rectificar y promover los cambios normativos que permitan que los entes locales menores puedan prestar adecuadamente sus funciones y servicios, procurando la modernización y con el pleno control interno y externo de las cuentas.

«Cuanta más fiscalización mejor todavía. Lo que pasa es que aquí pagamos justos por pecadores, ya que mientras muchas entidades locales hacen bien las cosas el 46,7 de las entidades locales de España no rinden cuentas, y eso significa muchos miles de euros que Hacienda quiere controlar», explicó el secretario general de la Federación de Asturias, José Manuel García del Valle, que considera que hay otras fórmulas de controlar las cuentas de las juntas vecinales, «siempre desde el consenso y no con este tipo de decretos».

Por su parte, Juanjo Cortés, secretario de la Federación de Cataluña manifestó la preocupación existente en su territorio por este decreto, ya que «no han contado con nosotros para su elaboración, y somos los que mejor conocemos a la administración más próxima al ciudadano que son las entidades locales menores, así como sus dificultades y lo que significa la aplicación de ese decreto, que puede suponer en muchos casos la desaparición de muchas de ellas». Desde Cataluña no creen que sea lo más correcto compartir secretario con los ayuntamientos, ya que en muchas ocasiones hay cierto conflicto de intereses entre las dos administraciones. «No puedes defender a las dos partes de igual manera —al ayuntamiento y a la junta vecinal— porque cuando hay negociar convenios o acuerdos económicos entre ambas evidentemente el secretario defenderá al que más le paga, que en este caso será la entidad mayor», destacó Cortés.

Por último, el presidente de la asociación de Concejos de Álava, Joseba Terreros, aseguró que con el sistema de competencias de su territorio, que fueron transferidas por el Gobierno Vasco a las diputaciones, «su problemática es diferente». De todos modos, denunció que «una vez más no se ha tenido en cuenta nuestra opinión», lo que conlleva a la paralización de la actividad de las entidades locales. «Nadie cuenta con nosotros cuando al final somos los que más cerca estamos de los ciudadanos», denunció.

Políticos que miren a la administración local

La polémica por el Real Decreto que elimina la figura del vecino-secretario y amenaza con colapsar la tramitación administrativa del medio rural dependiente de las juntas vecinales pone de manifiesto no sólo el desconocimiento de cómo funciona parte del sistema nacional (especialmente León, que aglutina la mitad de estas juntas en todo el país), sino la falta de implicación real de los partidos políticos en atender problemas ‘menores’. Las formaciones políticas únicamente se ocupan de estas pequeñas entidades en tiempo de elecciones, cuando se enfrentan a la dificultad de encontrar candidatos dispuestos a pelear por el futuro de sus pueblos con una falta de recursos y medios que les limita enormemente. Las federaciones de concejos y juntas vecinales de varias provincias exigieron ayer en León un pacto de Estado que defienda el sistema de pequeñas entidades de administración local y garantice su supervivencia. Son ellas las que están realmente cerca de los problemas de sus vecinos. Habrá que ver qué respaldo les dan los partidos.

Dic 182015
 

Federación Leonesa de Entidades Locales MenoresCARLOS GONZÁLEZ- ANTÓN ÁLVAREZ ABOGADO. CATEDRÁTICO EU DE DERECHO ADMINISTRATIVO 18/12/2015

Los próximos cuatro años serán determinantes para el futuro de nuestras juntas vecinales y concejos. Las reformas emprendidas tanto por el Gobierno estatal como por el autonómico afectarán tan severamente a los entes locales menores que estas instituciones, que han gobernado nuestros pueblos durante diez siglos, o bien se modernizan y adaptan a las nuevas realidades, o bien desaparecerán. El momento es crítico y en estas elecciones generales la Administración local de territorios como el de León, se está jugando mucho.

En la última legislatura, ante las amenazas de supresión, los pueblos han tomado conciencia de la necesidad de tener voz propia y han creado sus federaciones provinciales, autonómicas y estatal. Organizaciones que, salvo alguna excepción, han sido ninguneadas por administraciones y partidos políticos, que ven en las reivindicaciones de los pueblos una amenaza para la distribución actual de poder e influencias. Esperemos que esta percepción cambie.

La legislación local estatal ha afectado de lleno a las ELM, privándolas con carácter general de su carácter de ente local, exigiendo una rendición de cuentas y un régimen presupuestario de una complejidad no adaptada a su tamaño y la incorporación a una administración electrónica muy alejada de sus capacidades. Tampoco se ha actualizado la regulación de los secretarios de las juntas vecinales. Si ello se une, en el caso de Castilla y León, una nueva ordenación del territorio en la que no se tienen en cuenta las competencias que prestan nuestros pueblos, estamos ante un escenario en el que lo que hagan nuestros legisladores a partir de enero conformará radicalmente el futuro de nuestra Administración Local.

Si bien algunos opinan que todas las juntas vecinales deberían desaparecer, parece obvio que en provincias como León, o Palencia, o Burgos, si un nivel administrativo es insustituible es el de los concejos, pues sería totalmente inasumible la gestión por el Ayuntamiento de los asuntos colectivos de todos los pueblos en su dispersión. Nuestros pueblos tienen bienes comunales, montes de utilidad pública y de propios, bares y centros comunitarios, prestan servicios como abastecimiento de agua, organizan fiestas y romerías. Todas estas competencias y servicios deben seguir ejerciéndose y prestándose desde el ámbito más cercano al ciudadano, que es precisamente el concejo o junta vecinal. No hace falta apelar al principio europeo de subsidiariedad, sino al sentido común y a la eficacia.

¿Qué debemos pedirles a nuestros futuros diputados? En primer lugar, que devuelvan a los concejos la naturaleza jurídica de verdaderos entes locales, perdida en la última reforma legislativa. En segundo lugar, que refuercen el concejo como forma de gobierno absolutamente democrática. En un momento en el que todos dicen querer fomentar la participación ciudadana en el ámbito local, se debería recuperar la figura del concejo como institución en la que ha residido durante siglos la democracia directa. Reforzar el concejo en la legislación básica local y en el régimen electoral general como forma de gobierno de los entes locales menores sería una prueba de verdadera calidad democrática.

En tercer lugar, se debe flexibilizar la normativa presupuestaria y contable, para que, garantizando la plena rendición de cuentas, se faciliten las tareas burocráticas. El Gobierno debe crear una plataforma de Administración electrónica común para las 3713 ELM que hay en España, para facilitar estas tareas con el mínimo coste. Por último, debe tomarse en serio la necesidad de regular la función de secretaría e intervención en los concejos y juntas vecinales, para dotarles de asesores y fedatarios públicos fiables e independientes.

La simplificación de los niveles de la administración local tendrá en los concejos un claro beneficiario, pues de esta forma podrán llegar más recursos a los pueblos. La multiplicación de cargos y entes intermedios en el mundo local solo sirve para que a las juntas vecinales nadie las tenga en cuenta, pues cada vez están más lejos de los centros de poder. Muchos políticos olvidan que nuestros pueblos no están regidos por ayuntamientos, sino por juntas vecinales; y siempre lo han estado. Por ello, si los ayuntamientos son tan débiles como las juntas vecinales, más que una ayuda son un lastre y se hundirán juntos. Nuestras juntas vecinales necesitan ayuntamientos fuertes y estos ayuntamientos necesitan juntas vecinales eficaces que sean la Administración de cercanía que siempre han sido. Mantener ayuntamientos débiles; multiplicar mancomunidades, distritos o unidades básicas; perpetuar diputaciones que solo dan a los pueblos 5.000 euros al año y no a todos, es condenar a nuestros pueblos y a nuestra provincia al subsidio y finalmente a la despoblación.

Nuestros pueblos necesitan más apoyo que subvenciones. Necesitan menos limosnas y más confianza para que generen más recursos de sus montes, de sus comunales, de su actividad. En vez de trabas administrativas, requieren tener un sistema competencial y de financiación estable. Es urgente un programa de modernización para ser útiles a sus vecinos en el siglo XXI. El próximo 20 de diciembre nos jugamos el futuro de nuestros pueblos, el futuro de León. Pero para ganarlo, los concejos deben alzar su voz de nuevo.

Nov 252013
 
  • Vicente Flórez acabó hace cincuenta años con el llamado “foro del pan del cuarto”
Los habitantes de las comarcas leonesas de Babia y Las Omañas rinden ayer y hoy homenaje a Vicente Flórez de Quiñones y Tomé, el notario que hace cincuenta años les libró de los últimos tributos medievales, y en concreto, del llamado «foro del pan del cuarto», por el que los campesinos debían ceder a los condes de Liana, desde los comienzos del siglo XV, la cuarta parte de todas sus cosechas. La abolición del foro leonés, en un pleito que los concejos llevaron hasta las Cortes Constituyentes de la Segunda República, supuso el final de todos los tributos feudales que todavía tenían vigencia en España.

Vicente Flórez de Quiñones, descendiente de una familia de hidalgos que fundó un mayorazgo en Murias de Paredes hace cuatro siglos, fue abogado a los dieciocho años, notario a los veinte y uno de los intelectuales de la época que tuvo que salir de su tierra, al iniciarse la guerra civil, por sus ideas republicanas. Desde entonces, ha ejercido su profesión en Córdoba, donde también es miembro numerario de la Real Academia de la Historia y presidente de la sección de Ciencias Morales y Políticas y de la Asociación Cordobesa de Derecho Agrario.Los paisanos de Las Omañas y Babia hicieron entrega a Flórez de Quiñones del título de hijo adoptivo de los ayuntamientos y pueblos de ambas comarcas, en un acto que tuvo lugar ayer, en la localidad de Riello y que prosigue hoy en la «fiesta del pastor», una romería que rememoran los concejos de la Mesta medieval en los Barrios de Luna. El homenaje recuerda los buenos oficios que el notario desempeñó ante las Cortes en nombre de los catorce pueblos que integraban el antiguo concejo de Villamor de Riello y que, según el propio interesado, «eran un pleito sin dinero de por medio, que no quería ningún abogado».

Los pleiteantes llegaron a Madrid de la mano de Justino Azcárate, diputado de la República y senador hoy por UCD, y contaron con el apoyo de algunos políticos de la época -«unos han muerto y a otros los han asesinado-, entre los que el notario recuerda con especial amistad al entonces secretario de Manuel Azaña, Vicente Gaspar. Ningún partido había llevado la cuestión de los foros feudales a los anteproyectos de reforma agraria, por lo que fue necesario incluirlos en un nuevo apartado de la ley y en algunos decretos posteriores, redactados por el propio Flórez de Quiñones.

Desaparición de las propiedades comunales

La historia de este tributo y su evolución a lo largo de los siglos -en los que, de la cuarta parte de las cosechas, se pasó a una cantidad fija en especies, que luego fue traspasada a terceras personas por los últimos condes de Luna, en 1897- fue recogida, y editada posteriormente, en los documentos que los vecinos presentaron ante las Cortes. El libro es, todavía hoy, uno de los manuales que se utilizan en las facultades de Derecho para el estudio de la época medieval.Los viajes a Madrid -«en tercera, con los presidentes de las juntas»- le abrieron las puertas para intervenir como especialista en la política agraria (Instituto de Reforma) y en la elaboración de algunos decretos, como el de defensa de las comunidades de campesinos, «del que decían que lo habíamos copiado de Rusia, cuando en realidad eran sólo las ordenanzas de Formigones, una aldea de estas comarcas». La abolición del foro había coincidido con numerosos pleitos entre los pueblos y los grandes propietarios, que aspiraban a privatizar los puertos y los montes comunales, de cuyo aprovechamiento como pastos dependía la subsistencia de la mayor parte de las aldeas.

Flórez de Quiñones recuerda, con nostalgia, que «este tipo de pleitos no existe ya», y destaca que en su época «no se realizó la venta de ninguna propiedad comunal». La desaparición de gran parte de éstas a manos del propio Estado ha sido, según él, uno de los grandes errores políticos de las últimas décadas y la causa del abandono de muchos pequeños pueblos de montaña.

Por último, el homenaje al notario tendrá hoy un cierto aire folklórico, con el nombramiento de pastor mayor de los montes de Luna y Omaña,durante una romería que, en su última edición, llegó a congregar a más de 10.000 personas de las provincias de León y Asturias. El programa de actos incluye, como en años anteriores, la reunión del llamado concejo de pastores, intervenciones de grupos de danzas y un concurso de mastines, el perro de raza autóctona que todavía hoy guarda los rebaños de la amenaza del lobo en las montañas de León.