Abr 272013
 

“Para poder apropiarse del territorio y del espacio común, también de los recursos, lo que hace [el Gobierno] es acabar con la forma política que se lo impide, en este caso el concejo, y en sentido más amplio con la democracia”, explica Jesús Manuel Albarrán, portavoz de la Plataforma en Defensa de los Concejos de la Comarca de Omaña, en León.

Albarrán se refiere al anteproyecto de la ley de Racionalización y Soste­ni­bi­lidad de la Administración Local, aprobado por el Gobierno del PP el 15 de febrero y que se encuentra ahora pendiente del informe del Consejo de Estado para su aprobación final. El anteproyecto pretende suprimir la personalidad jurídica de más de 3.750 entidades locales menores (que reciben el nombre de juntas vecinales, concejos, barrios, parroquias o pedanías) pueblos que cuentan con recursos propios y potestad para administrarlos y ejercen democracia directa sobre estos recursos. De este modo, quedarían agrupados en los ayuntamientos de los que dependen y la gestión de sus bienes pasaría a ser administrada por esos ayuntamientos, diputaciones y Comunidades autónomas.

Expolio de recursos

“Es lo mismo que le ocurre a una comunidad indígena en el Perú cuando le expropian sus tierras para que entre una multinacional canadiense a quedarse con sus recursos. Nos sentimos solidarios con ellos, es lo mismo que quiere el Gobierno con la nueva ley”, explica Albarrán.
En la actualidad, los recursos naturales de los concejos “son propiedad, por igual, de sus vecinos y vecinas y son ellos y ellas las que los gestionan y deciden cómo administrarlos. No existe democracia más pura que la de los concejos. Los bienes comunales son anteriores al Estado moderno, al Estado representativo. Estamos defendiendo la asamblea de vecinos y vecinas. Como ellos y ellas tienen la última palabra sobre su patrimonio, son el obstáculo para que el Gobierno pueda acceder a la gestión, o la apropiación de ese patrimonio. Con la nueva ley se podrá privatizar la gestión del agua, de los montes, de la caza… Ellos tienen su plan”, subraya Albarrán.
Omaña cuenta con 75 juntas vecinales repartidas en cuatro ayunta­mien­tos y sólo el municipio de Riello cuenta con 39, “es el que más juntas vecinales tiene de todo el Estado español, y es probable que de toda Europa”, afirma el portavoz de la comarca de Omaña y señala que son “pueblos pequeños en las montañas y valles con entre 30 y 50 vecinos censados, que en invierno pueden tener cuatro o cinco casas abiertas”.
Jesús Manuel Albarrán participó el 5 y el 6 de abril en el encuentro estatal por la Autonomía de Nuestros Pueblos, donde se plantearon acciones informativas y de lucha contra “este golpe mortal al mundo rural”, como lo calificaron los representantes de más de medio centenar de comarcas. En el Estado español existen 3.720 juntas vecinales que desaparecerán si el anteproyecto de la ley de Racionalización y Sostenibi­lidad de la Adminis­tra­ción Local sale adelante. Castilla y León, con 2.257 juntas vecinales, será la comunidad autónoma más afectada por la supresión de estos pequeños pueblos, que perderán su autonomía y la gestión de un patrimonio de cientos de hectáreas de montes de gran riqueza ambiental y económica. Le sigue Cantabria con 534 concejos, Navarra (348), País Vasco (340), Cataluña (63), Andalucía (48) y Castilla-La Mancha (42), y el resto de comunidades con entre siete y un concejo.

Desobediencia civil

“Es necesario desobedecer a este Gobierno, que quiere quedarse con nuestros recursos y eliminar la autonomía de nuestros pueblos”, señala Jerónimo Aguado, campesino deAmayuelas, Palencia, y portavoz de la Plataforma Rural. Aguado coincide con el resto de asistentes a las jornadas en la necesidad de llevar a
cabo actos informativos en los pueblos y movilizarse contra esta ley. Los representantes vecinales acordaron también acudir a los tribunales por la vía penal para denunciar esta norma, ya que la Constitución en su artículo 140 dice que se “garantiza la autonomía de los municipios. Estos gozarán de personalidad jurídica plena (…)”.
Por otra parte, Antonio Aguado de El Provencio, en Cuenca, agricultor ecológico de la comarca de La Mancha, señala que aunque Castilla-La Mancha cuenta con menos pedanías, 42, “ya se está aplicando el expolio de nuestros bienes comunales: los montes públicos. Somos el laboratorio del Estado, sufrimos a [María Dolores de] Cospedal. En los presupuestos de 2013 ya han incluido los 45 millones que pretenden ganar este año con la venta de los montes, sin que, ni siquiera, entre en vigor esta reforma de la ley de entidades locales”, apunta.
Un secretario de Ayuntami­ento de un municipio de Segovia presente en las jornadas va más allá: “¿Qué pasará con los municipios de menos de 5.000 habitantes, que son la mayoría? El objetivo del PP es suprimir los ayuntamien­tos, y como se lo impide la Constitución, los van a vaciar de competencias. Quieren quedarse con los servicios públicos: gestión del agua, alcantarillado, vías públicas y alumbrado que gestionarán las diputaciones a través empresas privadas. Adiós a la autonomía local. Negocio con lo público”, concluye.
Abr 252013
 

La Federación de Entidades Locales exige a la Junta revisar el proceso «unilateral».

La transformación de 40.000 hectáreas de terrenos agrícolas de pastos en improductivos y forestales tiene un nombre para la Federación de Entidades Locales Menores de Castilla y León: «Expolio». De los pueblos y de la provincia de León.

Así lo calificó ayer el portavoz de este colectivo, el abogado y catedrático de Derecho Administrativo, Carlos González Antón, quien anuncia que la federación «impulsará la revisión del procedimiento seguido»: «Sin dar audiencia previa no pueden proceder a una verdadera expropiación unilateral de todos esos aprovechamientos económicos», agregó.

Para las pedanías, recordó, esta transformación que impide el acceso a las ayudas de la Política Agraria Común (PAC) «supone una grave pérdida de ingresos económicos» en cuya defensa no han podido tomar parte por falta de un período de consultas de la Consejería de Agricultura de Castilla y León.

La Federación de Entidades Locales Menores presentará un escrito con una «alegación global» frente al procedimiento unilateral utilizado y basado exclusivamente en la apreciación de imágenes tomadas por el Sistema de Información Geográfica de Parcelas Agrícolas (Sigpac), tal y como recoge el decreto publicado el 5 de febrero en el Bocyl.

«Es un asunto muy grave porque ahora que estamos debatiendo el futuro de las juntas vecinales y de sus bienes resulta que no les quitan la titularidad pero les privan del aprovechamiento lo que supone un proceso de amortización en toda regla», argumenta.

Impacto ambiental

González-Antón subraya que aparte de las implicaciones económicas y patrimoniales que tiene para las juntas vecinales, el plan de retirada de la PAC «afecta al modelo de gestión de unos territorios» que en buena medida forman parte de la Red Natura, como Lugares de Interés Comunitario o Zonas de Especial Protección para las Aves. «No han calculado el perjuicio ambiental que produce retirar el ganado de estas zonas de pasto aprovechadas durante siglos», agregó el portavoz.

La ausencia de estudios de impacto ambiental, recordó, es motivo suficiente para presentar una queja ante la Comisión Europea, tal y como sopesan diferentes colectivos conservacionistas. «Es posible que haya fraudes, pero no tiene sentido tirar por el camino más fácil, sin hacer un trabajo de campo y sin evaluar el impacto», señala González-Antón.

Contra el ‘greening’

La Asociación Consejo de la Mesta y la Federación Ibérica de Pastores Trashumantes también han alzado la voz contra la transformación de los terrenos. «Aunque venga de Bruselas, es contradictorio incluso con las directrices del greening (la preferencia por lo ecológico) que se impulsan desde la PAC», alertó.

Abr 162013
 

Encabo no ve “factible” que las pedanías puedan rendir cuentas en solo tres meses.

 El presidente del Consejo de Cuentas, Jesús Encabo, se sumó ayer al acuerdo de los grupos de las Cortes autonómicas en la petición de cambios normativos a la Junta y al Gobierno para que las entidades locales menores puedan cumplir con su obligación de rendir cuentas y rechazó, como hizo el Parlamento autonómico, que se dé tres meses para ponerse al día y en caso contrario serán disueltas.

Encabo se pronunció así durante la presentación del informe sobre las cuentas del sector público de Castilla y León del ejercicio de 2010 ante la Comisión de Hacienda de las Cortes, donde calificó de “ínfimo” el nivel de rendición de estas entidades (12,3%), aunque, tras comprender los problemas que tienen para cumplir, no vio “factible” que se las dé, según recoge el anteproyecto de reforma del Gobierno, un plazo de tres meses.

Inquietud en las entidades

Ante la inquietud causada en las entidades locales menores el apartado introducido por el Gobierno en su anteproyecto de ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, explicó que se han reunido con representantes de estas juntas vecinales y han percibido el “deseo de rendir cuentas”, aunque les expusieron las dificultades para su formalización y la falta de ayuda de otras administraciones.

El presidente del Consejo manifestó que la falta de rendición de cuentas no es “admisible desde ninguna óptica, por comprensivos que queramos ser con ellas”, añadió que hoy por hoy su actividad está al margen de los registros públicos de contabilidad y conculca principios legales, pero abogó por que cuenten con una oportunidad para ponerse al día.

Por ello, compartió el espíritu de la proposición no de ley aprobada por unanimidad en las Cortes en la que se insta a la Junta de Castilla y León a desarrollar un precepto de la ley de Régimen Local sobre las funciones de la secretaría en las entidades locales menores si se deben desempeñar por el secretario a cuyo municipio pertenecen o por un servicio por parte de las diputaciones y al Gobierno para que amplíe el plazo de tres meses para rendir cuentas.

 

Abr 152013
 

iuAuspiciada por la Federación Asturiana de Parroquias Rurales, ha tenido lugar una reunión este sábado entre representantes de las Entidades Locales Menores y el Diputado del Grupo parlamentario Izquierda Plural, Gaspar Llamazares, en la ciudad de Oviedo. La Federación inicia así una ronda de contactos con los diferentes grupos políticos con representación en el parlamento estatal.

En la reunión de trabajo la Federación expuso sus propuestas para incorporar en la Ley sobre Administración local que se tramitará en las Cortes.

Caben destacar los siguientes puntos:

– La Federación insistió en la necesidad de mantener la personalidad jurídica y el carácter de Administración pública territorial de todas las pedanías.

– La necesidad de facilitar la rendición de cuentas a todas las entidades locales y el acceso de las mismas a la Administración electrónica.

– En relación con la evaluación de la prestación de los servicios, la Ley debe diferenciar el tratamiento que deben recibir las Entidades Locales Menores y a las Mancomunidades de Municipios; la Ley debe prever un sistema específico de evaluación de servicios.

– Se debería incorporar en la legislación estatal la actividad tradicional del voluntariado que históricamente ha servido para implantar y conservar las infraestructuras en los pueblos.

– Que la legislación básica estatal prevea un sistema de financiación y recoja el mínimo de competencias que actualmente prestan las Entidades Locales Menores.

Se trasladó a Gaspar Llamazares la necesidad de que por parte del legislador estatal exista sensibilidad de lo que desde hace siglos es el primer escalón del sistema democrático español, que ha prestado servicios a sus comunidades rurales de forma eficiente y que sigue resultando imprescindible para la adecuada gestión del territorio. Estamos ante un patrimonio cultural y democrático que debe ser protegido y modernizado.

La Federación agradece al Diputado Gaspar Llamazares su disponibilidad para trasladar al parlamento las demandas de los representantes de las Entidades Locales Menores de España.

Abr 042013
 

El departamento de Cultura de la Diputación de Salamanca ha puesto en marcha el Plan de ayudas culturales dirigida a los municipios de la provincia de Salamanca en su doble modalidad de Programa de subvenciones a Ayuntamientos menores de 2.000 habitantes y Entidades Locales Menores, y Programa de convenios de colaboración con Ayuntamientos mayores de 2.000 habitantes, interesados en ambos casos en presentar proyectos culturales con el fin de obtener ayuda económica para cofinanciar la realización de actividades culturales a desarrollar durante el presente ejercicio de 2013.

Podrán ser subvencionadas o cofinanciadas, según las bases de la convocatoria, las actividades culturales relacionadas con las artes y las letras que se recogen en dicha convocatoria siempre que se realicen durante el año 2013 y a excepción de las actividades no subvencionables que se señalan en la convocatoria así como los gastos de inversión, adquisición de mobiliario o material no fungible o los sueldos del personal fijo o eventual del ayuntamiento a excepción de los honorarios de las personas contratadas para la realización de estas actividades.

La cuantía global máxima de las subvenciones que se destinan a Ayuntamientos menores de 2.000 habitantes es de 297.600 euros, mientras que la que se destina a los convenios de colaboración a suscribir con los Ayuntamientos mayores de 2.000 habitantes (exceptuado el de la capital) es de 91.200 euros. Estos últimos, según los datos de población, son los ayuntamientos de Alba de Tormes, Béjar, Cabrerizos, Carbajosa de la Sagrada, Ciudad Rodrigo, Guijuelo, Peñaranda de Bracamonte, Santa Marta de Tormes, Terradillos, Villamayor, Villares de la Reina y Vitigudino.

Para la valoración de las solicitudes se tendrá en cuanta criterios objetivos de valoración tales como número de habitantes del municipio y dispersión territorial del mismo, actividades incluidas en la solicitud y grado de gestión municipal de la subvención concedida por la Diputación en convocatorias anteriores para el mismo fin. Una vez resuelta la convocatoria, es decir, concedida la subvención o la aportación al convenio, la Diputación anticipará a cada Ayuntamiento el 50% del total, liquidándose el resto una vez justificada correctamente la actividad.