Ago 242012
 

Carlos González-AntónEl concejicidio evitable ( Diario de León – 24/08/2012 )

El Gobierno estatal, dentro de la reforma emprendida de la Administración local, prevé suprimir las 3.723 entidades locales menores que hay en toda España, por lo que desaparecerían todas estas pequeñas administraciones, que desde hace siglos conforman la vida colectiva de los pueblos en unos territorios muy determinados de España. Así, la provincia de León concentra 1.234 de estos entes, Cantabria 524, Navarra 340 y el País Vasco 348. En cambio, en otros territorios prácticamente no existen: Andalucía tiene 48, la Comunidad de Madrid 2, o la provincia de Valladolid solo 9. Esta distribución tan irregular ha supuesto siempre un gran desconocimiento de qué supone realmente este primer escalón de la estructura administrativa territorial de nuestro Estado.

El argumento que ha dado el Gobierno para suprimirlas es que son opacas y, ciertamente, en algunos casos puede tener razón, pero la causa de la opacidad radica en que tanto el Estado como las autonomías se han olvidado de ellas, pues no les han prestado atención alguna ni en regular sus limitadas competencias, ni en exigir a los ayuntamientos que colaboraran en su gestión, asesoramiento e intervención, algo a lo que están obligados, al menos en Castilla y León. Que el Estado no tenga datos de las entidades locales menores no quiere decir que éstas no rindan cuentas a sus vecinos —en muchísimos casos en régimen de concejo—, única manifestación de democracia directa que queda ya en nuestro sistema de político, y que en vez de eliminarse, debería potenciarse en los pequeños núcleos rurales; algo a lo que no están dispuestos los que quieren someter todas las instituciones de este país a la férrea disciplina de los partidos políticos. Por ello, las esquivas juntas vecinales se han puesto en el punto de mira del legislador.

Si la supresión de estas entidades ha llegado a la mesa del Consejo de Ministros se debe a varias causas. La primera se encuentra en que estas administraciones no han tenido representantes que los defiendan, como sí han tenido los ayuntamientos y las diputaciones. Está claro que la Federación Nacional de Municipios y Provincias solo ha defendido a sus asociados y, puestos a sacrificar entes locales, mejor hacerlo con las pequeñas pedanías, parroquias, juntas vecinales o concejos, que tienen vetada su participación en la FEMP si es socio su municipio. Otra causa es que los ayuntamientos llevan muchos años ambicionado el patrimonio de las entidades locales menores y, de paso, con su disolución se liberan una administración independiente que no pocas veces ha defendido los intereses públicos de un pueblo frente a su ayuntamiento.

Sin embargo, entiendo que el legislador cometería un grave error si perpetra este genocidio administrativo, pues existen numerosos argumentos a favor del mantenimiento de esta institución. El principal argumento es que en la actual coyuntura son más necesarias que nunca, y precisamente porque son las que pueden ejercer las pocas competencias que tienen encomendadas de la forma más eficiente y en el nivel adecuado. De hecho, es el nivel administrativo que tiene menor proporción de políticos remunerados, pues prácticamente todos los cargos representativos no cobran ni dietas. En segundo lugar, porque estos entes locales cumplen los principios de la Carta Europea de Autonomía Local, que es derecho interno español y que propugna que «el ejercicio de las competencias públicas debe, de modo general, incumbir preferentemente a las autoridades más cercanas a los ciudadanos», plasmación del principio de subsidiariedad, que tiene acogida también en el Derecho comunitario. Esta cercanía permite no sólo el control directo por los ciudadanos sino la implicación de los mismos en los asuntos públicos; su desaparición supondrá una clara desafectación de los vecinos por el éxito de las políticas públicas, pues no las verán como algo propio. En tercer lugar, porque es una administración territorial que permite el autogobierno democrático de pequeñas comunidades, de forma plenamente compatible con el ejercicio de las competencias del resto de administraciones. Sus actuaciones están sujetas al control de los tribunales de justicia y del resto de organismos de inspección o regulación, por lo que si se arguye que actúan con opacidad, será porque los órganos encargados de la inspección o intervención no están ejerciendo adecuadamente se labor. Las entidades locales menores pueden necesitar de un mayor control, pero para ello sólo es necesario que los Interventores municipales cumplan su obligación y ejerzan sus funciones también en estas administraciones, y dado que el Gobierno quiere potenciar y devolver al Estado a estos funcionarios, podrá tener información directa de estas administraciones.

Existe otro argumento que por sí mismo debería justificar el mantenimiento de las entidades locales menores, al menos aquellas que siendo las primigenias estructuras de autogobierno, siguen prestando un servicio fiel y democrático a las pequeñas comunidades de vecinos y es que su mantenimiento evitaría acabar con un patrimonio histórico, administrativo, cultural o inmaterial que cualquier Estado de nuestro entorno se enorgullecería de conservar como ejemplo de institución democrática y cercana al pueblo. En un tiempo en el que el mundo rural se está despoblando y se hacen muchos esfuerzos por retener a la población en nuestros pueblos, privarles ahora de poder decidir sobre los pequeños asuntos que les conciernen directamente resulta muy incongruente.

Y es que el Gobierno y nuestros legisladores tienen la obligación de reflexionar y no precipitarse eliminando una institución que ha perdurado durante siglos y que con las adecuadas actualizaciones debe seguir prestando un servicio a las pequeñas comunidades rurales. Gumersindo de Azcárate —jurista reconocido por su solidez científica y diputado con gran sentido común que promovió la todavía vigente Ley contra la usura—, ya advirtió a los legisladores en 1891, en un discurso ante el Ateneo de Madrid de la necesidad de reconocer «la personalidad de esos lugares, aldeas o parroquias y sus funciones propias, que son distintas de las municipales, en vez de incurrir en el extraño e incomprensible error de confundir éstos, que son organismos vivos, con los distritos, cuarteles o barrios, en que se dividen las villas y ciudades para su mejor administración». A lo que añadía: «la personalidad real de estos pueblecitos, lugares o aldeas se revela en la circunstancia de ser sujetos en la relación de propiedad con absoluta independencia del municipio, por más que con harta frecuencia lo olvide el legislador». En este sentido, el intento de transferir la titularidad de las históricas propiedades comunales provocará gravísimos conflictos no previstos y que amenazarán la convivencia local. En este punto el Gobierno ha tenido malos consejeros; por lo que el legislador debería evitar una medida que supondría un auténtico genocidio institucional, eliminando de nuestra estructura administrativa un elemento de gobierno democrático que, ya sea reuniéndose en concejo a campana tañida o por correo electrónico, sigue siendo insustituible en muchas pequeñas comunidades rurales de España. El Gobierno está a tiempo de oír a las juntas vecinales de León, pero para ello las entidades locales menores tienen que organizarse de forma independiente y estructurada. León no se puede permitir ahora que intereses partidistas impidan la creación de una organización que defienda los intereses específicos de este primer escalón de la estructura política española. Albergo esperanzas fundadas en que nuestros legisladores volverán a hacer caso al jurista leonés Azcárate.

Ago 072012
 

Entidades de toda España se han manifestado este 6 de agosto en contra de su supresión. En muchas regiones de España ya están organizadas, sin embargo, en León el proceso debería culminarse en Septiembre.
Hay que activar la iniciativa de las ELM de la provincia que más tiene de todo el Estado.

Ago 032012
 

EL FUTURO DE LAS JUNTAS VECINALES DE LA PROVINCIA DE LEÓN
Carlos González-Antón Álvarez . La Crónica 16 de León, 1998.

En todas las comarcas de León, la institución de los Concejos ha sido protagonista de la historia de sus pueblos, que se basaron en este sistema de organización y de toma de decisiones, no sólo por ser el tradicional —y en el que les educaron sus padres— sino por ser el que mejor se acomodaba a la economía rural y la forma de pensar de los habitantes de nuestros aldeas. Los historiadores han coincidido en señalar el sistema concejil como uno de los rasgos distintivos del acervo cultural del campo leonés, remontándose sus orígenes a la Edad Media. Con las vicisitudes propias de una institución que ha evolucionado a lo largo de siglos, la administración pública de los pueblos, hoy denominados Entidades locales menores —¡como si no hubieran alcanzado ya su mayoría de edad!— no puede ser abordada de una forma nostálgica añorando una democracia natural que no es claro que persistiera durante todas las edades de nuestro solar leonés. No es momento de desempolvar añejas ordenanzas reguladoras de actividades hoy olvidadas en rincones donde se apolillan arados, yugos y cerandas, que seguro reposarían más honrosamente en el museo etnográfico comarcal. No obstante la ineludible realidad de nuestro mundo rural, lo que no nos podemos permitir es arrumbar en el mismo sótano de los trillos y manales las Juntas Vecinales o, lo que es lo mismo, la existencia independiente de los pueblos de los municipios de León.

No hace falta ser lector asiduo de la prensa provincial para comprobar cómo existen frecuentes tensiones entre los Ayuntamientos y las Juntas Vecinales, entre los intereses de la capital del municipio y los legítimos de los habitantes de su alfoz, de sus pueblos agregados. Y éso, no lo dudemos, es algo positivo. Debe existir debate en la vida pública, en la toma de las decisiones que afectan a la colectividad. Hay debate porque hay transparencia, porque los ciudadanos, informados, opinan y sus representantes trasladan esa opinión a los órganos correspondientes. La ubicación de un vertedero o de un centro de salud, la privatización o municipalización del servicio de aguas, la compra de un edificio para residencia de ancianos, todos son asuntos que deben ser debatidos por los vecinos y por las Administraciones públicas con competencia en la materia, para decidir con el mayor número de datos posible. Hoy —cuando aún oímos los ecos de los petardos y las voces de los leoneses en defensa de una minería que da luz a todos los españoles— percibimos mejor que nunca que no se pueden tomar las decisiones a espalda de los ciudadanos. Y si ésto se puede afirmar de “las grandes políticas de Estado” que muchas veces se justifican con complicados números o enmarañadas estadísticas o en normas que son aprobadas más allá de los Pirineos, cómo no va a ser cierto cuando las decisiones son tomadas en el ámbito municipal, por concejales con los que se juega la partida o con los que se ha rivalizado por una mujer en los años mozos.

Alejar la política municipal de los pueblos es algo que sí va contra los tiempos y, por supuesto, contra nuestra Constitución, que defiende entre otros principios el de descentralización de las estructuras administrativas. El paciente lector que haya llegado a este punto, quien probablemente puede coincidir con lo hasta aquí expuesto, estará pensando: “Bueno y ¿cuál es el problema de las Juntas Vecinales?” Y esta razonable pregunta tiene una respuesta, y es que las Juntas Vecinales, nuestros pueblos, van a tener un nuevo régimen jurídico en unos meses, pues está prevista la aprobación en las Cortes de Castilla y León de una Ley reguladora de la Administración local, norma que configurará las Entidades locales menores, su organización, competencias y recursos, y también su supresión. Nuestros legisladores autonómicos, nuestros procuradores en el castillo de Fuensaldaña, tendrán la palabra. En esta tesitura, y con la discutible legitimidad de quien es nieto y biznieto de Alcaldes pedáneos que lo fueron de un pueblín de la montaña de León y quienes me transmitieron el orgullo y la responsabilidad que reside en la facultad de que los pueblos puedan decidir sobre sus propios asuntos, expongo al amable lector las siguientes reflexiones sobre este particular.

El nuevo régimen jurídico, en primer lugar, ha de defender la continuidad como Administraciones independientes de las Entidades locales menores. Y el problema radica en que esta continuidad se pone en cuestión por algunos políticos que, por ejemplo, obstruyen la reconstitución de Juntas Vecinales disueltas durante la dictadura franquista —es el caso de las de Boñar— y que comentan —sólo en los pasillos— que hay que “reconducir” el enorme número de Administraciones locales que existen en nuestra provincia. Es cierto que en León se concentran la gran mayoría de las entidades locales de Castilla y León, e incluso de España. Los datos son los siguientes: en España hay 3.699 Entidades locales menores; en Castilla y León, 2.238; y en León, 1.245. Es decir, nuestra provincia tiene el 55’6 % de las Entidades locales menores de la Comunidad Autónoma y el 33’6 % del total nacional. Del análisis de estos datos, extraídos del último censo de entes locales del Ministerio de Economía y Hacienda, podemos constatar que León, como Cantabria, el País Vasco o Navarra —que son los otros tres territorios de nuestro Estado en los que se concentran estas Administraciones locales tradicionales—, presentan un paisaje administrativo muy diferente al de otras provincias como Valladolid, que sólo tiene nueve Entidades locales menores. Paisaje distinto, que no peor, sino todo lo contrario. Estos territorios poseen una riqueza cultural, un patrimonio histórico, unas instituciones públicas, que es necesario conservar y, en lo posible, desarrollar. Es difícil que un vallisoletano o un habitante de Sevilla, provincia en la que no hay ni una sola Entidad local menor, entiendan y tengan la sensibilidad suficiente para comprender lo que supone esta organización para la vertebración de la sociedad rural en comarcas en las que la población está diseminada en núcleos dispersos y con inveterada tradición de autogobierno. Los castellanos y, sobre todo, los leoneses, debemos ver en nuestras Juntas Vecinales, en nuestros pueblos, el rastro de nuestra cultura y, en la organización concejil, una de las mejores aportaciones de nuestros antecesores a la cultura administrativa de nuestro país.

Los pueblos deben estar dotados, primero, de personalidad jurídica propia; en segundo lugar, de una administración que aúne la tradición y la democracia y, en tercer lugar, de las competencias suficientes para satisfacer el pequeño núcleo intereses propios de los vecinos de ese pueblo. Si en todas partes soplan vientos de descentralización, si Bruselas se llena la boca con el principio de subsidiariedad, ¿no han de llegar estas modas a los humildes pueblos de León? ¿Sólo van a llegar los recortes de las cuotas lácteas, las correspondientes sanciones y las órdenes de cierre de nuestras minas? Existen —¡cómo no!—, argumentos contrarios al mantenimiento de las Entidades locales menores; unos son legítimos mientras otros no lo son en absoluto. Entre los primeros podemos encuadrar las tesis que defienden la supresión de las Juntas Vecinales porque multiplican las Administraciones locales, porque no son operativas y aumentan los gastos. A ello se puede responder que es bueno que haya Administraciones públicas cercanas al ciudadano, máxime cuando este ciudadano vive una remota aldea de Babia o de la montaña de Boñar, con unos problemas particulares, difíciles de comprender incluso por el Alcalde de su Ayuntamiento, cuya capital normalmente está mejor comunicada, más urbanizada que aquel núcleo aislado.

Lo que hace falta es voluntad de coordinación y no menor número de Entidades locales; León ya conoce de ejemplos en los que, no pequeños pueblos, sino grandes municipios se negaban a colaborar con el resto de las Administraciones, con los consiguientes perjuicios para sus vecinos y amplia propaganda para los ediles. Para las pequeñas necesidades de un pueblo sí son operativas estas pequeñas Administraciones y la mayoría de las veces tales necesidad se satisfacen de la forma más barata que existe, por medio de los trabajos comunales, la “facendera”, otra institución intrínseca al quehacer público de nuestro campo. Esto no impide que si hace falta el concurso de las Administraciones “mayores” para la prestación de otros servicios o realización de obras, estas deban auxiliarlas adecuada y solidariamente.

Otros argumentos contrarios, que laten en algunas conductas de unos pocos, son aquellos que defienden la supresión de las Juntas Vecinales como medio para eliminar un órgano intermedio, molesto en la mayoría de las ocasiones ya que se opone a las decisiones de los Ayuntamientos, muchas veces con intereses opuestos a los de los vecinos de los pueblos del propio municipio. Así, algún alcalde prefiere tener sólo vecinos a su mando que no pueblos. Además, el patrimonio histórico de las Entidades locales menores —sus montes, sus aguas, sus eras comunales—, son apetecidos por más de un edil para sus grandes proyectos de desarrollo municipal. La realidad, siempre tan tozuda, parece volver a dar la razón a un ilustre jurista leonés, Vicente Flórez de Quiñones, quien en 1924 termina su libro “Los pueblos agregados a un término municipal en la historia, en la legislación vigente y en el Derecho consuetudinario leonés” con las siguientes palabras: “Existen otras muchas costumbres comunales, y algunas verdaderamente interesantes para el estudio de muchos puntos del Derecho civil, que significan, como las citadas en el curso de este trabajo, verdaderas supervivencias jurídicas. Pero, con las anteriormente citadas, creemos demostrada plenamente la absoluta capacidad de los pueblos agregados a un término municipal —hoy Entidades locales menores— para regirse por sí mismos, y la inutilidad de los Ayuntamientos en la montaña leonesa, donde no son más que unos organismos de verdadero lujo, pero innecesarios, y sólo beneficiosos, generalmente, a la capitalidad del término municipal”.

Tengo plena confianza en que los legisladores castellanos y leoneses van a tener la sensibilidad suficiente para comprender las grandezas y las miserias de nuestro mundo rural; y puedan devolver el orgullo —si alguna vez se perdió— a nuestros pueblos, cuyos Concejos durante tantos y tantos años fueron escuela de democracia, dotándoles de una organización y competencias que dignifiquen su vida pública y no les condenen al silencio y olvido.

(Artículo recuperado gracias a Faceira). faceira.org

Ago 012012
 

Para matizar el titular del Diario de León, hay que decir, que desde León se busca el concurso de todas las federaciones autonómicas para lograr esa constitución de una Federación estatal, siendo una empresa conjunta en la que León tiene mucho que decir, al ser la provincia con más Entidades Locales Menores. Por responsabilidad, deben las Juntas Vecinales estar unidas en este momento crítico.

Impulsan desde León una federación estatal de entidades locales menores ( Diario de León – 01/08/2012 )

pilar infiesta | redacción 01/08/2012

Desde que el pasado 13 de julio el Consejo de Ministros diera a conocer el anteproyecto de Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración local, que prevé suprimir las históricas entidades locales menores, parte de las 3.723 pedanías españolas han comenzado a organizarse para plantar batalla. En León, que aglutina a más de la tercera parte de las juntas vecinales del país (1.234), también ha surgido un movimiento para crear primero la Federación Leonesa de Entidades Locales Menores, después la plataforma autonómica, y desde ellas liderar el proceso de puesta en marcha de una asociación similar a nivel nacional.

Uno de los promotores es el académico de Derecho Administrativo Carlos González-Antón, quien asegura que ya han establecido contactos con más de un centenar de entidades locales de la provincia, además de con la denominada ‘plataformajuntas vecinales’ de facebook, cuyo portavoz es el pedáneo de Magaz de Abajo, Marcos Cubelos.

El reto que se fijan «es superar las rivalidades partidistas para unir a las juntas vecinales con una sola voz que reivindique su valor histórico y como ejemplo de Democracia real, ya que sus presidentes son elegidos por designación directa de los vecinos», explica.

Es más, los impulsores de la federación ya han fijado la fecha del 5 de septiembre para constituir la organización provincial y la autonómica, como paso previo para fundar la nacional. Para ello han hablado con Álava, Extremadura, Asturias, Andalucía, Valencia y Galicia, donde ya funcionan federaciones locales. «León, con 1.234 entidades, debe liderar este movimiento, para lo cual es necesario una actuación rápida y agrupada de las juntas vecinales, y que aprueben antes del 5 de septiembre su disposición a asociarse», matiza González-Antón, que está dando forma a los estatutos. También han habilitado una dirección de correo electrónico (constitucion@concejos.org), donde se puede solicitar toda la información para sumarse a la plataforma que se formalizará en la primera semana de septiembre.

Las juntas leonesas poseen la mayor parte de los montes de utilidad pública de la provincia, el terreno agroganadero, los cotos de caza, las choperas ribereñas y reciben compensaciones por ceder suelo a explotaciones fotovoltaicas, mineras, estaciones de esquí, residencias de ancianos y palas eólicas. En conjunto, disponen de un patrimonio abundantísimo que se completa con edificios de escuelas, casas del pueblo y dispensarios médicos, entre otros. Son amas de la mayor parte del suelo leonés (55%), que han defendido con uñas y dientes durante siglos y difícilmente van a ceder de forma amistosa a los ayuntamientos, como propone ahora el Ejecutivo central. Confían, además, en unir esfuerzos y llegar a confluir con la otra rama que también está en marcha de la mano de la asociación Faceira y el catedrático de Historia, Laureano G. Rubio, «porque defendemos lo mismo».