Jul 272012
 
Pendón de León

“Es el principio del fin del mundo rural de León”

“El origen de las juntas vecinales, denominación moderna de los concejos, está como mínimo en el Reino de León, en su sistema de poblamiento. Tienen más de 1.000 años de historia”, quien así se pronuncia es Nicolás Bartolomé, presidente de la asociación Faceira, que además muestra su asombro por la decisión del Gobierno de Mariano Rajoy de borrar de un plumazo estos históricos entes locales de León.

“Es el principio del fin del mundo rural de la provincia” cree Bartolomé, que apunta que la gestión de las juntas vecinales es de un patrimonio de los propios pueblos a un coste cero y que cualquier beneficio se reinvierte en el mismo lugar por lo que podríamos estar hablando de una robo de recursos para los pueblos. Considera Bartolomé que esta decisión del Gobierno es “echar por la borda mil años de historia desde el punto de vista de la personalidad como pueblo de León”.

Nicolás Bartolomé rememora otros intentos de eliminar las juntas vecinales de León, como el sucedido en el S. XIX con la modificación de varias leyes sobre el régimen local y que tuvieron que dar marcha atrás por la oposición de los pueblos. También durante la dictadura de Primo de Rivera (S. XX) se intentó eliminar la institución de los entonces concejos leoneses, pero tampoco tuvo éxito.

Una “hecatombe administrativa”.

Carlos González-Antón, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de León, alerta que esta decisión puede llegar a ser inasumible por la incapacidad de otras administraciones para asumir las competencias y gestión que realizan las juntas vecinales.

González-Antón explica que la eliminación de las pedanías podría suponer un conflicto entre Estado y Autonomías por invasión de competencias porque, aunque estas entidades no tienen garantía constitucional, están reconocidas en el artículo 45 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local donde se especifica que las competencias reguladoras recaen sobre las comunidades autónomas.

Antón cree que si el problema de las pedanías está en su opacidad “debería lucharse contra la opacidad no hay que cargarse la figura de forma global” y augura conflictos por la supresión de la figura y cuestiones como el reparto patrimonial y el desapoderamiento ya que podrían entrar en conflicto conceptos como comunal y público, que siendo similares son conceptos jurídicos distintos.

En la actualidad al menos un 30% del territorio de la provincia estaría en manos de juntas vecinales, en algunos casos como figura comunal, es decir, de propiedad a la vez de todos los individuos que conforman el concejo. De ahí que el hipotético traspaso de sus bienes a los ayuntamientos genere dudas jurídicas porque algunos terrenos no son públicos, es decir, pertenecientes a la junta vecinal en sí misma, sino a sus vecinos.

Pedanía, concejo, junta vecinal… algunas diferencias.

Lo que la Ley 7/1985 reconoce son entidades de ámbito territorial inferior al Municipio como pedanías, concejos, caseríos, parroquias, ect. según la denominación histórica de cada zona. En Castilla y León están reguladas por la Ley 1/1998, de 4 de junio, de Régimen Local de Castilla y León.

Entre las competencias reconocidas están “la administración y conservación de su patrimonio, incluido el forestal, y la regulación del aprovechamiento de sus bienes comunales. La vigilancia, conservación y limpieza de vías urbanas, caminos rurales, fuentes, lavaderos y abrevaderos. Podrán, asimismo, ejecutar las obras y prestar los servicios que les delegue expresamente el Ayuntamiento”.

En el caso de León la denominación histórica de los entes eran los concejos y su gestión es realizada el Alcalde pedáneo y la Junta Vecinal, formada por el pedáneo y dos o cuatro vocales. Es decir las juntas vecinales son el órgano gestor de los entes conocidos como concejos o pedanías.

Otra forma de gestión es en formato de concejo abierto, es decir, existe la figura de un alcalde pedáneo y una asamblea vecinal formada por todos los electores que es el órgano administrativo.

Jul 262012
 

El 55% del territorio de la provincia está bajo control de las 1.234 juntas vecinales ( Diario de León – 26/07/2012 )

pilar infiesta | redacción 26/07/2012

León se asienta sobre una tupida red administrativa que hunde sus raíces en la Edad Media y que da ‘poder’ a 1.234 alcaldes pedáneos. Sacudir, como pretende el Gobierno central, esa alfombra para eliminar el rosario de juntas vecinales como si fueran motas de polvo no será, sin embargo, una tarea fácil, según opinan varios académicos. Sobre todo porque estas entidades locales menores poseen la mayor parte de los montes de utilidad pública de la provincia, el terreno agroganadero, los cotos de caza, las choperas ribereñas y reciben compensaciones por ceder suelo a explotaciones fotovoltaicas, mineras, estaciones de esquí, residencias de ancianos y palas eólicas.

En conjunto, un patrimonio abundantísimo que se completa con un sinfín de edificios (escuelas, casas del pueblo y dispensarios médicos, entre otros) que, aunque resulte paradójico, la Junta y la Diputación son incapaces de cuantificar. Las juntas vecinales leonesas, amas de la mayor parte del suelo de la provincia (55%), han defendido con uñas y dientes esa riqueza durante siglos y difílmente la van a ceder de forma amistosa a los ayuntamientos, como propone el Ejecutivo central.

León es, además, la provincia española que se vería más afectada por la disolución de las pedanías, ya que posee 1.234 de las 3.723 de todo el país, según el Registro del Ministerio de Administraciones Públicas. Incluso dentro de la comunidad, según entiende el abogado Carlos González-Antón, la sensibilidad para salvar estas entidades no puede ser la misma en Ávila o Valladolid, que sólo poseen 2 y 9 juntas vecinales respectivamente, que en Burgos (652) o León, que lidera el ranking. Las juntas vecinales «son las administraciones públicas que más trabajan como una familia o comunidad de vecinos. Muchas veces son las que poseen dinero por la gestión de sus recursos madereros o cinegéticos frente a los ayuntamientos a los que pertenecen, que están endeudados», dice. Por eso entiende que «desapoderar sin más a una colectividad de su patrimonio, por el que ha luchado durante siglos, para dárselo a otra colectividad es complicado». Y considera que a esos ciudadanos que trabajaron en facendera para arreglar sus caminos, cuidar sus montes o acometer las redes de suministro de agua, el quitarles sin más su riqueza es un «elemento de injusticia muy cuestionable jurídicamente». También cree que se perderá eficacia y que la eliminación de las juntas atenta «contra el principio de subsidiariedad, que anima a gestionar en el ámbito más cercano al ciudadano y de la mejor manera posible». A su juicio, es «poner patas arriba todo el sistema de gestión local para nada, creando, además, miles de conflictos». También augura que «provocará una desafección absoluta de los ciudadanos hacia la cosa pública si les quitan la posibilidad de decidir sobre sus montes, sus fuentes o el músico que tocará en las fiestas». Cree, como el catedrático de la ULE, Laureano M. Rubio, que sólo hay que reforzar el control sobre las juntas.