Sep 282013
 

Federación de Concejos-FEMP

Este viernes se celebró una reunión entre representantes de la Federación de Concejos y la FEMP.

El Secretario General de la FEMP recibe a la Federación de Concejos, en una reunión de trabajo que ha sido muy satisfactoria, pues se han llegado a unos acuerdos sobre las enmiendas que se deben apoyar, que coinciden esencialmente con las de propuestas por de Federación de Concejos y en trabajar en el futuro de forma coordinada.

Los representantes de esta Federación, que agrupa a la mayoría de las Entidades Locales Menores de España, han explicado a Ángel Fernández sus propuestas de enmiendas a la reforma local. Dichas propuestas coinciden en lo fundamental con las planteadas por la FEMP a los grupos parlamentarios en relación a las Entidades Locales Menores

El Secretario General de la Federación Española de Municipios y Provincias, Angel Fernández, ha recibido en la mañana de hoy a la Federación de Concejos, Pedanías y Parroquias Rurales de España, organización que representa a las federaciones de los territorios que agrupan a la gran mayoría de las Entidades Locales Menores de nuestro país.

Los representantes de la Federación de Concejos, José Manuel García del Valle y Andrés Delfín Rojo del Valle, han expuesto al Secretario General de la FEMP las propuestas de enmiendas que están trasladando a los grupos parlamentarios en relación al Proyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local que, en lo fundamental, según han podido comprobar, coinciden con las que la Junta de Gobierno de la Federación Española de Municipios y Provincias aprobó en relación a las Entidades Locales Menores (EATIM) en su última sesión, celebrada el pasado 19 de septiembre.
Al igual que la FEMP, la Federación de Concejos, Pedanías y Parroquias Rurales de España defiende en sus propuestas de enmiendas que la EATIM deben mantener su carácter de entidad local y mantener su personalidad jurídica, competencias y patrimonio; asimismo, coinciden en la necesidad de que las EATIM tengan obligación de rendir cuentas al Estado y a la Comunidad Autónoma, aunque piden contar con un plazo mayor del que dispone el Proyecto para conseguirlo. Sobre esta cuestión, la FEMP entiende que el plazo para presentarlas sea de 6 meses, mientras que la Federación de Concejos plantea que se amplía a 12 meses.
Los representantes de la Federación de Concejos han explicado a la FEMP que el retraso en la presentación de cuentas no se debe a falta de voluntad de cumplir la ley, sino a un problema práctico, de índole administrativa, pues en muchas CCAA ha de ser un habilitado nacional quien haga las veces de Secretario de la EATIM.
En este sentido, han señalado que, por ejemplo, en el caso de Asturias las EATIM ya están cumpliendo con la obligación de presentar las cuentas, pues la regulación de dicha Comunidad Autónoma no requiere que el secretario sea un habilitado nacional.
Sobre esta cuestión, el Secretario General de la FEMP se ha comprometido con la Federación de Concejos a trasladar al Gobierno que la propuesta de enmienda que ésta realiza en relación a la ampliación del plazo con el que contarán las EATIM para rendir cuentas, busca dar tiempo a que las CCAA establezcan un régimen de presentación de cuentas más ágil que el actual y similar al implantado en alguna Comunidad Autónoma.

Sep 172013
 

Federación Leonesa de Entidades Locales MenoresAnte el aplauso de la Diputación de León al proyecto de Ley, la Federación de León advierte que en su redacción actual sigue siendo una norma letal para las Juntas Vecinales, pues no sólo les quita la naturaleza de Ente local, sino que se prevé su supresión en dos casos. Serán suprimidas por la Junta de Castilla y León si en tres meses no rinden cuentas y también serán suprimidas cuando el Ayuntamiento esté endeudado; pasando en ambos casos su patrimonio al respectivo Ayuntamiento.

La Federación de León rechaza frontalmente la supresión de la Junta Vecinal por las deudas de su Ayuntamiento —que de forma incomprensible ha sido calificada como “razonable” por el catedrático Quintana, que está asesorando a la Diputación de León—, pues las Juntas Vecinales no tienen que ser las que paguen los excesos de los Ayuntamientos. Es obvio que la redacción actual del artículo 116.bis, que exige incluir en el plan económico-financiero del Ayuntamiento endeudado la supresión de sus Juntas Vecinales, no solo no es razonable, sino que es un claro incentivo para que el Ayuntamiento pueda seguir aumentando la deuda para quedarse con el patrimonio de sus Juntas Vecinales, que sí se han sabido gestionar adecuadamente.

Dado que los partidos políticos mayoritarios en la provincia se dedican crear cada uno su grupito de trabajo para alabar o criticar la Ley, la Federación de León exige a todos los parlamentarios de León, que al igual que en las Cortes de Castilla y León se ha llegado a consensos unánimes, se reúnan de forma inmediata para llegar a un acuerdo de mínimos que permita, no solo salvar la Juntas Vecinales de León, sino que salgan fortalecidas de este proceso, proceso que los parlamentarios de León deben liderar por razones obvias y porque el ponente del Grupo Popular en el Congreso es el Diputado leonés Eduardo Fernández.

Ya es hora de que haya más altura de miras y menos partidismos. Es una momento clave para la provincia de León y los políticos deben cumplir con su obligación de defender los intereses de sus representados.

La Federación de León ha trabajado con el resto de Federaciones autonómicas en la redacción de unas enmiendas que está enviando a todos los Grupos Parlamentarios del Congreso y a la FEMP. Están de acuerdo con dichas enmiendas las federaciones de Asturias, Cantabria, Galicia, Álava, y las de Castilla y León, lo que supone el consenso de la gran mayoría de ELM de distintos territorios autonómicos y forales. Las enmiendas se pueden consultar en concejos.org, donde es posible realizar sugerencias. El plazo acaba el 24 de septiembre.

Las Enmiendas que propone la Federación estatal garantizan:

  1. el carácter de entidad local de las Juntas Vecinales,
  2. que sean las Comunidades Autónomas y Territorios Forales los que regulen su funcionamiento,
  3. que no sean suprimidas por las deudas de los Ayuntamientos y
  4. que puedan presentar cuentas en 12 meses y si no lo hacen, que la Comunidad Autónoma, en vez de suprimirlas, nombre una gestora para regularizar dichas cuentas.
Sep 162013
 
MAÑANA MARTES 17, LA FEDERACIÓN DE LEÓN HARÁ UNA DECLARACIÓN SOBRE LA VALORACIÓN DE LA DIPUTACIÓN DE LA REFORMA LOCAL
La noticia que recoge la valoración está en el siguiente enlace:
La Diputación aplaude la reforma local, que permite a los municipios la supresión de juntas vecinales
Isabel Carrasco valora que las instituciones provinciales no tengan que asumir las competencias municipales de servicios básicos y que su papel sea meramente “coordinador”
Luis V. Huerga / @luisvhuerga       16/09/2013
La configuración administrativa de la provincia de León se encuentra pendiente de la aprobación definitiva de las leyes que, tanto a nivel estatal como autonómico, se están impulsando. Las juntas vecinales parecen el eslabón más débil de una cadena administrativa que pasa ahora a revisión. Serán los municipios quienes ejecuten, en caso de que sea necesario, la temida supresión de estas entidades locales menores, si los problemas económicos del Ayuntamiento así lo requieren.El grupo de trabajo para el futuro de las diputaciones de la institución provincial leonesa ha mantenido un encuentro este lunes en el que el catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de León, Tomás Quintana, ha desgranado los entresijos de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, que sí contempla la desaparición de las entidades locales menores, que la provincia alberga en su mayoría.En caso de que un ayuntamiento tenga que realizar un plan económico y financiero debido a sus deudas, una de las medidas que se contempla es la supresión de sus juntas vecinales para aliviar gastos, una decisión que sólo compete al propio municipio. Quintana ha asegurado que “es difícil” que un ayuntamiento que se vea obligado a configurar un plan de ese tipo albergue juntas vecinales “que estén bien” económicamente, por lo que defiende la medida como razonable.

Imagen de la celebración del encuentro del grupo de trabajo de la Diputación. (Foto: Campillo)

Un papel de “coordinación”

La presidenta de la Diputación de León, Isabel Carrasco, ha explicado por su parte que se trata de una legislación “para toda España”, a pesar de que León cuenta con la “peculiaridad” de contar con una amplia extensión administrativa con presencia de estas entidades locales menores que, en muchos casos, “no cuentan con vías de financiación propia”.

Por otro lado, la presidenta se ha mostrado “satisfecha” porque la última versión de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local evite que sean las diputaciones las que asuman la prestación de servicios básicos obligatorios en caso de que un municipio no los pueda asumir. Las instituciones provinciales, en este sentido, pasarán a “asumir solo” una labor de “coordinación en la prestación de forma conjunta para una mayor funcionalidad y menor coste”.

Isabel Carrasco ha señalado que se trata de un papel similar al actual con respecto a las competencias municipales, mediante el que la Diputación de León ya ha impulsado algunas medidas como la Central de Compras o el sistema de recaudación tributaria. La Junta de Castilla y León sí asumiría competencias relacionadas con la Sanidad, los Servicios Sociales o la Educación.

El catedrático Tomás Quintana (d) durante su participación en el encuentro. (Foto: Campillo)

Las mancomunidades “voluntarias”

Por otro lado, también ha mostrado su acuerdo con el hecho de que la ley plantee la desaparición del llamado “coste estándar” en la prestación de los servicios porque “no se ajusta a la realidad” para pasar a contemplar un “coste efectivo” en función de cada uno de los territorios porque “un servicio no cuesta lo mismo en un pueblo que en otro”.

Además, la ley plantea que serán los propios municipios los que decidirán de forma “voluntaria” la creación de mancomunidades, aunque la Junta de Castilla y León “prevé estímulos fiscales y financieros” para estos modelos de organización administrativa. “La administración no puede obligar, pero sí fomentar”.

A juicio de Carrasco, se trata de una “ley complicada” que pasa ahora a trámite parlamentario, por lo que puede sufrir modificaciones con respecto al texto aprobado ya por el Consejo de Ministros. Un parlamentario nacional del PP de León, Eduardo Fernández, será uno de los ponentes de la nueva ley.

 

En Ileon tambien se recoge dicha valoración de la Diputación provincial de León y del Catedrático Tomás Quintana:

Por Elena F. Gordón / Ical | 16/09/2013

La reforma local suprimirá las pedanías de los municipios que precisen un plan económico de supervivencia.

La presidenta de la Diputación de León, Isabel Carrasco, reconoció este lunes que la institución provincial está “mucho más tranquila” después de constatar que la reforma local no obligará a la entidad a asumir los servicios básicos que prestan municipios, mancomunidades o pedanías cuya situación les impida ofrecerlos. “Se ha suprimido esa parte que contemplaba que tenían que pasar un examen y si no lo superaban debíamos asumirlo nosotros y estamos satisfechos porque no queremos sustituir a nadie”, subrayó.

Eso no implica que la Diputación se desentienda de labores de coordinación y apoyo que ya presta en la actualidad, matizó Carrasco. De hecho, ya se trabaja en fórmulas para prestar servicios de forma más eficaz y coordinada para conseguir también un ahorro Isabel Carrasco destacó ese cambio en el texto de la norma de rango estatal que recientemente inició su tramitación parlamentaria después de presidir la reunión del grupo de trabajo creado en la Diputación para abordar la reforma local y en el que participa el catedrático Tomás Quintana.

El profesor reconoció que la propuesta del Gobierno plantea que los municipios que deban poner en marcha un plan económico-financiero para sanear sus cuentas deberán suprimir las entidades locales menores. Una situación que, a su juicio, no perjudica especialmente a las juntas vecinales porque considera que es complicado que las pedanías tengan una buena situación si no la hay en su municipio de cabecera. “Cuando se presenten las cuentas veremos cómo están”, comentó. En lo que respecta a las mancomunidades, cuya constitución y pertenencia es voluntaria, Quintana señaló que la norma estatal no contempla su desaparición y la que prepara la Junta en estos momentos prevé estímulos para que se creen más.

El diputado leonés Alfredo Prada es uno de los ponentes de la reforma local en el Congreso, señaló Carrasco después de comentar que esta ley es “complicada” y que afecta de forma singular a la provincia leonesa por tener el mayor número de entidades locales menores. La presidenta también hizo hincapié en que el texto liberará a las diputaciones de servicios y competencias en sanidad y servicios sociales.

Sep 162013
 
logo_concejos_nacional_colorCOMUNICADO DE 16 DE SEPTIEMBRE DE 2013
LA FEDERACION ESTATAL DE PEDANÍAS EXIGE QUE LA LEY MANTENGA SU CARACTER DE ENTIDAD LOCAL
La organización que representa las federaciones de los territorios con la gran mayoría de las entidades locales menores de España propone unas enmiendas a todos los grupos parlamentarios que recogen los argumentos del Consejo de Estado. Estas enmiendas se están haciendo llegar a todos los grupos estatales y autonómicos.
Las enmiendas se ciñen a la regulación de las ELM. Se basan en tres puntos esenciales:
1. Debe mantener su carácter de entidad local, que se suprimiría con texto del gobierno. Y por supuesto, mantener su personalidad jurídica, competencias y patrimonio.
2. La regulación debe corresponder a las Comunidades Autónomas.
3. Se mantiene la obligación de rendir cuentas al Estado y a la Comunidad Autónoma, ampliando el plazo a 12 meses. Se propone que la entidad que no rinda cuentas en dicho plazo, pase a ser gobernada por una gestora nombrada por la Comunidad Autónoma; rechazando la solución del proyecto actual de que sea suprimida la entidad local menor.
Por otro lado, la Federación de Concejos, Pedanías y Parroquias Rurales de España no comparte las grandes reivindicaciones de la FEEM, organización liderada por la Federación Andaluza de ELM, que propugna una misma denominación para todo el Estado, (ELA, coincidente con la andaluza, por cierto); que sea el Estado el que regule unas competencias claras y directas y que se fije la financiación en los Presupuestos Generales del Estado. Entendemos que estas propuestas no responden a la reivindicaciones de la inmensa mayoría de las Entidades Locales Menores de España y, además, ponen en riesgo la posibilidad de llegar a un acuerdo entre todos los grupos parlamentarios.
Se pueden consultar las enmiendas en el siguiente enlace:

ENMIENDAS FEDERACION DE CONCEJOS, PEDANIAS Y PARROQUIAS RURALES DE ESPAÑA

Sep 092013
 

Federación Leonesa de Entidades Locales MenoresDiario de León / Ana Gaitero | león 09/09/2013

En Pardesivil de Curueño, como en muchos pueblos del norte, era obligado tocar a concejo los domingos después de misa. Así lo manda su ordenanza de 1723. La campana tañía con un toque especial que el vecindario distinguía bien de otros avisos. Cuatro siglos después, rara vez las campanas tocan a concejo en alguna de las 1.232 localidades leonesas que aún tienen personalidad jurídica como entidades locales menores.

Las herederas del sistema concejil leonés han sido, paradójicamente, las parientes olvidadas de la democracia. Que no las pobres. Las entidades locales menores detentan la propiedad de al menos el 30% de la superficie de León. Son 4.449,73 kilómetros cuadrados sobre los 15.581 de territorio provincial.

El Proyecto de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local las deja sin personalidad jurídica y al albur de las leyes de las comunidades autónomas. El artículo 24 bis sólo respeta su nombre —caseríos, parroquias, barrios, anteiglesias, concejos, pedanías…— y el 116 bis recoge, contradictoriamente, la supresión de las entidades locales menores en casos de incumplimiento del plan económico-financiero.

«Si pierden la personalidad jurídica pierden la capacidad para gestionar el patrimonio a nivel legal», subraya Jesús Albarrán, portavoz de la Plataforma de Juntas Vecinales de Omaña constituida hace un año y que aglutina a 59 entidades locales menores.

Cunde el miedo al expolio . «Si sus bienes pasan a los ayuntamientos se producirá una descapitalización de los pueblos y de sus vecinos. Lo usarán para pagar sus deudas», advierte el pedáneo de Nogarejas, Olivio Campo. de UPL y al frente de una de las 150 localidades integrada en la Federación de Entidades Locales Menores.

«Nos quieren hacer desaparecer para expoliar nuestros montes. Que empiecen por las diputaciones, que nadie les ha elegido. Nosotros no les costamos una peseta», afirma Víctor Castro, alcalde pedáneo de Tremor de Arriba. Admite que la «unión hace la fuerza» pero no ha integrado a su pueblo en la federación.

Apenas el 10% de las entidades locales menores se han sumado a esta organización cuyo objetivo es combatir las «deficiencias técnicas y legislativas» de la reforma estatal de la administración local y también frente a otras normas «amenazantes» como el decreto de la Junta de Castilla y León, del 18 de julio, que exige a las entidades locales menores dar fe de sus presupuestos y contabilidad a secretarios con habilitación estatal y las obliga a pagar el coste proporcional de su complemento de productividad.

La Diputación y el Consejo Comarcal del Bierzo, en León, tienen que ocuparse de firmar un convenio interadministrativo. «Lo que el Servicio de Asistencia a Municipios prestaba gratis hasta ahora va a suponer un coste para las entidades locales menores», advierte el abogado Carlos González-Antón, jurista de la federación.

«No se cobra nada por los servicios a las juntas vecinales y no se va a cobrar», aseguran en la Diputación, cuyas subvenciones, recuerda, han permitido la elaboración de inventarios de patrimonio en un 60% de las entidades locales menores. También niega, al igual que el PSOE, que ejerza presiones sobre pedáneos para que se den de baja o no se sumen a la federación.

Esta asociación recurrió el reparto pactado por PSOE, PP y UPL de los fondos provinciales para juntas vecinales e Izquierda Unida ha llevado el caso a la Fiscalía de la Audiencia Provincial de León. El pacto entre los diputados provinciales otorgó un 60% de las ayudas a pedanías del PP, el 30% a las del PSOE y un 10% a las de UPL.

«Y a los que somos independientes o no van en la línea del partido nos dejan fuera», denuncia el pedáneo de Caminayo, Zósimo Miguel Díez. «Es un reparto ilegal», subraya. A su pueblo las ayudas que llegan «son mínimas» y tienen que poner el 15% que le corresponde al Ayuntamiento de Valderrueda al que pertenece. «Las pequeñas obras las vamos haciendo cuando tenemos tiempo», alega este minero prejubilado.

Desde que el ministro Montoro puso el punto de mira en los municipios más pequeños y en las entidades locales menores advirtiendo de sus posibles irregularidades (falta de presentación de cuentas y presupuestos en algunos casos) han crecido como los hongos en otoño las asociaciones y servicios defensores de las entidades locales menores.

El PSOE abrió una oficina en diciembre pasado para «dar servicio a sus juntas vecinales y a los representantes que tiene donde no gobierna», explica el secretario provincial, Tino Rodríguez. El 15M también se ha sumado a lo que llama el «desahucio de los pueblos» y ha hecho un documental combativo.

El líder socialista no ve necesaria una organización de las juntas vecinales similar a la que tienen los municipios y las provincias en la Femp. «Nosotros les damos el servicio gratis», insiste. Sin embargo, ya se ha creado una federación autonómica y existen dos federaciones estatales de concejos, parroquias y entidades locales menores.

La leonesa está integrada con Asturias, Galicia, Álava, Cantabria y otras provincias de la Comunidad. En Asturias el 100% de las parroquias están agrupadas en la Fapar (Federación Asturiana de Parroquias Rurales) desde hace 16 años. La federación lleva la contabilidad, presupuestos y subvenciones. Cuenta con ayuda del Principado y está reconocida tanto por la Junta como por el Gobierno asturiano.

El estatuto de autonomía de Asturias reconoce las parroquias como asentamiento de la población asturiana. Son 39 y muchas tienen más de una población. Solamente existen en 15 municipios. «No tememos por nuestra desaparición por la rendición de cuentas porque se lleva al día y tenemos la ventaja de que los secretarios de las entidades están habilitados para dar fe de sus actos», precisa el secretario, José Manuel García del Valle.

El caso alavés es singular. La mayoría de los 335 concejos están agrupados desde 1998. «Nos regimos por la norma foral de concejos, de 1995, que emana de la Diputación provincial», aclara Javier Argote, su presidente. Lo más singular de Álava —en Guipúzcoa no hay concejos y en Vizcaya sólo unos pocos— es que todos, excepto 16, son abiertos: «El Gobierno corresponde a la asamblea vecinal y la representación a la junta administrativa».

El concejo alavés es el más democrático formalmente y en la práctica. Tiene elecciones propias, fuera de los comicios municipales, y las listas son abiertas y personales, no figuran las siglas de partidos políticos. El fiel de fechos está reconocido como secretario.

Muchos pueblos leoneses siguen celebrando concejo. A su manera. Porque la Junta no lo ha regulado, tal y como recoge la Ley de Régimen Local de 1998, mediante un reglamento. En Ariego de Omaña «todas las decisiones se toman en el concejo», asegura la pedánea, Fermina Bardón, de Izquierda Unida. En otros son asambleas informativas, como es el caso de Nogarejas, con 260 habitantes, que convoca uno al año. «Si el concejo toma una decisión que es ilegal, quien carga la responsabilidad soy yo», subraya Olivio Campo. En León se funciona, a efectos legales, en régimen de Junta Vecinal, compuesta por presidente y vocales. El concejo se ha olvidado en unas juntas vecinales dependientes y a expensas de los repartos partidistas de dinero y unos pueblos cada vez más deshabitados. «Los que no estén vivos van a desaparecer con total seguridad», pronostica María Teresa García Montes.

«Está en peligro de extinción por la ley y por la despoblación», alega la directora del documental La voz del concejo, que realiza con Bambara Zinema, la Asociación Faceira, la Fundación Cerezales y los Clubes de la Unesco en España. Su objetivo es lograr que el concejo sea declarado patrimonio inmaterial de la Humanidad.

El temor al expolio de los bienes está latente. Y no sólo del monte. Está el trabajo que, sin cobrar, ha levantado aceras, cavado zanjas para las traídas de aguas o limpiado caminos para su pervivencia. «Si yo cobrara por el tiempo que dedico y lo que hago serían 20.000 euros al año», dice el pedáneo de Nogarejas.

El pueblo tiene un servicio de transporte sanitario con sus propios recursos (monte, residencia de ancianos, caza e intereses de depósitos). «Los impuestos los cobra el Ayuntamiento de Castrocontrigo», agrega.

«La captación del agua la hicieron los vecinos con sus propias manos y nos ocupamos del mantenimiento», explica la pedánea de Ariego. Si esta competencia, como prevé la ley, pasan a las diputaciones o a consorcios «se va a terminar con la gestión racional y altruista que hacen los vecinos y acabarán pagando».

Las campanas no tocan a concejo. Se oyen lamentos. Doblan por el concejo y por los pueblos. Y por la tierra. «Si quitan las juntas vecinales los pueblos van a morir por Dios», advierte el de Caminayo. Como dijo John Donne, y Ernest Hemingway popularizó con su novela, las campanas «doblan por ti». Por los 1.232 pueblos con personalidad jurídica en León.