Dic 212012
 

logo_concejos_palenciaNota de Prensa de la Federación Palentina

Hoy día 20 de diciembre se han reunido la presidenta de nuestra federación Mónica Villacorta, alcaldesa de Tarilonte de la Peña y el vicepresidente Julio César Alonso, alcalde de Becerril del Carpio, con el presidente de la Diputación de Palencia D.José María Hernández, la vicepresidenta Dª.Ana María Asenjo y diputados provinciales.

La cita se ha celebrado a petición de los representantes de la Federación que han sido recibidos en el palacio de la Diputación. Nuestros representantes han presentado formalmente la Federación a la Diputación y explicado cuales son sus fines e inquietudes, ya que las Entidades Locales Menores hasta ahora no tenían una voz unida que expresara sus problemas y defendiera los intereses de sus pueblos.

El primer asunto tratado ha sido la falta de asistencia de los secretarios de ayuntamientos a muchas Juntas Vecinales, lo que provoca la imposibilidad que estas puedan presentar sus cuentas tan como marca la ley. Esta situación actual se ha reconocido por ambas partes, (también el presidente de la Diputación) que entienden que ahora las Juntas Vecinales no disponen de este medio para cumplir lo que la ley les exige.

La Ley de Bases de Régimen Local de Castilla y León en su disposición adicional sexta determina que “Las funciones de Secretaría en las Entidades Locales Menores serán desempeñadas por el Secretario del Ayuntamiento del municipio al que pertenezcan o por el Servicio que con tal fin tenga establecido cada Diputación Provincial en los términos que reglamentariamente se determinen”.

La FPELM, ha mandado a todas las Juntas Vecinales de la provincia una carta pidiendo que soliciten a sus respectivos ayuntamientos la asistencia de los secretarios y con las respuestas obtenidas establecer cuantas Juntas Vecinales no están asistidas. Así se ha informado al presidente de la Diputación que ha dicho van a estudiar de que forma la Diputación puede colaborar para prestar la asistencia de secretarios a las Juntas Vecinales tal como dice la ley citada.

Otro asunto que se ha traslado al presidente de la Diputación ha sido la disconformidad y malestar que tienen los alcaldes de las Juntas Vecinales de la Federación sobre la aportación que reciben las Juntas Vecinales de los planes provinciales de Diputación en comparación con los Ayuntamientos, aunque este tema no se ha podido desarrollar por falta de tiempo. La Federación Palentina ha elaborado un informe que se enviará a todas las Juntas Vecinales de la provincia en el que se desprende que los pueblos que son Juntas Vecinales no llegan a recibir ni una quinta parte de lo que reciben los pueblos de la misma población que son ayuntamientos.

La presidenta: Mónica Villacorta Díez

El vicepresidente : Julio César Alonso García

Dic 182012
 

Federación Leonesa de Entidades Locales Menoresm.r. | león 18/12/2012 – DIARIO DE LEÓN
La Federación de Juntas Vecinales pide a la Junta más medios y financiación ( Diario de León – 18/12/2012 )

La Federación Leonesa de Entidades Locales Menores reclama a la Junta de Castilla y León más colaboración en cuanto a medios personales y financiación para la gestión de las pedanías y le exige que asuma una postura similar a la de otras comunidades autonómicas, como Navarra o Asturias, que mantienen un apoyo institucional a las juntas vecinales con el fin de salvaguardar su existencia.

Según señaló ayer el secretario general de la Federación, Carlos González Antón, la cuestión se cierne en que «hay comunidades que entienden que las juntas vecinales son admnistraciones públicas y que merecen ser atendidas y un apoyo institucional y de formación». Sin embargo, «otras como la nuestra —en referencia a la Junta— no consideran necesario aprobar el reglamento como recoge la disposición adicional sexta de la Ley de Régimen Local, para establecer los mecanismos legales de funcionamiento de las pedanías».

A su juicio, desde la administración autonómica existe un «ninguneo» hacia las pedanías «que llegar a ser inconstitucional, por no decir la falta de educación en el trato hacia quienes son también administraciones públicas». «No nos pueden despreciar de esta forma tan grave», asevera el representante de la federación leonesa que lamenta que «ningún director general o el propio consejero de Presidencia de la Junta no haya hablado nunca de la aprobación de este reglamento».

«Intentamos ser optimistas, para ver si podemos cambiar las cosas» señala González Antón, aunque lo ve complicado dado que —frente a lo que ocurre en otras comunidades como el Principado donde todas las juntas vecinales se han unido en una federación multipartidista— «en León el PSOE veta la federación y se inventa un grupo de apoyo, mientras que el PP está escondido».

El secretario general de la federación cree que las pedanías son «parias» para la Junta «pese a ser las primeras administraciones locales que existieron en Castilla y León con carácter jurídico público, antes que los ayuntamientos». De hecho, considera una incongruencia el hecho de que exista una disposición adicional para desarrollar el reglamento y que la Junta se niegue a hacerlo. «O cambia la Ley de Régimen Local o la cumplen», asegura González Antón que no descarta exigir responsabilidades patrimoniales al Gobierno autonómico por los gastos que asumen las pedanías para llevar a cabo su gestión como consecuencia de la falta de desarrollo del reglamento.

Dic 172012
 

Federación Leonesa de Entidades Locales MenoresCree que el Gobierno autónomo no ha prestado asistencia a las entidades

 Marian García / León

Desde la Federación Leonesa de Entidades Locales Menores, el abogado Carlos González-Antón confirmó que no descartan pedir responsabilidades patrimoniales a la Junta de Castilla y León por la falta de asistencia rápida a las juntas vecinales. Entiende González Antón que la responsabilidad de la Junta de Castilla y León se debe a que no ha llevado a cabo el desarrollo legal de la normativa que obliga a prestar asistencia a las juntas vecinales. Este desarrollo legal lleva pendiente desde el año 1998.
Desde la Federación Leonesa de Entidades Locales Menores se muestran especialmente críticos con la situación en la que pueden quedar las pedanías. Destaca González Antón la imposibilidad de muchas juntas vecinales para presentar las cuentas desde el momento en que no se está disponiendo del servicio de los secretarios de los ayuntamientos. Tampoco es suficiente la labor que se desarrolla desde el Servicio de Asistencia a Municipios (SAM) de la Diputación Provincial de León, que sólo cuenta con dos funcionarios para validar las cuentas de las más de 1.200 juntas vecinales de la provincia de León.
Además, precisa Carlos González Antón “tenemos serias dificultades para saber los datos de las juntas vecinales que han presentado sus cuentas”. La información que maneja González Antón, aportando datos del Ministerio de Administraciones Públicas, es que sólo 147 entidades locales menores de las más de 3.700 que hay en España han presentado las cuentas correspondientes al pasado ejercicio.
A pesar de que algunas pedanías intentan poner sus cuentas al día acudiendo a gestorías privadas, desde la Federación Leonesa de Entidades Locales Menores exigen que ese trabajo sea realizado por los funcionarios públicos. “Son ellos quienes tienen que presentar las cuentas para luego ser avaladas por los organismos competentes, precisa González Antón.
Desde la Federación Leonesa de Entidades Locales Menores van aún más allá y entienden que la desaparición de las juntas vecinales es un problema “sumamente grave”. Consideran que “los políticos se han montado una película” con la nueva ordenación del territorio, pero no se han tenido en cuenta las juntas vecinales. “No conocen –en referencia a los políticos– la realidad. Quieren poner patas arriba toda la administración local”.

Dic 042012
 

Las más de 2.300 entidades locales menores existentes en Castilla y León pueden sentirse algo más aliviados, aunque sea durante un tiempo limitado. El último borrador que maneja el Gobierno para reformar la Ley de Bases de Régimen Local y que supone una rectificación al planteado en Consejo de Ministros hace unos meses da cierta vida a esas poblaciones cuyo ámbito territorial es inferior al de un municipio. Algo similar ocurre con las mancomunidades, sobre las que gira la nueva ordenación del territorio prevista por el Gobierno regional y cuyo futuro también estaba entredicho. Ahora la Junta tiene vía libre para aprobar su modelo en el que este nivel intermedio de la administración adquiere una importancia decisiva. En todo caso, y pese al cambio de postura del Ejecutivo, que llegó a dar por fenecidas a ambas, se impondrán una serie de condiciones para sus continuidad futura.

En el caso de las pequeñas poblaciones se verán obligadas a rendir cuentas «ante los organismos correspondientes» que, en el caso de la Comunidad, sería el Consejo de Cuentas. Aunque el texto al que ha tenido acceso ABC no fija de momento el periodo necesario para que realicen este ejercicio de transparencia, lo cierto es que los datos de rendición siempre han sido más que pobres en unas entidades que apenas disponen de medios para poder ofrecer la información requerida. Al respecto, hace unos días Jesús Encabo, el presidente del organismo que fiscaliza todos los niveles administrativos de la región, aseguraba que las entidades locales menores «no mandan las cuentas no por decisión propia sino por incapacidad». En este sentido, las cifras oficiales más actualizadas confirmaban estas palabras al desvelar que sólo 260 de las más de 2.300 poblaciones de este tipo han presentado sus números de 2011. Aunque el borrador no lo deja claro, si el Gobierno aplicara la «tabla rasa» cerca del 90 por ciento de estas localidades se verían abocadas a su inmediata desaparición. Sin embargo, si se tiene en cuenta lo que se prevé en otros apartados de lo que será la futura Ley parece lógico pensar que estas pueblos organizados bajo las denominadas juntas vecinales contarán con un periodo de transición para poder cumplir con lo que se les exige.

Si finalmente se produce la disolución, el borrador prevé que el personal que estuviera al servicio de la entidad desaparecida quede incorporada al Ayuntamiento al que estaba integrado y que éste asumirá «todos sus derechos y obligaciones».

Un año para la evaluación
En cuanto a las mancomunidades, incluidas las que «reorganizará» la Comunidad bajo el apellido de «interés comunitario», también podrán subsistir al menos durante algún tiempo. En concreto, dispondrán de un año desde la entrada en vigor de la nueva norma para superar los controles de evaluación a los que serán sometidos y que incluirán tanto una valoración de los servicios que prestan a los municipios como la de otros aspectos vinculados a la estabilidad presupuestaria. Si se incumplieran estas condiciones, el texto prevé también su eliminación y que sean las diputaciones las que asuman la prestación.

Estos serán algunos de los asuntos que centren la reunión que mantendrán hoy en Madrid el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, con el presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y alcalde de Santander, Íñigo de la Serna, que había manifestado el malestar de la organización por el anuncio en julio en un Consejo de Ministros de la supresión de las entidades locales menores y de las mancomunidades, ahora matizada.

Aquella intención del Ejecutivo también provocó un amplio rechazo en las entidades locales menores de la Comunidad, especialmente en Burgos y León, donde su número es mucho más elevado. De hecho, la provincia leonesa acapara una de cada tres poblaciones de este tipo que existen en España.

También las distintas diputaciones y los partidos políticos mayoritarios expresaron su posición contraria al a desaparición de las entidades locales menores, que ven como se les abre una pequeña opción de futuro.

Dic 022012
 

La Junta ha decidido ser más estricta con las pedanías de la provincia y rechazará los acuerdos que le remitan sin la firma del secretario del ayuntamiento al que pertenecen o del SAM de la Diputación, como exige la Ley de Régimen Local.

El delegado territorial, Guillermo García, reconoce que hasta ahora se analizaban con mayor permisividad los actos de las juntas vecinales, pero las últimas sentencias del TSJCyL recordando la obligatoriedad de las entidades locales menores de adoptar sus acuerdos estrictamente en presencia del secretario municipal o del Servicio de Asistencia a Municipios para que dén fe, aconseja reforzar la vigilancia legal sobre los documentos.

Según explica, el control sobre la actividad de las pedanías «es importante, porque algunas incluso aprueban presupuestos superiores al de los ayuntamientos en los que se integran». Además, indica que están «exponiendo a todos los presidentes de juntas vecinales y secretarios, a través de la sección de Régimen Local de la delegación, que no vale que un miembro de la pedanía valide los acuerdos y que la Ley indica que debe hacerlo el secretario del Ayuntamiento o el SAM. De modo que los documentos deben llegar certificados con la suficiente garantía. Hay que exigirles rigor».

Rigor

La nueva Federación Leonesa de Entidades Locales Menores calcula que la ilegalidad por falta de ese sello afecta al 80% de los acuerdos de las pedanías, entre ellos a la aprobación de las ordenanzas del agua, la adjudicación de pastos y suertes de leña, la contratación de obreros y los presupuestos.

Una situación que coloca a muchas de estas entidades al borde del precipicio, ya que el Gobierno ha advertido que desaparecerán todas las que no rindan cuentas o información de forma adecuada, además de las pedanías con déficit reiterado. La Federación remarca que la imposibilidad de las juntas vecinales para validar sus acuerdos deriva de la negativa de muchos secretarios municipales a firmarlos, e insiste en que las pedanías están desamparadas. También lamentan que exista una bolsa de secretarios interinos a la que no se recurre para estos casos.

El delegado no prevé que la Junta vaya a impulsar el servicio de asesoría a pedanías previsto en la disposición sexta de la Ley de Régimen Local, ni que vayan a habilitarse, de momento, más secretarios para dar fe de los actos de las juntas vecinales. Confía en que ayuntamientos y juntas sepan resolver los problemas para compartir al secretario «teniendo en cuenta su horario de trabajo y su salario», puntualiza.