Ene 292017
 

 

LA FEDERACIÓN PROMOVERÁ QUE LOS GRUPOS POLÍTICOS OBLIGUEN A LAS ELÉCTRICAS A PAGAR LAS TASAS POR LOS APROVECHAMIENTOS QUE HACEN LOS BIENES PÚBLICOS Y NO PRETENDAN REPERCUTIRLAS A LOS CIUDADANOS

Las recientes sentencias del Tribunal Supremo que rechazan las tesis de las eléctricas y de gasistas fijando la interpretación de la normativa sobre las tasas que se pueden —y deben— imponer sobre la ocupación del dominio público, han vuelto a provocar la reacción del lobby eléctrico para impedir que se instaure rápidamente el cobro por el aprovechamiento que hacen de Montes de Utilidad Pública o bienes comunales. Y dicha resistencia se está desarrollando en dos frentes.

El primero, del que ya informó la prensa especializada el pasado 16 de enero, pasa por intentar modificar la régimen de las tasas, ahora que los Tribunales han fallado a favor de los entes locales. Así, Red Eléctrica de España (REE), la empresa más afectada, ya solicitó al Ministro Montoro la reforma de la Ley de Haciendas locales para unificar las tasas municipales, ofreciéndose a negociar con la FEMP. Es obvio que la reforma pasaría por que todos los propietarios de montes públicos solo puedan imponer una misma tasa, que ya se encargarán los legisladores de ser suficientemente baja. Es clara la estrategia, si los jueces aplican la ley en tu contra, cambiemos la ley.

El segundo de los frentes es el intimidatorio, que pasa por disuadir a las entidades locales a que aprueben las ordenanzas y empiecen a cobrar a las empresas. Llevan años recurriendo todas las ordenanzas que se aprueban sometiendo a los pueblos a los costes y riesgos de largos pleitos, que solo algunos han resistido. Pero ahora, cuando en frente judicial se les agota, quieren rescatar una vez más la figura de los suplementos territoriales, pues los artículos 16 y 17 de la Ley del Sector Eléctrico contienen una norma que habilita al Gobierno a repercutir a los consumidores de los territorios que impongan tributos sobre el transporte y distribución de electricidad. Las eléctricas, que históricamente han controlado la normativa del sector, siempre dejan en la letra pequeña de las leyes cláusulas para la protección de sus intereses y actualmente la Ministra de Presidencia tiene la competencia para decidir, a propuesta de los Ministros de Hacienda y de Energía, si los tributos que impongan las Comunidades Autónomas, los municipios o las entidades locales menores, se repercutan a los consumidores de electricidad de esos territorios.

Por tanto el Gobierno de España tiene en su mano tanto promover el cambio de la Ley para rebajar la tasa, como decidir si la tasa se repercute o no a los consumidores. ¿Qué ha sucedido hasta ahora? En Castilla y León se implantó en 2012 un impuesto autonómico la afección medioambiental que graba con 700 euros/km las líneas de alta tensión de más de 220 Kv., y ello con independencia de que ocupen dominio público o no. Hasta ahora no se ha repercutido a los consumidores de Castilla y León. Otro supuesto es el de la tasa especial de 1,5% (conocida como tasa palomillas) sobre la facturación bruta de las compañías de distribución en cada municipio, que tributan por la ocupación de las vías públicas, y, sin embargo, este tributo nunca se ha repercutido localmente sobre los usuarios, a pesar de que la mayoría de los municipios han aprobado la ordenanza. Sin embargo, cuando son las Administraciones más débiles las que quieren aplicar una tasa que prevé la ley y en unos términos que son de un impacto reducidísimo para el sistema eléctrico nacional, las eléctricas quieren eliminar la tasa, o reducirla o repercutirla a los consumidores.

Debe tenerse en cuenta que la retribución a las empresas de transporte y distribución por parte por sus servicios supera los 6.700 millones de euros anualmente y si los costes de la actividad de transporte y distribución suponen aproximadamente un 30% del total del coste del sistema eléctrico nacional, la repercusión de la tasa sobre todo el sistema eléctrico si se implantara en todo el territorio nacional, no llegaría al 0,45% del total del coste. ¿Y quién se beneficiaría de dicha tasa? Las entidades locales que son titulares de montes públicos y de comunales. Normalmente situadas en zonas de montaña o de alto valor ambiental y generalmente muy despobladas.

Por ello, cuando las empresas eléctricas llenan su millonaria publicidad de lo respetuosas que son con el medio ambiente que dicen protegen sin cesar, resulta bastante incoherente que no reconozcan el deber de pagar una mínima parte por el aprovechamiento que hacen de los montes públicos.

REE, que es una empresa controlada por el Estado, tuvo 606 millones de euros de beneficios en 2015[1]; Iberdrola ganó 2.422 millones[2]; Gas Natural Fenosa registró un beneficio neto de 1.502 millones de euros[3]; Endesa tuvo beneficios de 1086 millones de euros[4]. Ninguna de estas empresas ha pagado por el aprovechamiento privativo que tienen de los montes públicos. Por todo ello, la Federación entiende que no solo el Gobierno, sino todos los grupos políticos deberían ponerse de acuerdo de una vez para que exista seguridad jurídica en el cobro de estas tasas que son tan necesarias para los pueblos que sufren en sus montes el impacto negativo de estas infraestructuras, imprescindibles para todos, pero en especial para los grandes núcleos urbanos e industriales, donde no hay montes públicos.

La despoblación que sufre gran parte de la España vacía exige políticas de solidaridad, de inversión y de redistribución de riqueza. Las tasas por el aprovechamiento del dominio público previstas en la Ley de Haciendas Locales son un instrumento más que debe utilizarse para allegar recursos públicos a muchos pueblos de España —un porcentaje muy relevante en León—. Por ello todas las instituciones, empezando por el Gobierno de España, la Junta de Castilla y León, Diputación y Ayuntamientos, deberían ponerse a trabajar para lograr que en 2017 se empezasen a cobrar estas tasas. Y las empresas eléctricas, en vez de mover sus oscuros peones para meter miedo y seguir así engordando sus dividendos, deberían sentarse a la mesa con los representantes de los pueblos y pactar el pago de unas tasas más que razonables y justas sin interminables pleitos. La Federación Leonesa, de la mano del resto, reclamará este necesario pacto eléctrico en beneficio de nuestros pueblos.

 

[1] http://www.ree.es/es/nuestra-gestion/principales-indicadores/beneficio-neto

[2] http://www.expansion.com/empresas/energia/2016/02/24/56cd5ad1ca4741cb018b4696.html

[3] http://www.elmundo.es/economia/2016/02/03/56b1b8eb46163fcc388b4622.html

[4] http://economia.elpais.com/economia/2016/02/23/actualidad/1456246362_979298.html

Ene 242017
 

Presentación de la campaña #TasaComunales por el Presidente de la Federación Leonesa, Andrés Buelta. Foto de Salvadores (Diario de León)

Reuniones con los Alcaldes pedáneos

La campaña que pone en marcha la federación pasa por celebrar reuniones informativas con los presidentes de las juntas vecinales, la primera de las cuales se celebrará el próximo 6 de febrero a las 6 de la tarde. Además, se remitirán trípticos informativos y es realizará una campaña a través de las redes sociales. Se empleará el hashtag #TasaComunales.

La reunión se celebrará el día 6 de febrero a las 6 de la tarde en el Hotel Infantas de León. Es necesario inscribirse con anticipación, aunque la entrada está abierta a juntas vecinales no federadas.

Para inscribirse, deben llamar al 987073203 o enviar un correo a info@concejos.org

 

León será la provincia más beneficiada por la tasa de aprovechamiento del dominio público

La Federación Leonesa de Entidades Locales Menores no quiere dejar pasar la oportunidad que se abre para las juntas vecinales con el cobro de la tasa de aprovechamiento especial del dominio público y por ello pone en marcha un plan de acción para informar y asesorar a los pueblos que tengan opciones de acceder a estos ingresos fijos y anuales. A falta de realizar los cálculos concretos de cúanto puede suponer esta tarifa para las arcas de las pedanías leonesas, la federación apunta a que por cada kilómetro de línea de 400kw que atraviese un Monte de Utilidad Pública (MUP), el pueblo propietario de los terrenos puede recibir 12.000 euros anuales.

El respaldo del Tribunal Supremo a esta tasa afecta no sólo a las compañías eléctricas, también a las gasísticas o las del agua, apunta el secretario de la federación leonesa, Carlos González-Antón, quien señala que, además de los MUP, también se deberá pagar por otros bienes comunales, como choperas, eras o pastizales.

León es la provincia de la comunidad que más se beneficiará del cobro de estas tasas ya que es la que más MUP posee. Pero para acceder a estos recursos no sirve cualquier ordenanza al uso. Por eso la federación se pone a disposición de todas las localidades afectadas, con el fin de que reciban asesoramiento para la elaboración de las ordenanzas y para realizar los estudios pertinentes para conocer cuáles son realmente los terrenos que tienen en esta situación. Para ello cuenta con la colaboración de la consultoría Valbuena y Ron, una empresa de ingenería leonesa que ha participado en los procedimientos judiciales que han culminado en el Tribunal Supremo. Uno de sus responsables, Antonio Fernández, destacó ayer la «complejidad» de abordar estas ordenanzas que llevarán detrás una gran labor de estudio para determinar la tarifa que cada compañía debe abonar en función del tipo de instalación que se trate; la ocupación física de estas instalaciones y qué dominios públicos posee cada localidad. «Es importante que las juntas vecinales tengan claro cuál es su dominio público y tener un inventario de bienes actualizado», señaló Fernández, quien también incidió en la necesidad de realizar un estudio econñómico con el valor del suelo, a través de los parámetros catastrales y el valor de las instalaciones, que se basaría en la regulación del sector eléctrico. «Se trata de parámetros muy objetivos y el cálculo lleva cierta complejidad porque no todas las instalaciones tributan igual», asegura el consultor. En todo el país existen 287.000 kilómetros de líneas de alta tensión y el 14% de ellas atraviesan Montes de Utilidad Pública. Fernández calcula que el impacto de esta tasa sobre el sistema eléctrico ascendería a 100 millones de euros al año, «y una parte muy importante iría a parar a las juntas vecinales y los ayuntamientos».

Por su parte, el presidente de la federación, Andrés Buelta, aseguró que el colectivo busca «la implantación global de una ordenanza que permita mejorar la financiación» de las juntas vecinales, por lo que animó a todas las localidades a que se impliquen en su desarrollo. Buelta aseguró que, con esta captación de recursos, «se podrán mejorar las condiciones de vida de los pueblos».

La federación reclama a la Junta y la Diputación que se impliquen

La implicación de la Diputación y la Junta de Castilla y León es fundamental para que las juntas vecinales puedan poner en marcha las ordenanzas y recaudar las tasas de aprovechamiento de dominio público. Así lo considera González-Antón, quien «no tiene sentido que con el grave problema de financiación que tienen las ELM no se haga el esfuerzo máximo para cobrar». Por ello, la federación ha solicitado el apoyo de la Diputación para la aprobación de las ordenanzas, y ha pedido que se refuerce el papel del Servicio de Atención a Municipios (SAM), para que puedan atender estas necesidades que van a surgir en las pedanías. Además, el secretario del colectivo señala que es necesario implimentar un sistema de recaudación, y para ello «hay que movilizar a todas las administraciones».

También incidió en que la llegada de nuevos ingresos, supondrá también «que es fundamental que se realicen las cuentas y presentarlas». Por lo que ve en esta circunstancia «una oportunidad única para impulsar la rendición de cuentas». Respecto a la Junta, reclama que clarifique el funcionamiento de los secretarios de las ELM, y que saque adelante el reglamento que regula el servicio de gestión del patrimonio de las juntas vecinales. Asimismo, incide en que la admnistración autonómica, «debe financiar el SAM adecuadamente porque tiene en León una carga adicional que no registra en otras provincias».

Otro de los frentes es recabar el apoyo de los partidos políticos para que la Junta pida al Gobierno central que apoyo el cobro de este tipo de tasas por parte de los pueblos.

 

Ene 232017
 
  • El Supremo ha ratificado la obligación de las entidades locales menores de recaudar el impuesto por utilización privativa del dominio público, que afecta a los montes de utilidad pública y bienes comunales

  • Raras son las buenas noticias que afectan a las juntas vecinales, en las que sacar adelante las cuentas supone más de un sudor cada cierre de ejercicio. Con lo justo en el cajón, las entidades locales menores están ahora obligadas, por sentencia del Tribunal Supremo, a recaudar un nuevo tributo a las eléctricas.

    Así, la Federación de Entidades Locales ha desarrollado un plan para apoyar a éstas en la implantación de la ordenanza, de forma que comiencen cuanto antes a recaudar el impuesto.

    El presidente de la Federación en León, Andrés Buelta, consideró en la presentación del plan que «el Supremo ha consolidado unas posibilidades que no podemos desaprovechar». De esta forma, ante las juntas vecinales se presentan ahora «unos nuevos recursos con los que no contábamos».

    Este nuevo ingreso, previsto en la Ley de Haciendas Locales, es de obligatoria recaudación y viene a gravar a las industrias eléctricas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local, que tocaría a montes de utilidad pública y bienes comunales.

    Yendo a lo concreto, el impuesto se pasaría por el aprovechamiento que obtienen estas empresas por tendidos eléctricos y gaseoductos fuera del núcleo urbano que se encuentren en estas zonas.

    «Esta novedad será muy buena para las juntas, ya que lo recaudado se podrá invertir en instalaciones o gastos de personal», defendía el secretario general, Carlos González.

    En la actualidad, Unión Fenosa cuenta con 168.000 puntos de suministro con una red de casi 7.300 kilómetros de cable, mientras que Iberdrola suma 6.700.

    Llevado a cabo el estudio por la leonesa Ingeniería Valbuena y Ron, Antonio Fernández explicó que «aproximadamente, 270.000 kilómetros de alta tensión existentes en España, un 14 por ciento de la superficie nacional, podrían suponer una recaudación de cien millones de euros».

    El 6 de febrero la Federación informará en el Hotel Infantas de León, a las seis de la tarde, con el objetivo de que las juntas vecinales puedan ponerse al día.

Ene 112017
 

rendiciondecuentasLa Federación de ELM denuncia la inseguridad jurídica y la falta de medios de los pueblos.

M. RABANILLO | LEÓN

Las rendición de cuentas de las juntas vecinales ha caído en picado en 2015. Los datos recabados por el Consejo de Cuentas reflejan que, desde que se vieron sometidas bajo el ‘yugo’ de la ley Montoro para rendir las cuentas de 2013, el índice de incumplimientos se ha multiplicado por 20, una vez diluida la amenaza de desaparición. En concreto, sólo el 60% de las 1.231 entidades locales menores (ELM) de la provincia han rendido sus cuentas de 2015, frente al 98% que lo hicieron en el año en el que el Gobierno aprobó la Ley Racionalización y Sostenibilidad de la Administración local.

La relajación en la rendición de cuentas de las ELM también se ha registrado a nivel autonómico. A fecha de 8 de enero de solo han rendido en todo Castilla y León 1.509 Juntas Vecinales, que representan el 67,9% de las ELM.

La amenaza de la reforma local sobre la perviviencia de las ELM que no rindieran sus cuentas disparó el índice de cumplimientos en 2013 pero sólo se circunscribía a ese ejercicio. De hecho, la rendición de 2014 también sufrió un serio retroceso del 98% al 72%.

«La valoración no puede ser más que negativa, y demuestra que muchas cosas están fallando», señala el secretario de la Federación de Leonesa de Entidades Locales Menores, Carlos González-Antón. «La primera y más grave la absoluta falta de seguridad jurídica en el funcionamiento de las propias Juntas Vecinales, que necesitan de una reforma legislativa que fije definitivamente sus competencias, su financiación y quién debe desempeñar las funciones de secretaría e intervención», argumenta el representantes del colectivo, quien añade que «la falta de implantación de un modelo rendición de cuentas eficaz que no esté sujeto a cambios tecnológicos continuos a los que no pueden acceder las pequeñas administraciones rurales».

González Antón asegura que el Gobierno de Castilla y León «ni siquiera se ha planteado como abordar la aplicación de las leyes obligatorias de la Administración electrónica a las Juntas Vecinales como se han hecho las comunidades de Asturias, Cantabria o Extremadura». A su juicio, «es obvio que el modelo asimétrico de las entidades locales menores en esta Comunidad no encaja con la visión homogeneizadora de Valladolid».

También reclama una «reforma integral» del Servicio de Atención a Municipios (SAM) que ofrece la Diputación de León. La federación considera que es necesario que tenga un servicio de atención a las pedanías «con más y mejores recursos humanos y materiales» ya que «es inconcebible que el SAM de León tenga un solo secretario con habilitación nacional».

Creer en las Juntas Vecinales

En su valoración sobre los datos registrados sobre las cuentas de 2015, González-Antón resume que «o se cree o no se cree en las Juntas Vecinales; o se quiere cumplir con nuestro Estatuto de Autonomía o nuestras leyes o no». «El futuro de las zonas rurales de la provincia depende en gran parte de que las Juntas Vecinales, grandes propietarias de territorio, puedan gestionarse adecuadamente y eso es responsabilidad de las Administraciones competentes, que además de facilitar su funcionamiento deben de dejar de poner palos en unas ruedas ya desvencijadas», añade el representante de la federación que se pregunta si «hay que esperar a que Montoro vuelva a la carga para facilitar que las Juntas Vecinales rindan cuentas?».