Feb 272013
 

David Díez LLamas Sociólogo 27/02/2013

 

Las juntas vecinales tienen un papel fundamental en la organización territorial leonesa. Fuera de las burocracias institucionales, que son maquinarias que han demostrado en demasiadas ocasiones su ineficacia, los leoneses han buscado formas de organización propias que de manera directa y más eficaz afronten sus problemas. Diríamos que en ellas se hace un ejercicio de democracia directa y son ejemplo de cómo con pocos recursos se puede actuar con eficacia para dar soluciones que no son teóricas sino reales y que afectan al día a día.

La lucha de las juntas por mantener su capacidad de gobierno no es nueva. Así en 1875 un dictamen ministerial ya trataba de eliminarlas. Ante esa situación Elías López Morán (en su obra Derecho Consuetudinario Leonés) nos reflejaba la situación de los pueblos leoneses cuando nos decía que los ayuntamientos leoneses «nunca han hecho ordenanzas municipales; en primer lugar, porque cada pueblo tenía la suya para su propio régimen, resultando, por tanto, aquéllas enteramente inútiles; y en segundo porque es harto difícil, si no imposible, hacer unas buenas ordenanzas comunes para ocho pueblos que tienen necesidades diferentes y muchas veces encontradas: siempre resultarían inaplicables, o por demasiada deficiencia, o por falta de adaptación a las diarias exigencias de la vida del común».

Así se rechazaba ese proceso centralizador por cuanto se calificaban a las juntas administrativas que pretendían sustituir a las juntas vecinales como enteramente inútiles.

La razón era que se consideraba que «no responden a ninguna necesidad, porque lo que les está recomendado puede hacerlo y lo hace, la reunión de todos los vecinos del común con su correspondiente órgano de ejecución: y porque implica un desconocimiento completo de los más elementales principios de derecho natural. La representación huelga cuando los que han de estar representados pueden practicar directamente, o por sí mismos, con más probabilidades de acierto, puesto que se trata de la dirección de sus propios intereses, y sin obstáculos ni inconvenientes que dificulten de ninguna manera su intervención inmediata, los actos que han de ejecutar los representantes». ¿No creen que esto que se decía hace más de un siglo es enteramente aplicable hoy? A veces es importante tener memoria para evitar caer en los mismos errores.

Son muchos los casos de corrupción que se conocen por diferentes ámbitos geográficos y políticos en distintas instituciones de ámbito municipal, autonómico o del Estado. Sin embargo no conozco ejemplos de esto mismo en el marco de las juntas vecinales. Sencillamente creo que ello se debe a que los cargos de las juntas vecinales en su gran mayoría no cobran por ejercer sus funciones. Además el control social es mucho más directo.

El arraigo de las juntas vecinales está asociado a la propia historia leonesa por cuanto se dice que «son su forma de gobierno desde antes de los tiempos en que se redactó el Fuero Juzgo». Sin embargo también hay otros valores como la eficacia o la representatividad.

Uno de los problemas importantes que tiene nuestra sociedad actual es el profundo desapego de la ciudadanía a sus instituciones. Alguien debería de reflexionar en base a qué motivos surge esa situación y que circunstancias distintas hacen que en los pueblos leoneses exista una profunda sintonía entre los deseos ciudadanos y sus juntas. En mi opinión el motivo es claro, mientras que en las juntas vecinales hay una implicación directa de la ciudadanía en las decisiones y en la acción de gobierno, en otras instituciones la acción de gobierno se ejerce con independencia de la ciudadanía.

Los leoneses levantan su voz por los intentos de suprimir sus juntas vecinales pero tal vez si la supresión fuese de la Junta de Castilla y León entonces esas voces serían mayoritariamente de apoyo. ¿Reducir administraciones para racionalizar el gasto público?, de acuerdo. Pero entonces vamos a eliminar aquellas que generando muchos gastos actúan con muy poca eficacia y muchas veces incluso en abierta oposición a los intereses de la ciudadanía. En unos casos los ciudadanos levantan su voz en defensa de las instituciones que ellos mismos han elegido, mientras en otros lo hacen para rechazar la que se le ha impuesto de modo antidemocrático (la Junta de Castilla y León).

Feb 252013
 

La Federación Leonesa de Entidades Locales Menores, ante la premura de los plazos para la presentación de los acuerdos de aprobación de cuentas de ejercicio pasado y de la aprobación de presupuestos, manifiesta:

  • Que la Diputación de León, como Gobierno de la provincia de España que tiene más ELM debería requerir a la Junta de Castilla y León para que aprobase el reglamento del servicio de asistencia a las ELM, algo exigido por la Ley de Régimen Local de Castilla y León y requerido por el TSJ de Castilla y León. Debería aprobarse con la máxima urgencia el reglamento autonómico de asistencia de las Entidades Locales Menores, y reformar los reglamentos de los SAM provinciales, para regular la asistencia a las Juntas Vecinales y concejos. El Reglamento del SAM de León debería regular el principal problema actual de las Juntas Vecinales, que es la legalidad de sus acuerdos y saber de antemano qué funcionario-secretario debe intervenir en sus acuerdos.
  • Que el SAM de la Diputación de León debería reforzar el número de funcionarios de habilitación estatal, actualmente existe un solo funcionario, para poder cumplir con las obligaciones de prestación de los servicios de secretaría a las ELM que prevé la Ley de Régimen Local de Castilla y León.
  • Que las ELM de León tienen una gran preocupación por el hecho de que se les puedan rechazar o anular los presupuestos y cuentas tramitados por el SAM, al no ser aprobados con la intervención de Secretario funcionario con habilitación estatal.
  • Que muchas de las ELM de León están preocupados por los plazos de tramitación en el SAM de su documentación, ante la avalancha de presentaciones motivadas por la reformas legislativas.

La Federación Leonesa reitera la necesidad de que se reúna la Diputación de León con la Federación, a los efectos de coordinar las actuaciones no sólo administrativas, y que la Diputación se posicione de forma clara en los procedimientos legislativos en marcha.

Feb 252013
 

Los alcaldes creen que el Gobierno busca controlar directamente los montes

Información de El País (25 de febrero de 2013). María Fernández.
Elecciones municipales en Os Blancos, municipio de Ourense. / NACHO GÓMEZ (EL PAÍS)

Nogarejas es un pueblo de la comarca de La Valdería, perteneciente al municipio de Castrocontrigo, en León. Una junta vecinal gestiona allí los servicios para sus 260 habitantes, la mayoría jubilados. Con un presupuesto anual de medio millón de euros —que consiguen con lo que rinden sus 3.000 hectáreas de monte— pagan el alumbrado público, el consultorio médico, la gestión del tanatorio, la limpieza de los jardines, el abastecimiento de agua, la máquina quitanieves y hasta se han hecho cargo de la restauración de la iglesia, del siglo XII. Sus cuentas las lleva una gestoría porque, según el alcalde pedáneo, Olivio Campo, el secretario municipal del que dependen (en un Ayuntamiento de 895 habitantes) no tiene tiempo para atender a las seis parroquias de la zona.

Como Nogarejas hay en Castilla y León 2.227 entidades locales menores, el 60% de las 3.720 que funcionan en España. El Gobierno asegura que el 96% de estas unidades administrativas que en muchos casos tienen origen medieval no presenta sus cuentas en ninguna parte, lo que anticipa un coladero de irregularidades y un foco de corruptelas. Por eso les ha planteado un ultimátum: si la reforma de la administración local entra en vigor tal y como está redactada, unas 3.500 desaparecerán automáticamente a menos que presenten sus balances en el plazo de tres meses. “Es de lo más razonable obligar a todas las administraciones a que expliquen en qué se gastan el dinero”, reflexionan en el Ministerio de Hacienda. Hasta ahí todo claro. El pequeño matiz es que, en el caso de Castilla y León, la comunidad con más pedanías, la ley de Régimen Local que las regula desde 1998 no desarrolla la obligatoriedad de que los secretarios municipales lleven el control sobre sus presupuestos y remitan esa información al Ministerio.

Fuente: Ministerio de Hacienda y AA PP, y Papeles de la Economía Española. / EL PAÍS

Ahora que quieren ponerse las pilas con la cuenta atrás que ha lanzado el Gobierno, muchas de ellas están encontrándose con que los interventores locales se desentienden del asunto y las Diputaciones no tienen personal para gestionar miles de liquidaciones, lo que las aboca a desaparecer.

“Es un genocidio administrativo”, reflexiona Carlos González-Antón, catedrático de Derecho y miembro de la Federación Leonesa de Entidades Locales Menores. “Que las sancionen si no cumplen, pero no pueden eliminarlas. Son organizaciones con más de diez siglos detrás, que defienden el carácter colectivista y la democracia participativa. Que el Estado no tenga datos de las entidades locales menores no quiere decir que éstas no rindan cuentas a sus vecinos”. En muchos casos los alcaldes pedáneos apenas tienen formación. En otros gestionan barrios o parroquias con menos de 20 vecinos o presupuestos de pocos miles de euros.

El Ministerio de Hacienda asegura que el 96% no presenta cuentas

Mónica Villacorta, la alcaldesa pedánea de Tarilonte de la Peña, un núcleo rural en Palencia, está igual de desesperada que el de Nogarejas. Su pueblo tiene 41 habitantes, muchos ancianos, y el hospital más cercano está a 120 kilómetros. “La Junta no se ha preocupado nunca de nosotros, no cobramos un duro por lo que hacemos, lo que les interesa es controlar los recursos naturales”. Esa parece ser la verdadera razón de esta revolución rural. Las entidades locales, muchas veces esquivas con el poder —sus representantes se eligen entre los vecinos con listas abiertas, y a menudo están adscritos a los partidos de manera simbólica—, tienen un inmenso patrimonio forestal. “Sólo los Montes de utilidad pública en manos de las entidades suponen un tercio de la superficie de la provincia [de León], alcanzando el 40% si se suman los montes de libre disposición, también de su titularidad”, señala González-Antón, que ha estudiado a fondo las particularidades de las pedanías. “Muchos alcaldes se frotan las manos con esta reforma porque pueden perder de vista un foco de contrapoder poco sumiso con la dictadura de un partido político”.

En Asturias el 46% de los montes es administrado por entidades locales

En Asturias el 46% de los montes es administrado por alguna de las 39 entidades locales menores de la región que atienden a una población de 12.000 habitantes. Su presupuesto el año pasado fue de 7,6 millones. “Aquí, gracias a un acuerdo con el Principado, llevamos 16 años presentando cuentas, no tenemos el problema de Castilla y León”. José Manuel García del Valle, de la federación de parroquias rurales asturiana, insiste en que “el dinero público hay que controlarlo al máximo”, pero sospecha que ese “no es el motivo último de esta reforma”. No se le escapa, igual que a otros pedáneos, que el Gobierno de Castilla-La Mancha pretende ingresar este año 45,6 millones de euros por la venta de fincas públicas. Porque el argumento de la deuda no parece muy sólido. Desde la federación andaluza Antonio Martín asegura que, entre las 3.720 entidades locales menores no tienen “ni un millón de euros”, en números rojos, porque apenas tienen margen para endeudarse.

Feb 212013
 

logo_concejos_nacionalLa Federación representa a las Entidades Locales Menores de España, teniendo una clara vocación de defensa del carácter democrático y rural de unas Administraciones locales que vienen desarrollando sus funciones y prestando servicios desde hace muchos siglos. Debe recordarse que la mayoría de estas entidades son anteriores a los propios municipios, con los que llevan conviviendo muchos años en la prestación de servicios a sus vecinos y siendo el primer escalón de la estructura democrática de España.

Esta Federación defiende un modelo de ELM plenamente compatible con las competencias municipales, sobre las que no tiene ninguna pretensión. No aspira a que las ELM tengan más competencias o servicios que los que ostentan actualmente, pero tampoco quiere que se limiten sus facultades, resten competencias, ni mucho menos, se les convierta en meros órganos sin personalidad jurídica.

Con carácter general, la Federación rechaza el planteamiento de la reforma de privar de personalidad jurídica y del carácter de Administración pública a las Entidades Locales Menores. La exclusión de las ELM del artículo 3 de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local (LRBRL) es claramente contraria a la estructura democrática de nuestro Estado, a la tradición institucional Española y la Carta Europea de la Autonomía Local. No existe razón alguna que justifique que las ELM no sigan siendo Administraciones publicas, y, además, Administraciones públicas locales territoriales. La nueva redacción del artículo 3 de la LRBRL es claramente incoherente con el mantenimiento de la personalidad jurídica de todas las ELM existentes en la actualidad.

Por los mismos argumentos, el artículo 45 debe mantener la personalidad jurídica de las ELM, sin perjuicio de que se limite la posibilidad de crear nuevas.

Es obvio que la redacción del artículo 45 es claramente defectuosa y precipitada, por lo que debería depurarse. No se puede hablar de entidades si las mismas no tienen personalidad jurídica; el apartado 2 se refiere a una iniciativa de no se sabe qué. Claramente este artículo necesita una revisión en profundidad.

La legislación básica debería centrarse en mantener la naturaleza de Administraciones locales territoriales de las ELM, remitiendo a las Comunidades Autónomas la regulación de desarrollo; pudiendo imponer condiciones a las de nueva creación.

La Disposición Adicional Séptima sobre evaluación de servicios prestados por ELM resulta absolutamente arbitraria y contraria al principio de seguridad jurídica. El automatismo de disolución que se plantea en el momento en el que una ELM preste inadecuadamente un servicio es claramente arbitrario, pues habrá que estar las cualidades de esos servicios, de si son propios o impropios, pues en muchos casos son servicios municipales. No tiene tampoco sentido alguno acordar la supresión de la ELM y no que el servicio sea asumido por otra entidad superior, que en muchos casos, va a poder prestar el mismo con más dificultad que la ELM. Estamos ante una deficiente regulación que parece busca exclusivamente la supresión de la ELM y no una mejor atención a los ciudadanos.

La Federación de Concejos, Pedanías y Parroquias Rurales cree firmemente en la necesidad de modernizar las Administraciones públicas y que sean eficaces, pero ello no se consigue simplemente con la extinción de un nivel administrativo, máxime cuando el mismo se sitúa en ámbitos geográficos muy dispersos, en los que es necesaria la presencia administrativa.

En relación con la Disposición transitoria tercera. “Disolución de entidades de ámbito territorial inferior al Municipio”, ya el rótulo de la misma manifiesta la intención del redactor de la norma: hay que disolver las ELM a toda costa. La Federación entiende que se deben presentar cuentas en los plazos legales y que debe ser exigido, pero no se entiende la razón que justifique que la no presentación de la cuentas en el plazo de tres meses (sin precisar las cuentas de qué año y de qué forma) provoque la supresión de la entidad local menor, condenando a sus vecinos a perder una Administración democrática, por las infracciones de sus representantes. La Federación entiende que se deberían sancionar, incluso penalmente, a los cargos electos de las ELM que incumplan con la presentación de las cuentas, pero no puede llevar a la supresión de las mismas, pues puede haber personas interesadas en la supresión de ELM y que puedan emplear la no presentación de cuentas para forzar su extinción. La Federación cree que debe replantearse seriamente la regulación de las ELM teniendo presente la finalidad de la reforma, pues la redacción propuesta no va a lograr los fines previstos.

La Federación solicita del Ministerio un reunión urgente para poder hacerle llegar los planteamientos de las Entidades Locales Menores, pues comparte el interés en que las Administraciones locales sean transparentes y eficaces, aunque está firmemente convencida de que las ELM deben seguir prestando su servicio a los ciudadanos.

Feb 182013
 

La Meseta

La Ley presentada en el Congreso de los Diputados sobre Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local supone la aniquilación de las entidades locales menores y la Ley de Ordenación, Servicios y Gobierno del Territorio de la Comunidad de Castilla y León pretende la concentración de servicios en unidades supramunicipales y la resurrección in excelsis de las Diputaciones Provinciales.

Valentín Cabero – Catedrático Geografía. Universidad Salamanca

Nuestra Comunidad Autónoma de Castilla y León camina hacia la ruina total. La debacle demográfica ha sido puesta de relieve una y otra vez, sin que la Agenda de la Población de la Junta de Castilla y León haya sido capaz de dar respuestas positivas. Hasta ahora todo ha sido retórica política. ¿Qué decir de la catástrofe financiera que estos días ha llegado con los retales de Caja España-Caja Duero al corazón de la ciudad de León, y deja llenos de rabia y pesimismo a miles de honestos y honrados ciudadanos? ¡Qué decir de los recortes y pérdida de autonomía de nuestras universidades publicas frente al creciente poder y generosidad con las privadas!

La política neoliberal y tecnocrática que estamos viviendo bajo el discurso de los recortes, de la austeridad, de la racionalidad y del socorrido mantra de la sostenibilidad esconde a verdaderos lobos y lobeznos cubiertos con pieles de ovejas y de corderos. Cubiertos eso si con un manto legislativo que busca adueñarse de las joyas ambientales, de los recursos forestales, de los dominios pratenses, de las reservas hídricas, de los yacimientos mineros, etc. que nos quedan, y que son señas de identidad y de referencia común. De momento, y aprovechando la crisis o justificando “la consolidación fiscal como máxima prioridad”, dos instrumentos legislativos se han puesto manos a la obra para derrumbar definitivamente el armazón de las estructuras locales más antiguas y reconocidas, y para arramblar con sus pertenencias y recursos más valiosos.

Por un lado, la Ley presentada en el Congreso de los Diputados sobre Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local supone la aniquilación de las entidades locales menores, y por otro lado, la Ley de Ordenación, Servicios y Gobierno del Territorio de la Comunidad de Castilla y León pretende la concentración de servicios en unidades supramunicipales y la resurrección in excelsis de las Diputaciones Provinciales. De la comarcalización nada se dice.

Fachada de la Diputación Provincial de Salamanca. /J.S.

Fachada de la Diputación Provincial de Salamanca. /J.S.

Menos mal que las asociaciones de entidades locales menores se han puesto en movimiento, redescubriéndonos los valores y ventajas de su presencia y gestión en el territorio, y denunciando cómo los intereses desamortizadores y las aves de rapiña de la privatización sobrevuelan sobre nuestros paisajes y nuestras tierras preñadas de memoria, de esfuerzo colectivo y de riquezas para el futuro. Mientras tanto, el partido de la oposición sigue en Babia y perdido por los Cerros de Úbeda.

Recordemos que en Castilla y León de los casi 2 millones de hectáreas forestales gestionadas por la Comunidad Autónoma, 1.664.206 hectáreas son montes catalogados de Utilidad Pública pertenecientes a las entidades locales. Sobre estos recursos el expolio y las usurpaciones son ya visibles. El 20% de esta superficie está contratada por la Consejería de Medio Ambiente, y las dentelladas que se avecinan sobre estos bienes serán mayúsculas de materializarse las amenazas previstas y puestas en marcha. El traspaso de las Entidades Locales Menores a los municipios es el primer paso, y vaciarlas de competencias, el segundo. La despoblación ya hizo su labor de zapa y de erosión territorial. Ahora llega la almoneda y la subasta.

Recuerdo aquí y ahora las palabras escritas por Francisco Tomás y Valiente, presidente en su día del Tribunal Constitucional y vilmente asesinado por ETA, cuando nos señalaba en 1974 en una magnífica lección quienes eran los compradores y beneficiarios de las sucesivas desamortizaciones del siglo XIX: “ En primer lugar, un puñado de negociantes… de profesionales de las subastas, de especuladores o acaparadores más o menos escrupulosos o tramposos, hombres a quienes no ofenderíamos calificando de oportunistas. En segundo lugar, grupos típicamente burgueses de comerciantes, abogados, funcionarios (con frecuencia titulares de cargos burocráticos responsables de la aplicación de la legislación desamortizadora), industriales y políticos…”.

Junto a estos protagonistas podemos indicar también la presencia de grandes hacendados, de algunos nobles, y de muy pocos, poquísimos campesinos.

Traslademos estos datos, estas figuras del inmediato pasado, al momento actual, y hagamos una hipótesis acerca del futuro de nuestros bienes comunales y del patrimonio público. ¿Quiénes serán los nuevos acaparadores y beneficiarios en la nueva desamortización del siglo XXI realizada bajo la bendición de una legislación y ordenación que priva a los pueblos de sus derechos y propiedades históricas? Me atrevo a señalar, en palabras de Cervantes y Quevedo, a los bellacos, malandrines y tramposos de nuestros días: a los defraudadores amnistiados por Montoro, a los empresarios vinculados a la CEOE y protegidos por la administración, a los burócratas instalados en los altos intersticios del poder, a los constructores con dinero negro, negrísimo, agazapados ahora en los escondrijos de la crisis, a las corporaciones industriales y bancarias que acogen en sus consejos de administración a altos expertos en tráfico de influencias para pagarles los favores y “servicios” prestados. Muchos de ellos, con sus cumquibus, se han refugiado hace tiempo en grandes cotos redondos. Muy pocos, poquísimos, campesinos tradicionales y emigrantes que engrosaron el éxodo rural se beneficiarán de esta nueva desamortización.

Adiós a la agricultura y ganadería familiar y a las prácticas concejiles respetuosas con el medio ambiente.